TRATAMIENTOS FISCALES ESPECIALES PARA 39 FAMILIAS

Los dueños de México

Por: Eduardo Ibarra Aguirre

En el régimen fiscal que algunos llaman de alquimia, se observa con excesiva nitidez el predominio apabullante de 39 familias y sus corporativos empresariales que a través de “tratamientos fiscales especiales”, como la “consolidación tributaria” y la “depreciación acelerada de activos”, hizo posible que les fueran devueltos 680 mil millones de pesos durante el gobierno de Vicente Fox Quesada.

La cifra, por supuesto que no la digo yo, sino el titular de la Auditoría Superior de la Federación y equivale al costo de la construcción de nueve refinerías. Y dijo más Arturo González de Aragón en el penúltimo foro de debate sobre la reforma en boga: Petróleos Mexicanos desempeña una función básica de instrumento recaudatorio del gobierno federal que le succiona 40 centavos de cada peso que obtiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De 1995 a 2004, la carga fiscal para la empresa paraestatal fue de 3.3 billones de pesos.

El silencio de los más dóciles defensores de las iniciativas presidenciales fue elocuente, pese a que son muy dados a descalificar la trayectoria y la persona misma del crítico en cuestión, pero eluden el debate de la sustancia de las propuestas de los opositores.

Además de las gigantescas devoluciones de impuestos de la tan ineficiente como costosísima dependencia que ahora encabeza Agustín Carstens Carstens, ésta succiona ilimitadamente a Pemex para que los dueños de México paguen, como en 2004, sólo 74 pesos de Impuesto Sobre la Renta y 69 de Impuesto al Valor Agregado.

Con diversas trampas fiscales y la asesoría de los más costosos despachos fiscales, Hacienda permitió que 13 grandes empresas, seis bancos y tres grupos aeroportuarios, difirieran el año pasado el pago en promedio de 51 centavos al fisco por cada peso entregado.

El gigantesco hueco fiscal -y presupuestal- de 130 mil millones de pesos sobre un total de 1 billón 600 mil millones de pesos en ventas -creado por Cemex, Telcel, Telmex, Grupo Carso, Kimberly Clark, Coca Cola-Femsa, Bimbo, Grupo México, Wal-Mart, Grupo Saba y Televisa; más BBVA-Bancomer, Banamex y tres grupos aeroportuarios-, se tapa con recursos de la nación, provenientes de los excedentes petroleros que alcanzaron niveles sin paralelo en los últimos años y que fueron devorados por el gasto corriente de un gobierno saturado de ineptos y de corruptos, como fue el de la autodenominada pareja presidencial que dilapidó 720 mil millones de pesos y que algunos dirigentes de la promoción del voto útil dicen, en privado, que aún extrañan.

Estas políticas fiscales no sólo contravienen todo principio de progresividad y equidad tributaria, sino que lo más probable es que no exista en la aldea global país, economía y empresa estatal que las resista.

A lo anterior es preciso añadir la existencia de una elite política forjada y formada en el partido de la victoria cultural, Acción Nacional, emblematizada por Juan Camilo Mouriño Terrazo, que encontró en Pemex su fuente predilecta para el enriquecimiento personal, familiar y de los amigos. No otra cosa reconfirman los 108 contratos firmados hasta febrero pasado por el hermano del secretario de Gobernación, Carlos Mouriño Terrazo con Pemex. Como antes lo hicieron Javier Fox Quesada, Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún.

Lo sorprendente, en todo caso, es que aún exista Pemex como la joya de la corona pese a la explotación depredadora de las reservas de hidrocarburos, la succión gubernamental vía el fisco, la costosa e ineficiente tecnoburocracia petrolera, el derroche de la cúpula sindical jurásica, la corrupción generalizada de la que no se ocupan las propuestas legislativas de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, el saqueo por la casta de contratistas privados y buena parte de los beneficios destinados a cubrir el incumplimiento de las más elementales obligaciones fiscales de los 39 dueños de México.

PLAN MÉRIDA: TERRORISMO DE ESTADO GARANTIZADO POR LA CIA PARA SAQUEAR NUESTRO PAÍS

Con el Plan Mérida, los ejércitos de México y Centroamérica serán bien entrenados por la CIA




Pedro Echeverría

1. El Plan México (o Iniciativa Mérida) tiene un enorme significado para el gobierno de EEUU porque en corto tiempo le permitirá penetrar más directamente en México y Centroamérica. Su negocio en este momento es venderles a sus lacayos del sur todo el armamento necesario, otorgar todo el entrenamiento y las estrategias de intervención militar; pero más tarde, cuando el gobierno mexicano grite: “la patria está en peligro”, de inmediato tendremos aquí al ejército yanqui para “salvar al país” del peligro que lo acecha, así como para garantizar las propiedades e inversiones de sus connacionales. En estos países al sur del Río Bravo, no puede decirse que EEUU está buscando un resquicio para meterse porque desde hace un siglo está adentro dominando economía y política. Lo que ahora busca es asegurarse militarmente ante el avance de los grupos que se oponen a su política imperial. Por eso ha buscado encerrarse tras un muro de piedra electrizado y cercado por batallones de soldados.

2. Para EEUU entrenar soldados de un ejército significa no solo entrenamiento físico brutal, tal como se puede ver el la película de Kubrich, Cara de Guerra; significa un absoluto “lavado de cerebro” que consiste en el cambio total de valores para imponer una ideología de defensa al poder y de odio hacia quienes se oponen a él. Un soldado o jefe militar entrenado por el ejército de los EEUU es un personaje que ha sido bloqueado mentalmente a fin de que sólo aprenda a escuchar la voz de mando. Quien pretenda que un soldado entrenado e ideologizado en EEUU entienda razones que van contra su dogma o contra el “chip” que le han metido en la cabeza, estará equivocado. Ese es el objetivo que persigue la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los EEUU al comprometerse a entrenar a los militares que se le propongan. ¿Para que se necesitarán soldados yanquis en México si los mexicanos y centroamericanos entrenados allí, en sus escuelas de Panamá y Miami, salen aptos para hacer lo mismo?

3. Dana Perino, vocera de la Casa Blanca, señaló que Estados Unidos espera una mayor cooperación con México en el área de inteligencia tras la aprobación de fondos de la Iniciativa Mérida (Plan México) para la lucha antinarcóticos. La cooperación estrecha con los países participantes de esa medida, que incluye también a Centroamérica, abarca el sistema de inteligencia y la capacitación del personal. 'Vamos a ayudar con mucho entrenamiento allí, lo cual considero esencial para mejorar la situación', recalcó sobre los 400 millones de dólares que se destinarán a México bajo esa iniciativa y 65 millones para Centroamérica. Los recursos destinados a México ayudarán en el mejoramiento de la aplicación de las leyes, 'especialmente en la región fronteriza donde por mucho tiempo ha habido una situación caótica. El presidente (mexicano, Felipe) Calderón ha estado dedicado a tratar de mejorar la situación, y lo ayudaremos”.

4. El gobierno de Bush está preocupado y actuando “para el bienestar y la seguridad de los EEUU”. A pesar de que el gobierno de Calderón se desanimó durante 15 días (porque EEUU le exigía abrirse más) el gobierno de Bush entendió que eran suficientes los acuerdos logrados para los intereses norteamericanos. Le venderán a México helicópteros, armamento, computadoras, avionetas, uniformes, además que entrenarán a miles de militares en todo tipo de intervención contra grupos organizados. Ahora le llaman “delincuencia organizada” a los narcotraficantes, pero desde hace algún tiempo se ha empezado a acusar al EPR, a la APPO, a los zapatistas y a varios grupos más de izquierda, de estar ligados al narcotráfico. Sólo basta con decir que el titular de Seguridad Nacional (Guillermo Valdés) ha declarado que no se puede descartar la posibilidad de que dinero del narcotráfico esté involucrado en las campañas de algunos legisladores; obviamente éstos han protestado.

5. Sólo bastó con que legisladores del PRD y del PRI exigieran la renuncia de Valdés (por dedicarse a espiar descaradamente a la oposición) para que éste revirara con acusaciones que deberá probar para no quedar como un irresponsable mentiroso. La realidad es que (y esto sí está probado) el narcotráfico vive en sus anchas en México entre las clase empresarial, gubernamental y en el más alto nivel del ejército, siendo ello el motivo fundamental por lo que ha resultado casi imposible aminorar su presencia en el país. A casi dos años de mantener el gobierno a muchas decenas de miles de miembros del ejército en las calles de la mayoría de los estados de la República, pareciera que el narcotráfico se ha multiplicado mientras cientos de miembros de militares, así como de otras policías y civiles, caen abatidos por el “fuego cruzado”. Sólo en junio hubo 443 asesinatos relacionados con el narcotráfico.

6. El Plan de EEUU está dirigido a la reconquista total de México y demás países centroamericanos. ¿No se recuerda acaso el Plan Puebla Panamá (PPP), un proyecto impulsado por Vicente Fox y auspiciado por el gobierno de EEUU que involucró a México, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Uno de los pocos países que se mantenía al margen de este tipo de planes e incursiones militares fue Nicaragua, esencialmente por su historia de lucha guerrillera encabezada por el sandinismo, pero tras la llegada al gobierno de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños los militares yanquis comenzaron a transitar el suelo nicaragüense con la cínica excusa de brindar ayuda humanitaria, lo que incluyó el compromiso de que los más de 4.000 militares estadounidenses que ingresarán se encargarán de construir escuelas, centros de salud y brindar asistencia médica a las comunidades campesinas. Así se mantuvo una etapa de continuo golpeteo contra el sandinismo y los grupos de izquierda.

7. EEUU, con el Plan México, parece haber logrado extenderse con facilidad hasta Centroamérica. Además de valerse también del Plan Colombia y del gobierno proyanqui de Perú, parece querer meterse en la llamada Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Una región riquísima en agua, como puede verse en la cinta cinematográfica La Misión. Desde hace décadas, cuando Paraguay era gobernado por la dictadura de Stroessner, los gobiernos yanquis descubrieron ese punto estratégico. Perece ser, como alguien señaló, otro de los “desvelos de George Bush y sus secuaces”. Con la nueva impronta que le ha dado a los Estados Unidos la lucha contra el terrorismo, el codiciado vértice sudamericano se transformó en una piedra preciosa de la que prontamente quieren apropiarse el imperio estadounidense. En esta región se concentra otro de los centros acuíferos, de reservas subterráneas de agua y biodiversidad más importantes del continente y por eso está puesta la mirada imperial sobre la zona.

DEPREDADORES EMPRESARIALES: URGE CONTRROLAR A LOS GOBIERNOS LATINOAMERICANOS SUS RECURSOS NATURALES

La maldición de los recursos energéticos en América Latina

Erika González y Kristina Saez

En América Latina el papel de los recursos naturales energéticos es estratégico, y funciona como objeto de la competencia cada vez más abierta entre grandes empresas y países. Esto genera situaciones complejas que involucran tanto a las políticas de los Estados como a las transnacionales y a los organismos internacionales, con toda una batería de instrumentos jurídicos, legales y económicos que mantienen luchas desiguales sometiendo a estos países ricos, pero empobrecidos, a graves conflictos. Ni los recursos naturales, ni los Estados autoritarios, como denuncian algunas teorías sobre la petropolítica, son los causantes de la "maldición" que suponen estos conflictos a la población, se trata, más bien, de la "mal-acción" de potencias externas, que ejercen una fuerte presión sobre esta región.

En mayo de 2006 saltaban todas las alarmas mediáticas del Estado español, el presidente de Bolivia, Evo Morales, firmaba el Decreto de nacionalización de los hidrocarburos con el fin explícito de acabar con "el saqueo de nuestros recursos naturales por empresas extranjeras" [1]. El gobierno bolivariano de Venezuela no se quedaba atrás y, en febrero de 2007, desarrolló un Decreto Ley que recuperaba más control estatal en la actividad petrolera [2]. Estos dos movimientos gubernamentales fueron los pioneros en cuestionar el control de los recursos energéticos por parte de las transnacionales en América Latina.

