CONTRAINSURGENCIA INFORMATIVA VS TERRORISMO MEDIATICO

Contrainsurgencia Informativa en la Guerra de Baja Intensidad

Stella Calloni

2008-11-21

En momentos en que América Latina está sometida a una invasión silenciosa en varios frentes: político, económico, militar, científico, informativo, cultural, dentro del entramado de una renovada Doctrina de Seguridad nacional y su actualizado esquema contrainsurgente, la información se ha convertido en un arma de guerra.

La apropiación de los medios masivos de comunicación por el poder hegemónico mundial transformó la relación de estos con la sociedad y el arma de la desinformación forma parte de la guerra sicológica, como un elemento imprescindible para los nuevos diseños de contrainsurgencia trazados en las últimas décadas.

El objetivo es horadar proyectos políticos que resisten a los planteos hegemónicos y las operaciones de guerra sucia son utilizadas para avanzar en los nuevos planes geoestratégicos de recolonización de América Latina.

La ajustada red de medios que responden a un centro de diseños contrainsurgente, ha logrado socavar las instituciones más representativas de la vida soberana de nuestros pueblos.


Samir Amin

Como resultado tenemos ante nosotros una evidencia incuestionable. En palabras de Samir Amin estamos viendo cómo “la efectividad, la credibilidad, y la legitimidad de la democracia han sido horadadas(…) y es especialmente difícil hacer predicciones en un período como este cuando todos los mecanismos políticos e ideológicos que gobiernan la conducta de los diversos actores han desaparecido. Cuando llegó a su fin el período de la post-Segunda Guerra Mundial, la estructura de la vida política colapsó. Tradicionalmente las luchas políticas y la vida política se dan en el contexto de los estados nacionales cuya legitimidad no era cuestionada. Yo señalo - decía Amin en una entrevista con la autora- que se cuestionaba la legitimidad de un gobierno, pero no la del Estado.”

Y en este sentido, hay que considerar que detrás y dentro de esos estados “los partidos políticos, los sindicatos, organizaciones estudiantiles y diversas instituciones y todo aquello que los medios de comunicación llamaban ‘la clase política’ eran la estructura básica del sistema en que se expresaban los movimientos políticos, las luchas de clases y las corrientes ideológicas. Pero ahora nos encontramos que en todos los lugares del mundo estas instituciones han perdido en un grado u otro gran parte, sino toda, su legitimidad. La gente ya no cree en ellas y en su lugar, han surgido movimientos de diversa suerte, movimientos centrados en las demandas sectoriales, movimientos por la democracia o la justicia social, y movimientos que afirman su identidad como comunidades étnicas o religiosas. Esta nueva vida política es por eso altamente inestable”.

Por supuesto se marca como una excepción y una “recuperación” asombrosa la existencia de gobiernos que han logrado recuperar la confianza popular y cambiar este escenario en los últimos tiempos, provocando la ira del imperio.

Contando con las desacreditaciones que aún persisten, la guerra contrainsurgente se mueve como el pez en el agua. Puede fácilmente, alimentando a las derechas más fundamentalistas, también digitar movimientos sociales, grupos que tienen algunos referentes de izquierda, sectores diversos y derribar murallas que parecían inexpugnables. Y resulta fácil penetrar mediáticamente a todos los sectores desarmados ideológicamente y especialmente a las clases medias tanto altas como bajas en diversos países.

La torre de babel no sólo confunde a los pueblos desinformados y manipulados hasta la saciedad por el sistema, sino lamentablemente a lo que caracterizábamos en algunos casos como sectores “progresistas” o de izquierda, con una cantidad de matices cada vez más desdibujados.

En la era de la desinformación, los más sofisticados análisis sobre la incidencia de las nuevas tecnologías no pueden ignorar en planteamientos abstractos a los millones de muertos que dejó y deja la guerra contrainsurgente, la doctrina de seguridad nacional y el anticomunismo, que están en pleno auge bajo el disfraz de lucha antiterrorista, que impulsa Estados Unidos. Esto nos abarca a todos los latinoamericanos porque fuimos y somos considerados eufemísticamente el “patio trasero” lo que se traduce como la “reserva estratégica” del imperio.

Es evidente esta consideración en el diseño de la Nueva Seguridad Hemisférica anunciada por George W.Bush en el año 2002, que en realidad se actualiza sobre todas las experiencias anteriores.

Hay muchos nuevos elementos de la realidad para estudiar más allá de los propios enunciados del poder hegemónico.

Debemos saber cuáles son nuestras debilidades sobre las que estos proyectos pueden actuar más eficazmente y cuáles los argumentos para hacerlo. Por supuesto el apoderamiento de los medios masivos de información ha sido un paso estratégico para estos objetivos.

Por nuestra parte las democracias de los años 80-90, que nacieron bajo las imposiciones del poder mundial en reemplazo de las dictaduras- que, a su vez, cumplieron con su cometido de “limpiar el camino” mediante genocidio en la región para imponer más fácilmente y sin resistencias los nuevos planes de dominación -cambiaron las características de nuestras sociedades.

Era lógico que los gobiernos de “las democracias de seguridad” impuestos fracasarían ante las desesperadas expectativas de los pueblos que salían del terror absoluto. Esto también estaba previsto como el “desencanto” de las democracias.

Los medios cumplieron su labor terrorista como lo habían hecho durante las dictaduras para colaborar a destrozar la imagen que los pueblos tenían, en sus más soterradas memorias, de las democracias reales.

En esa situación, Samir Amin llamó la atención sobre las agendas del “culturalismo” cuando comienzan a surgir movimientos y “comunidades (religiosas, étnicas,sexuales, u otras) que tienen sus propios valores irreductibles, y que no precisamente tienen significación universal”, en tiempos en que existe una estrategia política global para el gobierno mundial.

“El objetivo de esta estrategia es producir la más grande fragmentación posible de fuerzas potencialmente hostiles al sistema, apadrinando la atomización de las formas estatales de organización de la sociedad (….)En conexión con esto, se da la bienvenida a la posibilidad de manipular demandas basadas en las identidades separadas. La cuestión de la identidad de la comunidadad étnica, religiosa, o de cualquier otra clase es por eso uno de los problemas centrales de nuestro tiempo. El principio democrático básico, que implica el respeto real por la diversidad (nacional, étnica, religiosa, cultural e ideológica), no puede mostrar ninguna excepción. La única manera de sostener la diversidad es mediante la práctica de una genuina democracia. Fallando esto, llega a ser inevitablemente un instrumento que el adversario puede usar para sus propios fines”, añadía.

Estos no son sino algunos señalamientos de cambios sociales que es necesario registrar en el abordaje del terreno en que actúa la contrainsurgencia informativa y lo que se ha logrado penetrar y confiscar.

Nos permite también analizar la significación que tienen los nuevos golpes “suaves” que tan bien promueven los medios de información masiva, los daños provocados por la intoxicación informática y como consecuencia la posibilidad de llevar a los pueblos a actuar contra sí mismos, como lo hemos visto en las recientes operaciones contrainsurgentes en diversos países de nuestra región.

Un ejemplo es lo actuado en Argentina entre marzo y junio de este año en el mal llamado “conflicto del campo”, que puso en evidencia la capacidad del sistema mediático contrainsurgente de actuar sobre una sociedad fragmentada y pasible de ser intoxicada o paralizada por una contundente acción mediática. El país fue colocado al borde de un “golpe suave” sin que fuera esto advertido por algunos sectores de la población, produciéndose el hecho de que algunas agrupaciones de izquierda actuaron junto a los sectores golpistas de la extrema derecha e incluso a figuras de la pasada dictadura militar.

La des-información es el arma más activa en los nuevos ensayos de “golpes suaves” como hemos visto en los últimos tiempos especialmente en Bolivia.

Es una acción típica de contrainsurgencia donde se registran todas las variables de las “guerras sucias” y psicológicas, que a través del terrorismo mediático intentan erosionar las bases de gobiernos e instituciones, así como partidos o personalidades políticas, “no confiables” o “enemigas” del poder hegemónico. Y también activar los mecanismos golpistas, de todo tipo.

Se miente masiva y globalmente con una impunidad mafiosa y sin la posibilidad de una respuesta del mismo nivel, lo que deja a América Latina en manos de un poderoso enemigo, que además ataca deliberadamente al alma de los pueblos: su cultura y su identidad.

Los medios masivos de comunicación sustraídos a su función prioritaria de informar con veracidad y educar mediante programas específicos, resultan así sembradores de colonialismos tardíos y avanzadas coloniales sobre nuestros países.

Son tiempos en que la palabra mata y oculta crímenes brutales bajo envolturas de mensajes muy bien calculados. Las palabras son claves en diseños de guerras reales y cibernéticas, con comandos especializados, con criminales atípicos, que no llevan armas sino discursos mediáticos, tan destructivos como un misil. Los generales mediáticos y sus soldados, bien pagados y alimentados por la corrupción, son la avanzada primera de las tropas de ocupación.

