POLITICAS PANISTAS CEDEN LA SOBERANIA ALIMENTARIA

Calderón cede soberanía alimentaria

Érika Ramírez

Abatida, la seguridad alimentaria, señala la ASF. En una auditoría de desempeño a la Sagarpa, el órgano de fiscalización señala que en México casi el 75 por ciento de las tierras cultivables está en proceso de desertificación y se rehabilitará en 530 años; el gobierno ha fracasado en la tecnificación del campo, y debe importar el 42 por ciento de los alimentos que se consumen. Al finalizar el sexenio, la dependencia alimentaria se incrementaría a 60 por ciento, consideran especialistas

Antes de que termine la administración de Felipe Calderón, México habrá perdido en definitiva su soberanía alimentaria. Actualmente importa el 42.5 por ciento del total de los alimentos que se consumen. Con la apertura a las importaciones de productos del sector agropecuario –anunciada por el Ejecutivo federal–, se calcula que esa dependencia ascenderá al 60 por ciento antes de concluir el sexenio. Además, la recuperación de tierras fértiles tardará más de 500 años, indica la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

De acuerdo con el Informe de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2006, elaborado por la ASF que encabeza Arturo González de Aragón, el país dejó de ser autosuficiente en la producción de sus granos básicos; pese a que mantiene la autosuficiencia del maíz, las importaciones del cereal se incrementaron en 157 por ciento durante el sexenio foxista.

La evaluación de desempeño aplicada al Programa de Fomento Agrícola –instrumento a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Alimentación (Sagarpa) que gastó en el último año del gobierno de Vicente Fox 1 mil 827 millones 800 mil pesos–, muestra que hasta 1999 la balanza de productos agrícolas había sido superavitaria. “Para el periodo 2000-2005 se vuelve deficitaria principalmente por las crecientes importaciones de cereales y oleaginosas”.

Esta situación ha incrementado paulatinamente la dependencia alimentaria, según cálculos de la ASF con cifras del Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, pues en 2002 importaba el 41.2 por ciento de los alimentos que se consumían en el país, y para 2006 ya compraba al extranjero el 42.5 por ciento.

Así, la autosuficiencia en la producción de alimentos cayó 1 por ciento en el mismo periodo. La capacidad que se tenía en 2002 fue de 61.9 por ciento en la obtención de granos y oleaginosas, alimentos básicos en la canasta de los mexicanos, mientras que al cierre de 2006 las cifras bajaron al 59.4 por ciento.

Víctor Suárez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo (ANEC), lamenta que “el gobierno no reconozca que ya hay una crisis alimentaria en México; que, además, la promueve activamente con la iniciativa para traer alimentos de cualquier parte del mundo sin arancel. El presidente refuerza el modelo de depositar en el exterior la seguridad alimentaria de los mexicanos”.

El representante de la ANEC añade: “El Ejecutivo federal no entiende que una de las causas de la profundización de la crisis es la dependencia alimentaria tan elevada, y que con sus medidas se va a incrementar del 42 por ciento al 50 por ciento. De seguir con este rumbo, México dependerá al final del sexenio en un 60 por ciento del exterior”.

Argelia Salinas Ontiveros, maestra en economía agrícola por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, dice que “los problemas del sector agropecuario son consecuencia del modelo neoliberal, que ha privilegiado al empresariado y ha profundizado las condiciones de desigualdad ya existentes en el campo”.

El resultado de tales políticas, considera la experta universitaria, “ha sido la generación de una crisis agrícola y ambiental, que en el corto plazo pone en peligro la producción interna de alimentos básicos y, por tanto, a los sectores de la población con menores ingresos”.

Seguridad alimentaria vulnerable

Francisco Domínguez, del Partido Acción Nacional y coordinador de las políticas públicas dirigidas al campo en la Cámara de Diputados, acepta que México “tiene un porcentaje alto de dependencia alimentaria, de acuerdo con los lineamientos dictados por la Food and Agriculture Organization (FAO), que indican que con el 45 por ciento de las importaciones ya se puede considerar a un país dependiente”.

El también presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro dice que un país que no produce sus propios alimentos “está en riesgo del fracaso, así tenga todo el petróleo o la mejor economía. La crisis alimentaria que pasa el mundo actualmente da la lección de que no se hicieron los trabajos a tiempo desde hace muchísimos años”.