En respuesta al logro de esta mayor soberanía energética se puso en marcha toda la maquinaria mediática de EE UU y Europa, que anunciaba la extensión de la pobreza, las transnacionales llamaban a las puertas de las Instituciones Financieras Internacionales para meter en cintura a estos gobiernos díscolos, y la diplomacia de los países del Norte tejía una tupida red de presión política y económica que revocara los cambios legislativos.

Lo que estaba en juego era, ni más ni menos, el control de los recursos que propulsan el sistema económico actual: los hidrocarburos. La región latinoamericana es responsable del 13,5 por ciento del petróleo que se comercializa en el mundo y tiene bajo su subsuelo el 9,7 por ciento de las reservas globales de crudo y el 4 por ciento de las de gas [3]. Pero más allá de las cifras, la región tiene un papel clave en la geopolítica internacional por dos cuestiones: es un territorio fundamental para el abastecimiento energético de EE UU y, por otro lado, en ella residen la mayor parte de los intereses de las transnacionales energéticas españolas.

El codiciado mapa latinoamericano de los recursos energéticos...

Si trazáramos un mapa ubicando las mayores concentraciones de hidrocarburos resaltarían tres países: Venezuela, en primer lugar, tiene el 69 por ciento de las reservas de petróleo de toda América Latina, y también el 60 por ciento de las reservas de gas [4]. Luego, Brasil que, tras el reciente descubrimiento de un gran yacimiento en las profundidades marinas [5] , podría llegar a ser la segunda mayor reserva de petróleo de la región. Por último, Bolivia es el territorio con las segundas mayores reservas de gas natural. Aunque la clasificación descrita cambia si el criterio es la producción que ponen al servicio del mercado, para el petróleo, se situaría primero México y para el gas lo haría Argentina. Los países que aparecerían en segunda línea, en cuanto a riqueza de crudo y gas, serían Ecuador, Perú y Trinidad y Tobago. Este mapa trazado pone en evidencia que los hidrocarburos siguen el camino del pie de monte andino hasta llegar a la región caribeña.

Pero el mapa energético de América Latina se completa con tres recursos más: el carbón, el agua y los agrocombustibles. El primer recurso tiene mayor abundancia en Brasil, si bien el principal productor es Colombia. El agua de los ríos representa casi el 60 por ciento del recurso que utiliza esta región para producir electricidad y si hablamos de países con mayor potencial hidroeléctrico, sin duda estaría en cabeza Brasil, que genera así el 84 por ciento de su electricidad. En cuanto a los agrocombustibles, son potenciados por EE UU y la UE en calidad de alternativa renovable y ecológica, pero este carácter requiere de un análisis más profundo, imparcial y considerando escalas de producción, por los impactos ambientales y sociales que conlleva su implantación. No obstante, ésta es la alternativa elegida por algunos países de América Latina que cuentan con grandes espacios cultivables. Entre ellos destaca Brasil, que sustenta la política más favorable hacia este recurso.

... y las tensiones generadas por su control

Toda la riqueza descrita se corresponde, paradójica y lamentablemente, con países empobrecidos económicamente, que soportan presiones e históricas resistencias frente a los intereses foráneos, generadores de guerras, violencia e injusticias. A modo de contextualización, habría que recordar que los Estados asumían hasta la década de los noventa un papel regulador con control sobre sus recursos a través de las empresas energéticas estatales. Posteriormente, y por imposición de los Programas de Ajuste Estructural a los que se vieron sometidos, cedieron este control a empresas extranjeras mediante contratos leoninos para los diferentes Estados.

Como consecuencia de las tensiones políticas generadas por la presencia de las corporaciones de hidrocarburos, Gobiernos como el de Venezuela y Bolivia se han rebelado contra el expolio legalizado y han logrado cambiar el rumbo de las políticas económicas. En el primer caso, su actual Constitución impide la privatización de PDVSA, empresa completamente estatal y quinta petrolera más importante a nivel mundial. Por supuesto, estas medidas legislativas no han estado exentas de tensiones políticas, basta con recordar el golpe de Estado que sufrió el Gobierno de Hugo Chávez en abril de 2002. Y también ha ocasionado, como medida de presión, la salida de cuatro grandes petroleras [6] que rechazaron los contratos de explotación propuestos por este Estado. Aunque siguen estando allí otras como Chevron Texaco, Statoil y Repsol.

En el caso del "corazón geopolítico de Suramérica", como denomina Chávez a Bolivia, el masivo reclamo de la población contra el expolio de las corporaciones energéticas condujo a la Guerra del Gas en octubre de 2003, en la que se organizaron marchas, protestas de todo tipo y enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad que se cobraron decenas de víctimas mortales. Este grito del pueblo determinó el proceso de nacionalización de los hidrocarburos a través de su estatal YPFB. No obstante, la lucha por la recuperación de los recursos está sometida a corsés judiciales y presiones como la ejercida por Petrobras y Repsol, con el respaldo de sus respectivos gobiernos, que dificulta el proceso de nacionalización. También recibe apoyos externos la oligarquía cruceña situada en el oriente del país. Esta elite ha respondido a las políticas soberanistas con la exigencia de la independencia de su territorio, donde se concentra gran parte de los recursos energéticos.

El trabajo de lobby de las transnacionales para evitar nacionalizaciones se convierte en cantos de sirena para animar a la privatización de una gran empresa estatal como es PEMEX, undécima mayor petrolera del mundo. El 8 de abril de este año, el Gobierno mexicano de Felipe Calderón hizo pública su disposición a la entrada de capital privado en la compañía mediante la reforma de la política energética, ante lo cual se ha levantado la oposición representada por López Obrador mediante la organización de resistencias civiles y la ocupación del Congreso para asegurar una decisión consensuada.

Uno de los escenarios latinoamericanos donde se reproducen con mayor virulencia los conflictos por el control de los recursos naturales energéticos es, sin duda, Colombia, donde se localizan fuertes intereses de las multinacionales españolas de la energía como Repsol. La crisis social que padece, como resultado de la aplicación de las medidas neoliberales, se suma a las escalofriantes cifras de violaciones de los Derechos Humanos que han dejado tras de sí un conflicto armado que dura ya más de cuarenta años. El posicionamiento de las transnacionales del petróleo ante este conflicto ha sido de complicidad, agravando la situación humanitaria, de por sí alarmante. Un ejemplo que permite reflejar esta situación es la actuación de Repsol en la región de Arauca (oriente de Colombia). Desde 2002, año en que Repsol anunció la existencia de petróleo en un campo de la región, ésta comenzó a sufrir el auge del paramilitarismo, incrementándose los crímenes contra la población civil y los índices del desplazamiento forzado. En cambio, la violencia no afectó a la compañía, más bien al contrario, después de dos años de terror impuesto desaparecieron las voces discordantes con la explotación de crudo, y fue entonces cuando Repsol pudo entrar a explorar en áreas con potencial petrolero sin encontrar ningún tipo de oposición social.

Multinacionales españolas y conflicto

Un recorrido por las explotaciones de hidrocarburos más importantes de la región pondría en evidencia la existencia de un denominador común, la presencia de Repsol en todas ellas: opera en Venezuela, Brasil, Bolivia, México, Argentina, Perú y Trinidad y Tobago. Al igual que si se examinan las principales empresas eléctricas de la región saltaría como principal compañía Endesa, líder en Chile, en Colombia y en Argentina, y, aunque no se posicione entre las más poderosas, Unión Fenosa también tiene un importante monopolio eléctrico en Centroamérica y Colombia, e Iberdrola representa la principal eléctrica privada en México.

Pero, paralelamente con los beneficios de estas corporaciones, los impactos ambientales, sociales y culturales sobre la región se han ido incrementando. Los principales afectados han sido pueblos originarios de Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y Argentina, con fuertes impactos sobre guaraníes, tagaeris y taromenani, etc. En la zona argentina, en julio de 2007 el Defensor del Pueblo denuncia ante el Tribunal Supremo a Repsol -y a otras 16 compañías petroleras- por el daño ecológico que causan en cinco provincias del centro del país [7] . En Chile, los mapuches llevan resistiendo una década contra Endesa, que ha construido la central hidroeléctrica de Ralco en su territorio ancestral.

En este panorama se integra el componente cultural y las reivindicaciones indígenas, que representan el corazón de los movimientos de base, protagonistas indiscutibles de los cambios en América Latina. Es importante resaltar que los procesos de dominación que llevan a cabo las transnacionales no sólo deterioran sus territorios e impactan sobre sus formas de vida, sino que, además, ejercen una presión ideológico-cultural, creando dependencias hacia formas de vida y de consumo occidental, unido a una desvaloración de lo indígena. El significado que sus culturas ancestrales otorgan al medioambiente, la comunidad y los recursos naturales desde su propia concepción, no se tienen en cuenta, y son parte de discursos secundarios, de patios traseros, infravalorados, para favorecer la visión capitalista que penosamente cuenta con un apoyo mucho más extendido.

En definitiva, la obtención por parte de las multinacionales de los grandes beneficios que origina la actividad en un sector tan estratégico como la energía se dirige, al igual que sus exportaciones, hacia los países del Norte. Ni sus gobiernos, ni las empresas transnacionales que operan en América Latina, reconocen la Deuda Ecológica cuyas actividades contribuyen a engrosar. No obstante, cada vez más países acreedores, como Ecuador y Bolivia, la reclaman legítimamente, en claro rechazo al actual sistema económico que no internacionaliza las externalidades o pasivos ambientales.

Erika González y Kristina Saez
Observatorio de Multinacionales en America Latina

Este artículo ha sido publicado originalmente en el nº 32 de Pueblos, junio de 2008.

DEPREDADORES EMPRESARIALES: EL FRAUDE BIMBO

El pan Bimbo, una engañifa
Por: Julio Pomar

Por esta ocasión, hablemos de pan, no del PAN, que aburre con sus prepotencias, altanerías e inconsecuencias. Hablemos de pan de caja. Pan de la marca Bimbo. De la empresa que regentea y de la cual es dueño Lorenzo Servitje Sendra, quien actualmente cuenta con 90 años de edad. Es un prócer vivo, pues, de la empresa privada. Sigue trabajando al frente de su negocio porque, dice, se aburriría de no hacerlo, de haberse retirado, aunque uno de sus sucesores lleva a cabo la tarea pesada de dirección del consorcio monopólico, pues eso es. Su empresa acapara más del 95 por ciento del mercado del pan de caja -en rebanadas empaquetadas- en México, así como porciones sustanciales en California y Texas, EU, así como de Perú y Chile, en el Cono Sur, además de España. Y lo mismo en pan dulce (98%) y pastelitos (99%). En cualquier tienda o supermercado mexicano prácticamente sólo se encuentra pan Bimbo, y casi no de otras marcas. Virtualmente no hay sandwich posible sin pan Bimbo.

Además de ello, Servitje se distingue por varias cosas. Por su participación abierta en las últimas contiendas electorales, no como candidato sino apoyando a candidatos que de ninguna manera sean de izquierda ni de centro, sino sólo de derecha. En la anterior campaña preelectoral apoyó con dinero y propaganda la candidatura panista del actual secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, quien perdió frente a Felipe Calderón Hinojosa en la interna del PAN, pero obtuvo como compensación ese cargo en el gabinete felipista, tras haber sido el primer gobernador panista de Jalisco, después del derrumbe priísta en la entidad, y a quien las agrupaciones de campesinos y agricultores acusan de incompetente e inepto para el cargo por no saber que hacer con el tremendo paquete agrícola y pecuario de México.

Naturalmente, es sabido que si Servitje no apoyó ostensiblemente la candidatura de Calderón Hinojosa, ya en la contienda presidencial, cuando menos no la obstruyó, aunque se pudo observar que de todos modos contribuyó con fuertes cantidades de recursos económicos para derrotar en los medios a Andrés Manuel López Obrador, de izquierda, y para no dejar llegar a Roberto Madrazo, del PRI.