El periodismo actual debe entender la responsabilidad


que le cabe cuando sirve a los diseños políticos guerreristas, a los terrorismos de Estado, abiertos o encubiertos, cuyo mejor y trágico ejemplo es hoy Irak donde ya se registran más de un millón 200 mil muertos.

En este caso la actividad mediática es tan criminal como el que deja caer las bombas asesinas. Guantánamo es hoy un símbolo del silencio de una prensa que se autocensura como espectadora de un delito de lesa humanidad, transmitido pasivamente por las redes del poder mundial, sin que nadie actúe.

HISTORIAS OLVIDADAS

En nuestra historia reciente podemos registrar algunos acontecimientos claves como fue la brutal invasión a Panamá el 20 de diciembre de 1989, un antecedente básico de todo lo que se actuaría en la región y en el mundo en los años 90 y 2000. La invasión estuvo precedida por una campaña desinformativa que en este caso logró penetrar en sectores progresistas y de izquierda, paralizando acciones en defensa de un pueblo agredido como lo fue el panameño entonces.

En 1989 esta invasión marcó un hito sobre lo que vendría. La manipulación informativa sobre “las razones” que adujo Estados Unidos para invadir un pequeño país de poco más de dos millones de habitantes, dividido en dos por un enclave colonial que la potencia hegemónica mantenía desde principios del siglo pasado, fue increíble y burda y aún es imposible entender cómo se paralizó América Latina .

Los medios estadounidenses y sus repetidores mantuvieron la atención mundial sobre los sucesos en Rumania y la visión televisiva de Panamá fueron trazadoras de luces, mientras se cometía la atroz invasión con aviones, barcos, tropas, que salían desde las bases del Comando Sur, es decir desde el propio territorio panameño.

Fue uno de los actos de mayor cobardía, considerando que Panamá tenía fuerzas armadas incipientes (en formación) y sin ningún tipo de armas para resistir una invasión incluso mucho menor que la que sucedió.

Hasta hoy en la mayor parte del mundo se ignora que allí murieron miles de personas, y que hay desaparecidos, que inspiraron a las madres a hacer homenajes permanente arrojando flores al mar y que existen tumbas colectivas, de las que se han abierto sólo algunas para mostrar los horrores de la invasión. Y en Estados Unidos se ocultó la cantidad de soldados muertos o heridos. Como Guantánamo, el silencio esconde la memoria de un pequeño país arrasado y sometido antes a una de las más descarnadas guerras sucias. Se ocultó, además, que en esa invasión se probaron nuevas armas y nuevas tecnologías de guerra. Panamá fue la “Guernica” de América.

Esta impunidad fue el experimento que necesitaba Estados Unidos para llevar adelante la llamada operación “Tormenta del desierto” al comenzar los años 90 donde se movilizó una coalición internacional para supuestamente obligar a Irak a retirarse de Kuwait, empleando varias de las armas y equipos, como los aviones silenciosos probados en Panamá. Era el preludio de los horrores del siglo XXI.

En ambos casos los medios informativos, con el modelo de la noticia continuada y al momento implantado por CNN, impusieron como verdad única e indiscutible la información que proveía el Pentágono estadunidense.

Estados Unidos y sus asociados podían actuar con las manos desatadas y sin ningún control, porque los medios masivos de comunicación en el mundo, salvo raras excepciones -que además tienen un escaso radio de influencia- transmitían los partes del Pentágono como información.

Todo el dispositivo de propaganda que Estados Unidos armó durante la Guerra Fría en su combate contra la entonces Unión Soviética, fue globalizado y después de la caída de la URSS, simplemente, sin competencia, alguna avanzó sobre el mundo.

Las miles de víctimas de ese poder siniestro y sigiloso, entre muertos, heridos, torturados, despojados y maltratados, han sido ocultadas por una desinformación tolerada o admitida. En muchos casos ayudada por la confusión de algunos intelectuales, que sin poder separar el árbol del bosque, trabajaron a favor de las falsas argumentaciones imperiales.

Ninguno de ellos tiene la humildad suficiente para volver atrás y reconocer el error, lo que también deja huérfanos de la verdad a los pueblos y posibilita la escasa solidaridad con las víctimas de estas guerras preventivas, sin límites y sin fronteras.

Otro caso que mostró las debilidades en nuestro propio campo, fue la desintegración programada de la ex Yugoslavia entre 1991 y 1995 y todo lo actuado en las diferentes etapas de esta desintegración con el más acabado diseño contrainsurgente de Estados Unidos, sus socios europeos y la OTAN.

Esto también desintegraría a las Naciones Unidas convertida en una presencia de papel en todos estos conflictos.

La desinformación y el acatamiento de algunos intelectuales a las campañas de guerra sucia y psicológica que fueron derrumbando las bases de la ex Yugoslavia y su desmoronamiento posterior, dejó una suma de pequeñas repúblicas, bien manejables a los efectos del control y la dominación en una zona estratégica. No es casual que el ex embajador de Estados Unidos en Bolivia Philip Goldberg, experto en azuzar aparentes o reales conflictos étnicos y raciales, haya sido enviado en vía directa desde Kosovo a la Paz, de donde fue expulsado por el presidente Evo Morales. Todo un símbolo. Goldberg era un activo participante en el golpismo en ese país, y un activista del ejercicio de un terrorismo mediático en los medios que jaquean al presidente y al pueblo boliviano.

¿Estudiamos el terrorismo mediático aplicado en ambos casos o nos sometimos a la dinámica que nos impone el sistema de dejar atrás rápidamente esa historia de muerte y depredación, para admitir un hecho criminal como un hecho consumado e irreversible?.

EL TERRORISMO DE ESTADO MUNDIAL

Esto son sólo algunos ejemplos sugeridos para sumergirse a fondo en estas historias y otras que nos hubieran permitido establecer murallas en las batallas de ideas y un auténtico pensamiento crítico, sin abstracciones, porque de fortalecer la conciencia de los pueblos es de lo que se trata en todas estas elaboraciones.

Las simplificaciones asombrosas ayudan a los designios imperiales. Por ejemplo cuando hablamos de terrorismo imperial parece que todo hubiera comenzado como “una respuesta” al difuso accionar de un ambiguo “terrorismo internacional” fundamentalisa, esquivo, inatrapable.

Al Qaeda, nacido de las propias entrañas del imperio, es un típico ejemplo de un “enemigo” que el poder hegemónico ubica a su antojo donde lo necesita, para justificar luego sus acciones, como a lo largo de su historia fabricó “enemigos” y atentados destinados a favorecer sus planes de dominación.

El terrorismo de Estado escenificado hoy por la potencia hegemónica, es tan viejo como el nacimiento de ese país y va desde la esclavitud o las matanzas indígenas a manos de los “civilizados” colonizadores, hasta las invasiones actuales y no sólo militares.

Casi nadie recuerda en estos tiempos que los colonos “ganaban” sus posesiones en Estados Unidos a sangre y fuego luchando aparentemente contra los “ejes del mal”, entonces personificados por las comunidades indígenas dueñas de esas tierras durante miles de años.

Estas acciones terroristas tenían reconocimiento explícito en Washington que daba la posesión de los territorios “ganados” al “enemigo”.

¿Y lo actuado en los tiempos de la expansión que costó tantas vidas y territorios a nuestra América en el siglo XIX y que prosiguió a lo largo del siglo XX, después de que el imperio naciente había frustrado nuestras independencias, situación que sigue con matices hasta nuestros días?

Fueron terroristas las formaciones de los asesinos paramilitares en la Centroamérica de los años 30 y en las invasiones posteriores, que dejaron miles de muertos en nuestra América. Y lo fueron las dictaduras “bananeras” y las de la Seguridad Nacional del siglo XX.

Es el mismo terrorismo que se aplica hoy, sólo que con nuevos métodos, fruto de las nuevas tecnologías y de la implantación de la dictadura global en los años 90.


Las democracias de la seguridad nacional (estadunidense) fueron trazadas mucho antes de los atentados que desplomaron las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, hecho que fue absolutamente funcional para las necesidades geoestratégicas de ponerlos en marcha y asegurarse el control del mundo en el siglo XXI.

Colombia, cuyo pueblo es víctima de un largo y sinuoso terrorismo de Estado encubierto, es un modelo para entender de qué tratan las democracias de Seguridad y supuestamente antiterroristas, que propone Washington.

Ese país, estratégicamente enclavado, es una espina de tuna en el corazón de América Latina. Cada día el terrorismo de Estado sigue cobrando nuevas víctimas. Y Colombia no está tan lejos como Irak para argumentar que no se sabe lo que pasa.

