LOS FÁNATICOS DE MIAMI SE QUEDAN SIN SUBSIDIO PARA SU "ANTI - LUCHA POR LA DEMOCRACIA"

El congreso estadounidense congela las ayudas a los grupos anticastristas de Miami tras destaparse numerosos casos de corrupción

Aporrea / Antv Noticias/Rebelión

El Congreso congeló los 45 millones de dólares en fondos asignados en el 2008 al programa prodemocracia en Cuba de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID) después de varias auditorías y casos de fraude masivo, según informó The Miami Herald.

En un esfuerzo por levantar la congelación de los fondos, la USAID ordenó el viernes una revisión a fondo de sus programas para Cuba y suspendió a un grupo anticastrista de Miami que gastó por lo menos 11.000 dólares de fondos federales en artículos personales.

El representante Howard Berman, demócrata por California, ordenó la congelación de los fondos el mes pasado, en parte como respuesta a un desfalco de 500,000 dólares protagonizado por el Centro por una Cuba Libre en Washington, que salió a la luz anteriormente este año, dijeron funcionarios federales.

En un memorando enviado el viernes a varios congresistas, Stephen Driesler, subgerente adjunto de USAID a cargo de Asuntos Legislativos y Públicos, fijó que la entidad implementó recientemente revisiones financieras más estrictas. La nueva revisión reveló irregularidades en el Grupo de Apoyo a la Democracia, un grupo de Miami criticado en el pasado por usar fondos federales para enviar juegos de Nintendo a Cuba.

El director ejecutivo de Grupo de Apoyo admitió que un empleado usó la tarjeta de crédito de la organización para comprar miles de dólares en artículos personales y los facturó a los fondos asignados a promover cambios democráticos en Cuba, indicó el memorando de Driesler.

La entidad ha suspendido la financiación del grupo hasta que se realice una revisión más profunda y el dinero se reembolsó, dijo Driesler, quien en una entrevista telefónica declinó identificar los artículos adquiridos.

"La USAID ha decidido realizar una revisión inmediata de todas las donaciones de fondos para determinar dónde existen vulnerabilidades financieras y cómo solucionarlas para fortalecer el programa para su éxito a futuro'', expresó el memorando. "Todas las donaciones están sometidas a revisión, y dependiendo de los resultados, algunas donaciones se suspenderán parcialmente'', agregó.

Frank Fernández Trujillo, director ejecutivo de Grupo de Apoyo, no devolvió varios mensajes para que comentara al respecto.

El anuncio de que USAID realizará una revisión a fondo de su controversial programa de $45 millones se considera un desarrollo significativo que refleja una mayor fiscalización del Congreso sobre el programa.

Un informe de la Fundación Nacional Cubano Americana dado a conocer en mayo mostró que menos del 17 por ciento de los $65 millones invertidos en asistencia federal a Cuba en los últimos 10 años se invirtieron en "asistencia directa en la isla''. El grueso de los fondos, indicó el informe, se dedicó a estudios académicos y gastos de organizaciones con sede fuera de Cuba especialmente en Miami y Washington.

El informe se hizo eco de las conclusiones de una investigación de The Miami Herald en el 2006 y una auditoría de la Oficina de Fiscalización del Gobierno, brazo investigador del Congreso, que halló poca supervisión sobre los programas, y sale a la luz en momentos que el gobierno del presidente Bush se prepara para entregar la cifra récord de $45.7 millones en fondos a los programas prodemocracia en Cuba este año. Esa cifra es el triple de lo invertido el año pasado.

En lo que constituye un cambio importante, el gobierno de Bush ordenó este año una modificación profunda en las donaciones, favoreciendo a grupos internacionales por encima de organizaciones del exilio en Miami.

Frank Calzón, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, hizo énfasis en que el fraude de $500,000 en su organización no lo descubrió una auditoría federal, sino él mismo. Agregó que Berman, quien dirige la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara, presionó por las auditorías porque se opone a la política del presidente Bush hacia Cuba.

"Creo que cualquier supervisión adicional está bien. No tengo ningún problema con eso'', dijo Calzón. "Yo diría que la motivación es simplemente política. Si el Sr. Berman concordara con la política del presidente Bush hacia Cuba, no estaría detrás de esto''.

La oficina de Berman no devolvió llamadas para comentar al respecto.

Por su parte, los críticos dicen que la decisión de USAID no va lo suficientemente lejos.

"Los que hemos seguido este tema estamos alarmados sobre el programa'', dijo Sarah Stephens, cuya organización, Democracia en las Américas, cabildea a favor de un cambio en la política estadounidense hacia Cuba. "Nos complace que el Congreso haya comenzado a hacer preguntas, y dado lo que hemos conocido sobre posibles hechos de corrupción y despilfarro, opinamos que el Congreso necesita congelar la financiación y seguir investigando a fondo''.

PLAN MÉRIDA: TERRORISMO DE ESTADO GARANTIZADO POR LA CIA PARA SAQUEAR NUESTRO PAÍS

Con el Plan Mérida, los ejércitos de México y Centroamérica serán bien entrenados por la CIA




Pedro Echeverría

1. El Plan México (o Iniciativa Mérida) tiene un enorme significado para el gobierno de EEUU porque en corto tiempo le permitirá penetrar más directamente en México y Centroamérica. Su negocio en este momento es venderles a sus lacayos del sur todo el armamento necesario, otorgar todo el entrenamiento y las estrategias de intervención militar; pero más tarde, cuando el gobierno mexicano grite: “la patria está en peligro”, de inmediato tendremos aquí al ejército yanqui para “salvar al país” del peligro que lo acecha, así como para garantizar las propiedades e inversiones de sus connacionales. En estos países al sur del Río Bravo, no puede decirse que EEUU está buscando un resquicio para meterse porque desde hace un siglo está adentro dominando economía y política. Lo que ahora busca es asegurarse militarmente ante el avance de los grupos que se oponen a su política imperial. Por eso ha buscado encerrarse tras un muro de piedra electrizado y cercado por batallones de soldados.

2. Para EEUU entrenar soldados de un ejército significa no solo entrenamiento físico brutal, tal como se puede ver el la película de Kubrich, Cara de Guerra; significa un absoluto “lavado de cerebro” que consiste en el cambio total de valores para imponer una ideología de defensa al poder y de odio hacia quienes se oponen a él. Un soldado o jefe militar entrenado por el ejército de los EEUU es un personaje que ha sido bloqueado mentalmente a fin de que sólo aprenda a escuchar la voz de mando. Quien pretenda que un soldado entrenado e ideologizado en EEUU entienda razones que van contra su dogma o contra el “chip” que le han metido en la cabeza, estará equivocado. Ese es el objetivo que persigue la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los EEUU al comprometerse a entrenar a los militares que se le propongan. ¿Para que se necesitarán soldados yanquis en México si los mexicanos y centroamericanos entrenados allí, en sus escuelas de Panamá y Miami, salen aptos para hacer lo mismo?

3. Dana Perino, vocera de la Casa Blanca, señaló que Estados Unidos espera una mayor cooperación con México en el área de inteligencia tras la aprobación de fondos de la Iniciativa Mérida (Plan México) para la lucha antinarcóticos. La cooperación estrecha con los países participantes de esa medida, que incluye también a Centroamérica, abarca el sistema de inteligencia y la capacitación del personal. 'Vamos a ayudar con mucho entrenamiento allí, lo cual considero esencial para mejorar la situación', recalcó sobre los 400 millones de dólares que se destinarán a México bajo esa iniciativa y 65 millones para Centroamérica. Los recursos destinados a México ayudarán en el mejoramiento de la aplicación de las leyes, 'especialmente en la región fronteriza donde por mucho tiempo ha habido una situación caótica. El presidente (mexicano, Felipe) Calderón ha estado dedicado a tratar de mejorar la situación, y lo ayudaremos”.

4. El gobierno de Bush está preocupado y actuando “para el bienestar y la seguridad de los EEUU”. A pesar de que el gobierno de Calderón se desanimó durante 15 días (porque EEUU le exigía abrirse más) el gobierno de Bush entendió que eran suficientes los acuerdos logrados para los intereses norteamericanos. Le venderán a México helicópteros, armamento, computadoras, avionetas, uniformes, además que entrenarán a miles de militares en todo tipo de intervención contra grupos organizados. Ahora le llaman “delincuencia organizada” a los narcotraficantes, pero desde hace algún tiempo se ha empezado a acusar al EPR, a la APPO, a los zapatistas y a varios grupos más de izquierda, de estar ligados al narcotráfico. Sólo basta con decir que el titular de Seguridad Nacional (Guillermo Valdés) ha declarado que no se puede descartar la posibilidad de que dinero del narcotráfico esté involucrado en las campañas de algunos legisladores; obviamente éstos han protestado.

5. Sólo bastó con que legisladores del PRD y del PRI exigieran la renuncia de Valdés (por dedicarse a espiar descaradamente a la oposición) para que éste revirara con acusaciones que deberá probar para no quedar como un irresponsable mentiroso. La realidad es que (y esto sí está probado) el narcotráfico vive en sus anchas en México entre las clase empresarial, gubernamental y en el más alto nivel del ejército, siendo ello el motivo fundamental por lo que ha resultado casi imposible aminorar su presencia en el país. A casi dos años de mantener el gobierno a muchas decenas de miles de miembros del ejército en las calles de la mayoría de los estados de la República, pareciera que el narcotráfico se ha multiplicado mientras cientos de miembros de militares, así como de otras policías y civiles, caen abatidos por el “fuego cruzado”. Sólo en junio hubo 443 asesinatos relacionados con el narcotráfico.

6. El Plan de EEUU está dirigido a la reconquista total de México y demás países centroamericanos. ¿No se recuerda acaso el Plan Puebla Panamá (PPP), un proyecto impulsado por Vicente Fox y auspiciado por el gobierno de EEUU que involucró a México, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Uno de los pocos países que se mantenía al margen de este tipo de planes e incursiones militares fue Nicaragua, esencialmente por su historia de lucha guerrillera encabezada por el sandinismo, pero tras la llegada al gobierno de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños los militares yanquis comenzaron a transitar el suelo nicaragüense con la cínica excusa de brindar ayuda humanitaria, lo que incluyó el compromiso de que los más de 4.000 militares estadounidenses que ingresarán se encargarán de construir escuelas, centros de salud y brindar asistencia médica a las comunidades campesinas. Así se mantuvo una etapa de continuo golpeteo contra el sandinismo y los grupos de izquierda.

7. EEUU, con el Plan México, parece haber logrado extenderse con facilidad hasta Centroamérica. Además de valerse también del Plan Colombia y del gobierno proyanqui de Perú, parece querer meterse en la llamada Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Una región riquísima en agua, como puede verse en la cinta cinematográfica La Misión. Desde hace décadas, cuando Paraguay era gobernado por la dictadura de Stroessner, los gobiernos yanquis descubrieron ese punto estratégico. Perece ser, como alguien señaló, otro de los “desvelos de George Bush y sus secuaces”. Con la nueva impronta que le ha dado a los Estados Unidos la lucha contra el terrorismo, el codiciado vértice sudamericano se transformó en una piedra preciosa de la que prontamente quieren apropiarse el imperio estadounidense. En esta región se concentra otro de los centros acuíferos, de reservas subterráneas de agua y biodiversidad más importantes del continente y por eso está puesta la mirada imperial sobre la zona.