También se ha distinguido por ser legionario de Cristo, esa organización prima del Opus Dei, casi un Yunque pero no “naco”, sino empresarial. Un caso digno de análisis en el aspecto político es el de Servitje, pues muestra cómo el sector empresario más poderoso y “triunfador” se inclina invariablemente a apoyar opciones de derecha, en este caso determinado por una militancia activa en los Legionarios de Cristo, organización a la que también profesa militancia Marta Sahagún Jiménez, cuyo actual esposo cobró seis años como presidente de México, Vicente Fox Quesada, ex funcionario de la Cocacola, enriquecidos ambos a niveles de Cresos nativos, junto con los hermanos Bribiesca Sahagún, vástagos de la señora Marta.

La empresa Bimbo ha sido acusada recientemente de engañar a su público consumidor. Dicho rápidamente, no venden lo que anuncian, sino algo de mucha menor calidad, que no nutre pero engorda, y es causa de obesidad, empeño en el que México -¡por fin alguna medalla!- alcanza un segundo lugar mundial, sólo después de Estados Unidos. Tres agrupaciones de consumidores, de Chile, Perú y México, han denunciado a Bimbo por engaño. Ellas son la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile y la mexicana El Poder del Consumidor (EPC). La organización mexicana EPC ha elaborado una denuncia contra Bimbo para ser presentada ante la Procuraduría Federal del Consumidor, según publica la revista CONSULTA MEDICA en su número de junio, dirigida por el respetado y probo periodista Víctor Manuel Cázares Nava.

El engaño consiste en que “en medio de la epidemia de sobrepeso y obesidad que viven nuestros países, especialmente México, donde una de las recomendaciones centrales para mejorar los deteriorados hábitos alimenticios, es el consumo de productos con base en harinas integrales (productos a los que llaman de “pan integral”) que dicen contener harina integral (pero) que en realidad están elaborados con harina refinada, no sólo representa un engaño al consumidor, sino también una afrenta a su decisión de llevar una dieta más sana”, según declaró el 29 de enero de este año Alejandro Calvillo, director de EPC de México, a CONSULTA MEDICA. Entre las marcas que vende Bimbo destacan Pan Integral Bimbo, Pan Integral Wonder y Pan Integral Oroweat.

Así, mientras en España Bimbo sí utiliza como ingrediente de sus panes “integrales” la harina integral, en cambio en Perú, Chile y México usa la harina refinada “adicionada” y coloreada con tono de caramelo, según lo cual si fuera harina integral no tendría por qué estar “adicionada”, ya que la normatividad de salud exige únicamente la adición en el caso de la harina refinada o blanca. Asimismo, el pan Bimbo en España contiene entre 6.5% y 12.3 de fibra; en México entre 5.3% y 7.9%, en Perú apenas contiene entre 0.8% y 2.7% y en Chile sólo 3.8% de la misma fibra.

Añade finalmente el estudio de la EPC de México: “El engaño en la comercialización de un producto como el pan integral tiene consecuencias especialmente negativas para aquellos consumidores que presentan alguna enfermedad y que han recibido la recomendación de consumir productos elaborados a partir de harina integral y no de harina refinada. De especial cuidado son los diabéticos que en nuestro país son 10 millones de personas, el 8% de la población”.

Y frente a eso, de la Secretaría de Salud de México sale el mensaje paradójico de una gran campaña mediática, con pingües recursos para publicidad -de tamaño similar a la campaña en radio, TV y prensa a favor de la privatización de Pemex- para luchar contra el flagelo de la obesidad, en lo que México le disputa la medalla de oro a EU. Lo cual parece ser (y lo que parece, es) una tapadera oficial, de derecha naturalmente, de las realidades que muestra Bimbo, de derecha naturalmente, con sus engañifas a los consumidores.

DEFORMA LABORAL: EN LA UE SE APRUEBA LA JORNADA LABORAL DE 65 HRS

Jornada de 65 horas. Otra vez, más de cien años después

La Comisión ha promovido la modificación de la de la jornada de 48h. – 93/104/CE-. La aprobación definitiva de su propuesta dependerá de lo que decida el P. Europeo en sus sesiones de Noviembre.
Joaquín Sagaseta de Ilurdoz Paradas


"…salen de sus celdas. Se dan la mano, sonríen. Les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hilera de sillas delante del cadalso como en un teatro…Firmeza en el rostro de Fischer, plegaria en el de Spies, orgullo en el de Parson, Engels hace un chiste a proposito de su capucha, Espies grita: "la voz que vais a sofocar será mas poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora" Les bajan las capuchas, luego una seña, un ruido, la trampa cede, los cuatro cuerpos caen y se balancean en una danza espantosa…"


Así relató Jose Marti, el corresponsal por entonces del periódico bonaerense, La Nacion, en EEUU, la ejecución, en la horca, de los mártires de Chicago, los de la lucha por la jornada de ocho horas, estrangulados, para escarmiento de los huelguistas, el 11 de noviembre de 1887.


Los sucesos de Chicago tuvieron una extraordinaria repercusión mundial. Desde aquellas fechas, cuando el movimiento obrero internacional rompía aguas, la reducción de jornada y una " legislación obrera y de protección social" estuvo siempre en el norte de la carta de navegación de la clase.


No han sido ni pocos, ni irrelevantes, los progresos alcanzados. La propia existencia de los "códigos del trabajo", la legislación de seguridad social, la misma concepción del "estado social y de derecho"… expresan momentos de progreso en los derechos laborales y de seguridad social, pese a sus extremas insuficiencias consustánciales al propio sistema en que se hallan insertas.


Se han venido edificando esas conquistas históricas sobre dos pilares jurídico-sociales básicos. Por una parte, en torno a la concepción del trabajo como un derecho y a la conformación de la normativa laboral como ordenamiento independiente, estructurado por normas de configuración legal, indisponibles, que se imponen a la llamada autonomía de las partes , reformista, con la finalidad de mitigar desigualdades y dar entrada a los trabajadores en la regulación de las condiciones de trabajo mediante la negociación colectiva y la libertad sindical…Y por otro lado en un cuerpo normativo de seguridad social donde la cobertura de los estados de necesidad está concebida, y cristaliza, como derechos subjetivos exigibles.

No han venido al mundo esos progresos gigantescos como nació Minerva de la cabeza de Júpiter. Ha sido más de un siglo de enormes sacrificios, con despidos masivos, prisiones… con un visible rastro de cadáveres.


En materia de jornada, ya desde 1.919, por Convenio de la Organización Internacional del Trabajo, se reguló la semana laboral de 48 h. con descanso dominical - ¡aún vigente en las directivas de la CEE! -. Al abrigo de las movilizaciones de mayo y junio de 1968 en Francia se abrió camino la jornada semanal de 40 h. – en España desde 1983- . De nuevo los franceses pusieron al orden del día la jornada de 35h.


En eso estábamos, hasta ahora, pero más de un siglo después de que la trampilla del cadalso se abriera para que el lazo estrangulara la garganta de Spies y sus compañeros, la Comisión Europea - gobierno de la CEE- ha resuelto que todo retorne al cauce de aquellos tiempos de barbarie social.


Ni los mas pesimistas se atrevían a pronosticar, hace apenas unas semanas, que la derecha europea fuera capaz de llegar tan lejos.


La Comisión ha promovido la modificación de la directiva reguladora de la jornada semanal de 48h. – 93/104/CE- y de rondón, cosas aún peores. La aprobación definitiva de su propuesta dependerá de lo que decida el Parlamento Europeo en sus sesiones del próximo mes de Noviembre.


La modificación lo que pretende es ampliar la jornada a horarios de galeras, de 60 y hasta 65h. semanales, y siendo ello de una brutalidad escalofriante, lo mas grave es que al tiempo se propone legalizar y de tal manera generalizar irremediablemente, la posibilidad de la contratación libre, entendiendo por libre la no sujeción a normas legales ni convencionales, con libertad de estipulación del régimen de jornada en el contrato de trabajo.


Escapado el genio de la botella las fuerzas que desata conducen a la extinción del propio Derecho del Trabajo y de la negociación colectiva el uno y la otra arrebatado su espacio por la libertad contractual empezarían a operar en el vacio.


Sin la existencia de condiciones de trabajo mínimas, que el empresario tenga que cumplir y de las que el trabajador no pueda renunciar, no cabe , ni siquiera hablar de que exista Derecho del Trabajo. Justamente este derecho nace en la história, con los fórceps de la lucha social, desde la premisa incuestionable, antes y ahora, de que cada trabajador, individualmente, compelido por la necesidad, carece de libertad para negociar las condiciones de su contrato.


A la manera que promueve la Comisión, el derecho de los trabajadores se reduciría al derecho a trabajar por el salario que le quieran dar y en las condiciones que le quieran imponer. No se conoce ataque mas frontal y liquidador del estado social y de derecho desde la 2ª Guerra Mundial.


En estas circunstancias, calificar a esta Europa, como la Europa de los mercaderes es ya un ridículo cumplido.


*Joaquín Sagaseta de Ilurdoz Paradas es abogado laboralista y Presidente de Justicia y Sociedad

DEFORMA ENERGETICA: LOS SOCIOS DE FECAL, SLIM Y MOURIÑO SON SOCIALMENTE IRRESPONSABLES

Repsol YPF: Un discurso socialmente irresponsable. Un estudio sobre la Responsabilidad Social Corporativa de la multinacional española

Jesús Carrión y Marc Gavaldà


Para descubrir hasta dónde llega el "compromiso social del capitalismo" en la era neoliberal, hemos desarrollado este estudio de caso que analiza las palabras y los hecho de una de las multinacionales españolas con presencia en todas partes del mundo y particularmente en América Latina.

¿Es la RSC una nueva herramienta del «management empresarial», diseñada desde departamentos de marketing y relaciones públicas de las empresas, para dotarlas de una apariencia de responsabilidad ante la sociedad que le permita incrementar su reputación y la de sus marcas y productos? ¿Ayuda la RSC a las empresas a desviar la atención de la sociedad de la raíz de los grandes problemas (cambio climático, desequilibrios sociales, etc.)? ¿Llevarían a cabo RSC las empresas si no les fuera rentable y no generara ningún tipo de valor añadido para la compañía? En definitiva, en el actual sistema económico, ¿puede ser socialmente responsable una empresa transnacional?

Para dar respuesta a todas estas preguntas, creímos conveniente, con el equipo de Àgora Nord Sud, estudiar el discurso teórico del concepto de la RSC y ver cómo, en la práctica, era aplicado por una de las empresas líderes en el Estado español, la transnacional REPSOL YPF, para acabar averiguando si REPSOL YPF puede ser socialmente responsable de verdad.

Para descargar el estudio completo, HAZ CLICK AQUI

LA REALIDAD DE COLOMBIA: TERRORISMO DE ESTADO Y SAQUEO GARANTIZADO

Las vivas imágenes del Saqueo y el Terrorismo de Estado

El Saqueo de las multinacionales, que deja trás de sí un país empobrecido... mientras el Terrorismo de Estado le garantiza la "seguridad de las inversiones" masacrando a los campesinos para despejar las zonas de alto interés económico.... y masacrando y reprimiendo a los que se oponen al saqueo: sindicalistas, estudiantes, campesinos, organizadores agrarios, ecologistas... etc

Por causa del Terrorismo de Estado es que nace la guerrilla. Y ahora, después de la masacre de 5000 integrantes de la Unión Patriótica(cuando muchos guerrilleros habían depuesto las armas y creyeron en la vía electoral) le piden a la guerrila que deponga nuevamente las armas... para que los vuelvan a masacrar?

No le pidan a nadie que cave su propia tumba!

¿ POR QUE NACIONALIZA BOLIVIA SUS HIDROCARBUROS?