Es el país que más muertes por la violenta intervención estadunidense tiene a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad.

El papel de los medios colombianos en estos tiempos requiere de una investigación y análisis como lo que se hizo con Ruanda. Y es urgente la respuesta solidaria al pueblo de Colombia, que resiste desde hace años,como uno de los pasos imprescindibles de una América Latina, si quiere concretar su independencia definitiva.

Es que hoy, ahora, Colombia es la sede del más ambicioso Plan Geoestratégico de Recolonización de la región, que se diversifica en otras derivaciones similares. El Plan Colombia y sus aledaños, como el Puebla Panamá (Mesoamérica ahora) o el Mérida de México y tantos otros, es la mayor amenaza sobre los pueblos de América Latina y el Caribe.

No hay demasiado tiempo para detener su paso por el continente, que además de registrar la presencia de bases y tropas estadounidenses con “inmunidad” para actuar, que recorren nuestras fronteras, tiene un ejército sin uniforme, ocupando casi todos nuestros países. Está desplegado a través de las instituciones de inteligencia como el FBI, la CIA, la Dea y las inefables Fundaciones de nombres seductores y cuentan con miles de grupos de bases, al apoderarse de la mayoría de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGS), una verdadera, silenciosa y disimulada avanzada contrainsurgente.

Montándose sobre la tragedia del desempleo, ofrecieron fondos de financiamiento supuestamente donados por “generosas fundaciones” para los proyectos de algunos grupos sociales, que en muchos casos no sabían lo que había detrás.

Basta estudiar las conexiones de algunas de esas fundaciones como la Nacional Edowment Founation,(NED) cínicamente llamada en español Fundación para la Democracia o la USAID (la antigua Agencia Internacional para el Desarrollo, de trágica historia) o el Instituto Republicano y otros, actuando como las “caras sociales” de la CIA, para advertir el impresionante listado de los nuevos cruzados civiles de la contrainsurgencia en América Latina.

Remozados los esquemas contrainsurgente y los Conflictos y Guerra de Baja Intensidad en los años 90, la escalada actual no es sino el cumplimiento de los enunciados de Seguridad Hemisférica y del diseño de la guerra preventiva, sin fronteras, sin límites, aboliendo todas las conquistas del derecho internacional, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.

Adolf Hitler hablaba de las fronteras seguras para extender el nazismo y así avanzó y sometió a varios países Ahora, con la misma concepción, Estados Unidos y sus asociados declaran que el mundo es todo en su conjunto la “frontera segura” en sus nuevos esquemas guerreristas.

Y detrás- lo dicen también abiertamente- están las necesidades cada vez más acuciantes de recursos naturales, que el capitalismo en su perverso esplendor dilapidó sin control.

Los medios privados y la incitación al genocidio.

Recientemente el Centro Internacional de Investigación y Desarrollo de Canadá publicó el informe “Los medios y el genocidio de Ruanda” editado por Allan Thompson (2007) donde se cita una declaración de Kofi Annan, ex secretario general de la ONU. Hablando en la Escuela de Periodismo y Comunicación de la Universidad de Carleton en Ottawa, denunció Annan que “los medios de comunicación fueron usados en Ruanda ara diseminar odio, para deshumanizar a la gente, y más aún para guiar a los genocidas hacia sus víctimas. Tres periodistas y propietarios de medios han sido encontrados culpables de Genocidio por el Tribunal Criminal Internacional para Ruanda, y también de incitación al genocidio, conspiración y de cometer crímenes contra la humanidad. Debemos encontrar una vía para responder a tales abusos de poder...” Esta declaración fue silenciada a nivel mundial.

En el caso de Rwanda, Thompson habló de “los medios del odio en Ruanda—a través de sus periodistas, locutores y ejecutivos—que jugaron un rol instrumental en el establecimiento de las bases para el genocidio, luego participaron activamente en la campaña de exterminación”.

Al evaluar el veredicto de culpabilidad emitido por el Tribunal del Crimen Internacional en el juicio sostuvo que “el propósito de revisar el rol de los medios en el genocidio de Ruanda no es solo para recordar. Aún tenemos mucho que aprender sobre este particular y examinar la manera en que periodistas y empresas de medios se condujeron durante la tragedia y esto no es solo un ejercicio histórico. Tristemente, da la impresión que no hemos discernido ni entendido completamente las lecciones de Ruanda.”

El juicio estaba referido a los sucesos en Ruanda cuando el 6 de abril de 1994 el presidente de ese país Juvenal Habyarimana fue víctima de un atentado contra el avión en que viajaba que se estrelló, cuando se había logrado firmar la paz en Arusha, Tanzania en 1993 entre una población mayoritaria Hutu y la minoría Tutsi.

El mismo día medios locales atribuyeron el crimen a los tutsis y en la noche ya comenzaron los asesinatos de miles de ruandaneses. Escuadrones de la muerte lanzaban granadas en todos los lugares y refugios. Algo similar a lo ocurrido en 1948 cuando fue asesinado en Colombia,el líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, que con un discurso socialista original era respaldado por las mayorías populares. La mano de la CIA actuó entonces y la rebelión del pueblo fue sofocada por una brutal represión y el uso de los “pájaros” (paramilitares) que sembraron la muerte en los campos colombianos. Se calcula en 300 mil los muertos por la llamada “violencia” entonces.

En Ruanda se calcularon alrededor de un millón de muertos y en el año 2003, “el veredicto en el Juicio a los Medios de los ejecutivos de la estación RTLM y el periódico Kangura, el Tribunal Criminal Internacional para Ruanda confirmó sin ninguna duda el rol de los Medios privados de comunicación en los asesinatos(...)demonizando a los Tutsi y acusándolos de poseer inherentemente condiciones diabólicas, igualando grupos étnicos con ‘el enemigo’ y presentando a sus mujeres como ‘seductores agentes’ enemigos. Los medios llamaron a la exterminación de los grupos étnicos Tutsi como una respuesta a la amenaza política que ellos asociaban con esta etnia” (Veredicto del tribunal 2003: parágrafo 72)

Thompson estima “que gran parte de la matanza hubiera podido evitarse de no haber sido por el papel jugado por los medios”y finalizó su trabajo con un grito “de la humanidad” a los periodistas para que asuman sus responsabilidades.

Si he citado la tragedia de Ruanda es para preguntar ¿qué nos recuerda todo esto, mientras el mundo mira impasible el genocidio que cometen los invasores y ocupantes de Irak, contra el pueblo de ese país?.

Afganistán a Irak fueron señalados como “los ejes del mal”. Pero para que existiera la posibilidad de invadir y ocupar ambos países los periodistas mayoritariamente se prestaron a la confabulación más grosera de la mentira. Los medios mintieron a sabiendas de que cada palabra mataba a centenares de seres humanos. ¿Quien los castiga?.

LA OPERACIÓN COLOMBO

De la misma manera que en el caso de Ruanda se silenció el castigo reciente de la justicia chilena a los medios de comunicación y periodistas que participaron en la Operación Colombo planeada por la dictadura de Augusto Pinochet con la ayuda de la CIA, los escuadrones de la muerte de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) y sectores de inteligencia y seguridad del gobierno argentino de entonces (1975).

La prensa fue clave para este engendro contrainsurgente de “guerra sucia”, cuando Pinochet elaboró un plan para engañar a Naciones Unidas que le reclamaba por una lista de 119 personas desaparecidas.

Entonces se decidió que harían aparecer cadáveres en Argentina en distintos lugares, a los que se colocó entre las ropas documentos falsos, que tenían el nombre de cinco de los chilenos que demandaba la ONU. Pero además sobre los cadáveres se extendieron pancartas donde supuestamente se trataba de una “venganza” del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de Chile. Es decir que los presuntos exilados se estaban peleando entre sí. Por otra parte se armó un conjunto de informaciones en medios de Argentina, Brasil y México, que debían ser “tomadas” por la prensa chilena-entre ellos el diario El Mercurio”- mintiendo sobre un enfrentamiento en la zona de la frontera argentino-chilena, entre grupos de guerrillas que supuestamente intentaban entrar-como si fuera un juego de niños cruzar la cordillera- para actuar en Chile, lo que agregaba otros 69 muertos supuestamente en enfrentamientos que nunca sucedieron.

Esta información apareció entre otros medios en el diario O’Día de Brasil, al que se le entregó una buena suma de dinero cuando estaba en quiebra. En Argentina los hombres de José López Rega el ex ministro de Bienestar Social del último gobierno del general Juan Domingo Perón( entre 1973 y 1974) y creador de la Triple A hizo publicar por una sola vez la revista “Lea”.

En esa edición la presidenta María Estela Martínez de Perón, que había sucedido a su esposo fallecido en julio de 1974, dijo estar asqueada “por la peleas en que se estaban matando los izquierdistas chilenos”.