APUNTALANDO EL IMPERIALISMO EN AL

Perú, México y Colombia son pilares de los EEUU para el sometimiento de América Latina

Pedro Echeverría V.
Rebelión


1. ¿Qué pasa en Perú? Sucede lo mismo que en México, Colombia y varios países donde los gobiernos neoliberales han estado imponiendo programas privatizadores que sólo benefician a unos cuantos inversionistas y hacen más miserable a la población. Según la escasa información que ha circulado por los periódicos, e n los departamentos de la región selvática se paralizaron las actividades en varios días de la semana que concluye, ya que los habitantes de estas regiones protestan contra una legislación propuesta por el gobierno de Alan García y que modifica los criterios para ejercer la propiedad en estas regiones. Este hecho abre la puerta a la privatización de grandes territorios que actualmente son habitados, de acuerdo con sus costumbres y cultura, por poblaciones indígenas. Por la tarde del pasado jueves, la Central General de Trabajadores de Perú convocó en Lima a una gran concentración popular de respaldo al paro en contra de las políticas del gobierno de Alan García. En las regiones del sur del Perú, donde el rechazo al actual mandatario es más acentuado se tienen previstas otras movilizaciones y concentraciones.



2. Perú, con unos 30 millones de habitantes, hace vecindad con Ecuador y Bolivia, dos países no gratos para el gobierno de Bush por encontrarse en el círculo de Hugo Chávez y Fidel Castro; pero también Perú es vecino de Chile, Colombia y Brasil, o sea, se encuentra en Los Andes en una zona sísmica desde el lado geológico, pero también volcánica desde el punto de vista político. Si bien las viejas guerrillas de Hugo Blanco y de De la Puente Uceda de los años sesenta no lograron desatar grandes fuerzas, en Perú han reiniciado sus movilizaciones los indígenas, campesinos y obreros, entre los cuales están los trabajadores de las minas. Por otro lado Ollanta Humala parece haber agrupado en el último proceso electoral a un gran sector de izquierda que podría contribuir en la denuncia contra ese gobierno proyanqui. Perú es un país donde, al parecer, se produce poca información, pero eso no quiere decir que sea un pueblo resignado y totalmente mediatizado por las clases dominantes, lo que sucede es que (como en los volcanes) el fuego está abajo, escondido, y quizá está a punto de estallar.



3. No sé que quiera decir el escritor José Miguel de Oviedo al escribir que "la política peruana es una actividad dominada por presencias fantasmales, por tercos ecos del pasado y por gestos puramente rituales, una ceremonia ilusionista, sin mayores conexiones con la urgente realidad". Sin embargo parece ser amigo de Belaúnde Terry y enemigo del general "izquierdista" Juan Velasco Alvarado al decir que los once años de "revolución militar", comenzada en 1968 con un acento fuertemente izquierdista (No olvidar que Velasco Alvarado gobierna 1968/75, que propugna la reforma agraria y la libertad de expresión) y terminada en 1980 en medio de contradictorios golpes de timón y una sensación inocultable de fracaso. Dice que de la "revolución militar queda casi nada, que es una nostalgia después de haber sido una caricatura. Los peruanos serán los que hagan el juicio histórico de este período "nacionalista" que precedió a lo que será el Perú de hoy: atado de pies y manos por los intereses estadounidenses. Como no peruano no quisiera abundar sobre el asunto, aunque sí me tocó vivir con intensidad el periodo gubernamental de Velasco.



4. Alan García en Perú (como Felipe Calderón en México y Álvaro Uribe en Colombia) ha estado cumpliendo en América Latina la misma tarea que los gobiernos de Israel han puesto en práctica contra los países árabes en Asia: ser pilares de los EEUU, puntos de apoyo para que ese imperio someta a la región. Este personaje (Alan García), que viene de toda la tradición del APRA de Haya de la Torre, partido que nació en 1924 con un discurso agrario nacionalista, a los pocos años se vendió a los intereses de los EEUU y siguió dominando al Perú. García se hizo del poder en 1985, pero antes de entregarlo a Fujimori fue acusado de malversación de fondos público. Incluso esa acusación le dio fuerza al peruano/japonés para cambiar la Constitución y reelegirse dos veces. Después de los grandes desfalcos de este último, en medio de la crisis asume el cargo Alejandro Toledo en 2001 para luego entregárselo cinco años después, nuevamente, a Alan García. Los gobiernos yanquis han dominado con toda facilidad los quinquenios peruanos y, fuera de las luchas guerrilleras de Sendero Luminoso y el MRTA, se habla poco de otra oposición.

5. El gobierno yanqui no va a abandonar el campo así nada más después de su dominio casi absoluto durante el siglo XX. Quien piense que EEUU está en retirada, dando los últimos pataleos, comete un grave error. A pesar de que la economía china, india, europea, desde hace años lo han estado sacando del mercado y poniendo en aprietos a su economía y moneda, no debe olvidarse que los EEUU con gran amplitud sigue dominando en armamentismo y tecnología de guerra. Pero aún más, sigue sometiendo a casi todos los países del mundo, a quienes tiene casi estrangulados con gigantescas deudas, control de mercados, migración, etcétera. Aunque en los últimos diez años han surgido en Latinoamérica casi una decena de gobiernos nacionalistas o de centro izquierda, que buscan poner un alto a las amenazas, saqueos y invasiones que durante todo el siglo pasado sufrieron del imperio yanqui, todavía estos países sufren muchas dificultades, provocadas por las burguesías proyanquis, para poder considerarlos liberados. El petróleo, las aguas y los recursos naturales todavía pueden producir guerras.



6. Si hace nueve años, Clinton y Pastrana firmaron un Plan Colombia y en marzo de 2007 Bush y Calderón acordaron un Plan México, no es difícil que el presidente Alan García, en su desesperación por acabar con las protestas que cada día crecen en Perú, le pida a Bush un Plan Perú de ayuda económica con el pretexto de "combatir el narcotráfico". La realidad es que aquel gran poder de monopolio político que EEUU mantuvo hasta los años setenta lo fue perdiendo al ser derrotado en Vietnam. Antes, a pesar del papel de balance de fuerzas que jugaban la URSS y China, los EEUU mantenían un amplio dominio. En 1973 China ingresó a la ONU con todos sus derechos, Francia se mantuvo "aliado" y los EEUU comenzaron a perder presencia legal. Hoy, aunque los EEUU siguen imponiéndose, sus actuaciones son claramente ilegales. Por eso las batallas que ahora se registran en Perú son esperanzadoras para las luchas de América Latina por su liberación, en particular para los trabajadores explotados y oprimidos.

pedroe@cablered.net.mx

McCAIN, BLACKWATER, PLAN MÉRIDA Y LA VIRGENCITA

El muro de McCain

Por: Adán Salgado Andrade

El 3 de julio pasado hizo una muy rápida visita a México el candidato presidencial republicano John McCain. Estuvo en el Distrito Federal, acompañado por todo un despliegue logístico de extrema seguridad que incluyó guardaespaldas estadounidenses armados, además de guardias privados nada menos que de la nefasta empresa Blackwater, aquella de dudosa reputación, que opera a sus anchas en Irak, con lujo de prepotencia, asesinando ciudadanos inocentes bajo cualquier “sospecha de terrorismo” (es una de entre decenas de empresas de “seguridad” estadounidenses que operan en Irak, en el muy lucrativo negocio del “combate al terrorismo”. En dos ocasiones al menos, los guardias de esa infame “empresa de seguridad” estadounidense, han actuado violenta y homicidamente en ese invadido país. En febrero del 2006 uno de sus guardias mató a tres soldados iraquíes. Y en septiembre del 2007, 17 civiles iraquíes totalmente inocentes fueron asesinados también por guardias de Blackwater, los que gracias a su “inmunidad”, hasta ahora no han recibido cargo penal, ni responsabilidad alguna (Una visita a su sitio de información sobre su entrenamiento, www.bwtrainingcenter.com, señala que “¡O entrenas duro o no entrenas. Blackwater es famosa por nuestra habilidad para proporcionar durísimas, efectivas experiencias de entrenamiento para personal militar, de seguridad y policiaco!”, lo que da idea del carácter prepotente y violento que dicha empresa, que anda por todo el mundo, inculca en su personal. ¡Imaginemos qué pasaría en México si pusieran a esos pseudo guardias a vigilar, por ejemplo, la embajada estadounidense!). Como dije antes, de estos “guardias” se sirvió McCain (con todo lo ilegal que implica el que personal armado extranjero, en franca violación a leyes constitucionales que prohíben eso, se introduzca en territorio mexicano), a quien se le dio trato como de presidente de EU en funciones, para ir, primero, a visitar el centro de mando de la policía federal en Ixtapalapa, en donde le explicaron en qué consistirán las medidas de
“seguridad nacional” contra el narcotráfico y el “terrorismo” que se implementarán por el llamado “Plan Mérida” (que es un plan similar al llamado “Plan Colombia”, en donde la intromisión en asuntos internos mexicanos, tomando como justificación la “seguridad estadounidense”, es muestra de un abierto intervencionismo de EU, con la total y plena complacencia y sumisión de los mal administradores panistas). Y justamente una parte importante de la “seguridad nacional” estadounidense, es la construcción de un muro a todo lo largo de la frontera mexicana, medida que de muy buena gana apoya McCain, pretextando, pues, la “lucha contra el terrorismo”.

El muro en cuestión, parte del cual se ha ido construyendo ya (como el infame “muro de la tortilla”, construido a lo largo de la frontera entre Tijuana y San Diego, de casi 23 kilómetros, hecho con material de desecho de la guerra de Vietnam, que costó 126 millones de dólares, a pesar del cual, siguen entrando ilegales en EU), se pretende sea todo un despliegue logístico, en donde supuestas “tecnologías de punta” se apliquen para “contener efectivamente a los ilegales”, como enfatizó McCain, una de cuyas promesas presidenciales ha sido su determinación para “asegurar las fronteras”. Tanto Bush, como ahora el conservador candidato republicano (quien, a mi parecer, tiene muchas posibilidades reales de ganar, dada la derechización que EU ha tenido últimamente) han argüido que no basta sólo con barreras metálicas, sino que hace falta más “sofisticación”. De hecho, ya se están probando aviones robots, los famosos Predators, los cuales sobrevolarán la frontera en busca de “peligrosísimos ilegales”, pudiendo incluso atacarlos, pues están armados con lanzacohetes (ya actuaron muy “exitosamente” en Irak). Agencias como DARPA (perteneciente al Pentágono, está encargada de “alentar” la invención bélica, no conforme con el hecho de que el 80% de los “adelantos científicos” tienen como primera aplicación a la industria militar, en un mundo en donde enfermedades milenarias como el cólera o la tifoidea no han sido erradicadas o en donde muere un infante por desnutrición o hambre ¡cada cinco segundos!), ya otorgó un premio de dos millones de dólares a un grupo de “científicos” que el año pasado desarrollaron un auto-robot (un VW Touarek), auto-dirigido, una de cuyas aplicaciones posibles sería también la vigilancia de la frontera, para lo cual estará equipado no sólo con cámaras o escáneres, sino también con ¡metralletas!