No obstante, el legislador panista rechaza que el país esté en peligro de perder su soberanía alimentaria: “No comparto el término. No somos autosuficientes, lo reconozco, pero la palabra soberanía no la entiendo. Lo que sí me queda claro es que se dejó de hacer el trabajo por el campo mexicano durante muchos años, y hoy que lo queremos revertir nos va a salir muy caro”.
El artículo 2 de las reglas de operación del Programa de Fomento Agrícola indica que “la soberanía y seguridad alimentaria se define como la libre determinación del país en materia de producción, abasto, y acceso de alimentos a toda la población, basada fundamentalmente en la producción nacional y el abasto oportuno, suficiente e incluyente de alimentos a la población”.

Al respecto, la ASF solicitó a la Sagarpa –dependencia que encabeza Alberto Cárdenas Jiménez – información sobre el impacto de los apoyos en la seguridad alimentaria, misma que no se entregó al organismo fiscalizador. Para medir si la Secretaría de Agricultura ha cumplido con el objetivo de lograr la seguridad alimentaria, la ASF analizó las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), las tasas de autosuficiencia y de dependencia de los principales granos y oleaginosas.

Los resultados indican que la participación relativa del PIB del sector agropecuario en el nacional disminuyó de 3.8, registrado en 2000, a 3.5 por ciento, calculado en 2006. Mientras, la medición de la tasa de autosuficiencia demuestra que de 2002 a 2006 fue de 61.5 por ciento, “inferior en 26.5 puntos porcentuales al promedio obtenido por los países de América Latina y el Caribe en el periodo 1997 a 1999”.

Héctor Padilla Gutiérrez, presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados por el Partido Revolucionario Institucional, dice que la vulnerabilidad que hay en el campo “se debe a que dejamos de construir una política agrícola a raíz de la vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

“El gobierno le apostó todo a las importaciones de granos baratos que desde 1994 se producían en Estados Unidos, creyendo que iba a ser un periodo de muchos años; ahora estamos en riesgo importante de vulnerabilidad alimentaria porque se debilitó la fortaleza del campo”.

Cinco siglos de recuperación

Muestra del abandono en que se encuentra el sector agropecuario es la degradación de la superficie agrícola, otrora productiva, y que según la ASF no se podrá recuperar sino hasta el año de 2537. El informe de desempeño indica que el país tardará hasta 531 años en rehabilitar las tierras erosionadas, según cifras calculadas hasta 2006. El máximo órgano de fiscalización indica que de 1996 a 2006 apenas fue restituido el 2 por ciento de las superficies afectadas.

Salvador Ruiz Sánchez, integrante de la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), dice que desde hace más de 20 años “inició un olvido paulatino de la recuperación de las tierras productivas. Esto es nocivo para el avance del país. No se ha impulsado una verdadera política que enfrente la crisis alimentaria, en la pérdida de nuestros bosques y espacios productivos”.

En el capítulo “Manejo integral de suelo y agua: rehabilitación y conservación”, operado a través del Programa de Fomento Agrícola, señala que en una década se atendieron sólo 327 mil 900 hectáreas, mientras que los problemas de degradación sin resolver acaparan 15 millones 833 hectáreas; es decir, el 98 por ciento de la superficie afectada.

Actualmente, puntualiza la Auditoría, la superficie agrícola nacional es de 21 millones 874 mil hectáreas, “de ésta, la superficie degradada es de 16 millones 161 mil 500 hectáreas, que representan el 73.9 por ciento de la superficie agrícola”.

Durante la realización de esta evaluación, la ASF solicitó a la Sagarpa un análisis pormenorizado de la situación del suelo a 2006, así como las metas, los resultados del periodo 1996-2006 y los beneficiarios de los subsidios en este ramo.

En su diagnóstico, la Sagarpa indica que “el deterioro excesivo del suelo provoca la desertificación, fenómeno asociado con la disminución de la capacidad productiva; sus principales causas son la deforestación en pendientes pronunciadas en suelos frágiles… además del arado excesivo de la tierra en sistemas de agricultura tecnificada, sobre todo en las zonas y distritos de riego. Los principales procesos de degradación son la erosión hídrica, eólica y química”. Sin embargo, la secretaría “no contó con información del presupuesto ejercido y los productores beneficiados del periodo 1996-2000”. Víctor Suárez, representante de la ANEC, critica: “Las autoridades no son capaces de darse cuenta de la ridiculez e insuficiencia de un programa que se propone avanzar sólo 0.3 por ciento anual en la recuperación de áreas en erosión. Es posible que esa ínfima meta pueda ser neutralizada por el avance de la erosión en este año por no llevar a cabo prácticas de prevención o erosión”.

El diputado priista Héctor Padilla, presidente de la Comisión de Agricultura, señala que “tenemos una Sagarpa inmovilizada, entrampada en sus reglas de operación para que fluyan los recursos que están destinados a estos aspectos, y que son parte de la nación. Todo esto se encierra en un planteamiento de política que no tiene definidos sus planteamientos”.