Lo cierto es que todos los de la lista estaban desaparecidos en Chile y hasta ahora nadie sabe a quien pertenecían los cadáveres encontrados en la Argentina.

La justicia llegó tarde, pero llegó y en este caso 33 años, se impuso el pago de una indemnización al periódico El Mercurio y otros que participaron en esta ronda de ocultamiento y muerte. Y también se impusieron castigos a los periodistas participantes en esta siniestra acción contrainsurgente.

Vale recordar que cuando los comandos de la CIA, la DINA, y los grupos terroristas cubano- norteamericanos de Miami, asesinaron en un atentado en Washington a Orlando Letelier, ex ministro del heroico presidente chileno Salvador Allende, en septiembre de 1976, el entonces jefe de la Cia George Bush (padre) dijo a la prensa de su país, siguiendo el esquema de la Operación Colombo, que había sido “una acción de venganza de izquierdistas refugiados”. Bush sabía muy bien quien había matado a Letelier porque eran sus propios hombres de la CIA y los grupos cubanos que visitaban a diario sus oficinas donde se trazaban infinidad de ataques terroristas, como el que sucedió poco tiempo después contra el avión cubano en Barbados y que dejó 73 víctimas.

Ahora la posibilidad de hacer lo mismo que se hizo en aquellas operaciones contrainsurgentes se puede escenificar a nivel mundial ya que una sola potencia y sus comerciantes de la información controlan la mayoría de los medios.

En nuestros países los medios masivos y monopólicos son simplemente reproductores conscientes de un proyecto de desinformación que puede llevar muerte y destrucción y viola derechos soberanos y universales.

Ya en los años 90, en los nuevos trazados de la GBI los enemigos eran el narcotráfico, el terrorismo, el narcoterrorismo, las insurgencias ligados a estos, previendo conflictos sociales de envergadura, resurgimientos indígenas, campesinos, como una respuesta al plan neoliberal sin anestesia que se impondría.

Uno de los planes estratégicos prioritarios fue el apoderamiento de todos los medios masivos de comunicación concentrados bajo un poder central. La TV en sus manos, el control de las nuevas tecnologías, significaba asegurar el primer golpe de la guerra que ya se trazaba como lo que es ahora.

Como lo han señalado varios analistas, entre ellos Thierry Meyssan bien sirvió el concepto de “información contínua” por la forma en que difunde imágenes en forma inmediata y esto hace que los televidentes crean que están absolutamente informados, cuando sólo se le muestran hechos registrados al momento, manipulados y sin contenido alguno.

Como dice Meyssan “ el periodismo no es una técnica de descripción, sino un arte de la comprensión. Lejos de garantizar la verdad, la inmediatez la hace vulnerable a las apariencias y a los prejuicios”.

Que hay fugas, las hay, pero son infinitamente menores a lo que logrará el equipo mundial de desinformación en su tarea de ocultar y deformar la realidad.

VOLVER A LAS FUENTES

Estudiar lo actuado, por ejemplo en Guatemala cuando Estados Unidos invadió ese país en 1954, o en Cuba en 1961, en su intento de invasión a la isla que fue derrotado por el gobierno revolucionario y el pueblo heroico, o en Santo Domingo en 1965 para impedir la asunción de líder Juan Bosch o más cercanamente el golpe contra el presidente Salvador Allende en 1973 en Chile, para entender que nada ha cambiado en la matriz terrorista del imperio.

El calco de lo actuado contra Allende y la Unidad popular en Chile nos lleva inevitablemente, al entramado que precedió al golpe contra el presidente Hugo Chávez en Venezuela en abril del 2002 . En este caso hay que recordar la histórica derrota de esa asonada a manos del pueblo venezolano y sectores patrióticos del ejército, que reinstaló al mandatario menos de 48 horas después, lo que nunca había sucedido en el mundo.

Esto y las sucesivas votaciones del pueblo venezolano significaron también la derrota de la campaña de terrorismo mediático, a los que la Ned, USAID y otras fundaciones estadounidenses destinaron millones de dólares. En Venezuela- como otro hito histórico se rescató de los rescoldos de la buena memoria el pensamiento contra-hegemónico básico en estos tiempos como es el bolivarismo, con que ya Simón Bolívar desafió al imperio en el siglo XIX.

Y también podemos comparar visiblemente lo actuado por la CIA en Chile y lo que ha sucedido en los últimos tiempos contra el presidente Evo Morales, que como Allende fue perseguido desde mucho antes de llegar al poder, como lo admiten documentos descubiertos en Estados Unidos.

Lo que no se dice tampoco, es la calidad de la resistencia latinoamericana en nuestros tiempos, la conformación de un nuevo mapa, que con las diferencias visibles entre algunos países, ha protagonizado los más serios desafíos a Estados Unidos, propinando derrotas diplomáticas y otras que son ya parte de la historia de las resistencias.

A nivel popular no hay un continente que registre tal cantidad y calidad de movilizaciones populares en el mundo, como sucede en América Latina.

A punto de cumplir 50 años, la revolución cubana, en una isla pequeña, situada sólo a 90 millas de la mayor potencia hegemónica del mundo, estamos celebrando la mayor hazaña ocurrida en nuestro continente ante el heroísmo y la capacidad de resistencia de un pueblo sitiado por un bloqueo medioeval desde hace casi medio siglo y por los constantes ataques de este terrorismo de Estado mundial del que hablamos.

¿Cómo lo hizo?. Es una historia única en el mundo y un hito para la humanidad. Cuba fue la única luz que brilló en momentos de tinieblas en nuestra América. Y a esa revolución le debemos haber podido responder- gracias a su eterna solidaridad- a muchos de los golpes contrainsurgentes que llevan casi dos siglos sobre nuestros pueblos.

Esto nos obliga a buscar caminos de resistencias múltiples. Ha llegado la hora de recuperar la palabra, de instalar la verdad sobre las mentiras que hacen cómplices a los pueblos de crímenes atroces, por ignorancia o confusión. Este es el siglo de América Latina, es la hora de los pueblos. No perdamos uno de los momentos claves en la historia de lucha por recuperar nuestras independencias defintivas y con esto también nuestros medios de comunicación, nuestra formas auténticas de expresión y las culturas adormecidas.

Estamos constantemente hablando de temas como las consecuencias de la enorme concentración del poder en los medios de comunicación. Tenemos cifras, datos incuestionables, denuncias que vienen desde hace tiempo en distintos congresos, pero en este punto hoy es escasa la reflexion sobre qué hacer frente a esta ofensiva mediática.

Nosotros tenemos que revisarlo todo. Existe un momento histórico único, pero podemos perderlo a pesar de que está en nuestras manos hacer algo distinto. Que el siglo XXI sea el de América Latina Libre como un homenaje a todos los que lucharon desde los inicios de la colonización hasta nuestros días.

DEPREDADORES EMPRESARIALES VS DERECHOS SOCIALES

El Derecho Comercial Global frente al Derecho Internacional de los Derechos Humanos

Juan Hernández Zubizarreta

El control social y normativo de las empresas transnacionales

Las líneas que siguen a continuación responden, en parte, a la intervención realizada en el marco del Tribunal Permanente de los Pueblos, sesión sobre Políticas Neoliberales y Transnacionales Europeas en América Latina y el Caribe del 13-16 de mayo de 2008, en Lima. El objetivo central y la idea fuerza sobre la que se construyó la intervención fue la de poner al descubierto la profunda asimetría existente entre le Derecho Comercial Global o la nueva Lex Mercatoria y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es decir, entre la seguridad jurídica que se reclama para los derechos de las multinacionales y la débil tutela que se establece sobre los intereses de las mayorías sociales. Son cinco los apartados en que voy a desglosar los argumentos que justifican la mencionada asimetría.

1. Características del Derecho Comercial Global

Una de las características más destacables de los sistemas jurídicos internacionales en la actual globalización neoliberal reside en la debilidad, cuando no ausencia, de normas universales entendidas como vehículo de los valores de la comunidad internacional. El marco legal mundial del sistema capitalista está formado por un conjunto de normas que organizan todo tipo de actividades económicas en el plano global, sin discriminaciones aparentes y sin tratos preferenciales. Sin embargo, las relaciones de fuerza, en su expresión más cruda, la guerra unilateral y las relaciones bilaterales asimétricas, es decir, desiguales en el ámbito del comercio internacional y financiero, son la “norma” del sistema capitalista (Klein, 2007). La globalización económica diseña un marco jurídico, político y económico en el que las empresas transnacionales se desenvuelven sin contrapesos suficientes. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos no tiene articulados sistemas jurídicos capaces de someter a las multinacionales a control. Tanto los sistemas universales de protección de los derechos humanos y laborales fundamentales, como los códigos externos ad hoc y los internos no pueden neutralizar la fortaleza del Derecho Comercial Global.