Esa requerida, nueva “sofisticación tecnológica” para resguardar la frontera ya la está proporcionando nada menos que la empresa constructora de aviones Boeing (sí, también le entra al muy lucrativo negocio de la seguridad, más ahora que la construcción de costosos jets comerciales se ha detenido por la recesión estadounidense. Otra de sus divisiones fabrica equipo militar, lo que también le rinde buenas ganancias y también le ha permitido sortear la crisis). Dicha empresa había ya diseñado antes “tecnologías de punta” que, no podía ser otro, el Pentágono piensa aplicar en las “guerras del mañana” (¡vaya mundo que nos espera si se sigue teniendo como meta un futuro belicismo liderado por EU!). De acuerdo con dicho plan, se pretende implementar una red de radares, cámaras infrarrojas, sensores terrestres y aviones-robot a lo largo de toda la frontera para extender los “ojos y los oídos” de la Border Patrol (BP). Este llamado “muro virtual” de momento se está implementando en una extensión de casi 45 kilómetros al sur de Tucson, Arizona, en donde nueve torres “futuristas” de casi 30 metros de altura, se levantan. Cada una está equipada con radares, cámaras y transmisores inalámbricos, los cuales envían imágenes e información a un centro de mando situado justo en Tucson, además de laptops instaladas, por lo pronto, en 50 patrullas de la BP. Este llamado “Proyecto 28” (bautizado así porque se está implementando a lo largo de 28 millas) tiene un costo inicial de 60 millones de dólares, aunque de momento, por fortuna, no está funcionando correctamente. Por ejemplo, los radares aún “confunden” arbustos con personas agachadas o con animales, el aire y la lluvia afectan el equipo, las laptops fallan por las sacudidas de las patrullas, además de que Boeing todavía no ha podido coordinar realmente toda la información recabada por tales cámaras, radares y sensores para que sea “interpretada” fácilmente por los policías fronterizos, con tal de que éstos hagan “muy eficientemente” su trabajo, o sea, que descubran a los “peligrosos ilegales”. Pero como en todo ello va el peso político tanto de Bush, como ahora de McCain, el Departamento de Seguridad Doméstica (Deparment of Homeland Security), está dispuesto a entrarle con otros 64 millones de dólares, con tal que Boeing “perfeccione” su “sofisticado” equipo de vigilancia fronteriza, lo cual será cuestión de algunos meses, según dice la empresa, para que esté operando “al cien por ciento”, como ha declarado enfática la señora Deborah D. Bosick, ejecutiva de Boeing, quien señala “sí, ha habido algunos tropezones, pero confiamos en sortearlos exitosamente”. Sí, para gracia de Boeing, para desgracia de los pobres indocumentados, agregaría yo.
Sin embargo aún cuando el “muro virtual” logre efectivamente arrancar, algunos especialistas opinan que se requerirán unos ¡100,000 policías fronterizos más! para que se puedan atender todas las “llamadas de alerta” que tanta sofisticación tecnológica emita (y si las fallas continúan y las computadoras confunden arbustos con gente, pues agreguemos las frecuentes falsas alarmas). O sea, más y más dinero dedicado a la vigilancia de la frontera, que más bien pudiera emplearse para aliviar la hambruna que ya se está sintiendo en todo el mundo o enfermedades curables (mientras solamente EU gasta $600,000 millones de dólares al año para sostener su maquinaria militar, el presupuesto de la ONU para el combate al hambre y enfermedades anual es de sólo 1000 millones de dólares, lo que nos da una desequilibrada razón de únicamente un dólar gastado en actividades benéficas, contra 600 gastados en armamento por el Pentágono. Si hacemos la comparación a nivel mundial, se gastan $1000,000 de millones de dólares al año – un billón de dólares –, es decir, $1000 dólares destinados a la industria de la muerte, contra 1 dólar empleado para salud y alimentación. Como puede verse, la “paz” no se contempla en el futuro de la humanidad).

Pero, a fin de cuentas, con todo y muros metálicos o virtuales, no se impedirá que miles de mexicanos cada año sigan aventurándose a cruzar la frontera ilegalmente hacia EU, debido principalmente a la desarticulación de las actividades industriales y agrarias como consecuencia del Tratado de Libre Comercio sostenido entre México y aquel país, tratado que, por cierto, defiende a capa y espada McCain, pues se ufana de que gracias a ese desigual convenio comercial, EU aumentó 25% sus exportaciones a México durante los últimos años (Ver mi artículo en Internet “Como animales rabiosos se trata a los ilegales capturados en EU”, en donde analizo cómo la afectación al campo por dicho tratado, ha dado como resultado la ociosidad de infinidad de tierras agrícolas, dejando sin trabajo a cientos de miles de campesinos, quienes no tienen otro remedio que emigrar a EU). Así pues, esas políticas neoliberales, o sea, el salvaje capitalismo aplicado en su máxima expresión, continúa desbaratando la economía mexicana, empeorando con ello las ya paupérrimas condiciones de vida de más del 60% de la población mexicana en pobreza extrema, y por ello ningún muro impedirá que sigan atravesando la frontera miles de ilegales año con año, como incluso han señalado autoridades e investigadores estadounidenses. La propia gobernadora de Arizona, Janet Napolitano (ella misma descendiente de inmigrantes) ha señalado: “Enséñenme un muro de 50 pies y yo les enseñaré una escalera de 51 pies”, en referencia a que los ilegales harán todo con tal de franquear cuanta barrera física o virtual se les ponga.

Pero eso no le importa a McCain, quien decidido está a cumplir su promesa de campaña si gana la presidencia de su país. “No, primero aseguraremos la frontera, y ya luego veremos lo de los inmigrantes”, declaró, prepotentemente enfático.

Quizá por eso, luego de su visita a las instalaciones de la Policía Federal, McCain fue a la Basílica de Guadalupe, seguramente a pedir que el “muro virtual”, que costará cientos de millones de dólares, pronto esté en funcionamiento, sin problemas, y logre contener el paso a su país de los miles de “peligrosísimos ilegales” que, a pesar de su “peligrosidad”, son tan vitales para la economía estadounidense.

DEPREDADORES EMPRESARIALES VS DERECHOS SOCIALES

El Derecho Comercial Global frente al Derecho Internacional de los Derechos Humanos

Juan Hernández Zubizarreta

El control social y normativo de las empresas transnacionales

Las líneas que siguen a continuación responden, en parte, a la intervención realizada en el marco del Tribunal Permanente de los Pueblos, sesión sobre Políticas Neoliberales y Transnacionales Europeas en América Latina y el Caribe del 13-16 de mayo de 2008, en Lima. El objetivo central y la idea fuerza sobre la que se construyó la intervención fue la de poner al descubierto la profunda asimetría existente entre le Derecho Comercial Global o la nueva Lex Mercatoria y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es decir, entre la seguridad jurídica que se reclama para los derechos de las multinacionales y la débil tutela que se establece sobre los intereses de las mayorías sociales. Son cinco los apartados en que voy a desglosar los argumentos que justifican la mencionada asimetría.

1. Características del Derecho Comercial Global

Una de las características más destacables de los sistemas jurídicos internacionales en la actual globalización neoliberal reside en la debilidad, cuando no ausencia, de normas universales entendidas como vehículo de los valores de la comunidad internacional. El marco legal mundial del sistema capitalista está formado por un conjunto de normas que organizan todo tipo de actividades económicas en el plano global, sin discriminaciones aparentes y sin tratos preferenciales. Sin embargo, las relaciones de fuerza, en su expresión más cruda, la guerra unilateral y las relaciones bilaterales asimétricas, es decir, desiguales en el ámbito del comercio internacional y financiero, son la “norma” del sistema capitalista (Klein, 2007). La globalización económica diseña un marco jurídico, político y económico en el que las empresas transnacionales se desenvuelven sin contrapesos suficientes. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos no tiene articulados sistemas jurídicos capaces de someter a las multinacionales a control. Tanto los sistemas universales de protección de los derechos humanos y laborales fundamentales, como los códigos externos ad hoc y los internos no pueden neutralizar la fortaleza del Derecho Comercial Global.

La globalización genera una ruptura en la concepción monista del Derecho. El Estado deja de ser el protagonista central de la producción legislativa y el pluralismo jurídico global se consolida como expresión de una legalidad supraestatal, formal e informal, basada en las instituciones y agentes económicos dominantes (Julios-Campuzano, 2007, págs. 14-40). El Derecho Comercial Global, es decir la Lex Mercatoria, se encuentra condicionada por las relaciones de poder entre Estados y sectores dominantes que desplazan al Derecho estatal construido en torno a la nación.

Tanto los contenidos jurídicos, como el iter normativo (la tramitación) y los sujetos supranacionales emisores de normas de Derecho Comercial Global generan fisuras en las tesis formalizadoras de las normas en el marco de las relaciones político-económicas. Así, la seguridad jurídica que reclama la empresa Repsol ante la nacionalización puesta en marcha por el gobierno de Evo Morales en Bolivia no puede sustentarse exclusivamente en los contratos de explotación firmados al amparo del Acuerdo para la Promoción de Inversiones entre el Reino de España y la República de Bolivia ratificado en Octubre de 2001 entre España y Bolivia. Los derechos generados por la mera formalización de la norma, supuestamente bilateral, no pueden interpretarse al margen de las relaciones de fuerza impuestas por el modelo neoliberal. ¿La seguridad jurídica sustentada en contratos y tratados bilaterales está por encima de los derechos de las mayorías de hombres y mujeres bolivianos? (Juan Hernández Zubizarreta, 2006, págs. 44-46).

La necesidad de reformular los principios esenciales de la democracia no puede disociarse de la profunda crisis que la globalización económica está generando en las instituciones representativas. El orden liberal, desde la estricta vertiente política, y su doble fundamento representado por la imbricación de la democracia representativa y el Estado de Derecho está amenazado, al menos, por el desplazamiento de las decisiones de los antiguos marcos de los Estados Nación hacia las organizaciones internacionales. La OMC, el Banco Mundial, el FMI, el G8... se están convirtiendo en las instituciones centrales del devenir de la ciudadanía de todo el planeta. Instituciones cuyo funcionamiento se desarrolla al margen de cualquier regla democrática(1). No obstante, el gran reto reside, tal y como lo describe Bensaid (2004, p. 21) “... en la disposición de los espacios y los tiempos donde poder ejercer un control democrático de los procesos de producción y reproducción social”. Por otra parte, las políticas neoliberales sustituyen a la ciudadanía por consumidores, a la ley por el contrato, a la lógica legislativa por la lógica contractual, al Derecho público por normas privadas, a la superioridad de los poderes ejecutivos sobre los legislativos, a las regulaciones laborales y derechos sociales por privatizaciones y desregulaciones, a la democracia representativa por disputas electorales y al Estado de Derecho por Estados al servicio de las empresas transnacionales. El binomio democracia-desarrollo humano está siendo sustituido por elecciones formales-mercado.

La globalización convierte a la democracia en un mero procedimiento formal dirigido a la consolidación de la libertad de mercado sin ningún objetivo emancipador (Hayek, 1994). La privatización de los derechos humanos, la desregulación normativa en todos los ámbitos es decir la privatización del Derecho, abre paso a la democracia del mercado y a la definitiva privatización de sus instituciones. La democracia se transforma en mera sucesión de actividades administrativas y procedimentales donde las contiendas electorales marcan la consolidación del libre mercado. La ideología neoliberal atenta contra la dimensión igualitaria y paritaria de la estructura democrática (Fariñas, 2005, p. 81). La crisis del Derecho es inseparable de la crisis de los Estados, de su soberanía y de los sistemas de fuentes. Son numerosas las funciones que se sustraen a la capacidad normativa del Estado y cuanto más alejados se encuentren de los centros de poder económico y político éstas tomarán relieves cualitativos y cuantitativos más reseñables. Su papel intervencionista y su capacidad normativa se desplaza hacia instituciones supranacionales o, incluso, hacia empresas transnacionales y sus regulaciones privadas. Los Estados se dedican más a sostener la lógica mercantil de los distintos agentes sociales y económicos que a regular y disciplinar a los mismos. Fomentan la flexibilidad en el ámbito jurídico mediante las privatizaciones, desregulaciones y limitaciones de las políticas públicas. El Estado legisla no legislando (Sánchez Barrilao, 2004, págs. 248-256).