¿Responsabilidad corporativa o derechos sociales? Un análisis de la "nacionalización" de los hidrocarburos en Bolivia

ACSUR-Las Segovias y CEDIB

De forma creciente, se nos presenta la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como la contribución de las empresas al bienestar de la sociedad. La industria petrolera se ha sumado al discurso. En los países donde opera, con baja cobertura de servicios básicos y alta desigualdad social, la RSC aparece incluso como un instrumento capaz de atenuar la pobreza... ¿pero es eso posible?

Las organizaciones sociales ACSUR-LAS SEGOVIAS y CEDIB acaban de publicar el informe ”¿Responsabilidad corporativa o derechos sociales? Un análisis de la "nacionalización" de los hidrocarburos en Bolivia” , una investigación coordinada por Antonio Rodríguez-Carmona, en la que que se explica el cómo y el porqué de “nacionalización “de los hidrocarburos en Bolivia y las consecuencias que ha tenido en las transnacionales. Asimismo, analiza la relación entre los intereses de las transnacionales y la llamada Responsabilidad Social Corporativa.

Bolivia posee las segundas reservas de gas natural de América Latina. Exporta grandes volúmenes a Argentina y Brasil. Sin embargo, sufre crisis recurrentes de desabastecimiento de diésel y gas licuado, derivados que debe importar de sus países vecinos. En 1996, el gobierno vendió la empresa pública de hidrocarburos a las transnacionales, pero la privatización estuvo llena de trampas: se redujo la tributación del sector, se contrajo la renta petrolera (los ingresos públicos por impuestos al petróleo). Petrobrás, Total y el resto de petroleras generaron graves impactos ambientales.

Según sus memorias anuales, las actividades de RSC de las petroleras contribuyeron a “endulzar la vida” de la población, a construir “viviendas saludables”... Los hechos son muy diferentes. Los proyectos de inversión social han representado una parte mínima de sus beneficios y han operado como un lavado de cara o una herramienta para comprar voluntades. Pero aún hay más. Tras los anuncios de publicidad de las petroleras, se esconde una estrategia de incidencia política: el apoyo a las élites oligarcas de Santa Cruz y a la agenda de autonomías departamentales. ¿Es legítimo que las petroleras intervengas en asuntos internos del país para conservar sus beneficios?

Frente a la retórica de la RSC, el ejercicio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) ofrece un camino más claro de bienestar. La subida de impuestos aprobada por el Gobierno de Evo Morales a las transnacionales permitió la renta petrolera pasara de representar el 6,1% al 14,7% del PIB.

Para ver el informe completo en PDF

Otros datos interesantes sobre los Depredadores Empresariales:

- Los impuestos que pagan las petroleras en Bolivia son menores que en Noruega, donde la producción de hidrocarburos está gravada con un 78%. (Fuente: Estrada, 2006).

- Los ingresos operativos De REPSOL-YPF alcanzaron 51.045 millones € en 2005, mientras que el PIB de Bolivia ascendió a 9.334 millones $US. (Fuente: Repsol YPF, Banco Mundial).

- Los ejecutivos de Repsol YPF cobraban hasta 27.000 $Us/mes en 2006. El salario mínimo en Bolivia son 70 $Us y el salario presidencial, 1.800 $Us. (Fuente: La Prensa, 7 noviembre 2006).

- En el marco de su política de Responsabilidad Social corporativa, Repsol YPF dedicó 22,67 millones € a inversión social en 2005 (el 0,37% del resultado operativo total). (Fuente: Repsol YPF)

NEOLIBERALISMO MEXICANO EN CRÍSIS: DEPENDENCIA ECONÓMICA

Las maquiladoras, un síntoma del desarrollo dependiente de México

Por: Tom Barry

No hay error alguno en buscar la aceleración del desarrollo nacional incrementando la integración a la economía global. Más que la mayoría de los países en desarrollo, México tuvo tiempo más que suficiente para desarrollar una estrategia con la que se pudieran aprovechar las oportunidades de la globalización.

A más de 40 años de que el sector de las maquiladoras nació en México con el programa de Plantas Gemelas Juárez-El Paso en 1965, la de la maquilas sigue siendo en su mayor parte una industria de enclave carente de lazos productivos con la economía nacional. En lugar de dar forma al sector de la maquila con una política de desarrollo con visión de progreso que acrecentara los insumos de la industria y empleara las plantas ensambladoras de fuera como base para un sector industrial menos dependiente, México se ha contentado con el empleo a bajos salarios que la maquila proporciona.

Las crisis del consumo en Estados Unidos reverberan directamente a través de todo el sector maquilador mexicano, el cual inició el año 2008 empleando a 2.4 millones de trabajadores. César Castro, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora, predice ahora un crecimiento cero en las exportaciones de maquiladoras para 2008.

El pasado enero, Castro predecía que la tasa de crecimiento del 5-6% en 2007 se sostendría en 2008, pese a una economía estadounidense en estancamiento. Dados los despidos colectivos que se extienden por todo el país, es probable que a finales del año el crecimiento del sector maquilador se mida en números negativos.

De vuelta a casa

A medida que la economía estadounidense se estanca y la industria automotriz baja en picada, el sector de la maquila sufre los efectos. En Ciudad Juárez, 18,443 obreros ya perdieron sus empleos este año al haber cerrado o haberse mudado las plantas maquiladoras.

Otras decenas de miles de obreros de la maquila en esta ciudad fronteriza frente a El Paso han aceptado jornadas semanales más cortas, con salarios reducidos (llamadas 'paros técnicos') para poder conservar sus trabajos. Entre las maquilas que han recurrido a convenios de trabajo de medio tiempo se encuentran Automotive Lighting, Lear, Raychem Packaging, Philips y Autoelectrónica de Juárez.

Mientras que se incrementan las exportaciones de maquilas a la Unión Europea-hasta 15 a 20% el año pasado, debido al atractivo tipo de cambio entre peso y euro-el mercado recesivo en Estados Unidos está infligiendo graves pérdidas en todo el territorio mexicano.

Hasta ahora las más duramente golpeadas-causando del 65% al 70% de los despidos-son las plantas ensambladoras de piezas automotrices, sobre todo las que exportan piezas para las marcas que devoran gasolina como las producidas por Ford y General Motors. Se espera que los sectores productores de partes para la industria farmacéutica, electrónica y de aviación puedan capear el temporal recesivo estadounidense, pero para casi todos los demás sectores, como el de suministros para la construcción, el proceso será doloroso.

En el pasado, los obreros de las maquiladoras abandonaban a menudo sus trabajos para emigrar a Estados Unidos. Ahora las campañas antiinmigrantes y los tiempos duros en EEUU-especialmente en industrias gravemente afectadas como la construcción, que da empleo a inmigrantes-han disuadido a los mexicanos de hacer el viaje al norte. Alan Tello, director del Centro de Información Económica y Social (CIES) en Chihuahua, calcula que el 80% de los obreros de la maquila despedidos en esa ciudad están regresando a sus comunidades de origen.

Jesús José Díaz Monarrez, secretario general de la Federación de Trabajadores del Norte, afiliada a la CTM, reconoció que en estos días, los obreros de la maquila despedidos tienen sólo, esencialmente, tres opciones: 'ingresar a la economía subterránea o informal; volver a sus lugares de origen, o agravar el problema de seguridad pública.'

En lugar de admitir que es hora de dejar atrás su estrategia de desarrollo dependiente, el gobierno mexicano viene trabajando con el sector de las maquiladoras para extenderla hacia el interior de la república, vendiendo áreas rurales sumidas en la pobreza como una 'mini China'. Después de la última recesión estadounidense en 2001-2002, cuando el empleo en las maquiladoras cayó 21% al reubicarse muchas de las plantas en China, México incrementó su promoción del México rural como una opción atractiva para negocios que buscaban pagar salarios por debajo de las tarifas vigentes en las ciudades fronterizas.

Algunos dueños de maquiladoras están de acuerdo: 'No se tiene ni que llegar al sur de México para encontrarse en la 'pequeña China',' comenta Doug Donahue, socio de una empresa inversora en maquiladoras con sede en San Antonio propietaria de una planta maquiladora en Durango; 'Durango, San Luis Potosí y Zacatecas están todas a ocho horas de la frontera y todas ofrecen salarios muy competitivos que no le piden nada a China.'

México también ha otorgado facilidades y exenciones fiscales extraordinarias al sector de las maquilas. El gobierno está exentando temporalmente a la mayor parte de la industria (hasta 2012) del pago del recientemente implantado Impuesto Empresarial de Tasa Unica (IETU) mediante el llamado ' decreto maquilador'; aún así, los industriales de las maquilas advierten que las plantas abandonarán en masa el país si no se les exenta de este impuesto en forma permanente.

Asimismo, el gobierno del Partido Acción Nacional (PAN) bajo el presidente Vicente Fox, accedió a la liberalización de las 'reglas de origen' del TLCAN, permitiéndose así que un porcentaje aún mayor de insumos para las maquiladoras llegaran de fuera de América del Norte; es decir, ahora las maquiladoras pueden importar más insumos productivos de países ajenos al TLCAN, con lo que se reducen todavía más los vínculos con las economías internas de la región.

El sector de la maquila da cuenta del 84% de las manufacturas para exportación y del 49% de las importaciones del país (en forma de insumos para el producto ensamblado que se exporta). Cuando las maquiladoras sufren un duro golpe, toda la economía se estremece.

Ya desde ahora, antes de que lo peor haya sucedido, los pronósticos de crecimiento económico de México se calculan hacia abajo: han caído de 3.3% en 2007 a 1.9% en 2008.

La economía de México se tambalea ante la reversión del crecimiento, la caída en las remesas, la amenazadora crisis de tarjetas de crédito, una crisis energética cada vez más profunda, un sector maquilador extremadamente vulnerable y la violencia del narco en expansión continua.

Puede culparse a la economía estadounidense

Ciertamente puede culparse con toda razón a la economía estadounidense por la reciente caída de las remesas de inmigrantes y el mayor desempleo en las maquiladoras; e igualmente al mercado de drogas ilícitas, el lavado de dinero y el suministro ininterrumpido de armas que alimenta a las guerras del narco, todo ello problema existente en los Estados Unidos.

Pero el modelo de desarrollo mexicano-o la falta de él-debe volverse el núcleo para la reflexión acerca de los padecimientos económicos del país. México ha contado con más de cuatro décadas para construir un sector de exportaciones que fomente la industria endógena, sin embargo la industria en México se ha vuelto cada vez más una extensión de las empresas extranjeras, principalmente estadounidenses, y funciona como un enclave aislado casi carente de relaciones con otros sectores productivos.

La industria de la maquila, diseñada en un principio para dar empleo a la población migrante que se acumulaba en la frontera norte (gran parte de la cual había regresado de Estados Unidos al finalizar el programa Bracero de trabajadores huéspedes), fue en sus primeros años una aberración derivada de la economía de substitución de importaciones, de dirección estatal, de México. Pero a lo largo de los últimos 20 años las maquilas han pasado a ser el síntoma tangible de la política económica mexicana dependiente, una política implacablemente protectora de las empresas.

En todo el territorio mexicano, pero especialmente a lo largo de su frontera norte, los funcionarios gubernamentales y asociaciones empresariales se esmeran en restar importancia a los despidos de las maquiladoras. Pero tal como advierte al mismo gobierno el editorial del día 23 de junio del periódico de Ciudad Juárez El Diario: 'Si no se dota a una comunidad de empleos, y por el contrario se empieza a perder plazas laborales, cualquier crisis-como la de violencia [del narco] que enfrenta el estado-se puede agravar, pues las regiones se vuelven más sensibles cuando además de otros problemas sociales surge el desempleo.'

DEFORMA ENERGETICA: SLIM INVIERTE EN REPSOL

Gas Natural se alía con Carlos Slim en México


Inbursa, el brazo financiero del emporio de Carlos Slim adquirió 15 por ciento del consorcio Gas Natural, filial de la petrolera española Repsol, en una operación que implicó recursos por 760,8 millones de pesos.