Atraso tecnológico del campo

Contrario a lo que dicta el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ordena que el Estado “promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral (…)”, la sistematización del riego en el campo está pendiente en 4 millones 140 mil 600 de hectáreas, y con los avances registrados de 1996 a 2006 la ASF calcula que se cubrirá hasta dentro de 48 años.

La evaluación de desempeño dice que en 1996 la superficie con potencial de tecnificación era de 5 millones 77 mil 100 hectáreas, de las cuales en una década sólo se tecnificaron 936 mil 500 hectáreas, esto es el 18.4 por ciento de la superficie. Para atender las más de 4 millones de hectáreas pendientes, a un ritmo anual de 85 mil hectáreas se requieren 48.6 años, puntualiza la Auditoría.

Padilla Gutiérrez expone que “hay que definir prioridades. La nación necesita producir sus propios alimentos y para ello debemos tecnificar el campo: rescatar la infraestructura deteriorada, que actualmente asciende a 1.5 millones de hectáreas semiabandonadas. Es una parte donde la nación ya invirtió y, relativamente, es menos costoso ponerlas a funcionar otra vez”. La mecanización de los campos mexicanos también se encuentra en evidente atraso, pues México tardará otros 28 años para cubrir el déficit de tractores necesarios en el agro nacional, según estima la ASF.

De 1996 a 2006, indica el máximo órgano de fiscalización, se “apoyó” a los agricultores para que pudieran adquirir 58 mil 800 tractores, lo que implicó un gasto al erario de 2 mil 416 millones 56 mil 100 pesos. “En promedio se apoyó anualmente la compra de 5 mil 345 tractores y se otorgaron recursos por 219 millones 641 mil 500 pesos; el apoyo por tractor fue de 41 mil 100 pesos y se benefició a 235 mil 718 productores. En promedio anual, los apoyos por productor fueron de 10 mil 200 pesos”.

De acuerdo con el diagnóstico de la Sagarpa, la superficie agrícola nacional mecanizable es de 18 millones 600 mil hectáreas; para cubrir las necesidades totales se requieren 372 mil tractores. La Auditoría puntualiza que actualmente hay un parque deficitario de 119 mil 526 tractores, que representan el 20.2 por ciento de lo que se tiene que atender, “sin considerar que la FAO recomienda renovar el 20 por ciento anual del parque de tractores”.

Desventaja en “apoyos”

Los productores del agro mexicano se encuentran en una desventaja del 50 por ciento en el otorgamiento de subsidios por parte del gobierno federal frente a sus competidores y socios comerciales en el TLCAN, Estados Unidos y Canadá, lo que impide sostener los niveles de competitividad necesarios para un intercambio comercial.

De acuerdo con la evaluación de la ASF, de 2001 a 2005 el Estado mexicano benefició a sus agricultores con 859.5 dólares (9 mil 449 pesos aproximadamente), contra los 35 mil 316 dólares, 388 mil 476 pesos promedio, que asignó Estados Unidos a sus campesinos, este último es el país con el que México realiza el 80 por ciento de su intercambio comercial. Canadá, es el segundo del TLCAN que más apoya a sus productores, pues los subsidia con 19 mil 977 dólares (219 mil 747 pesos aproximadamente).

Salvador Ruiz Sánchez, integrante de la UGOCM, critica que haya “abismos” entre los subsidios entregados por los tres países. “Si bien existen sectores que han reportado avances significativos gracias al TLCAN, nuestros campesinos, que pertenecen al sector primario, han visto deteriorada su calidad de vida. Bajo esas circunstancias, el productor nacional no puede competir”.

La Auditoría Superior indica que en ese mismo periodo las autoridades encargadas del sector agropecuario, entonces encabezadas por Javier Usabiaga y posteriormente por Francisco Mayorga, entregaron en promedio 268.6 dólares en “apoyos”, por hectárea, que significan el 48.8 por ciento de los 550 dólares que recibieron los productores estadunidenses; en contraste, los de Canadá obtuvieron 134.8 dólares por hectárea, es decir el 50.2 por ciento de lo subsidiado a los productores mexicanos.

En este rubro, la Sagarpa no contó con la información necesaria para medir el cumplimiento del objetivo: impulsar la competitividad de las unidades de producción apoyadas, “por lo cual no se ajustó a lo establecido en el artículo 88 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”, que hace referencia a que las dependencias gubernamentales están obligadas a entregar los documentos que permitan “registrar, procesar, evaluar e informar sobre las transacciones relativas a la situación financiera de los ejecutores de gasto e ingreso públicos”.