El Derecho Comercial Global, telón de fondo de la actividad económica de las empresas transnacionales, se encuentra atravesado por el conjunto de las características descritas. Las normas que emanan de la OMC, Tratados Regionales y Bilaterales de Libre Comercio e Inversiones junto al Banco Mundial, FMI y contratos de explotación e inversión de las empresas transnacionales forman un ordenamiento jurídico creado sin controles democráticos y cuya legitimidad es desproporcionada en relación a la trascendencia de sus decisiones, ya que son instituciones formadas, en el mejor de los casos, por representantes legítimos para gobernar en el interior de sus Estados pero no para gobernar las relaciones económicas y políticas del planeta (Fariñas, 2005, p.149).

La cuantía de las normas comerciales, su especialización (en muchos casos legislan sobre productos concretos) (2), oscuridad, celeridad en su elaboración y sin sometimiento a los paralelismos formales, donde, además, la abstracción y generalización de las leyes se sustituye por la contractualización asimétrica de la misma (3). Se trata de una feudalización del Derecho, de un nuevo Derecho Corporativo opuesto al Derecho Público que actúa a favor de las empresas transnacionales sin contrapeso alguno (Teitelbaum, 2005, págs. 1-43).

2. La última Cumbre de Hong Kong de la OMC ha vuelto a ratificar como el principio de igualdad vinculado a la multilateralidad no se mueve más que en el ámbito de la pura retórica. La agricultura sigue bajo el proteccionismo de los países ricos y los avances en reducción de subvenciones, aranceles y reestructuración del mercado de algodón es mínima (4). Los efectos sobre el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria son profundamente negativos. Frente a esta cuestión, en todo lo relacionado con los productos no agrícolas la posición de los países ricos es de total supresión de ayudas y de barreras comerciales(5). El impacto del comercio de servicios afecta directamente a los derechos humanos, en la salud, en la educación, en el agua... (6) .

El círculo de la desigualdad se cierra con la ambigüedad en que han quedado la regulación de los mismos y su apertura comercial (Green y Fanjul, 2006, págs. 236-239). En esta dirección, en el primer semestre de 2007 se han intentado diversos acuerdos dirigidos a desbloquear el “impasse” en el que se encuentra la OMC (7). Las acusaciones entre Washington y Bruselas siguen siendo la principal causa del desencuentro. EEUU denuncia a la Unión Europea de no querer recortar los aranceles que aplica a las importaciones, mientras que la UE se queja de las subvenciones que concede el gobierno norteamericano. Conflicto que se suma a las presiones de Estados como Brasil o India para que se abran sus mercados a los productos agrícolas como contraprestación a la eliminación de barreras a productos manufacturados de los países ricos (8). El debate de fondo sigue al margen de los intereses de las mayorías sociales del planeta y sigue en aumento la disociación entre crecimiento económico, desarrollo humano y límites medioambientales. Por otro lado, se confirma la reinterpretación continua de las normas sustanciales que efectúan los países ricos así como su total identificación con las instituciones y reglas de comercio multilateral.

Más allá del análisis concreto de los acuerdos tomados en Hong Kong, sobresalen dos cuestiones en torno al principio de igualdad como principio informador de la multilateralidad. La OMC promueve el libre comercio y establece mecanismos orientados a la regulación del mercado mundial mediante la imposición de normas que impiden poner en marcha políticas nacionales de desarrollo (Pipan, 2006). El proteccionismo que ejercen los países ricos sobre sus sectores estratégicos es un escándalo, pero, a su vez, se lanza el falso mensaje de cómo lo que afecta a los países pobres es el proteccionismo de los ricos cuando lo que les desarticula completamente es la desigualdad que les obliga a abrir sus fronteras sin cautela alguna y permite a los países desarrollados protegerse con todas las cautelas existentes. Éstos dejarán de tutelar su comercio cuando hayan destruido toda competencia posible (Torres López, 2006).

Así, el ejemplo de Haití en relación con la crisis alimentaria es un ejemplo muy claro. Hace tan solo veinte años sus agricultores y agricultoras eran capaces de producir todo el arroz que consumía la población. En 1995 el FMI y el Banco Mundial junto a las normas multilaterales de comercio impusieron un plan de liberalización comercial. En pocos meses los aranceles a la exportación se redujeron del 50% al 3%, lo que permitió la entrada sin control de arroz subsidiado proveniente de EEUU. La producción nacional se desplomó, el 80% del arroz es importado y los precios locales se han doblado (Fanjul, 2008). El hambre presenta dimensiones muy graves y, para mayor “contradicción”, EEUU utiliza los programas de ayuda alimentaria para dar salida a los excedentes agrícolas. En definitiva, las reglas de la OMC han forzado a los países a liberalizar sus mercados agrícolas (reducción de tasas y aranceles a la importación, aceptar importaciones de al menos el 5% al consumo aunque no se necesiten) y por otro lado, las transnacionales han utilizado todas las formas de subsidios directos e indirectos a la exportación para realizar competencia desleal con sus excedentes (Vía Campesina, 2008) (9). Además, los gobiernos nacionales no logran defender a sus agricultores y consumidores.

Pensar en un proteccionismo vinculado al desarrollo humano se encuentra mucho más cercano a la idea de tratar desigual a los desiguales, es decir a la protección de las economías nacionales empobrecidas, que no tratar igual a los desiguales, donde las acciones positivas invierten su razón de ser y se dirigen a favor de los países ricos. Las tendencias internacionales apuntan a la concepción más formalista y asimétrica del principio de igualdad.

3. La vinculación político-económica existente entre los Estados desarrollados y las empresas multinacionales así como los poderes que ejercen sobre las organizaciones financieras y comerciales internacionales, permiten configurar políticas y regulaciones favorables a los intereses de aquellas (Ibarra, 2006, págs. 100-103). Son evidentes las vinculaciones de las empresas transnacionales con los sucesivos gobiernos españoles que se pone de manifiesto en la conformación de los consejos de administración de las mismas, en la composición de los ”sequitos” en viajes oficiales y comerciales así como en el contenido de las entrevistas y acuerdos bilaterales con gobernantes latinoamericanos (10). La XVII Cumbre Iberoamericana en Santiago de Chile de 2007 (11) fue un ejemplo muy claro de la vinculación del gobierno español con sus empresas multinacionales. El Jefe del Estado y el presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero cerraron filas ante las críticas del presidente Chávez y Daniel Ortega, al destacar el gran esfuerzo inversor llevado a cabo en la región donde se han invertido más de 100.000 millones de euros en los últimos años. Además destacó el creciente esfuerzo por adecuar la conducta de las empresas multilaterales a la Responsabilidad Social Corporativa (OMAL, 2007). Ni una palabra sobre las prácticas que violan los derechos humanos de los pueblos latinoamericanos.

El poder político-económico de empresas multinacionales (las fusiones, los monopolios, las privatizaciones, las prácticas irregulares...), junto a los efectos sociales y medioambientales que provocan con sus prácticas son muy graves, lo que se agudiza por las dificultades de control y por la impunidad con la que actúan (Llistar, 2006, págs. 1-11) (12). No se puede obviar que sus derechos se aferran al Derecho duro, clásico, que está constituido por lo imperativo, lo coercitivo y el control judicial-arbitral. Son la expresión de la jerarquía del mercado y de la acumulación de capital de unos pocos frente a las mayorías sociales. Las empresas transnacionales desterritorializan parte de su actividad económica y fracturan los diferentes sistemas de regulación y control a los que se ven obligadas. Instrumentalizan el conjunto de normas materiales y formales del Derecho Comercial Global para la tutela de sus intereses. Esta protección encuentra fuertes anclajes en el caudal normativo y jurisdiccional del comercio internacional. Son las normas de la OMC, los Tratados Regionales y Bilaterales de Comercio e Inversiones, los contratos de explotación y los Sistemas de Solución de Diferencias de la OMC y tribunales arbitrales sus expresiones más concretas. Además, actúan como vasos comunicantes en referencia a toda la arquitectura jurídico-económica internacional Es un Derecho Internacional duro, imperativo, coercitivo, sancionador y jurídicamente eficaz.

La lógica jurídica contractual asimétrica se impone en las transacciones económicas internacionales. Las relaciones de fuerza impregnan los núcleos esenciales de los contratos formalmente bilaterales, tratados regionales y bilaterales, donde la conformación de voluntades se produce desde la mera adhesión a cláusulas que tutelan, fundamentalmente, los intereses de las empresas transnacionales. El Derecho Corporativo emergente garantiza, formal y sustancialmente, el libre movimiento de bienes, servicios e inversiones contra todo tipo de barreras y regulaciones.

La OMC, el FMI y el Banco Mundial son instituciones centrales del modelo global que adolecen de legitimidad democrática y de trasparencia en la aprobación de sus normas. La toma de decisiones, el contenido normativo de las mismas, la crisis de la multilateralidad y la reinterpretación unilateral de los principios de igualdad que apuntalan el poder jurídico de las mismas y debilitan la seguridad jurídica de los derechos de las mayorías sociales.

Los principios que atraviesan toda la actividad comercial y financiera de las transnacionales se sustentan sobre las cláusulas de trato nacional y nación más favorecida (toda ventaja concedida a los nacionales debe extenderse a los extranjeros y no cabe ayuda del Estado a sus nacionales), el trato justo y equitativo (no cabe discriminación a la empresa extranjera), el trato más favorable (prevalece la norma nacional o internacional más favorable a la transacción económica internacional), la ausencia de requisitos de desempeño (no cabe exigir al inversor extranjero conductas favorables a los nacionales), las cláusulas sobre indemnizaciones, las compensaciones por pérdidas, las cláusulas de estabilización y el concepto de inversión. Son principios que contribuyen de manera directa a la fortaleza del Derecho Comercial Global y desplazan en la jerarquía normativa al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional del Trabajo. La reformulación de los principios y garantías jurídicas y la consolidación de una nueva Lex Mercatoria, han creado un marco normativo en el que los derechos de las empresas transnacionales quedan reenviados al ámbito de las legislaciones internacionales comerciales.

El último aspecto a destacar es la existencia del Sistema de Solución de Diferencias (SSD) de la OMC y los tribunales arbitrales, como el CIADI, encargados de dirimir los conflictos entre empresas transnacionales y Estados receptores, desde una supuesta neutralidad. Las resoluciones suelen venir acompañadas de modificaciones legislativas, sanciones comerciales, multas... y su incumplimiento puede provocar consecuencias económicas mucho más duras que el cumplimiento del propio laudo. Son fallos cuyas sanciones son eficaces jurídicamente. La OMC ha creado el SSD que le proporciona unas señas de identidad muy perfeccionadas en el ámbito internacional, ya que es uno de los sistemas jurisdiccionales más eficaces. Su doble estructura (procedimiento central y otros adicionales) no impide que la consulta y las negociaciones diplomáticas actúen como vías previas a la resolución del conflicto, que en el caso de los Estados periféricos se traduce en fuertes presiones políticas para evitar el inicio del procedimiento (Lal Das, 2000). Sus decisiones finales no permiten recursos posteriores en instancias como la Corte Internacional de Justicia (Fernández Pons, 2006, págs. 61-65). El Órgano de Solución de Diferencias es el encargado de administrar el SSD, es decir, existe un filtro político que condiciona sus funciones jurisdiccionales. Sus reglas y su estructura general se asemejan más a los arbitrajes que a los tribunales internacionales y la ejecución de las sentencias es acordada por el miembro ganador, lo que da lugar a situaciones muy desiguales que perjudican a los Estados periféricos. La ejecución del fallo puede agravar más la situación de éstos últimos, ya que suspender, unilateralmente, concesiones u otras obligaciones puede perjudicarles más que beneficiarles, lo que no ocurre si el ganador es un Estado desarrollado. Todos los intentos de generalizar, por todos los miembros de la OMC, la suspensión de concesiones ha sido desestimada. En resumen, la fase de ejecución es un mecanismo para ricos (Anderson y Grusky, 2008).