Gas Natural llegó a un acuerdo estratégico con la Sociedad de Inversión de Capitales Inbursa, que permitirá acelerar el crecimiento del grupo ibérico en México, donde además de ser el principal distribuidor de gas, es el segundo operador privado de generación eléctrica, informó el también único consorcio operador de gas y electricidad en México.

Durante las próximas semanas se realizará un proceso en el que ambas sociedades tomarán una decisión en firme sobre la operación, que estará sujeta a aprobación de la Comisión Federal de Competencia de México.

Fuentes de Inbursa indicaron que todavía no se concreta una participación accionaria en Gas Natural, y lo que en principio se realizó fue una inyección de capital por poco más de 760 millones de pesos. La subsidiaria de Repsol entrega una proporción accionaria para garantizar el capital prestado e Inbursa participa en la administración de la empresa.

Antes del anuncio de la operación financiera entre Gas Natural e Inbursa el capital social de la subsidiaria de Repsol era en 86.75 por ciento propiedad de Gas Natural y 13.25 por ciento de Iberdrola. Con la formalización del acuerdo, la propiedad del segundo generador de energía eléctrica en México quedará de la siguiente manera: 15 por ciento Inbursa; 13.25 por ciento Iberdrola y 71.75 por ciento Gas Natural.

El presidente de Gas Natural en España, Salvador Gabarró, dijo: “La compañía ha hecho una apuesta estratégica por el mercado mexicano, que cuenta con un importante potencial de crecimiento”. Gabarró consideró que la operación de compra de activos eléctricos en México el año pasado fue “la mayor realizada por Gas Natural en toda su historia”.

El director general de Latinoamérica de Gas Natural, Sergio Aranda, manifestó: “Estamos convencidos de que la incorporación de Inbursa al proyecto de distribución de gas natural en México es un paso más en la dirección correcta para impulsar el desarrollo de este sector”.»

DEPREDADORES EMPRESARIALES VS DERECHOS SOCIALES

El Derecho Comercial Global frente al Derecho Internacional de los Derechos Humanos

Juan Hernández Zubizarreta

El control social y normativo de las empresas transnacionales

Las líneas que siguen a continuación responden, en parte, a la intervención realizada en el marco del Tribunal Permanente de los Pueblos, sesión sobre Políticas Neoliberales y Transnacionales Europeas en América Latina y el Caribe del 13-16 de mayo de 2008, en Lima. El objetivo central y la idea fuerza sobre la que se construyó la intervención fue la de poner al descubierto la profunda asimetría existente entre le Derecho Comercial Global o la nueva Lex Mercatoria y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es decir, entre la seguridad jurídica que se reclama para los derechos de las multinacionales y la débil tutela que se establece sobre los intereses de las mayorías sociales. Son cinco los apartados en que voy a desglosar los argumentos que justifican la mencionada asimetría.

1. Características del Derecho Comercial Global

Una de las características más destacables de los sistemas jurídicos internacionales en la actual globalización neoliberal reside en la debilidad, cuando no ausencia, de normas universales entendidas como vehículo de los valores de la comunidad internacional. El marco legal mundial del sistema capitalista está formado por un conjunto de normas que organizan todo tipo de actividades económicas en el plano global, sin discriminaciones aparentes y sin tratos preferenciales. Sin embargo, las relaciones de fuerza, en su expresión más cruda, la guerra unilateral y las relaciones bilaterales asimétricas, es decir, desiguales en el ámbito del comercio internacional y financiero, son la “norma” del sistema capitalista (Klein, 2007). La globalización económica diseña un marco jurídico, político y económico en el que las empresas transnacionales se desenvuelven sin contrapesos suficientes. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos no tiene articulados sistemas jurídicos capaces de someter a las multinacionales a control. Tanto los sistemas universales de protección de los derechos humanos y laborales fundamentales, como los códigos externos ad hoc y los internos no pueden neutralizar la fortaleza del Derecho Comercial Global.

La globalización genera una ruptura en la concepción monista del Derecho. El Estado deja de ser el protagonista central de la producción legislativa y el pluralismo jurídico global se consolida como expresión de una legalidad supraestatal, formal e informal, basada en las instituciones y agentes económicos dominantes (Julios-Campuzano, 2007, págs. 14-40). El Derecho Comercial Global, es decir la Lex Mercatoria, se encuentra condicionada por las relaciones de poder entre Estados y sectores dominantes que desplazan al Derecho estatal construido en torno a la nación.

Tanto los contenidos jurídicos, como el iter normativo (la tramitación) y los sujetos supranacionales emisores de normas de Derecho Comercial Global generan fisuras en las tesis formalizadoras de las normas en el marco de las relaciones político-económicas. Así, la seguridad jurídica que reclama la empresa Repsol ante la nacionalización puesta en marcha por el gobierno de Evo Morales en Bolivia no puede sustentarse exclusivamente en los contratos de explotación firmados al amparo del Acuerdo para la Promoción de Inversiones entre el Reino de España y la República de Bolivia ratificado en Octubre de 2001 entre España y Bolivia. Los derechos generados por la mera formalización de la norma, supuestamente bilateral, no pueden interpretarse al margen de las relaciones de fuerza impuestas por el modelo neoliberal. ¿La seguridad jurídica sustentada en contratos y tratados bilaterales está por encima de los derechos de las mayorías de hombres y mujeres bolivianos? (Juan Hernández Zubizarreta, 2006, págs. 44-46).

La necesidad de reformular los principios esenciales de la democracia no puede disociarse de la profunda crisis que la globalización económica está generando en las instituciones representativas. El orden liberal, desde la estricta vertiente política, y su doble fundamento representado por la imbricación de la democracia representativa y el Estado de Derecho está amenazado, al menos, por el desplazamiento de las decisiones de los antiguos marcos de los Estados Nación hacia las organizaciones internacionales. La OMC, el Banco Mundial, el FMI, el G8... se están convirtiendo en las instituciones centrales del devenir de la ciudadanía de todo el planeta. Instituciones cuyo funcionamiento se desarrolla al margen de cualquier regla democrática(1). No obstante, el gran reto reside, tal y como lo describe Bensaid (2004, p. 21) “... en la disposición de los espacios y los tiempos donde poder ejercer un control democrático de los procesos de producción y reproducción social”. Por otra parte, las políticas neoliberales sustituyen a la ciudadanía por consumidores, a la ley por el contrato, a la lógica legislativa por la lógica contractual, al Derecho público por normas privadas, a la superioridad de los poderes ejecutivos sobre los legislativos, a las regulaciones laborales y derechos sociales por privatizaciones y desregulaciones, a la democracia representativa por disputas electorales y al Estado de Derecho por Estados al servicio de las empresas transnacionales. El binomio democracia-desarrollo humano está siendo sustituido por elecciones formales-mercado.

La globalización convierte a la democracia en un mero procedimiento formal dirigido a la consolidación de la libertad de mercado sin ningún objetivo emancipador (Hayek, 1994). La privatización de los derechos humanos, la desregulación normativa en todos los ámbitos es decir la privatización del Derecho, abre paso a la democracia del mercado y a la definitiva privatización de sus instituciones. La democracia se transforma en mera sucesión de actividades administrativas y procedimentales donde las contiendas electorales marcan la consolidación del libre mercado. La ideología neoliberal atenta contra la dimensión igualitaria y paritaria de la estructura democrática (Fariñas, 2005, p. 81). La crisis del Derecho es inseparable de la crisis de los Estados, de su soberanía y de los sistemas de fuentes. Son numerosas las funciones que se sustraen a la capacidad normativa del Estado y cuanto más alejados se encuentren de los centros de poder económico y político éstas tomarán relieves cualitativos y cuantitativos más reseñables. Su papel intervencionista y su capacidad normativa se desplaza hacia instituciones supranacionales o, incluso, hacia empresas transnacionales y sus regulaciones privadas. Los Estados se dedican más a sostener la lógica mercantil de los distintos agentes sociales y económicos que a regular y disciplinar a los mismos. Fomentan la flexibilidad en el ámbito jurídico mediante las privatizaciones, desregulaciones y limitaciones de las políticas públicas. El Estado legisla no legislando (Sánchez Barrilao, 2004, págs. 248-256).

El Derecho Comercial Global, telón de fondo de la actividad económica de las empresas transnacionales, se encuentra atravesado por el conjunto de las características descritas. Las normas que emanan de la OMC, Tratados Regionales y Bilaterales de Libre Comercio e Inversiones junto al Banco Mundial, FMI y contratos de explotación e inversión de las empresas transnacionales forman un ordenamiento jurídico creado sin controles democráticos y cuya legitimidad es desproporcionada en relación a la trascendencia de sus decisiones, ya que son instituciones formadas, en el mejor de los casos, por representantes legítimos para gobernar en el interior de sus Estados pero no para gobernar las relaciones económicas y políticas del planeta (Fariñas, 2005, p.149).

La cuantía de las normas comerciales, su especialización (en muchos casos legislan sobre productos concretos) (2), oscuridad, celeridad en su elaboración y sin sometimiento a los paralelismos formales, donde, además, la abstracción y generalización de las leyes se sustituye por la contractualización asimétrica de la misma (3). Se trata de una feudalización del Derecho, de un nuevo Derecho Corporativo opuesto al Derecho Público que actúa a favor de las empresas transnacionales sin contrapeso alguno (Teitelbaum, 2005, págs. 1-43).

2. La última Cumbre de Hong Kong de la OMC ha vuelto a ratificar como el principio de igualdad vinculado a la multilateralidad no se mueve más que en el ámbito de la pura retórica. La agricultura sigue bajo el proteccionismo de los países ricos y los avances en reducción de subvenciones, aranceles y reestructuración del mercado de algodón es mínima (4). Los efectos sobre el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria son profundamente negativos. Frente a esta cuestión, en todo lo relacionado con los productos no agrícolas la posición de los países ricos es de total supresión de ayudas y de barreras comerciales(5). El impacto del comercio de servicios afecta directamente a los derechos humanos, en la salud, en la educación, en el agua... (6) .

El círculo de la desigualdad se cierra con la ambigüedad en que han quedado la regulación de los mismos y su apertura comercial (Green y Fanjul, 2006, págs. 236-239). En esta dirección, en el primer semestre de 2007 se han intentado diversos acuerdos dirigidos a desbloquear el “impasse” en el que se encuentra la OMC (7). Las acusaciones entre Washington y Bruselas siguen siendo la principal causa del desencuentro. EEUU denuncia a la Unión Europea de no querer recortar los aranceles que aplica a las importaciones, mientras que la UE se queja de las subvenciones que concede el gobierno norteamericano. Conflicto que se suma a las presiones de Estados como Brasil o India para que se abran sus mercados a los productos agrícolas como contraprestación a la eliminación de barreras a productos manufacturados de los países ricos (8). El debate de fondo sigue al margen de los intereses de las mayorías sociales del planeta y sigue en aumento la disociación entre crecimiento económico, desarrollo humano y límites medioambientales. Por otro lado, se confirma la reinterpretación continua de las normas sustanciales que efectúan los países ricos así como su total identificación con las instituciones y reglas de comercio multilateral.

Más allá del análisis concreto de los acuerdos tomados en Hong Kong, sobresalen dos cuestiones en torno al principio de igualdad como principio informador de la multilateralidad. La OMC promueve el libre comercio y establece mecanismos orientados a la regulación del mercado mundial mediante la imposición de normas que impiden poner en marcha políticas nacionales de desarrollo (Pipan, 2006). El proteccionismo que ejercen los países ricos sobre sus sectores estratégicos es un escándalo, pero, a su vez, se lanza el falso mensaje de cómo lo que afecta a los países pobres es el proteccionismo de los ricos cuando lo que les desarticula completamente es la desigualdad que les obliga a abrir sus fronteras sin cautela alguna y permite a los países desarrollados protegerse con todas las cautelas existentes. Éstos dejarán de tutelar su comercio cuando hayan destruido toda competencia posible (Torres López, 2006).