La globalización genera una ruptura en la concepción monista del Derecho. El Estado deja de ser el protagonista central de la producción legislativa y el pluralismo jurídico global se consolida como expresión de una legalidad supraestatal, formal e informal, basada en las instituciones y agentes económicos dominantes (Julios-Campuzano, 2007, págs. 14-40). El Derecho Comercial Global, es decir la Lex Mercatoria, se encuentra condicionada por las relaciones de poder entre Estados y sectores dominantes que desplazan al Derecho estatal construido en torno a la nación.

Tanto los contenidos jurídicos, como el iter normativo (la tramitación) y los sujetos supranacionales emisores de normas de Derecho Comercial Global generan fisuras en las tesis formalizadoras de las normas en el marco de las relaciones político-económicas. Así, la seguridad jurídica que reclama la empresa Repsol ante la nacionalización puesta en marcha por el gobierno de Evo Morales en Bolivia no puede sustentarse exclusivamente en los contratos de explotación firmados al amparo del Acuerdo para la Promoción de Inversiones entre el Reino de España y la República de Bolivia ratificado en Octubre de 2001 entre España y Bolivia. Los derechos generados por la mera formalización de la norma, supuestamente bilateral, no pueden interpretarse al margen de las relaciones de fuerza impuestas por el modelo neoliberal. ¿La seguridad jurídica sustentada en contratos y tratados bilaterales está por encima de los derechos de las mayorías de hombres y mujeres bolivianos? (Juan Hernández Zubizarreta, 2006, págs. 44-46).

La necesidad de reformular los principios esenciales de la democracia no puede disociarse de la profunda crisis que la globalización económica está generando en las instituciones representativas. El orden liberal, desde la estricta vertiente política, y su doble fundamento representado por la imbricación de la democracia representativa y el Estado de Derecho está amenazado, al menos, por el desplazamiento de las decisiones de los antiguos marcos de los Estados Nación hacia las organizaciones internacionales. La OMC, el Banco Mundial, el FMI, el G8... se están convirtiendo en las instituciones centrales del devenir de la ciudadanía de todo el planeta. Instituciones cuyo funcionamiento se desarrolla al margen de cualquier regla democrática(1). No obstante, el gran reto reside, tal y como lo describe Bensaid (2004, p. 21) “... en la disposición de los espacios y los tiempos donde poder ejercer un control democrático de los procesos de producción y reproducción social”. Por otra parte, las políticas neoliberales sustituyen a la ciudadanía por consumidores, a la ley por el contrato, a la lógica legislativa por la lógica contractual, al Derecho público por normas privadas, a la superioridad de los poderes ejecutivos sobre los legislativos, a las regulaciones laborales y derechos sociales por privatizaciones y desregulaciones, a la democracia representativa por disputas electorales y al Estado de Derecho por Estados al servicio de las empresas transnacionales. El binomio democracia-desarrollo humano está siendo sustituido por elecciones formales-mercado.

La globalización convierte a la democracia en un mero procedimiento formal dirigido a la consolidación de la libertad de mercado sin ningún objetivo emancipador (Hayek, 1994). La privatización de los derechos humanos, la desregulación normativa en todos los ámbitos es decir la privatización del Derecho, abre paso a la democracia del mercado y a la definitiva privatización de sus instituciones. La democracia se transforma en mera sucesión de actividades administrativas y procedimentales donde las contiendas electorales marcan la consolidación del libre mercado. La ideología neoliberal atenta contra la dimensión igualitaria y paritaria de la estructura democrática (Fariñas, 2005, p. 81). La crisis del Derecho es inseparable de la crisis de los Estados, de su soberanía y de los sistemas de fuentes. Son numerosas las funciones que se sustraen a la capacidad normativa del Estado y cuanto más alejados se encuentren de los centros de poder económico y político éstas tomarán relieves cualitativos y cuantitativos más reseñables. Su papel intervencionista y su capacidad normativa se desplaza hacia instituciones supranacionales o, incluso, hacia empresas transnacionales y sus regulaciones privadas. Los Estados se dedican más a sostener la lógica mercantil de los distintos agentes sociales y económicos que a regular y disciplinar a los mismos. Fomentan la flexibilidad en el ámbito jurídico mediante las privatizaciones, desregulaciones y limitaciones de las políticas públicas. El Estado legisla no legislando (Sánchez Barrilao, 2004, págs. 248-256).

El Derecho Comercial Global, telón de fondo de la actividad económica de las empresas transnacionales, se encuentra atravesado por el conjunto de las características descritas. Las normas que emanan de la OMC, Tratados Regionales y Bilaterales de Libre Comercio e Inversiones junto al Banco Mundial, FMI y contratos de explotación e inversión de las empresas transnacionales forman un ordenamiento jurídico creado sin controles democráticos y cuya legitimidad es desproporcionada en relación a la trascendencia de sus decisiones, ya que son instituciones formadas, en el mejor de los casos, por representantes legítimos para gobernar en el interior de sus Estados pero no para gobernar las relaciones económicas y políticas del planeta (Fariñas, 2005, p.149).

La cuantía de las normas comerciales, su especialización (en muchos casos legislan sobre productos concretos) (2), oscuridad, celeridad en su elaboración y sin sometimiento a los paralelismos formales, donde, además, la abstracción y generalización de las leyes se sustituye por la contractualización asimétrica de la misma (3). Se trata de una feudalización del Derecho, de un nuevo Derecho Corporativo opuesto al Derecho Público que actúa a favor de las empresas transnacionales sin contrapeso alguno (Teitelbaum, 2005, págs. 1-43).

2. La última Cumbre de Hong Kong de la OMC ha vuelto a ratificar como el principio de igualdad vinculado a la multilateralidad no se mueve más que en el ámbito de la pura retórica. La agricultura sigue bajo el proteccionismo de los países ricos y los avances en reducción de subvenciones, aranceles y reestructuración del mercado de algodón es mínima (4). Los efectos sobre el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria son profundamente negativos. Frente a esta cuestión, en todo lo relacionado con los productos no agrícolas la posición de los países ricos es de total supresión de ayudas y de barreras comerciales(5). El impacto del comercio de servicios afecta directamente a los derechos humanos, en la salud, en la educación, en el agua... (6) .

El círculo de la desigualdad se cierra con la ambigüedad en que han quedado la regulación de los mismos y su apertura comercial (Green y Fanjul, 2006, págs. 236-239). En esta dirección, en el primer semestre de 2007 se han intentado diversos acuerdos dirigidos a desbloquear el “impasse” en el que se encuentra la OMC (7). Las acusaciones entre Washington y Bruselas siguen siendo la principal causa del desencuentro. EEUU denuncia a la Unión Europea de no querer recortar los aranceles que aplica a las importaciones, mientras que la UE se queja de las subvenciones que concede el gobierno norteamericano. Conflicto que se suma a las presiones de Estados como Brasil o India para que se abran sus mercados a los productos agrícolas como contraprestación a la eliminación de barreras a productos manufacturados de los países ricos (8). El debate de fondo sigue al margen de los intereses de las mayorías sociales del planeta y sigue en aumento la disociación entre crecimiento económico, desarrollo humano y límites medioambientales. Por otro lado, se confirma la reinterpretación continua de las normas sustanciales que efectúan los países ricos así como su total identificación con las instituciones y reglas de comercio multilateral.

Más allá del análisis concreto de los acuerdos tomados en Hong Kong, sobresalen dos cuestiones en torno al principio de igualdad como principio informador de la multilateralidad. La OMC promueve el libre comercio y establece mecanismos orientados a la regulación del mercado mundial mediante la imposición de normas que impiden poner en marcha políticas nacionales de desarrollo (Pipan, 2006). El proteccionismo que ejercen los países ricos sobre sus sectores estratégicos es un escándalo, pero, a su vez, se lanza el falso mensaje de cómo lo que afecta a los países pobres es el proteccionismo de los ricos cuando lo que les desarticula completamente es la desigualdad que les obliga a abrir sus fronteras sin cautela alguna y permite a los países desarrollados protegerse con todas las cautelas existentes. Éstos dejarán de tutelar su comercio cuando hayan destruido toda competencia posible (Torres López, 2006).