Los tribunales arbitrales como el CIADI, se sustentan en la idea fuerza de dotar de plena seguridad jurídica a las inversiones realizadas por las multinacionales frente a los Estados receptores. Los inversores no aceptan la legitimidad de los tribunales nacionales. Los tribunales arbítrales internacionales que surgieron para dirimir conflictos entre Estados o entre particulares (por asuntos vinculados al Derecho Privado nacional o internacional) fueron expandiéndose a conflictos entre particulares y Estados, alcanzando la esfera del Derecho Público. Las prerrogativas procesales y materiales de las que disponen (la elección del foro, el no agotamiento de los recursos judiciales internos, la utilización del tribunal arbitral como instancia de apelación, los costes del procedimiento arbitral, la neutralidad de los tribunales, las características técnica de los árbitros, la aplicación exclusiva de normas comerciales y financieras, el carácter privado de las audiencias, la falta de transparencia en el procedimiento...) las empresas transnacionales se encuadran en acuerdos privados entre particulares que ampliados a los conflictos con los Estados, garantes del interés general, privatizan el Derecho y subordinan los intereses de las mayorías sociales. Los privilegios de las empresas transnacionales se verifican al analizar el quehacer del CIADI. Así, son muchas más las reclamaciones planteadas por multinacionales contra Estados periféricos receptores que de cualquier otro tipo de casos, las indemnizaciones solicitadas son muy altas (actúan como mecanismo de fuerza para las negociaciones) y las resoluciones emitidas favorecen los intereses de las multinacionales (Teitelbaum, 2008).

4. Los Estados receptores se vieron sometidos a una doble presión: por un lado, las políticas aplicadas por las Instituciones Financieras Internacionales (IFIS) les provocaron un fuerte endeudamiento que dio lugar a políticas de ajuste (con el aval de los países desarrollados) que aumentaron las posibilidades de penetración de las empresas multinacionales, y por otro, flexibilizaron sus legislaciones, privatizaron los sectores públicos, abrieron sus fronteras comerciales y reformularon el Estado de Bienestar. De ahí que las multinacionales tutelen sus derechos por medio de normas supranacionales de carácter multilateral, regional y bilateral que debilitan la soberanía de los Estados receptores y, sin embargo, sus obligaciones se ajustan a legislaciones nacionales previamente sometidas a la lógica del capital. Esto explica la presión que se ejerce contra los nuevos gobiernos latinoamericanos que pretenden reinterpretar y modificar las legislaciones de carácter neoliberal.

La regulación nacional se presenta incapaz de afrontar los nuevos desafíos de la mundialización y aparece con capacidad reguladora y protectora a la baja y las empresas transnacionales se sustraen a la misma, al menos, en la mayor parte de los países empobrecidos. Sin embargo, los nuevos espacios de regulaciones supranacionales reaparecen con vocación normativa, pero, lamentablemente, con mecanismos de exigibilidad jurídica profundamente débiles y anclados en el siglo pasado. Es en los límites de ambas realidades donde los códigos de conducta se abren paso con una estructura formal de norma jurídica pero con vocación de construir ámbitos de Derecho blando que permiten a las multinacionales funcionar con plenas garantías económicas y con criterios unilaterales entroncados en el Derecho Internacional del Comercio y al margen de la función tuitiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Veamos.

El Estado es la institución formal encargada de fiscalizar a las empresas transnacionales, sea de manera directa o por medio de los Host States o por los Home States (Gómez, 2006 y Baylos, 2006). Los países periféricos y los empobrecidos son los encargados directos de llevar adelante un primer control que, o por falta de voluntad (complicidad entre gobiernos, oligarquías nacionales y empresas transnacionales) o por debilidad política, no se materializa en mecanismos institucionales eficaces. En la actual coyuntura internacional, ¿puede Malí controlar con sus sistemas institucionales y ordenamiento jurídico controlar a la multinacional Nestlé en su territorio?

Las relaciones laborales en América Latina son otro ejemplo. Las reformas neoliberales efectuadas en el continente latinoamericano transitaron en torno a la flexibilidad, la economía informal y la perdida de garantías de los derechos laborales individuales y colectivos. Estas tendencias atravesaron el conjunto de los ordenamientos laborales que sumados a la debilidad de los poderes judiciales dieron como resultado una primacía de los derechos de las multinacionales frente a los de las mayorías sociales. Aquí es donde se ubica el reenvío de las obligaciones de las transnacionales a los ordenamientos y tribunales nacionales y sus derechos al Derecho Comercial Global.

En las relaciones laborales la globalización ha generado modificaciones sustanciales en la organización de la producción que afectan, con mayor o menor intensidad, al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de los distintos Estados (Baylos, 1999). La descentralización, la empresa en red y la diseminación productiva dan lugar a que la actividad empresarial se realice mediante la externalización productiva. La división del trabajo en el interior de la empresa está siendo sustituida por la división entre empresas. De ahí que la responsabilidad de la empresa matriz deba extenderse a toda la cadena de producción con relación a las filiales, las proveedoras, las contratas y las subcontratas. Responsabilidad que las legislaciones de los Estados receptores tienen muchas dificultades de incorporar a sus ordenamientos, ya que colisionan directamente con los intereses de las transnacionales. En el mismo registro se mueven las deslocalizaciones de aquella parte de la producción o prestación de servicios que se externaliza fuera del ámbito nacional de la empresa matriz. El dumping social y fiscal junto a las deslocalizaciones presionan a la baja sobre las demandas laborales y sociales de las personas trabajadoras (Declaración del Seminario Internacional, 2005). Las deslocalizaciones son fenómenos que los Estados no quieren o no pueden legislar con regulaciones tuitivas y que cuanto más alejados están de los núcleos de poder las padecen con más impunidad. La construcción de un Derecho del Trabajo supranacional permitiría iniciar el camino hacia el control de las transnacionales.

El caso de Bolivia es interesante, ya que el intento de modificar las reglas neoliberales por el gobierno del presidente Evo Morales puso de manifiesto la férrea armadura jurídica que tutela las reglas e intereses de las multinacionales. La renegociación de los contratos de explotación con la empresa Repsol visibiliza como los derechos de la multinacional se tutelan sobre la base de argumentos jurídico-políticos vinculados al Derecho Comercial Global. Las relaciones empresa multinacional y Estado de origen (Repsol-Gobierno Español) se expresan en claves políticas y económicas de mucha intensidad. Los instrumentos que tutelan los intereses de la multinacional española son los contratos de explotación, el Tratado Bilateral de inversiones España-Bolivia, la desregulación neoliberal del ordenamiento jurídico boliviano y el tribunal arbitral del CIADI. Todo ello puso en evidencia que la Lex Mercatoria condiciona los límites de la reforma legislativa de los Estado alejados de los núcleos de poder. La razón de fondo reside en que los acuerdos suscritos por gobiernos anteriores, expulsados por la sociedad boliviana, deben respetarse, en aras de la seguridad jurídica, frente a los programas políticos de nuevos gobiernos democráticos. La soberanía nacional queda cuestionada por los intereses económicos de las minorías, ya que los acuerdos suscritos en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos se consideran, por meros argumentos formales, de rango inferior a los comerciales, pese a que tutelan los derechos de las mayorías. Los Estados empobrecidos tienen dificultades evidentes para controlar el quehacer de las multinacionales, ya que pese al bagaje normativo, constitucional e internacional de los derechos humanos su jerarquía normativa es inferior a la del Derecho Comercial Global.

La demanda que la multinacional italiana Euro Telecom Italia N. V. ha interpuesto en el CIADI contra el gobierno de Bolivia refleja bien las ideas descritas (Corporate Europe Observatory, 2008) Éste entendió que la multinacional presta un mal servicio, no invierte en infraestructuras y obtiene unos beneficios excesivamente altos. La empresa se ha sentido agraviada en sus intereses al entender que ante una posible re-nacionalización su capital ha perdido valor y que sus inversiones se habían dañado. Hecho sorprendente ya que continúa prestando servicios y ofreciendo nuevas prestaciones. Pese a que Bolivia ha decido salirse del CIADI, en este caso una lectura formal de los plazos cuestiona la decisión, corre el peligro de que el juicio transcurra sin la presencia del país andino. La demanda se sustenta en el Tratado Bilateral de Inversiones entre Países Bajos y Bolivia, ya que se encuentra, sorprendentemente, la filial italiana domiciliada en el país europeo. El Ministerio de Comercio de este país se ha desentendido formalmente del asunto al afirmar que este caso implica únicamente a un inversor privado y el gobierno de Bolivia. Lo que no dijo es que las transacciones, en el 2006, en que participaron estas “empresas fantasmas” cuya única vinculación es el domicilio, fueron de 9 veces más que el PIN de Holanda, que hay un amplio sector de recaudación de impuestos y de consultoría de más de 2.500 empleados y que el gobierno holandés recibe 1,2 billones en impuestos sobre la renta cada año. Lo que parece claro, vistos los antecedentes del tribunal de arbitraje, es que éste va a aceptar el caso y que casi seguro falle a favor de la multinacional. En definitiva, el círculo neoliberal se cierra entre los intereses de la multinacional, el gobierno holandés que tutela los mismos y el tribunal arbitral del CIADI que amenaza la soberanía de Bolivia. Mientras tanto el gobierno de Evo Morales no puede tutelar los intereses de las mayorías sociales de su país por una armadura jurídica construida a imagen y semejanza de los intereses del capital. La situación requiere abandonar el CIADI, denunciar los Tratados Bilaterales de Inversiones y tejer redes transnacionales entre sindicatos y movimientos sociales de Bolivia, Italia y Holanda. La confrontación con el modelo neoliberal pasa por denunciar las vinculaciones entre la multinacional Euro Telecom. Italia y los gobiernos que defienden sus intereses.