Así, el ejemplo de Haití en relación con la crisis alimentaria es un ejemplo muy claro. Hace tan solo veinte años sus agricultores y agricultoras eran capaces de producir todo el arroz que consumía la población. En 1995 el FMI y el Banco Mundial junto a las normas multilaterales de comercio impusieron un plan de liberalización comercial. En pocos meses los aranceles a la exportación se redujeron del 50% al 3%, lo que permitió la entrada sin control de arroz subsidiado proveniente de EEUU. La producción nacional se desplomó, el 80% del arroz es importado y los precios locales se han doblado (Fanjul, 2008). El hambre presenta dimensiones muy graves y, para mayor “contradicción”, EEUU utiliza los programas de ayuda alimentaria para dar salida a los excedentes agrícolas. En definitiva, las reglas de la OMC han forzado a los países a liberalizar sus mercados agrícolas (reducción de tasas y aranceles a la importación, aceptar importaciones de al menos el 5% al consumo aunque no se necesiten) y por otro lado, las transnacionales han utilizado todas las formas de subsidios directos e indirectos a la exportación para realizar competencia desleal con sus excedentes (Vía Campesina, 2008) (9). Además, los gobiernos nacionales no logran defender a sus agricultores y consumidores.

Pensar en un proteccionismo vinculado al desarrollo humano se encuentra mucho más cercano a la idea de tratar desigual a los desiguales, es decir a la protección de las economías nacionales empobrecidas, que no tratar igual a los desiguales, donde las acciones positivas invierten su razón de ser y se dirigen a favor de los países ricos. Las tendencias internacionales apuntan a la concepción más formalista y asimétrica del principio de igualdad.

3. La vinculación político-económica existente entre los Estados desarrollados y las empresas multinacionales así como los poderes que ejercen sobre las organizaciones financieras y comerciales internacionales, permiten configurar políticas y regulaciones favorables a los intereses de aquellas (Ibarra, 2006, págs. 100-103). Son evidentes las vinculaciones de las empresas transnacionales con los sucesivos gobiernos españoles que se pone de manifiesto en la conformación de los consejos de administración de las mismas, en la composición de los ”sequitos” en viajes oficiales y comerciales así como en el contenido de las entrevistas y acuerdos bilaterales con gobernantes latinoamericanos (10). La XVII Cumbre Iberoamericana en Santiago de Chile de 2007 (11) fue un ejemplo muy claro de la vinculación del gobierno español con sus empresas multinacionales. El Jefe del Estado y el presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero cerraron filas ante las críticas del presidente Chávez y Daniel Ortega, al destacar el gran esfuerzo inversor llevado a cabo en la región donde se han invertido más de 100.000 millones de euros en los últimos años. Además destacó el creciente esfuerzo por adecuar la conducta de las empresas multilaterales a la Responsabilidad Social Corporativa (OMAL, 2007). Ni una palabra sobre las prácticas que violan los derechos humanos de los pueblos latinoamericanos.

El poder político-económico de empresas multinacionales (las fusiones, los monopolios, las privatizaciones, las prácticas irregulares...), junto a los efectos sociales y medioambientales que provocan con sus prácticas son muy graves, lo que se agudiza por las dificultades de control y por la impunidad con la que actúan (Llistar, 2006, págs. 1-11) (12). No se puede obviar que sus derechos se aferran al Derecho duro, clásico, que está constituido por lo imperativo, lo coercitivo y el control judicial-arbitral. Son la expresión de la jerarquía del mercado y de la acumulación de capital de unos pocos frente a las mayorías sociales. Las empresas transnacionales desterritorializan parte de su actividad económica y fracturan los diferentes sistemas de regulación y control a los que se ven obligadas. Instrumentalizan el conjunto de normas materiales y formales del Derecho Comercial Global para la tutela de sus intereses. Esta protección encuentra fuertes anclajes en el caudal normativo y jurisdiccional del comercio internacional. Son las normas de la OMC, los Tratados Regionales y Bilaterales de Comercio e Inversiones, los contratos de explotación y los Sistemas de Solución de Diferencias de la OMC y tribunales arbitrales sus expresiones más concretas. Además, actúan como vasos comunicantes en referencia a toda la arquitectura jurídico-económica internacional Es un Derecho Internacional duro, imperativo, coercitivo, sancionador y jurídicamente eficaz.

La lógica jurídica contractual asimétrica se impone en las transacciones económicas internacionales. Las relaciones de fuerza impregnan los núcleos esenciales de los contratos formalmente bilaterales, tratados regionales y bilaterales, donde la conformación de voluntades se produce desde la mera adhesión a cláusulas que tutelan, fundamentalmente, los intereses de las empresas transnacionales. El Derecho Corporativo emergente garantiza, formal y sustancialmente, el libre movimiento de bienes, servicios e inversiones contra todo tipo de barreras y regulaciones.

La OMC, el FMI y el Banco Mundial son instituciones centrales del modelo global que adolecen de legitimidad democrática y de trasparencia en la aprobación de sus normas. La toma de decisiones, el contenido normativo de las mismas, la crisis de la multilateralidad y la reinterpretación unilateral de los principios de igualdad que apuntalan el poder jurídico de las mismas y debilitan la seguridad jurídica de los derechos de las mayorías sociales.

Los principios que atraviesan toda la actividad comercial y financiera de las transnacionales se sustentan sobre las cláusulas de trato nacional y nación más favorecida (toda ventaja concedida a los nacionales debe extenderse a los extranjeros y no cabe ayuda del Estado a sus nacionales), el trato justo y equitativo (no cabe discriminación a la empresa extranjera), el trato más favorable (prevalece la norma nacional o internacional más favorable a la transacción económica internacional), la ausencia de requisitos de desempeño (no cabe exigir al inversor extranjero conductas favorables a los nacionales), las cláusulas sobre indemnizaciones, las compensaciones por pérdidas, las cláusulas de estabilización y el concepto de inversión. Son principios que contribuyen de manera directa a la fortaleza del Derecho Comercial Global y desplazan en la jerarquía normativa al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional del Trabajo. La reformulación de los principios y garantías jurídicas y la consolidación de una nueva Lex Mercatoria, han creado un marco normativo en el que los derechos de las empresas transnacionales quedan reenviados al ámbito de las legislaciones internacionales comerciales.

El último aspecto a destacar es la existencia del Sistema de Solución de Diferencias (SSD) de la OMC y los tribunales arbitrales, como el CIADI, encargados de dirimir los conflictos entre empresas transnacionales y Estados receptores, desde una supuesta neutralidad. Las resoluciones suelen venir acompañadas de modificaciones legislativas, sanciones comerciales, multas... y su incumplimiento puede provocar consecuencias económicas mucho más duras que el cumplimiento del propio laudo. Son fallos cuyas sanciones son eficaces jurídicamente. La OMC ha creado el SSD que le proporciona unas señas de identidad muy perfeccionadas en el ámbito internacional, ya que es uno de los sistemas jurisdiccionales más eficaces. Su doble estructura (procedimiento central y otros adicionales) no impide que la consulta y las negociaciones diplomáticas actúen como vías previas a la resolución del conflicto, que en el caso de los Estados periféricos se traduce en fuertes presiones políticas para evitar el inicio del procedimiento (Lal Das, 2000). Sus decisiones finales no permiten recursos posteriores en instancias como la Corte Internacional de Justicia (Fernández Pons, 2006, págs. 61-65). El Órgano de Solución de Diferencias es el encargado de administrar el SSD, es decir, existe un filtro político que condiciona sus funciones jurisdiccionales. Sus reglas y su estructura general se asemejan más a los arbitrajes que a los tribunales internacionales y la ejecución de las sentencias es acordada por el miembro ganador, lo que da lugar a situaciones muy desiguales que perjudican a los Estados periféricos. La ejecución del fallo puede agravar más la situación de éstos últimos, ya que suspender, unilateralmente, concesiones u otras obligaciones puede perjudicarles más que beneficiarles, lo que no ocurre si el ganador es un Estado desarrollado. Todos los intentos de generalizar, por todos los miembros de la OMC, la suspensión de concesiones ha sido desestimada. En resumen, la fase de ejecución es un mecanismo para ricos (Anderson y Grusky, 2008).

Los tribunales arbitrales como el CIADI, se sustentan en la idea fuerza de dotar de plena seguridad jurídica a las inversiones realizadas por las multinacionales frente a los Estados receptores. Los inversores no aceptan la legitimidad de los tribunales nacionales. Los tribunales arbítrales internacionales que surgieron para dirimir conflictos entre Estados o entre particulares (por asuntos vinculados al Derecho Privado nacional o internacional) fueron expandiéndose a conflictos entre particulares y Estados, alcanzando la esfera del Derecho Público. Las prerrogativas procesales y materiales de las que disponen (la elección del foro, el no agotamiento de los recursos judiciales internos, la utilización del tribunal arbitral como instancia de apelación, los costes del procedimiento arbitral, la neutralidad de los tribunales, las características técnica de los árbitros, la aplicación exclusiva de normas comerciales y financieras, el carácter privado de las audiencias, la falta de transparencia en el procedimiento...) las empresas transnacionales se encuadran en acuerdos privados entre particulares que ampliados a los conflictos con los Estados, garantes del interés general, privatizan el Derecho y subordinan los intereses de las mayorías sociales. Los privilegios de las empresas transnacionales se verifican al analizar el quehacer del CIADI. Así, son muchas más las reclamaciones planteadas por multinacionales contra Estados periféricos receptores que de cualquier otro tipo de casos, las indemnizaciones solicitadas son muy altas (actúan como mecanismo de fuerza para las negociaciones) y las resoluciones emitidas favorecen los intereses de las multinacionales (Teitelbaum, 2008).

4. Los Estados receptores se vieron sometidos a una doble presión: por un lado, las políticas aplicadas por las Instituciones Financieras Internacionales (IFIS) les provocaron un fuerte endeudamiento que dio lugar a políticas de ajuste (con el aval de los países desarrollados) que aumentaron las posibilidades de penetración de las empresas multinacionales, y por otro, flexibilizaron sus legislaciones, privatizaron los sectores públicos, abrieron sus fronteras comerciales y reformularon el Estado de Bienestar. De ahí que las multinacionales tutelen sus derechos por medio de normas supranacionales de carácter multilateral, regional y bilateral que debilitan la soberanía de los Estados receptores y, sin embargo, sus obligaciones se ajustan a legislaciones nacionales previamente sometidas a la lógica del capital. Esto explica la presión que se ejerce contra los nuevos gobiernos latinoamericanos que pretenden reinterpretar y modificar las legislaciones de carácter neoliberal.

La regulación nacional se presenta incapaz de afrontar los nuevos desafíos de la mundialización y aparece con capacidad reguladora y protectora a la baja y las empresas transnacionales se sustraen a la misma, al menos, en la mayor parte de los países empobrecidos. Sin embargo, los nuevos espacios de regulaciones supranacionales reaparecen con vocación normativa, pero, lamentablemente, con mecanismos de exigibilidad jurídica profundamente débiles y anclados en el siglo pasado. Es en los límites de ambas realidades donde los códigos de conducta se abren paso con una estructura formal de norma jurídica pero con vocación de construir ámbitos de Derecho blando que permiten a las multinacionales funcionar con plenas garantías económicas y con criterios unilaterales entroncados en el Derecho Internacional del Comercio y al margen de la función tuitiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Veamos.

El Estado es la institución formal encargada de fiscalizar a las empresas transnacionales, sea de manera directa o por medio de los Host States o por los Home States (Gómez, 2006 y Baylos, 2006). Los países periféricos y los empobrecidos son los encargados directos de llevar adelante un primer control que, o por falta de voluntad (complicidad entre gobiernos, oligarquías nacionales y empresas transnacionales) o por debilidad política, no se materializa en mecanismos institucionales eficaces. En la actual coyuntura internacional, ¿puede Malí controlar con sus sistemas institucionales y ordenamiento jurídico controlar a la multinacional Nestlé en su territorio?