Así, el ejemplo de Haití en relación con la crisis alimentaria es un ejemplo muy claro. Hace tan solo veinte años sus agricultores y agricultoras eran capaces de producir todo el arroz que consumía la población. En 1995 el FMI y el Banco Mundial junto a las normas multilaterales de comercio impusieron un plan de liberalización comercial. En pocos meses los aranceles a la exportación se redujeron del 50% al 3%, lo que permitió la entrada sin control de arroz subsidiado proveniente de EEUU. La producción nacional se desplomó, el 80% del arroz es importado y los precios locales se han doblado (Fanjul, 2008). El hambre presenta dimensiones muy graves y, para mayor “contradicción”, EEUU utiliza los programas de ayuda alimentaria para dar salida a los excedentes agrícolas. En definitiva, las reglas de la OMC han forzado a los países a liberalizar sus mercados agrícolas (reducción de tasas y aranceles a la importación, aceptar importaciones de al menos el 5% al consumo aunque no se necesiten) y por otro lado, las transnacionales han utilizado todas las formas de subsidios directos e indirectos a la exportación para realizar competencia desleal con sus excedentes (Vía Campesina, 2008) (9). Además, los gobiernos nacionales no logran defender a sus agricultores y consumidores.

Pensar en un proteccionismo vinculado al desarrollo humano se encuentra mucho más cercano a la idea de tratar desigual a los desiguales, es decir a la protección de las economías nacionales empobrecidas, que no tratar igual a los desiguales, donde las acciones positivas invierten su razón de ser y se dirigen a favor de los países ricos. Las tendencias internacionales apuntan a la concepción más formalista y asimétrica del principio de igualdad.

3. La vinculación político-económica existente entre los Estados desarrollados y las empresas multinacionales así como los poderes que ejercen sobre las organizaciones financieras y comerciales internacionales, permiten configurar políticas y regulaciones favorables a los intereses de aquellas (Ibarra, 2006, págs. 100-103). Son evidentes las vinculaciones de las empresas transnacionales con los sucesivos gobiernos españoles que se pone de manifiesto en la conformación de los consejos de administración de las mismas, en la composición de los ”sequitos” en viajes oficiales y comerciales así como en el contenido de las entrevistas y acuerdos bilaterales con gobernantes latinoamericanos (10). La XVII Cumbre Iberoamericana en Santiago de Chile de 2007 (11) fue un ejemplo muy claro de la vinculación del gobierno español con sus empresas multinacionales. El Jefe del Estado y el presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero cerraron filas ante las críticas del presidente Chávez y Daniel Ortega, al destacar el gran esfuerzo inversor llevado a cabo en la región donde se han invertido más de 100.000 millones de euros en los últimos años. Además destacó el creciente esfuerzo por adecuar la conducta de las empresas multilaterales a la Responsabilidad Social Corporativa (OMAL, 2007). Ni una palabra sobre las prácticas que violan los derechos humanos de los pueblos latinoamericanos.

El poder político-económico de empresas multinacionales (las fusiones, los monopolios, las privatizaciones, las prácticas irregulares...), junto a los efectos sociales y medioambientales que provocan con sus prácticas son muy graves, lo que se agudiza por las dificultades de control y por la impunidad con la que actúan (Llistar, 2006, págs. 1-11) (12). No se puede obviar que sus derechos se aferran al Derecho duro, clásico, que está constituido por lo imperativo, lo coercitivo y el control judicial-arbitral. Son la expresión de la jerarquía del mercado y de la acumulación de capital de unos pocos frente a las mayorías sociales. Las empresas transnacionales desterritorializan parte de su actividad económica y fracturan los diferentes sistemas de regulación y control a los que se ven obligadas. Instrumentalizan el conjunto de normas materiales y formales del Derecho Comercial Global para la tutela de sus intereses. Esta protección encuentra fuertes anclajes en el caudal normativo y jurisdiccional del comercio internacional. Son las normas de la OMC, los Tratados Regionales y Bilaterales de Comercio e Inversiones, los contratos de explotación y los Sistemas de Solución de Diferencias de la OMC y tribunales arbitrales sus expresiones más concretas. Además, actúan como vasos comunicantes en referencia a toda la arquitectura jurídico-económica internacional Es un Derecho Internacional duro, imperativo, coercitivo, sancionador y jurídicamente eficaz.

La lógica jurídica contractual asimétrica se impone en las transacciones económicas internacionales. Las relaciones de fuerza impregnan los núcleos esenciales de los contratos formalmente bilaterales, tratados regionales y bilaterales, donde la conformación de voluntades se produce desde la mera adhesión a cláusulas que tutelan, fundamentalmente, los intereses de las empresas transnacionales. El Derecho Corporativo emergente garantiza, formal y sustancialmente, el libre movimiento de bienes, servicios e inversiones contra todo tipo de barreras y regulaciones.

La OMC, el FMI y el Banco Mundial son instituciones centrales del modelo global que adolecen de legitimidad democrática y de trasparencia en la aprobación de sus normas. La toma de decisiones, el contenido normativo de las mismas, la crisis de la multilateralidad y la reinterpretación unilateral de los principios de igualdad que apuntalan el poder jurídico de las mismas y debilitan la seguridad jurídica de los derechos de las mayorías sociales.

Los principios que atraviesan toda la actividad comercial y financiera de las transnacionales se sustentan sobre las cláusulas de trato nacional y nación más favorecida (toda ventaja concedida a los nacionales debe extenderse a los extranjeros y no cabe ayuda del Estado a sus nacionales), el trato justo y equitativo (no cabe discriminación a la empresa extranjera), el trato más favorable (prevalece la norma nacional o internacional más favorable a la transacción económica internacional), la ausencia de requisitos de desempeño (no cabe exigir al inversor extranjero conductas favorables a los nacionales), las cláusulas sobre indemnizaciones, las compensaciones por pérdidas, las cláusulas de estabilización y el concepto de inversión. Son principios que contribuyen de manera directa a la fortaleza del Derecho Comercial Global y desplazan en la jerarquía normativa al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional del Trabajo. La reformulación de los principios y garantías jurídicas y la consolidación de una nueva Lex Mercatoria, han creado un marco normativo en el que los derechos de las empresas transnacionales quedan reenviados al ámbito de las legislaciones internacionales comerciales.

El último aspecto a destacar es la existencia del Sistema de Solución de Diferencias (SSD) de la OMC y los tribunales arbitrales, como el CIADI, encargados de dirimir los conflictos entre empresas transnacionales y Estados receptores, desde una supuesta neutralidad. Las resoluciones suelen venir acompañadas de modificaciones legislativas, sanciones comerciales, multas... y su incumplimiento puede provocar consecuencias económicas mucho más duras que el cumplimiento del propio laudo. Son fallos cuyas sanciones son eficaces jurídicamente. La OMC ha creado el SSD que le proporciona unas señas de identidad muy perfeccionadas en el ámbito internacional, ya que es uno de los sistemas jurisdiccionales más eficaces. Su doble estructura (procedimiento central y otros adicionales) no impide que la consulta y las negociaciones diplomáticas actúen como vías previas a la resolución del conflicto, que en el caso de los Estados periféricos se traduce en fuertes presiones políticas para evitar el inicio del procedimiento (Lal Das, 2000). Sus decisiones finales no permiten recursos posteriores en instancias como la Corte Internacional de Justicia (Fernández Pons, 2006, págs. 61-65). El Órgano de Solución de Diferencias es el encargado de administrar el SSD, es decir, existe un filtro político que condiciona sus funciones jurisdiccionales. Sus reglas y su estructura general se asemejan más a los arbitrajes que a los tribunales internacionales y la ejecución de las sentencias es acordada por el miembro ganador, lo que da lugar a situaciones muy desiguales que perjudican a los Estados periféricos. La ejecución del fallo puede agravar más la situación de éstos últimos, ya que suspender, unilateralmente, concesiones u otras obligaciones puede perjudicarles más que beneficiarles, lo que no ocurre si el ganador es un Estado desarrollado. Todos los intentos de generalizar, por todos los miembros de la OMC, la suspensión de concesiones ha sido desestimada. En resumen, la fase de ejecución es un mecanismo para ricos (Anderson y Grusky, 2008).

Los tribunales arbitrales como el CIADI, se sustentan en la idea fuerza de dotar de plena seguridad jurídica a las inversiones realizadas por las multinacionales frente a los Estados receptores. Los inversores no aceptan la legitimidad de los tribunales nacionales. Los tribunales arbítrales internacionales que surgieron para dirimir conflictos entre Estados o entre particulares (por asuntos vinculados al Derecho Privado nacional o internacional) fueron expandiéndose a conflictos entre particulares y Estados, alcanzando la esfera del Derecho Público. Las prerrogativas procesales y materiales de las que disponen (la elección del foro, el no agotamiento de los recursos judiciales internos, la utilización del tribunal arbitral como instancia de apelación, los costes del procedimiento arbitral, la neutralidad de los tribunales, las características técnica de los árbitros, la aplicación exclusiva de normas comerciales y financieras, el carácter privado de las audiencias, la falta de transparencia en el procedimiento...) las empresas transnacionales se encuadran en acuerdos privados entre particulares que ampliados a los conflictos con los Estados, garantes del interés general, privatizan el Derecho y subordinan los intereses de las mayorías sociales. Los privilegios de las empresas transnacionales se verifican al analizar el quehacer del CIADI. Así, son muchas más las reclamaciones planteadas por multinacionales contra Estados periféricos receptores que de cualquier otro tipo de casos, las indemnizaciones solicitadas son muy altas (actúan como mecanismo de fuerza para las negociaciones) y las resoluciones emitidas favorecen los intereses de las multinacionales (Teitelbaum, 2008).