Los Estados, además, deben aplicar el Derecho Internacional (Host States) incorporado a sus ordenamientos. Es decir, deben asegurar el cumplimiento del mismo por todas las personas físicas y jurídicas que actúan en su demarcación, como son las empresas transnacionales. Las dificultades son dobles. Por un lado, las relacionadas con la debilidad ya descrita de los Estados para controlar a las multinacionales, se añade la fragilidad de las normas internacionales, tanto por la necesidad de ratificación de las mismas para incorporarse a los ordenamientos internos como por la falta de eficacia jurídica para tutelar los derechos de las mayorías. Sus sanciones son más simbólicas que jurídicas. Por otro lado, las posibilidades de exigir el cumplimiento directo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos a las empresas transnacionales son más teóricas que prácticas, ya que se considera esa posibilidad inviable, puesto que formalmente no está regulada en ninguna norma internacional (con las excepciones de los delitos de crímenes de guerra y lesa humanidad). Resulta difícil no aceptar el carácter dinámico del Derecho Internacional de los Derechos Humanos teniendo en cuenta su carácter universal y las fuentes normativas sustentadas más allá de los tratados o acuerdos entre Estados. Todas las oportunidades técnicas que la globalización ha dado a las empresas multinacionales y que les han permitido fracturar los espacios de control y ampliar la tutela de sus derechos no aparecen acompañadas de una mínima evolución en la aplicación directa de las normas internacionales a las empresas transnacionales. Es flagrante la asimetría entre la evolución del Derecho Comercial Global y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Los Home States es la vía jurídica que permite controlar a las empresas multinacionales donde la empresa matriz tiene su sede o domicilio. Implica extraterritorializar la responsabilidad, es decir, exigirles responsabilidades por las actividades realizadas en el extranjero. La cuestión consiste en si se puede extender la responsabilidad a la empresa matriz por los daños causados por sus filiales. La dificultad reside en delimitar las competencias de los tribunales en donde la empresa matriz se encuentra domiciliada para perseguir las prácticas de las filiales que operan y están domiciliadas en otros países. Es ésta la opción que mejor garantiza la restitución de los derechos de los afectados. Para ello existe la técnica del levantamiento del velo corporativo, que permite imputar a la empresa transnacional los daños causados por sus filiales. Pese a la apariencia de la pluralidad de sociedades autónomas y con diferentes nacionalidades se busca responsabilizar a quien coordina y dirige el grupo y que actúa como una unidad económica. Para profundizar en esta técnica se exigen criterios que vayan más allá del domicilio y las legislaciones nacionales, como el Alien Torts Claim en EEUU, que amparen jurídicamente la técnica del levantamiento del velo corporativo. En Europa se va incorporando a la legislación muy lentamente y para algunas materias como fraudes tributarios, delitos de lavado de dinero y responsabilidad laboral. La legislación de sociedades se encuentra muy lejos de progresar en esta dirección frente a las numerosas ventajas que la globalización neoliberal otorga a la internacionalización de las multinacionales (Baylos, 2007).

La vinculación entre Estado y empresa matriz dificulta la posibilidad de profundizar en esta vía que incluso en EEUU se está encontrando con fuertes a resistencias en el ámbito del Tribunal Supremo. Además, la vía judicial es muy larga, muy lenta y muy costosa, de ahí que sus posibilidades sean más de construcción de redes sociales que jurídicas. Son más instrumentos de profundización en redes de control transnacionales que en contrapesos jurídicos al poder del Derecho Comercial Global.

Frente a la debilidad de los Estados para controlar a las empresas transnacionales, los sistemas universales de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y sus jurisdicciones competentes son incapaces de neutralizar la nueva Lex Mercatoria. Su debilidad se expresa por el cuestionamiento del carácter vinculante de algunos de los instrumentos que constituyen el ius cogens (Declaraciones, Pactos Internacionales...), por la necesidad de ratificación por los Estados y por la debilidad de las jurisdicciones internacionales para dotar de efectividad el contenido de los mismos. Es decir, la obligación de acatar el derecho al desarrollo por las transnacionales no existe, ya que se cuestiona, por la doctrina mayoritaria y los Estados, su carácter material de norma frente a su valor de mera recomendación. O bien, el convenio de la OIT sobre negociación colectiva que para ser acatado deberá haber sido ratificado e incorporado al ordenamiento interno, y además, una vez incorporado, si no se cumple, la jurisdicción internacional no podrá hacer efectiva la tutela del mismo, quedándose en el plano de la mera sanción moral (Bonet, 2007). Respecto al Derecho Comercial Global, ni la doctrina, ni los Estados, ni las organizaciones internacionales dudan de los aspectos sustanciales de sus cuerpos normativos, es decir del elenco de normas multilaterales, regionales o bilaterales. Respecto a la ratificación resulta impensable la no-adhesión a las reglas del comercio internacional por un país alejado de los núcleos de poder. Y si esto ocurre, las presiones políticas se multiplican, la salida del CIADI de Bolivia es un buen ejemplo, frente a la indiferencia que provoca la no-ratificación de China de los convenios sobre la libertad sindical. Por último, el incumplimiento de sanciones del SSD de la OMC o de los tribunales arbitrales daría lugar a mecanismos coercitivos con implicaciones económicas muy difíciles de sostener para los países periféricos. Nada que ver con las represalias morales que el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha impuesto a Colombia por los miles de asesinatos de sindicalistas en los últimos años. Además, las empresas transnacionales quedan fuera de la jurisdicción penal universal superadora del vínculo nacional.

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional del Trabajo se ven incapaces de neutralizar la expansión y “autoridad” del Derecho Internacional del Comercio como fundamento de toda la arquitectura económica globalizada. Los derechos sociales, laborales y medioambientales se ven desplazados hacia sistemas de regulación no normativos, sistemas diversos que se encuadran en la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y en los códigos de conducta (Hernández Zubizarreta y Zurbano, 2007). Su aparente “bondad” y su “neutralidad” normativa, entendida, básicamente, como complemento al cumplimiento de las normas jurídicas, quedan desplazadas por la finalidad sustancial que persiguen: sustituir las señas de identidad de los ordenamientos nacionales, es decir, la imperatividad, la coercitividad y el control judicial, por la voluntariedad, la unilateralidad y en el mejor de los casos, por auditorias especializadas al margen de las reglas de funcionamiento del poder judicial. La RSC y los códigos de conducta se fundamentan en valores vinculados con la ética de la empresa.

Las ideas seudo normativas sobre las que bascula la RSC son la voluntariedad, la unilateralidad, la autorregulación y la no-exigibilidad, que se suman a la categoría que vincula la globalización con el modelo capitalista neoliberal, es decir, un modelo inalterable en el que la lucha de clases debe sustituirse por la corresponsabilidad entre empresarios, trabajadores y sociedad civil. En este marco el control de las empresas transnacionales debe ajustarse a la mencionada corresponsabilidad, a la colaboración con las instituciones internacionales y a la armonía con los Estados. Ante modificaciones tan extremas, la RSC se presenta como la alternativa más adecuada (Shamir, 2007, págs. 40-62)). Este diagnóstico encubre la realidad sobre la que se articula el poder de las multinacionales que se materializa en su capacidad de “legislar” y delimitar el concepto y alcance de su responsabilidad y de las normas materiales sobre las que se sustenta. Además, frena todo sistema jurídico de control elaborado desde instituciones públicas. De ahí, que ésta no sea una respuesta ante determinadas protestas sociales, ni tan siquiera un mero lavado de cara de su actividad, sino una nueva forma en que se configuran las relaciones entre las empresas y el modelo capitalista. Este es el marco de sus obligaciones que se mueve en los contornos de la impunidad, mientras que sus derechos se tutelan desde la fortaleza jurídica de un Derecho Comercial Global en plena consolidación.

Junto a la voluntariedad y unilateralidad de la RSC hay que tener en cuenta los distintos mecanismos de verificación y evaluación de la misma. Más allá de la pluralidad de sistemas, de su burocratización y de su dudosa imparcialidad, la dimensión más perversa es la apariencia de legitimidad que dota a las memorias de RSC. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Por un lado, la pluralidad de mecanismos, de sistemas y de índices de evaluación, provoca un desconcierto y una hiperinflación de datos, de información selectiva y unilateral que, lejos de garantizar los contenidos de las memorias, refuerza a los equipos de RSC de las transnacionales en detrimento de controles de los sindicatos, organizaciones y movimientos sociales. Por otro lado, las técnicas de auditoria generan una cierta “horizontalidad normativa” al colocar en el mismo plano un acto de mecenazgo con el respeto a los derechos humanos.

Además, la información suministrada no suele incorporar prácticas que atenten a los derechos humanos, ni consultas a organizaciones y colectivos afectados. Las certificaciones se refieren a la información presentada por la empresa y la ruptura, en muchos casos, entre la información suministrada y las prácticas reales es abismal. La sustitución del control social y de la Administración por sistemas privados basados en la certificación y la auditoria cierra el círculo de la privatización de las normas de control de las multinacionales.

5. El control de las empresas transnacionales pasa por una acción social y sindical que impulse una propuesta normativa y marque la estrategia sobre la que acumular fuerzas sociales. Ésta debe encuadrarse en la construcción de redes contrahegemónicas sustentadas en parámetros de redistribución y reconocimiento. Es decir, el uso alternativo del Derecho requiere desvelar la vinculación entre las concepciones dominantes, el Derecho y la justicia y subordinar la propuesta a estrategias contrahegemónicas. Los sistemas de control de las transnacionales se edifican sobre el Derecho blando por lo que toda interpretación hacia modelos imperativos equivalentes a los establecidos en el Derecho Comercial Global encontrará todo tipo de resistencias hegemónicas, ya que no hablamos de problemas técnicos sino de relaciones de poder (Sousa Santos, 2007).

La propuesta normativa se articula en torno a un código externo que tenga como premisa central desterrar la voluntariedad y vincularlo a modelos de imputación clásicos. Su contenido debe bascular entre la síntesis de los establecidos en las normas ad hoc de la OIT, la OCDE y la ONU siempre y cuando contemple la extensión de la responsabilidad de la empresa matriz a filiales, proveedoras y subcontratistas, la subordinación de las multinacionales a la soberanía de los Estados receptores en coherencia con el derecho al desarrollo y el cumplimiento directo del Derecho Internacional por las transnacionales. Estos criterios deben acumularse a los contenidos básicos de los códigos externos de las instituciones mencionadas. El nuevo entramado jurídico se deberá complementar con un Tribunal Internacional de empresas transnacionales encargado de tutelar y ejecutar las sentencias correspondientes.

Esta propuesta deberá ser acompañada de la creación de un Centro de Empresas Multinacionales encargado de analizar, investigar e inspeccionar las prácticas de las empresas transnacionales sobre el terreno. Ese Centro estará adherido a Naciones Unidas y gestionado de manera cuatripartita entre empresarios, gobiernos, movimientos sociales y sindicales.

La alternativa incorpora propuestas transitorias en dos planos. Los códigos de conducta deben desplazarse hacia Acuerdos Marco Globales, ya que su construcción en torno a la lógica negocial (a la negociación colectiva) aumenta la potencialidad de control de los mismos. A su vez, la incorporación de cláusulas sociales o normas sociales vinculadas a reglas multilaterales, regionales o bilaterales de comercio e inversiones pueden actuar como garantes de derechos sociales y laborales. La mera mención a las mismas no implica garantía de ningún tipo. Las experiencias existentes, así el Acuerdo de Cooperación Laboral en América del Norte subordinado al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, son más formales que reales y sus procedimientos de tutela quedan subordinada al libre comercio y a los intereses de las empresas multinacionales (AAVV, ALAI, 2008). De ahí que las cláusulas sociales deban afrontar dos desafíos. Superar el debate entre universalismo y relativismo cultural, optando por la extensión mundial de derechos laborales y sociales más allá de ajustes puntuales y excepcionales y desvincular las cláusulas sociales del dumping social, es decir, no aceptar, en ningún caso, la ausencia de derechos (salarios más bajos, prohibición de la libertad sindical, o del derecho de huelga) como competencia desleal y la tutela de los mismos como arma proteccionista subordinada al libre comercio y al derecho de propiedad. La defensa de derechos articulados en torno a cláusulas sociales no puede justificarse sobre la base de las necesidades del mercado, ni a una competencia económica desleal. Se fundamentan en su carácter de derechos universales y su violación debe ser motivo de sanción y de regulación en planos jerárquicamente superiores a los derechos mercantiles.

En el ámbito laboral, la Declaración de Principios y Derechos fundamentales en el Trabajo de la OIT de 1998 es la referencia (Bonet, 1999). Implica extender universalmente la libertad sindical, la negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en el empleo. Ahora bien, deberá completarse con dos principios muy importantes. Su carácter imperativo y coercitivo, por un lado, y su ampliación con un quinto derecho que entronque con la tutela de derechos sociales, económicos y culturales, por otro. Es decir, la tutela nacional e internacional de un salario universal o el acceso al empleo que garantice los mínimos vitales para poder ejercer otros derechos laborales como la libertad sindical o la negociación colectiva.