Las relaciones laborales en América Latina son otro ejemplo. Las reformas neoliberales efectuadas en el continente latinoamericano transitaron en torno a la flexibilidad, la economía informal y la perdida de garantías de los derechos laborales individuales y colectivos. Estas tendencias atravesaron el conjunto de los ordenamientos laborales que sumados a la debilidad de los poderes judiciales dieron como resultado una primacía de los derechos de las multinacionales frente a los de las mayorías sociales. Aquí es donde se ubica el reenvío de las obligaciones de las transnacionales a los ordenamientos y tribunales nacionales y sus derechos al Derecho Comercial Global.

En las relaciones laborales la globalización ha generado modificaciones sustanciales en la organización de la producción que afectan, con mayor o menor intensidad, al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de los distintos Estados (Baylos, 1999). La descentralización, la empresa en red y la diseminación productiva dan lugar a que la actividad empresarial se realice mediante la externalización productiva. La división del trabajo en el interior de la empresa está siendo sustituida por la división entre empresas. De ahí que la responsabilidad de la empresa matriz deba extenderse a toda la cadena de producción con relación a las filiales, las proveedoras, las contratas y las subcontratas. Responsabilidad que las legislaciones de los Estados receptores tienen muchas dificultades de incorporar a sus ordenamientos, ya que colisionan directamente con los intereses de las transnacionales. En el mismo registro se mueven las deslocalizaciones de aquella parte de la producción o prestación de servicios que se externaliza fuera del ámbito nacional de la empresa matriz. El dumping social y fiscal junto a las deslocalizaciones presionan a la baja sobre las demandas laborales y sociales de las personas trabajadoras (Declaración del Seminario Internacional, 2005). Las deslocalizaciones son fenómenos que los Estados no quieren o no pueden legislar con regulaciones tuitivas y que cuanto más alejados están de los núcleos de poder las padecen con más impunidad. La construcción de un Derecho del Trabajo supranacional permitiría iniciar el camino hacia el control de las transnacionales.

El caso de Bolivia es interesante, ya que el intento de modificar las reglas neoliberales por el gobierno del presidente Evo Morales puso de manifiesto la férrea armadura jurídica que tutela las reglas e intereses de las multinacionales. La renegociación de los contratos de explotación con la empresa Repsol visibiliza como los derechos de la multinacional se tutelan sobre la base de argumentos jurídico-políticos vinculados al Derecho Comercial Global. Las relaciones empresa multinacional y Estado de origen (Repsol-Gobierno Español) se expresan en claves políticas y económicas de mucha intensidad. Los instrumentos que tutelan los intereses de la multinacional española son los contratos de explotación, el Tratado Bilateral de inversiones España-Bolivia, la desregulación neoliberal del ordenamiento jurídico boliviano y el tribunal arbitral del CIADI. Todo ello puso en evidencia que la Lex Mercatoria condiciona los límites de la reforma legislativa de los Estado alejados de los núcleos de poder. La razón de fondo reside en que los acuerdos suscritos por gobiernos anteriores, expulsados por la sociedad boliviana, deben respetarse, en aras de la seguridad jurídica, frente a los programas políticos de nuevos gobiernos democráticos. La soberanía nacional queda cuestionada por los intereses económicos de las minorías, ya que los acuerdos suscritos en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos se consideran, por meros argumentos formales, de rango inferior a los comerciales, pese a que tutelan los derechos de las mayorías. Los Estados empobrecidos tienen dificultades evidentes para controlar el quehacer de las multinacionales, ya que pese al bagaje normativo, constitucional e internacional de los derechos humanos su jerarquía normativa es inferior a la del Derecho Comercial Global.

La demanda que la multinacional italiana Euro Telecom Italia N. V. ha interpuesto en el CIADI contra el gobierno de Bolivia refleja bien las ideas descritas (Corporate Europe Observatory, 2008) Éste entendió que la multinacional presta un mal servicio, no invierte en infraestructuras y obtiene unos beneficios excesivamente altos. La empresa se ha sentido agraviada en sus intereses al entender que ante una posible re-nacionalización su capital ha perdido valor y que sus inversiones se habían dañado. Hecho sorprendente ya que continúa prestando servicios y ofreciendo nuevas prestaciones. Pese a que Bolivia ha decido salirse del CIADI, en este caso una lectura formal de los plazos cuestiona la decisión, corre el peligro de que el juicio transcurra sin la presencia del país andino. La demanda se sustenta en el Tratado Bilateral de Inversiones entre Países Bajos y Bolivia, ya que se encuentra, sorprendentemente, la filial italiana domiciliada en el país europeo. El Ministerio de Comercio de este país se ha desentendido formalmente del asunto al afirmar que este caso implica únicamente a un inversor privado y el gobierno de Bolivia. Lo que no dijo es que las transacciones, en el 2006, en que participaron estas “empresas fantasmas” cuya única vinculación es el domicilio, fueron de 9 veces más que el PIN de Holanda, que hay un amplio sector de recaudación de impuestos y de consultoría de más de 2.500 empleados y que el gobierno holandés recibe 1,2 billones en impuestos sobre la renta cada año. Lo que parece claro, vistos los antecedentes del tribunal de arbitraje, es que éste va a aceptar el caso y que casi seguro falle a favor de la multinacional. En definitiva, el círculo neoliberal se cierra entre los intereses de la multinacional, el gobierno holandés que tutela los mismos y el tribunal arbitral del CIADI que amenaza la soberanía de Bolivia. Mientras tanto el gobierno de Evo Morales no puede tutelar los intereses de las mayorías sociales de su país por una armadura jurídica construida a imagen y semejanza de los intereses del capital. La situación requiere abandonar el CIADI, denunciar los Tratados Bilaterales de Inversiones y tejer redes transnacionales entre sindicatos y movimientos sociales de Bolivia, Italia y Holanda. La confrontación con el modelo neoliberal pasa por denunciar las vinculaciones entre la multinacional Euro Telecom. Italia y los gobiernos que defienden sus intereses.

Los Estados, además, deben aplicar el Derecho Internacional (Host States) incorporado a sus ordenamientos. Es decir, deben asegurar el cumplimiento del mismo por todas las personas físicas y jurídicas que actúan en su demarcación, como son las empresas transnacionales. Las dificultades son dobles. Por un lado, las relacionadas con la debilidad ya descrita de los Estados para controlar a las multinacionales, se añade la fragilidad de las normas internacionales, tanto por la necesidad de ratificación de las mismas para incorporarse a los ordenamientos internos como por la falta de eficacia jurídica para tutelar los derechos de las mayorías. Sus sanciones son más simbólicas que jurídicas. Por otro lado, las posibilidades de exigir el cumplimiento directo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos a las empresas transnacionales son más teóricas que prácticas, ya que se considera esa posibilidad inviable, puesto que formalmente no está regulada en ninguna norma internacional (con las excepciones de los delitos de crímenes de guerra y lesa humanidad). Resulta difícil no aceptar el carácter dinámico del Derecho Internacional de los Derechos Humanos teniendo en cuenta su carácter universal y las fuentes normativas sustentadas más allá de los tratados o acuerdos entre Estados. Todas las oportunidades técnicas que la globalización ha dado a las empresas multinacionales y que les han permitido fracturar los espacios de control y ampliar la tutela de sus derechos no aparecen acompañadas de una mínima evolución en la aplicación directa de las normas internacionales a las empresas transnacionales. Es flagrante la asimetría entre la evolución del Derecho Comercial Global y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Los Home States es la vía jurídica que permite controlar a las empresas multinacionales donde la empresa matriz tiene su sede o domicilio. Implica extraterritorializar la responsabilidad, es decir, exigirles responsabilidades por las actividades realizadas en el extranjero. La cuestión consiste en si se puede extender la responsabilidad a la empresa matriz por los daños causados por sus filiales. La dificultad reside en delimitar las competencias de los tribunales en donde la empresa matriz se encuentra domiciliada para perseguir las prácticas de las filiales que operan y están domiciliadas en otros países. Es ésta la opción que mejor garantiza la restitución de los derechos de los afectados. Para ello existe la técnica del levantamiento del velo corporativo, que permite imputar a la empresa transnacional los daños causados por sus filiales. Pese a la apariencia de la pluralidad de sociedades autónomas y con diferentes nacionalidades se busca responsabilizar a quien coordina y dirige el grupo y que actúa como una unidad económica. Para profundizar en esta técnica se exigen criterios que vayan más allá del domicilio y las legislaciones nacionales, como el Alien Torts Claim en EEUU, que amparen jurídicamente la técnica del levantamiento del velo corporativo. En Europa se va incorporando a la legislación muy lentamente y para algunas materias como fraudes tributarios, delitos de lavado de dinero y responsabilidad laboral. La legislación de sociedades se encuentra muy lejos de progresar en esta dirección frente a las numerosas ventajas que la globalización neoliberal otorga a la internacionalización de las multinacionales (Baylos, 2007).

La vinculación entre Estado y empresa matriz dificulta la posibilidad de profundizar en esta vía que incluso en EEUU se está encontrando con fuertes a resistencias en el ámbito del Tribunal Supremo. Además, la vía judicial es muy larga, muy lenta y muy costosa, de ahí que sus posibilidades sean más de construcción de redes sociales que jurídicas. Son más instrumentos de profundización en redes de control transnacionales que en contrapesos jurídicos al poder del Derecho Comercial Global.

Frente a la debilidad de los Estados para controlar a las empresas transnacionales, los sistemas universales de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y sus jurisdicciones competentes son incapaces de neutralizar la nueva Lex Mercatoria. Su debilidad se expresa por el cuestionamiento del carácter vinculante de algunos de los instrumentos que constituyen el ius cogens (Declaraciones, Pactos Internacionales...), por la necesidad de ratificación por los Estados y por la debilidad de las jurisdicciones internacionales para dotar de efectividad el contenido de los mismos. Es decir, la obligación de acatar el derecho al desarrollo por las transnacionales no existe, ya que se cuestiona, por la doctrina mayoritaria y los Estados, su carácter material de norma frente a su valor de mera recomendación. O bien, el convenio de la OIT sobre negociación colectiva que para ser acatado deberá haber sido ratificado e incorporado al ordenamiento interno, y además, una vez incorporado, si no se cumple, la jurisdicción internacional no podrá hacer efectiva la tutela del mismo, quedándose en el plano de la mera sanción moral (Bonet, 2007). Respecto al Derecho Comercial Global, ni la doctrina, ni los Estados, ni las organizaciones internacionales dudan de los aspectos sustanciales de sus cuerpos normativos, es decir del elenco de normas multilaterales, regionales o bilaterales. Respecto a la ratificación resulta impensable la no-adhesión a las reglas del comercio internacional por un país alejado de los núcleos de poder. Y si esto ocurre, las presiones políticas se multiplican, la salida del CIADI de Bolivia es un buen ejemplo, frente a la indiferencia que provoca la no-ratificación de China de los convenios sobre la libertad sindical. Por último, el incumplimiento de sanciones del SSD de la OMC o de los tribunales arbitrales daría lugar a mecanismos coercitivos con implicaciones económicas muy difíciles de sostener para los países periféricos. Nada que ver con las represalias morales que el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha impuesto a Colombia por los miles de asesinatos de sindicalistas en los últimos años. Además, las empresas transnacionales quedan fuera de la jurisdicción penal universal superadora del vínculo nacional.