4. Los Estados receptores se vieron sometidos a una doble presión: por un lado, las políticas aplicadas por las Instituciones Financieras Internacionales (IFIS) les provocaron un fuerte endeudamiento que dio lugar a políticas de ajuste (con el aval de los países desarrollados) que aumentaron las posibilidades de penetración de las empresas multinacionales, y por otro, flexibilizaron sus legislaciones, privatizaron los sectores públicos, abrieron sus fronteras comerciales y reformularon el Estado de Bienestar. De ahí que las multinacionales tutelen sus derechos por medio de normas supranacionales de carácter multilateral, regional y bilateral que debilitan la soberanía de los Estados receptores y, sin embargo, sus obligaciones se ajustan a legislaciones nacionales previamente sometidas a la lógica del capital. Esto explica la presión que se ejerce contra los nuevos gobiernos latinoamericanos que pretenden reinterpretar y modificar las legislaciones de carácter neoliberal.

La regulación nacional se presenta incapaz de afrontar los nuevos desafíos de la mundialización y aparece con capacidad reguladora y protectora a la baja y las empresas transnacionales se sustraen a la misma, al menos, en la mayor parte de los países empobrecidos. Sin embargo, los nuevos espacios de regulaciones supranacionales reaparecen con vocación normativa, pero, lamentablemente, con mecanismos de exigibilidad jurídica profundamente débiles y anclados en el siglo pasado. Es en los límites de ambas realidades donde los códigos de conducta se abren paso con una estructura formal de norma jurídica pero con vocación de construir ámbitos de Derecho blando que permiten a las multinacionales funcionar con plenas garantías económicas y con criterios unilaterales entroncados en el Derecho Internacional del Comercio y al margen de la función tuitiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Veamos.

El Estado es la institución formal encargada de fiscalizar a las empresas transnacionales, sea de manera directa o por medio de los Host States o por los Home States (Gómez, 2006 y Baylos, 2006). Los países periféricos y los empobrecidos son los encargados directos de llevar adelante un primer control que, o por falta de voluntad (complicidad entre gobiernos, oligarquías nacionales y empresas transnacionales) o por debilidad política, no se materializa en mecanismos institucionales eficaces. En la actual coyuntura internacional, ¿puede Malí controlar con sus sistemas institucionales y ordenamiento jurídico controlar a la multinacional Nestlé en su territorio?

Las relaciones laborales en América Latina son otro ejemplo. Las reformas neoliberales efectuadas en el continente latinoamericano transitaron en torno a la flexibilidad, la economía informal y la perdida de garantías de los derechos laborales individuales y colectivos. Estas tendencias atravesaron el conjunto de los ordenamientos laborales que sumados a la debilidad de los poderes judiciales dieron como resultado una primacía de los derechos de las multinacionales frente a los de las mayorías sociales. Aquí es donde se ubica el reenvío de las obligaciones de las transnacionales a los ordenamientos y tribunales nacionales y sus derechos al Derecho Comercial Global.

En las relaciones laborales la globalización ha generado modificaciones sustanciales en la organización de la producción que afectan, con mayor o menor intensidad, al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de los distintos Estados (Baylos, 1999). La descentralización, la empresa en red y la diseminación productiva dan lugar a que la actividad empresarial se realice mediante la externalización productiva. La división del trabajo en el interior de la empresa está siendo sustituida por la división entre empresas. De ahí que la responsabilidad de la empresa matriz deba extenderse a toda la cadena de producción con relación a las filiales, las proveedoras, las contratas y las subcontratas. Responsabilidad que las legislaciones de los Estados receptores tienen muchas dificultades de incorporar a sus ordenamientos, ya que colisionan directamente con los intereses de las transnacionales. En el mismo registro se mueven las deslocalizaciones de aquella parte de la producción o prestación de servicios que se externaliza fuera del ámbito nacional de la empresa matriz. El dumping social y fiscal junto a las deslocalizaciones presionan a la baja sobre las demandas laborales y sociales de las personas trabajadoras (Declaración del Seminario Internacional, 2005). Las deslocalizaciones son fenómenos que los Estados no quieren o no pueden legislar con regulaciones tuitivas y que cuanto más alejados están de los núcleos de poder las padecen con más impunidad. La construcción de un Derecho del Trabajo supranacional permitiría iniciar el camino hacia el control de las transnacionales.

El caso de Bolivia es interesante, ya que el intento de modificar las reglas neoliberales por el gobierno del presidente Evo Morales puso de manifiesto la férrea armadura jurídica que tutela las reglas e intereses de las multinacionales. La renegociación de los contratos de explotación con la empresa Repsol visibiliza como los derechos de la multinacional se tutelan sobre la base de argumentos jurídico-políticos vinculados al Derecho Comercial Global. Las relaciones empresa multinacional y Estado de origen (Repsol-Gobierno Español) se expresan en claves políticas y económicas de mucha intensidad. Los instrumentos que tutelan los intereses de la multinacional española son los contratos de explotación, el Tratado Bilateral de inversiones España-Bolivia, la desregulación neoliberal del ordenamiento jurídico boliviano y el tribunal arbitral del CIADI. Todo ello puso en evidencia que la Lex Mercatoria condiciona los límites de la reforma legislativa de los Estado alejados de los núcleos de poder. La razón de fondo reside en que los acuerdos suscritos por gobiernos anteriores, expulsados por la sociedad boliviana, deben respetarse, en aras de la seguridad jurídica, frente a los programas políticos de nuevos gobiernos democráticos. La soberanía nacional queda cuestionada por los intereses económicos de las minorías, ya que los acuerdos suscritos en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos se consideran, por meros argumentos formales, de rango inferior a los comerciales, pese a que tutelan los derechos de las mayorías. Los Estados empobrecidos tienen dificultades evidentes para controlar el quehacer de las multinacionales, ya que pese al bagaje normativo, constitucional e internacional de los derechos humanos su jerarquía normativa es inferior a la del Derecho Comercial Global.

La demanda que la multinacional italiana Euro Telecom Italia N. V. ha interpuesto en el CIADI contra el gobierno de Bolivia refleja bien las ideas descritas (Corporate Europe Observatory, 2008) Éste entendió que la multinacional presta un mal servicio, no invierte en infraestructuras y obtiene unos beneficios excesivamente altos. La empresa se ha sentido agraviada en sus intereses al entender que ante una posible re-nacionalización su capital ha perdido valor y que sus inversiones se habían dañado. Hecho sorprendente ya que continúa prestando servicios y ofreciendo nuevas prestaciones. Pese a que Bolivia ha decido salirse del CIADI, en este caso una lectura formal de los plazos cuestiona la decisión, corre el peligro de que el juicio transcurra sin la presencia del país andino. La demanda se sustenta en el Tratado Bilateral de Inversiones entre Países Bajos y Bolivia, ya que se encuentra, sorprendentemente, la filial italiana domiciliada en el país europeo. El Ministerio de Comercio de este país se ha desentendido formalmente del asunto al afirmar que este caso implica únicamente a un inversor privado y el gobierno de Bolivia. Lo que no dijo es que las transacciones, en el 2006, en que participaron estas “empresas fantasmas” cuya única vinculación es el domicilio, fueron de 9 veces más que el PIN de Holanda, que hay un amplio sector de recaudación de impuestos y de consultoría de más de 2.500 empleados y que el gobierno holandés recibe 1,2 billones en impuestos sobre la renta cada año. Lo que parece claro, vistos los antecedentes del tribunal de arbitraje, es que éste va a aceptar el caso y que casi seguro falle a favor de la multinacional. En definitiva, el círculo neoliberal se cierra entre los intereses de la multinacional, el gobierno holandés que tutela los mismos y el tribunal arbitral del CIADI que amenaza la soberanía de Bolivia. Mientras tanto el gobierno de Evo Morales no puede tutelar los intereses de las mayorías sociales de su país por una armadura jurídica construida a imagen y semejanza de los intereses del capital. La situación requiere abandonar el CIADI, denunciar los Tratados Bilaterales de Inversiones y tejer redes transnacionales entre sindicatos y movimientos sociales de Bolivia, Italia y Holanda. La confrontación con el modelo neoliberal pasa por denunciar las vinculaciones entre la multinacional Euro Telecom. Italia y los gobiernos que defienden sus intereses.