Subordinar el salario universal a la existencia de recursos económicos nacionales requiere dos importantes matizaciones, ya que no resulta tolerable seguir manteniendo los derechos económicos, sociales y culturales en planos meramente declarativos. La primera implica un control de los recursos de los Estados nacionales (mediante técnicas de progresividad y no de regresividad, de planes concretos de creación de empleo, de políticas públicas, de impuestos...) dirigidos a la creación de empleo (al trabajo decente) o a la aprobación de un salario universal y, la segunda, implica responsabilizar a la comunidad internacional vía derecho al desarrollo de los pueblos para asegurar los recursos mínimos para subsistir. Donde no existan recursos nacionales deberá responder la comunidad internacional. La idea fuerza es convertir el derecho a una vida digna en un principio universal efectivo. Medida viable, pero de carácter transitorio, ya que el elemento central del debate, para su materialización, pasa por cambiar toda la arquitectura económica internacional puesto que el problema no reside en la falta de recursos sino en su redistribución. En definitiva, las cláusulas sociales deben incorporarse a la regla de comercio e inversiones siempre y cuando su valor normativo sea, al menos, equiparable al resto de derechos mercantiles y los derechos sociales, económicos y culturales, vía derecho al desarrollo, formen parte de su caudal normativo.

La acción social y sindical debe impulsar propuestas jurídicas y sociales en el camino hacia el control de las multinacionales, lo que requiere, en primer lugar, sumar voluntades desde el movimiento sindical, ONGs y movimientos sociales. Para ello existe un caudal común de principios articulados en torno a los Foros Sociales Mundiales (Stédile, 2008 y Sousa Santos, 2008, págs. 40-62)) que unidos a la estrategia normativa de aprobación de un código externo vinculante y de un Tribunal Intencional, permita diseñar propuestas precisas y viables. No obstante, el compartir estrategias exige superar desafíos internos de cada uno de los agentes implicados y acercar posturas con relación al control de empresas transnacionales.

El sindicalismo se enfrenta a desafíos internos complejos. Unos de carácter estructural que se vinculan con las modificaciones impuestas por la globalización neoliberal, y otros que afectan a las propuestas de intervención del sindicalismo mayoritario. Las dificultades para la acción sindical pasan por los intereses tan fragmentados de la clase obrera y por la ruptura de los núcleos esenciales del pacto capital-trabajo que le ha permitido al capital recuperar el poder remodelado en los años cincuenta. Las propuestas claras, directas y con poder de influencia del sector empresarial internacional contrastan con las alternativas de la parte mayoritaria del sindicalismo internacional que son, fundamentalmente, declarativas, basadas en la concertación y respetuosas con el modelo capitalista. Esta situación requiere de nuevas pautas de comportamiento. Las nuevas condiciones del capitalismo implican que el movimiento sindical tome la iniciativa con propuestas y respuestas sindicales globales (entre las que se encuentra el control de las transnacionales) que generen un impulso democrático y solidario junto a nuevas redes y alianzas con movimientos sociales y ONGs (Levesque y Murray, 2007, págs. 10-15).

Desde las ONGs para el desarrollo su participación en estrategias compartidas pasa por “ideologizar” y “politizar” una actuación muy condicionada por las pautas marcadas por las técnicas y procesos de la cooperación al desarrollo. La cooptación directa e indirecta que los donantes ejercen constituyen impedimento muy serios para la construcción de redes contrahegemónicas.

Los movimientos sociales apuestan por la confrontación directa con las transnacionales pero sus campañas y redes se enfrentan a estructuras frágiles y difusas. Son numerosas las contradicciones estratégicas y organizativas y la dicotomía ciudadanía-vanguardia condiciona con mucha intensidad el camino de sus alianzas (Calle, 2007, págs. 84-87).

Los Tribunales Permanentes de los Pueblos permiten avanzar en esta dirección. Además de visibilizar las prácticas de las multinacionales y descubrir el entramado jurídico, político y económico del modelo neoliberal, sirven para establecer redes de solidaridad contrahegemónicas y fomentar acciones sociales, políticas y sindicales (Hernández Zubizarreta y Ramiro, 2008)(13). Son instrumento muy importante en la globalización de estrategias de control de las empresas transnacionales. Ahora bien, la confrontación democrática y la denuncia de los Estado vinculados a las empresas transnacionales, de las organizaciones internacionales financieras y comerciales, deben ser pautas irrenunciables de actuación (Ramiro y González, 2008). Las lógicas de funcionamiento del movimiento sindical, de los movimientos sociales y de las ONGs son muy diferentes, e incluso contradictorias, pero la necesidad de articular redes contrahegemónicas en el control de las multinacionales exige aunar fuerzas en una coyuntura internacional desfavorable para los intereses de las mayorías sociales .

DEPREDADORES EMPRESARIALES: REPSOL YPF LA PESADILLA DE BOLIVIA

Los malabarismos de Repsol YPF

Marc Gavaldà

La multinacional Repsol YPF no atraviesa sus mejores momentos, a pesar del alto precio del crudo. Pero mucho peores son las consecuencias para los países donde opera.

A pesar de las reservas declinantes en muchos de sus campos, el presidente de Repsol YPF, Antoni Brufau, en ningún momento escondió su sonrisa en la reciente junta de accionistas. Incluso cuando dos representantes de Intermón Oxfam exigieron a Brufau que su empresa cumpla los tratados internacionales y respete el derecho de los pueblos indígenas a pronunciarse sobre los proyectos que afecten a sus tierras. El mismo Brufau también sonreía días antes, cuando en una abarrotada plaza Murillo de La Paz, el presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmaba que "Repsol es una empresa responsable". El abrazo sellaba "una noche de amanecida en las negociaciones". Ahora dos países "con sus respectivas empresas (sic) trabajarían juntas". Se había consumado el traspaso de 1% de las acciones de Andina para que Bolivia tenga el control de la filial de la empresa de capital español y norteamericano Repsol YPF. Capitulaba así la pesadilla boliviana para Repsol. Con la renovación y firma de todos los contratos por el Congreso, la compañía y su presidente pueden dormir tranquilos. Atrás quedaban, entre otros, los delitos de contrabando de millones de barriles por los que fueron apresados dos directivos de Repsol en 2006, la muerte de una familia de pescadores en el pozo Surubi o las auditorías practicadas a diez compañías, entre ellas Repsol y Andina, en las que se demuestra técnica y económicamente que estafaron a Bolivia.

¿Un buen año para Repsol?

No fue mal año de negocios. La empresa presumió en la junta de un beneficio neto de 1.212 millones de euros en el primer trimestre del año, un 36,5% más que en 2007, debido al incremento del precio del crudo y a la buena marcha de la filial argentina YPF, de la cual vienen más de la mitad de sus beneficios. La caída del dólar ha reducido estos números. Según la empresa, si presentara sus cuentas en dólares, el beneficio neto del grupo crecería un 62%.

Sobre el terreno, Repsol mantiene el control de 359 bloques con una superficie neta de 354.480 km2. De estos, 109 están en Argentina, 79 en EE UU y se adjudicó 71 bloques en las costas de Alaska asociada a Shell y ENI. A principios de año, consiguió 93 bloques más en el mar de Chukchi, beneficiado por la apertura que ha hecho Bush de la exploración petrolera en el Círculo Ártico. En cuanto a sus reservas, el último año, Repsol se anotó nuevos megayacimientos en Libia, en asociación con NOC, la compañía estatal ; en aguas profundas de Brasil, asociado con Petrobras ; y en Bolivia y en Perú. Además de la entrada en producción del megacampo Genghis Khan, en aguas profundas del golfo de México estadounidense. A pesar de estos logros, sus reservas probadas en los últimos años han pasado de 3.485.275 barriles a 1.400.000 barriles, menos de la mitad.

¿Un buen año para los países donde opera?

Las reservas mundiales describen un comportamiento declinante en la mayoría de los pozos. Repsol YPF es una de estas empresas que se ven apretadas por una demanda creciente que tiene que atender, especialmente en los países donde, a través de la privatización de sus empresas, ha capturado en el monopolio a millones de personas, reducidas a la condición de consumidores cautivos.

Argentina sufre una enquistada crisis energética que provoca cada invierno desabastecimiento y que obliga incluso a cerrar industrias en determinados períodos. El megayacimiento de Loma de la Lata -conocido por sus pasivos ambientales que han intoxicado a la población- ha registrado una acelerada declinación, como la mayoría de campos en las provincias de Neuquén y Mendoza.

El diésel también ha escaseado en Argentina y Bolivia, poniendo en juego la producción agrícola, mientras Repsol exporta el crudo y el gas de estos países para venderlo a precio internacional. La estrategia de la compañía de exportar mucho y explorar poco ha provocado la caída de las reservas en pocos años.

Algunos autores describen este comportamiento como “vampirización de la economía “ : no sólo succionan los recursos naturales trasladando a los Estados los importantes pasivos ambientales, también venden caro estos recursos a sus antiguos dueños parasitando su débil economía. Argentinos y bolivianos también han sido decepcionados por la anunciada “argentinización “ y “nacionalización “ de sus respectivas empresas estatales, privatizadas la pasada década. En el primer caso, Repsol vendió un 14% de YPF al grupo Petersen, supuestamente argentino, aunque el grupo tiene capitales españoles. En Bolivia, la “nacionalización “ de sus antiguas empresas estatales sólo ha consistido en un contrato de traspaso de acciones firmado entre YPFB, que tendrá el 51%, y Repsol YPF, que compartirá la administración de Andina. En las regiones petroleras, los anhelos de recuperación de los recursos han movilizado de nuevo a la población, tras dos años de expectativas.

En Camiri, antigua capital petrolera de Bolivia, una pueblada obligó al Gobierno a negociar el pasado marzo, después de una violenta represión, la entrega de un pequeño campo de Andina al pueblo de Camiri. Ello constituyó la primera expropiación auténtica que realiza Bolivia a una empresa petrolera desde la nacionalización de la Gulf Oil en 1969.

La indignación por sus políticas ambientales se han visibilizado este año con el vertido y ocultación de miles de barriles de crudo en el Parque Nacional Yasuní (Ecuador), el derrame de fenoles cancerígenos en el río Francolí o las denuncias de contaminación del agua de red en Añelo (Argentina).

DEPREDADORES EMPRESARIALES: INJERENCIA TRANSNACIONAL EN LATINOAMERICA

En América Latina el pueblo es uno solo

¿CÚANTA GENTE SIGUE viviendo en el engaño finamente tejido por los poderosos de siempre? Hay quienes aseguran que el esclavo vive bien porque recibe –además de palos y miseria- una que otra migaja tirada por el amo sobre el suelo encharcado de porquerías donde se hacina a los infaustos.

Con ese prurito han vivido desde hace más de quinientos años los pueblos de América Latina, a veces no sólo castigados por la soberbia predadora del poderoso, sino también violentados por guerras fratricidas ordenadas por los intereses de aquellos que se dicen civilizados. Los pueblos colocan la sangre, y los comerciantes capitalistas reciben el premio. Eso ocurrió en Chile, Perú y Bolivia cuando ingleses y norteamericanos empujaron a las tres naciones hermanas a una guerra comercial que terminó entregando minerales y costas a un país imperialista llamado Gran Bretaña.