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional del Trabajo se ven incapaces de neutralizar la expansión y “autoridad” del Derecho Internacional del Comercio como fundamento de toda la arquitectura económica globalizada. Los derechos sociales, laborales y medioambientales se ven desplazados hacia sistemas de regulación no normativos, sistemas diversos que se encuadran en la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y en los códigos de conducta (Hernández Zubizarreta y Zurbano, 2007). Su aparente “bondad” y su “neutralidad” normativa, entendida, básicamente, como complemento al cumplimiento de las normas jurídicas, quedan desplazadas por la finalidad sustancial que persiguen: sustituir las señas de identidad de los ordenamientos nacionales, es decir, la imperatividad, la coercitividad y el control judicial, por la voluntariedad, la unilateralidad y en el mejor de los casos, por auditorias especializadas al margen de las reglas de funcionamiento del poder judicial. La RSC y los códigos de conducta se fundamentan en valores vinculados con la ética de la empresa.

Las ideas seudo normativas sobre las que bascula la RSC son la voluntariedad, la unilateralidad, la autorregulación y la no-exigibilidad, que se suman a la categoría que vincula la globalización con el modelo capitalista neoliberal, es decir, un modelo inalterable en el que la lucha de clases debe sustituirse por la corresponsabilidad entre empresarios, trabajadores y sociedad civil. En este marco el control de las empresas transnacionales debe ajustarse a la mencionada corresponsabilidad, a la colaboración con las instituciones internacionales y a la armonía con los Estados. Ante modificaciones tan extremas, la RSC se presenta como la alternativa más adecuada (Shamir, 2007, págs. 40-62)). Este diagnóstico encubre la realidad sobre la que se articula el poder de las multinacionales que se materializa en su capacidad de “legislar” y delimitar el concepto y alcance de su responsabilidad y de las normas materiales sobre las que se sustenta. Además, frena todo sistema jurídico de control elaborado desde instituciones públicas. De ahí, que ésta no sea una respuesta ante determinadas protestas sociales, ni tan siquiera un mero lavado de cara de su actividad, sino una nueva forma en que se configuran las relaciones entre las empresas y el modelo capitalista. Este es el marco de sus obligaciones que se mueve en los contornos de la impunidad, mientras que sus derechos se tutelan desde la fortaleza jurídica de un Derecho Comercial Global en plena consolidación.

Junto a la voluntariedad y unilateralidad de la RSC hay que tener en cuenta los distintos mecanismos de verificación y evaluación de la misma. Más allá de la pluralidad de sistemas, de su burocratización y de su dudosa imparcialidad, la dimensión más perversa es la apariencia de legitimidad que dota a las memorias de RSC. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Por un lado, la pluralidad de mecanismos, de sistemas y de índices de evaluación, provoca un desconcierto y una hiperinflación de datos, de información selectiva y unilateral que, lejos de garantizar los contenidos de las memorias, refuerza a los equipos de RSC de las transnacionales en detrimento de controles de los sindicatos, organizaciones y movimientos sociales. Por otro lado, las técnicas de auditoria generan una cierta “horizontalidad normativa” al colocar en el mismo plano un acto de mecenazgo con el respeto a los derechos humanos.

Además, la información suministrada no suele incorporar prácticas que atenten a los derechos humanos, ni consultas a organizaciones y colectivos afectados. Las certificaciones se refieren a la información presentada por la empresa y la ruptura, en muchos casos, entre la información suministrada y las prácticas reales es abismal. La sustitución del control social y de la Administración por sistemas privados basados en la certificación y la auditoria cierra el círculo de la privatización de las normas de control de las multinacionales.

5. El control de las empresas transnacionales pasa por una acción social y sindical que impulse una propuesta normativa y marque la estrategia sobre la que acumular fuerzas sociales. Ésta debe encuadrarse en la construcción de redes contrahegemónicas sustentadas en parámetros de redistribución y reconocimiento. Es decir, el uso alternativo del Derecho requiere desvelar la vinculación entre las concepciones dominantes, el Derecho y la justicia y subordinar la propuesta a estrategias contrahegemónicas. Los sistemas de control de las transnacionales se edifican sobre el Derecho blando por lo que toda interpretación hacia modelos imperativos equivalentes a los establecidos en el Derecho Comercial Global encontrará todo tipo de resistencias hegemónicas, ya que no hablamos de problemas técnicos sino de relaciones de poder (Sousa Santos, 2007).

La propuesta normativa se articula en torno a un código externo que tenga como premisa central desterrar la voluntariedad y vincularlo a modelos de imputación clásicos. Su contenido debe bascular entre la síntesis de los establecidos en las normas ad hoc de la OIT, la OCDE y la ONU siempre y cuando contemple la extensión de la responsabilidad de la empresa matriz a filiales, proveedoras y subcontratistas, la subordinación de las multinacionales a la soberanía de los Estados receptores en coherencia con el derecho al desarrollo y el cumplimiento directo del Derecho Internacional por las transnacionales. Estos criterios deben acumularse a los contenidos básicos de los códigos externos de las instituciones mencionadas. El nuevo entramado jurídico se deberá complementar con un Tribunal Internacional de empresas transnacionales encargado de tutelar y ejecutar las sentencias correspondientes.

Esta propuesta deberá ser acompañada de la creación de un Centro de Empresas Multinacionales encargado de analizar, investigar e inspeccionar las prácticas de las empresas transnacionales sobre el terreno. Ese Centro estará adherido a Naciones Unidas y gestionado de manera cuatripartita entre empresarios, gobiernos, movimientos sociales y sindicales.

La alternativa incorpora propuestas transitorias en dos planos. Los códigos de conducta deben desplazarse hacia Acuerdos Marco Globales, ya que su construcción en torno a la lógica negocial (a la negociación colectiva) aumenta la potencialidad de control de los mismos. A su vez, la incorporación de cláusulas sociales o normas sociales vinculadas a reglas multilaterales, regionales o bilaterales de comercio e inversiones pueden actuar como garantes de derechos sociales y laborales. La mera mención a las mismas no implica garantía de ningún tipo. Las experiencias existentes, así el Acuerdo de Cooperación Laboral en América del Norte subordinado al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, son más formales que reales y sus procedimientos de tutela quedan subordinada al libre comercio y a los intereses de las empresas multinacionales (AAVV, ALAI, 2008). De ahí que las cláusulas sociales deban afrontar dos desafíos. Superar el debate entre universalismo y relativismo cultural, optando por la extensión mundial de derechos laborales y sociales más allá de ajustes puntuales y excepcionales y desvincular las cláusulas sociales del dumping social, es decir, no aceptar, en ningún caso, la ausencia de derechos (salarios más bajos, prohibición de la libertad sindical, o del derecho de huelga) como competencia desleal y la tutela de los mismos como arma proteccionista subordinada al libre comercio y al derecho de propiedad. La defensa de derechos articulados en torno a cláusulas sociales no puede justificarse sobre la base de las necesidades del mercado, ni a una competencia económica desleal. Se fundamentan en su carácter de derechos universales y su violación debe ser motivo de sanción y de regulación en planos jerárquicamente superiores a los derechos mercantiles.

En el ámbito laboral, la Declaración de Principios y Derechos fundamentales en el Trabajo de la OIT de 1998 es la referencia (Bonet, 1999). Implica extender universalmente la libertad sindical, la negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en el empleo. Ahora bien, deberá completarse con dos principios muy importantes. Su carácter imperativo y coercitivo, por un lado, y su ampliación con un quinto derecho que entronque con la tutela de derechos sociales, económicos y culturales, por otro. Es decir, la tutela nacional e internacional de un salario universal o el acceso al empleo que garantice los mínimos vitales para poder ejercer otros derechos laborales como la libertad sindical o la negociación colectiva.

Subordinar el salario universal a la existencia de recursos económicos nacionales requiere dos importantes matizaciones, ya que no resulta tolerable seguir manteniendo los derechos económicos, sociales y culturales en planos meramente declarativos. La primera implica un control de los recursos de los Estados nacionales (mediante técnicas de progresividad y no de regresividad, de planes concretos de creación de empleo, de políticas públicas, de impuestos...) dirigidos a la creación de empleo (al trabajo decente) o a la aprobación de un salario universal y, la segunda, implica responsabilizar a la comunidad internacional vía derecho al desarrollo de los pueblos para asegurar los recursos mínimos para subsistir. Donde no existan recursos nacionales deberá responder la comunidad internacional. La idea fuerza es convertir el derecho a una vida digna en un principio universal efectivo. Medida viable, pero de carácter transitorio, ya que el elemento central del debate, para su materialización, pasa por cambiar toda la arquitectura económica internacional puesto que el problema no reside en la falta de recursos sino en su redistribución. En definitiva, las cláusulas sociales deben incorporarse a la regla de comercio e inversiones siempre y cuando su valor normativo sea, al menos, equiparable al resto de derechos mercantiles y los derechos sociales, económicos y culturales, vía derecho al desarrollo, formen parte de su caudal normativo.

La acción social y sindical debe impulsar propuestas jurídicas y sociales en el camino hacia el control de las multinacionales, lo que requiere, en primer lugar, sumar voluntades desde el movimiento sindical, ONGs y movimientos sociales. Para ello existe un caudal común de principios articulados en torno a los Foros Sociales Mundiales (Stédile, 2008 y Sousa Santos, 2008, págs. 40-62)) que unidos a la estrategia normativa de aprobación de un código externo vinculante y de un Tribunal Intencional, permita diseñar propuestas precisas y viables. No obstante, el compartir estrategias exige superar desafíos internos de cada uno de los agentes implicados y acercar posturas con relación al control de empresas transnacionales.

El sindicalismo se enfrenta a desafíos internos complejos. Unos de carácter estructural que se vinculan con las modificaciones impuestas por la globalización neoliberal, y otros que afectan a las propuestas de intervención del sindicalismo mayoritario. Las dificultades para la acción sindical pasan por los intereses tan fragmentados de la clase obrera y por la ruptura de los núcleos esenciales del pacto capital-trabajo que le ha permitido al capital recuperar el poder remodelado en los años cincuenta. Las propuestas claras, directas y con poder de influencia del sector empresarial internacional contrastan con las alternativas de la parte mayoritaria del sindicalismo internacional que son, fundamentalmente, declarativas, basadas en la concertación y respetuosas con el modelo capitalista. Esta situación requiere de nuevas pautas de comportamiento. Las nuevas condiciones del capitalismo implican que el movimiento sindical tome la iniciativa con propuestas y respuestas sindicales globales (entre las que se encuentra el control de las transnacionales) que generen un impulso democrático y solidario junto a nuevas redes y alianzas con movimientos sociales y ONGs (Levesque y Murray, 2007, págs. 10-15).

Desde las ONGs para el desarrollo su participación en estrategias compartidas pasa por “ideologizar” y “politizar” una actuación muy condicionada por las pautas marcadas por las técnicas y procesos de la cooperación al desarrollo. La cooptación directa e indirecta que los donantes ejercen constituyen impedimento muy serios para la construcción de redes contrahegemónicas.

Los movimientos sociales apuestan por la confrontación directa con las transnacionales pero sus campañas y redes se enfrentan a estructuras frágiles y difusas. Son numerosas las contradicciones estratégicas y organizativas y la dicotomía ciudadanía-vanguardia condiciona con mucha intensidad el camino de sus alianzas (Calle, 2007, págs. 84-87).

Los Tribunales Permanentes de los Pueblos permiten avanzar en esta dirección. Además de visibilizar las prácticas de las multinacionales y descubrir el entramado jurídico, político y económico del modelo neoliberal, sirven para establecer redes de solidaridad contrahegemónicas y fomentar acciones sociales, políticas y sindicales (Hernández Zubizarreta y Ramiro, 2008)(13). Son instrumento muy importante en la globalización de estrategias de control de las empresas transnacionales. Ahora bien, la confrontación democrática y la denuncia de los Estado vinculados a las empresas transnacionales, de las organizaciones internacionales financieras y comerciales, deben ser pautas irrenunciables de actuación (Ramiro y González, 2008). Las lógicas de funcionamiento del movimiento sindical, de los movimientos sociales y de las ONGs son muy diferentes, e incluso contradictorias, pero la necesidad de articular redes contrahegemónicas en el control de las multinacionales exige aunar fuerzas en una coyuntura internacional desfavorable para los intereses de las mayorías sociales .