En la evaluación del Programa de Fomento Agrícola, instrumentado para el fortalecimiento del campo, la ASF omitió su dictamen ya que la Sagarpa “no contó con información sobre las metas e indicadores de resultados, para medir el cumplimiento del objetivo estratégico del programa de impulsar la producción, productividad y competitividad agrícola, a fin de elevar el ingreso de los productores y alcanzar la seguridad alimentaria; tampoco contó con información consolidada de las metas de los componentes apoyados por el programa que permitieran evaluar la eficiencia en la gestión operativa”. Víctor Suárez, dirigente de la ANEC, dice que esto evidencia que la administración del sector agroalimentario, particularmente la Sagarpa, “no tiene política, rumbo y estrategias de transformación ni metas sectoriales agregadas”. Mientras que Ruiz Sánchez, integrante de la UGOCM acusa: “Los compañeros han reportado innumerables inconsistencias en el programa; los productores se quejan de la falta de eficiencia en la distribución de los recursos; no vemos que los resultados sean los esperados, y esto se debe a que no hay una visión estricta de rentabilidad política en el campo mexicano”.

Campesinos, excluidos de subsidios

Argelia Salinas Ontiveros, maestra en economía agrícola por el Instituto de Investigaciones Económicas (Iiec) de la UNAM, explica en su análisis Las políticas actuales de apoyo al campo en México. Alcances y límites cómo los programas instrumentados por la Sagarpa han beneficiado principalmente a los agroempresarios.
Entre los instrumentos que emplea la dependencia federal para elevar la productividad del campo mexicano, la investigadora del Iiec indica que el Programa de Apoyos Directos al Campo, Procampo, dirigido a productores de granos y oleaginosas del país, puede llevarse a cabo mediante la celebración de contratos de cesión de derechos de los productores con empresas comercializadoras e instituciones financieras para la obtención anticipada de recursos, con el fin de adquirir insumos agrícolas. Esta modalidad, enfatiza, “facilita la agricultura por contrato, favoreciendo principalmente a las grandes empresas trasnacionales productoras de insumos”.
El Programa de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de Productos Agroalimentarios y Pesqueros Mexicanos, Promoagro, “fomenta la participación de los productores, comercializadores e industrializadores del sector en estudios y asesorías, inspección de calidad, innovaciones comerciales, sistema de información comercial, apoyo de costos financieros de factoraje, solución de controversias; campañas de marcas regionales, nacionales e internacionales, de productos pecuarios, exposiciones nacionales e internacionales y misiones comerciales-Campañas México Calidad Selecta”. Este programa, dice Salinas Ontiveros, apoya “preferentemente” a organizaciones sociales y productores que cuentan con el esquema de certificación “México Calidad Selecta” y pertenecen a algún organismo de solución de controversias, es decir, “beneficia a empresas agroindustriales”.

Otro de los esquemas analizados por la investigadora de la UNAM es el Programa de Apoyo Financiero al Sector Agropecuario y Pesquero, que tiene como principales destinatarios a los productores empresariales. A través de él, “se garantiza el financiamiento al sector agropecuario y pesquero y fomenta la cultura del pago entre los acreditados. Está orientado principalmente a deudores de la banca comercial, y en menor medida a los deudores de la banca de desarrollo”.
Con este instrumento financiero, explica la investigadora del Iiec, “el acreditado recibe el descuento al momento en que realiza cada pago de su crédito vigente o reestructurado, que varía entre el 18 y el 40 por ciento respecto del saldo de la deuda, que alcanza montos de 500 mil pesos a 2 millones de pesos.

“Este Programa considera que los pequeños productores enfrentan una creciente incapacidad para solventar sus obligaciones crediticias, ya que la cartera vencida con montos menores a los 500 mil pesos incluye al 90 por ciento del total de los prestatarios insolventes.”
El Programa de Apoyo a los Proyectos de Inversión Rural está destinado a los agricultores que cuenten con bienes de capital, excepto tierras, y cuyo valor oscile entre los 15 mil y 500 mil pesos. La apertura externa, concluye la experta en economía agrícola, “ha sido el mecanismo a través del cual sólo un sector próspero de empresarios agrícolas tiene posibilidad de competir en el mercado mundial. La apertura externa ha propiciado el dinamismo exportador de un pequeño sector rentable de productos agropecuarios.

“Las políticas públicas que se plasman en los programas referidos anteriormente no han resuelto hasta hoy los problemas de fondo que determinan la pobreza en el campo. Aún con el compromiso de asegurar en nuestro país la autosuficiencia, así como la seguridad y la soberanía alimentaria, como se afirma en el Plan Nacional y en el Acuerdo Nacional para el campo”. (ER)


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