La ‘historia oficial’ señala que Chile ganó dos enormes provincias, pero, ¿son suyas hoy? Cobre, salitre, azufre, molibdeno, oro, plata, bordes costeros, glaciares cordilleranos, carreteras y valles pertenecen a empresas transnacionales, a esas mismas empresas cuyos parientes lejanos manejaron interesadamente el conflicto armado en 1879.

Luego de tantas disputas espurias se llega al convencimiento de que en Latinoamérica el pueblo es uno solo, el mismo en todas partes, con idénticas necesidades, y con carencias provocadas, producidas, administradas, por una sola clase social: la de los imperialistas de lenguas enrevesadas. Estos, al interior de cada nación sudamericana, han contado siempre con el eficaz y tenebroso apoyo de los propietarios de medios de producción que son, en realidad, los mismos que gobiernan nuestros países a nombre de los foráneos.

Digámoslo sin ambages. Hoy, las repúblicas de América Latina –en su mayoría- constituyen territorios ocupados por el ‘gran capital transnacional’. El asunto es, por supuesto, que en un lugar ocupado por fuerzas extranjeras, sea Iraq o Palestina o Bosnia o cualquier parte del mundo, las fuerzas de ocupación son capaces de cometer enormes barbaridades.

Esto, que parece un axioma, deviene una fuente de tristeza al comprobar que, como axioma, también se aplica a la ocupación chilena de Tacna y Arica durante 1880-1930, una vez terminada la Guerra del Pacífico y cuando las salitreras cayeron graciosamente en manos europeas. El investigador William Skuban escribió un interesante libro en el que reseña eventos, tragedias, intereses económicos y acciones totalitarias acaecidas en aquel período de ocupación chilena de Tacna y Arica. El título del libro es "Lines in the Sand: Nationalism and Identity on the Peruvian-Chilean Frontier" (Líneas en la arena: Nacionalismo e identidad en la frontera peruano-chilena). Ojalá alguna casa editorial, o alguna universidad, decida publicarlo en castellano, a objeto que miles de latinoamericanos tenga acceso a él.

En el relato de William Skuban la parte que entristece no es aquella de la feroz represión oficial, puesto que tal represión se efectuaba con igual fuerza contra los pobres en Chile también (Valparaíso, Santiago, Iquique 1903-1907, como fue lo sucedido en la escuela Santa María de Iquique), pues en sufrir similar represión se hermanarían los pobres chilenos y peruanos.

El problema más triste es otro: la represión efectuada por sectores populares chilenos (una minoría por supuesto) contra los peruanos, no solamente en Arica y Tacna sino también en Iquique. Era una parte del pueblo incentivada por los dueños del capital en la aplicación del odio xenófobo. Una parte del pueblo que luchaba y se desangraba en beneficio de los amos foráneos, castigándose a sí mismo y solidificando las políticas expoliadoras y clasistas que también le eran aplicadas en Chile a golpe de garrote y pecado de hambruna.

En efecto, todo comenzó en Iquique en 1919 cuando grupos de chilenos asaltaron el Club Peruano, destruyeron el diario "La Voz del Perú" y todos los negocios que tenían los ciudadanos de ese país en el puerto, además del Consulado del Perú, cuyo cónsul salvó el pellejo solamente por la oportuna y decidida protección brindada por el cónsul británico. Cuatro mil quinientos trabajadores peruanos se vieron obligados a emigrar de Iquique y la Pampa ante la terrible presión y persecución de las llamadas "ligas patrióticas".

Luego, esas ligas patrióticas se desplazaron a Tacna (ciudad que aún estaba bajo administración de Chile) donde cometieron similares tropelías ante la vista gorda de las autoridades chilenas y aún -para mayor tristeza- incentivadas con los discursos de Luis V. Cruz, aquel personaje que había sido elegido junto a Luis Emilio Recabarren como los primeros representantes del pueblo obrero y campesino en el Congreso.

Es bueno y necesario que recordemos a Recabarren e ignoremos a Luis V. Cruz (para aumentar la pena, Salvador Allende, aquel abogado que tuvo un hijo llamado Salvador Allende Gossens que en aquellos años infantiles vivía en Tacna, fue otro instigador de la xenofobia anti-peruana). También vivía en esos años en Tacna -puesto que era tacneño- el gran historiador peruano llamado Jorge Basadre, un admirable intelectual de izquierda que en aquel momento era sólo un mozalbete, pero tuvo el coraje de dirigir una carta abierta a Luis V. Cruz que comenzaba diciendo: "No es con la palabra "compañero" -la más hermosa que pueda pronunciar un hombre libre- con la cual te dirijo estas fervientes palabras..."

La obra de Wiliam Skuban es, además, un libro hermoso por su objetivo homenaje a la mujer. Aquella que se alza con valentía y se une a la resistencia. Así sucedió en Tacna con muchas mujeres. Menciono una, y un sentimiento de admiración me embarga al nombrarla: Doña Zoila Sabel Cáceres, profesora primaria y directora de escuela.

Cuando en 1900 las autoridades chilenas ordenaron el cierre de las escuelas primarias de Tacna, doña Zoila esperó a las fuerzas militares y policiales en la puerta de su escuela y al llegar los uniformados les dijo: "Como peruana y mujer de Tacna, mantengo y mantendré las puertas de mi escuela abiertas. Vayan a decirle a vuestro Intendente que no me inclinaré ante esta notificación y que si él quiere cerrar esta escuela entonces que venga y lo haga él mismo."

Por supuesto, las escuelas fueron cerradas. Un año mas tarde Chile cambió al intendente y nombró a otro más conciliador, quien llamó a todas las profesoras y directoras y les impuso como condición para reabrir las escuelas que se retirasen los textos de Historia y Geografía en los que Tacna y Arica apareciesen como territorios peruanos. Ante tal condición, doña Zoila de nuevo se paró en sus hilachas e impetró al nuevo intendente:

"Señor, la historia, como la verdad, es una sola..."

"¡Silencio! la interrumpió el intendente, "no le he pedido su opinión"

Doña Zoila alzó más su voz y continuó:

"... y no puede ser condicionada por la conveniencia de nadie, y menos aún sometida a los caprichos de..."

"¡Fuera de aquí!" bramó el intendente y, efectivamente, la sacaron, no solamente de la Intendencia sino también de la provincia, relegada a Arequipa.

Prometo alzar mi copa por doña Zoila en la primera oportunidad que pueda... y por cualquier ser humano que luche contra la opresión.

Hubo figuras históricas chilenas importantes que reaccionaron contra la dureza de la ocupación y eso debería enorgullecernos, aunque algunas de esas figuras tuvieron que pagar duramente las consecuencias. En los albores de las luchas de la FECH (Federación de Estudiantes de Chile) también se encuentra un germen de protesta contra la situación en Tacna y Arica, tal como ocurrió el año 1920 cuando los universitarios le salieron decididamente al paso al ministro Ladislao Errázuriz, que movilizó tropas hacia el norte para ocupar las salitreras e impedir la sindicalización de los obreros bajo el feble argumento de “poner atajo a una nueva intentona invasora de Lima”.

En ese año 1920 (gobierno de Juan Luis Sanfuentes) Chile debía dirimir con Perú el asunto Tacna-Arica para decidir a qué país pertenecería definitivamente cada una de esas ciudades. Don Ladislao Errázuriz, ministro de Defensa, inventó un conflicto bélico con Perú y logró que el gobierno conservador de Sanfuentes autorizara la movilización de las tropas hacia el norte, lo que además constituía un golpe bajo políticamente hablando, ya que la guarnición de Santiago profesaba especial simpatía por el candidato presidencial (de raigambre liberal) Arturo Alessandri Palma, y llevar a la mitad del ejército al norte significaba restarle apoyo militar a Alessandri en la próxima elección presidencial.

Los máximos dirigentes de la Federación de Estudiantes de Chile bautizaron a este episodio como ‘la guerra de don Ladislao’, pues eran conscientes que no había ni habría conflicto bélico con el país vecino y que, por el contrario, el ministro Errázuriz trasladaba efectivos militares hacia Iquique con un solo propósito: mostrar una amenaza armada a los trabajadores del salitre, cuyos sindicatos se encontraban luchando con las autoridades y con sus patrones extranjeros para obtener mejores situaciones económicas y laborales. Don Ladislao movilizó a miles de uniformados sólo para dar seguridad a los empresarios salitreros, pues el conflicto Tacna-Arica se solucionó pacíficamente y sin necesidad de disparar un tiro. Además, Arturo Alessandri, luego de haber triunfado en una dramática elección, asumió como Presidente de la República el 23 de diciembre de 1920.

Como es posible deducir de lo mencionado, las clases gobernantes de las naciones del cono sur de América (y en Chile, especialmente) siempre han trabajado en beneficio de intereses foráneos castigando a sus propias raíces, a su presente y futuro, tal como si esta ubre llamada Latinoamérica fuera inagotable fuente de recursos para satisfacer las necesidades de sociedades que no viven aquí ni les preocupa lo que ocurra en estos hermosos parajes.

Si se revisa nuestra Historia nacional sin apasionamientos ni balbuceos ideológicos, podrá observarse que los chilenos sufrimos los mismos males que estragan a los pueblos de naciones hermanas. Aquí, allá y acullá, la mano represiva de los totalitarios empresarios y gobiernos lacayos del imperialismo ha actuado de idéntica forma para ahogar las impetraciones de justicia y libertad. Ello fue sufrido y experimentado por notables chilenos, como Francisco Bilbao (1864), José Manuel Balmaceda en el año 1891, Arturo Alessandri Palma en 1925, Pedro Aguirre Cerda en 1938, Clotario Blest en 1957, Salvador Allende en 1973, Cardenal Raúl Silva Henríquez (1980), Tucapel Jiménez (1982), Manuel Bustos (1984) ….y un largo etcétera que se proyecta hasta nuestros días.

Las fuerzas opresoras y represivas no reconocen nacionalidades. El capital transnacional tampoco lo hace. Para este último no existen países ni repúblicas, tribus ni razas ni etnias. Es así que, por ejemplo, los mandantes de la economía mundial aseguran que Venezuela no es Venezuela, es petróleo; Brasil es caucho, petróleo, café y azúcar; Colombia es petróleo, gas natural, níquel y esmeraldas; Bolivia es gas natural y estaño; Chile es cobre, bosques, frutas y productos del mar; Argentina es carne, leche y trigo; Perú es recurso forestal e hídrico, fuente de minerales y de petróleo; Ecuador es petróleo y minerales; Uruguay y Paraguay son carne, leche y cueros. Pero ninguna de esas repúblicas es considerada una nación independiente y soberana por los dueños de la férula mundial. Para ella sólo existen como ‘graneros y bodegas’ a las que se debe saquear a ultranza y sin ambages.

Duele comprobar que en todos nuestros países que conforman esta hermosa Latinoamérica, existen gobiernos y enriquecidos propietarios dispuestos a coadyuvar en el saqueo de los recursos naturales y en la expoliación de sus conciudadanos. Bajo el disfraz de la globalización se ha reinstaurado la vieja política que mueve e interesa al explotador histórico, esta vez adornada con la vestimenta de los Tratados de Libre Comercio -que de ‘libre’ tienen poco- los cuales han sido estructurados por las mismas economías desarrolladas en un afán directamente apuntado a su propia sobrevivencia, aunque para tales efectos los ‘países graneros’ tengan que enfrentar un futuro desolado, árido y catastrófico.

Si América Latina está unida, desde el año 1492, a esta desgraciada realidad, ¿cuándo se unirá férreamente para mejorar su calidad de vida y obtener, por fin, la verdadera independencia? Recursos sobran, geografía sobra, en capacidad tecnológica y humana tiene lo suficiente…lo que falta es voluntad, conciencia y decisión.