SE PROHIBE SER LEGITIMO, PERO NO SER ESPURIO

Se prohíbe ser legítimo

Por: Gerardo Fernández Casanova

El Consejo del Instituto Federal Electoral dio cabida a una protesta del PAN, relativa al uso del título de “Presidente Legítimo” con que la Convención Nacional Democrática invistió a Andrés Manuel López Obrador, habida cuenta de la ilegitimidad del gobierno surgido del fraude electoral. En su resolutivo el referido Consejo prohibió a los partidos del Frente Amplio Progresista aplicar tal título, por lo menos en las cápsulas promocionales que emplean los tiempos oficiales, con lo que los atildados panistas se sienten muy orondos. El asunto es relevante, no tanto por la prohibición misma, sino por lo que manifiesta: el pánico de los conspicuos miembros de la burbuja que dice gobernar, ante la fuerza de la movilización popular lopezobradorista. Pretendieron desconocerla y dieron por agotado el capital político de AMLO, cayeron en el error de tomar en serio las consignas de sus aduladores y merolicos mediáticos; no aprendieron la lección del desafuero y, afortunadamente, contribuyen con sus diatribas a engrandecer a quien pretenden minimizar. Me parece perfecto.

La desgracia es que el país está pagando muy cara la ilegitimidad del gobierno formal; la irresponsabilidad criminal de quien cometió fraude para hacerse de la presidencia “haiga sido como haiga sido”. Apostaron a la desmemoria popular y a legitimarse por el acto de gobernar. El caso es que el fraude no se olvida y los actos de gobierno, todos antipopulares, lo traen a la memoria constantemente. La realidad cotidiana hace evidentes las mentiras, por más que las repitan por radio y televisión. La gente no necesita mucha ciencia política para explicarse la penuria de su bolsillo o el reclamo de comida de sus hijos; ni siquiera el Mago Merlín podría hacer desaparecer la responsabilidad del gobierno de Calderón (suyo de él) como causante de la crisis. Hasta los acostumbrados panegiristas de sesuda y expensada pluma comienzan a tomar distancia; no pueden negar la carestía y, por mucho que quisieran, no pueden ocultar la inanidad de la operación gubernamental para resolverla. Los apoyadores de la privatización petrolera, otrora enrolados en la propaganda del tesorito, muestran insuficiencia argumental a la luz, más que clara, de las razones expuestas por quienes la rechazan en los debates del Senado. El barquito de Calderón hace agua y anuncia naufragio.

El caso es que el gobierno formal, además de ilegítimo, está resultando incapaz. El régimen de la competitividad está resultando incompetente. Por mucho que argumente el carácter exógeno de la crisis económica y la carestía, la incapacidad para formular un programa emergente de aliento a la producción nacional, que dinamice el mercado interno, está llevando al país a la parálisis; insiste en la venta del país a la inversión extranjera, no obstante que ha quedado claro, en todos estos años, que solamente sirve para equilibrar la balanza de pagos y para mantener la paridad monetaria, pero no para generar producción y empleos nuevos; por el contrario, su presencia ha sido extremadamente desempleadora. La pretensión de abatir los precios mediante la importación es ridícula, por decir lo menos, cuando la mínima lógica recomienda el apoyo amplio al aumento de la producción local.

Se junta el hambre con las ganas de comer. A los muchos que rechazamos al tal Calderón por fraudulento, hoy se suman otros muchos que lo repudian por incapaz, cuando apenas lleva 18 meses de gobierno. La situación es inédita; ni siquiera Fox registró tal descrédito, lo cual ya es mucho decir. Lo grave del caso es que el sistema político mexicano no dispone de instrumentos válidos para procesar la crisis. El riesgo es caer en una escalada de protestas y represiones sin fin. El escenario de la renuncia de Calderón, por más deseable que sea, implicaría un mínimo de patriotismo del cual carece el sujeto; tampoco es distintivo de la clase política en el poder. La elite privilegiada, aún estando insatisfecha por la inoperancia del régimen, no va a permitir un quiebre que abra la puerta al poder popular; menos aún los dueños del destino manifiesto, independientemente del resultado de su proceso electoral.

La soberbia panista hace que tampoco tenga viabilidad una corrección del rumbo y una convocatoria incluyente que, en todo caso, tendría que pasar por incorporar a López Obrador y atender su proyecto alternativo, quien con justicia reclamaría una legitimidad inexistente. Hay un problema grave de incompatibilidad. El país está fracturado; la campaña sucia y el fraude electoral lo fracturaron.

La lucha por la defensa del petróleo, en adición a su valor intrínseco, está contribuyendo a la construcción de nuevos instrumentos democráticos, diferentes a los ya anquilosados del sistema tradicional. La consulta popular a realizarse en el Distrito Federal y varios otros estados y municipios, no tendrá validez legal para imponer su resultado, pero tendrá el carácter legitimador de la movilización de protesta en el caso de que, por la terquedad del régimen, se aprobaran en el Congreso las iniciativas privatizadoras. El México bronco está despierto y no va a haber quien lo detenga. El pueblo soberano lucha por recuperar la dignidad y sabrá como hacerlo.