Los Estados, además, deben aplicar el Derecho Internacional (Host States) incorporado a sus ordenamientos. Es decir, deben asegurar el cumplimiento del mismo por todas las personas físicas y jurídicas que actúan en su demarcación, como son las empresas transnacionales. Las dificultades son dobles. Por un lado, las relacionadas con la debilidad ya descrita de los Estados para controlar a las multinacionales, se añade la fragilidad de las normas internacionales, tanto por la necesidad de ratificación de las mismas para incorporarse a los ordenamientos internos como por la falta de eficacia jurídica para tutelar los derechos de las mayorías. Sus sanciones son más simbólicas que jurídicas. Por otro lado, las posibilidades de exigir el cumplimiento directo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos a las empresas transnacionales son más teóricas que prácticas, ya que se considera esa posibilidad inviable, puesto que formalmente no está regulada en ninguna norma internacional (con las excepciones de los delitos de crímenes de guerra y lesa humanidad). Resulta difícil no aceptar el carácter dinámico del Derecho Internacional de los Derechos Humanos teniendo en cuenta su carácter universal y las fuentes normativas sustentadas más allá de los tratados o acuerdos entre Estados. Todas las oportunidades técnicas que la globalización ha dado a las empresas multinacionales y que les han permitido fracturar los espacios de control y ampliar la tutela de sus derechos no aparecen acompañadas de una mínima evolución en la aplicación directa de las normas internacionales a las empresas transnacionales. Es flagrante la asimetría entre la evolución del Derecho Comercial Global y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Los Home States es la vía jurídica que permite controlar a las empresas multinacionales donde la empresa matriz tiene su sede o domicilio. Implica extraterritorializar la responsabilidad, es decir, exigirles responsabilidades por las actividades realizadas en el extranjero. La cuestión consiste en si se puede extender la responsabilidad a la empresa matriz por los daños causados por sus filiales. La dificultad reside en delimitar las competencias de los tribunales en donde la empresa matriz se encuentra domiciliada para perseguir las prácticas de las filiales que operan y están domiciliadas en otros países. Es ésta la opción que mejor garantiza la restitución de los derechos de los afectados. Para ello existe la técnica del levantamiento del velo corporativo, que permite imputar a la empresa transnacional los daños causados por sus filiales. Pese a la apariencia de la pluralidad de sociedades autónomas y con diferentes nacionalidades se busca responsabilizar a quien coordina y dirige el grupo y que actúa como una unidad económica. Para profundizar en esta técnica se exigen criterios que vayan más allá del domicilio y las legislaciones nacionales, como el Alien Torts Claim en EEUU, que amparen jurídicamente la técnica del levantamiento del velo corporativo. En Europa se va incorporando a la legislación muy lentamente y para algunas materias como fraudes tributarios, delitos de lavado de dinero y responsabilidad laboral. La legislación de sociedades se encuentra muy lejos de progresar en esta dirección frente a las numerosas ventajas que la globalización neoliberal otorga a la internacionalización de las multinacionales (Baylos, 2007).

La vinculación entre Estado y empresa matriz dificulta la posibilidad de profundizar en esta vía que incluso en EEUU se está encontrando con fuertes a resistencias en el ámbito del Tribunal Supremo. Además, la vía judicial es muy larga, muy lenta y muy costosa, de ahí que sus posibilidades sean más de construcción de redes sociales que jurídicas. Son más instrumentos de profundización en redes de control transnacionales que en contrapesos jurídicos al poder del Derecho Comercial Global.

Frente a la debilidad de los Estados para controlar a las empresas transnacionales, los sistemas universales de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y sus jurisdicciones competentes son incapaces de neutralizar la nueva Lex Mercatoria. Su debilidad se expresa por el cuestionamiento del carácter vinculante de algunos de los instrumentos que constituyen el ius cogens (Declaraciones, Pactos Internacionales...), por la necesidad de ratificación por los Estados y por la debilidad de las jurisdicciones internacionales para dotar de efectividad el contenido de los mismos. Es decir, la obligación de acatar el derecho al desarrollo por las transnacionales no existe, ya que se cuestiona, por la doctrina mayoritaria y los Estados, su carácter material de norma frente a su valor de mera recomendación. O bien, el convenio de la OIT sobre negociación colectiva que para ser acatado deberá haber sido ratificado e incorporado al ordenamiento interno, y además, una vez incorporado, si no se cumple, la jurisdicción internacional no podrá hacer efectiva la tutela del mismo, quedándose en el plano de la mera sanción moral (Bonet, 2007). Respecto al Derecho Comercial Global, ni la doctrina, ni los Estados, ni las organizaciones internacionales dudan de los aspectos sustanciales de sus cuerpos normativos, es decir del elenco de normas multilaterales, regionales o bilaterales. Respecto a la ratificación resulta impensable la no-adhesión a las reglas del comercio internacional por un país alejado de los núcleos de poder. Y si esto ocurre, las presiones políticas se multiplican, la salida del CIADI de Bolivia es un buen ejemplo, frente a la indiferencia que provoca la no-ratificación de China de los convenios sobre la libertad sindical. Por último, el incumplimiento de sanciones del SSD de la OMC o de los tribunales arbitrales daría lugar a mecanismos coercitivos con implicaciones económicas muy difíciles de sostener para los países periféricos. Nada que ver con las represalias morales que el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha impuesto a Colombia por los miles de asesinatos de sindicalistas en los últimos años. Además, las empresas transnacionales quedan fuera de la jurisdicción penal universal superadora del vínculo nacional.

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional del Trabajo se ven incapaces de neutralizar la expansión y “autoridad” del Derecho Internacional del Comercio como fundamento de toda la arquitectura económica globalizada. Los derechos sociales, laborales y medioambientales se ven desplazados hacia sistemas de regulación no normativos, sistemas diversos que se encuadran en la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y en los códigos de conducta (Hernández Zubizarreta y Zurbano, 2007). Su aparente “bondad” y su “neutralidad” normativa, entendida, básicamente, como complemento al cumplimiento de las normas jurídicas, quedan desplazadas por la finalidad sustancial que persiguen: sustituir las señas de identidad de los ordenamientos nacionales, es decir, la imperatividad, la coercitividad y el control judicial, por la voluntariedad, la unilateralidad y en el mejor de los casos, por auditorias especializadas al margen de las reglas de funcionamiento del poder judicial. La RSC y los códigos de conducta se fundamentan en valores vinculados con la ética de la empresa.

Las ideas seudo normativas sobre las que bascula la RSC son la voluntariedad, la unilateralidad, la autorregulación y la no-exigibilidad, que se suman a la categoría que vincula la globalización con el modelo capitalista neoliberal, es decir, un modelo inalterable en el que la lucha de clases debe sustituirse por la corresponsabilidad entre empresarios, trabajadores y sociedad civil. En este marco el control de las empresas transnacionales debe ajustarse a la mencionada corresponsabilidad, a la colaboración con las instituciones internacionales y a la armonía con los Estados. Ante modificaciones tan extremas, la RSC se presenta como la alternativa más adecuada (Shamir, 2007, págs. 40-62)). Este diagnóstico encubre la realidad sobre la que se articula el poder de las multinacionales que se materializa en su capacidad de “legislar” y delimitar el concepto y alcance de su responsabilidad y de las normas materiales sobre las que se sustenta. Además, frena todo sistema jurídico de control elaborado desde instituciones públicas. De ahí, que ésta no sea una respuesta ante determinadas protestas sociales, ni tan siquiera un mero lavado de cara de su actividad, sino una nueva forma en que se configuran las relaciones entre las empresas y el modelo capitalista. Este es el marco de sus obligaciones que se mueve en los contornos de la impunidad, mientras que sus derechos se tutelan desde la fortaleza jurídica de un Derecho Comercial Global en plena consolidación.

Junto a la voluntariedad y unilateralidad de la RSC hay que tener en cuenta los distintos mecanismos de verificación y evaluación de la misma. Más allá de la pluralidad de sistemas, de su burocratización y de su dudosa imparcialidad, la dimensión más perversa es la apariencia de legitimidad que dota a las memorias de RSC. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Por un lado, la pluralidad de mecanismos, de sistemas y de índices de evaluación, provoca un desconcierto y una hiperinflación de datos, de información selectiva y unilateral que, lejos de garantizar los contenidos de las memorias, refuerza a los equipos de RSC de las transnacionales en detrimento de controles de los sindicatos, organizaciones y movimientos sociales. Por otro lado, las técnicas de auditoria generan una cierta “horizontalidad normativa” al colocar en el mismo plano un acto de mecenazgo con el respeto a los derechos humanos.

Además, la información suministrada no suele incorporar prácticas que atenten a los derechos humanos, ni consultas a organizaciones y colectivos afectados. Las certificaciones se refieren a la información presentada por la empresa y la ruptura, en muchos casos, entre la información suministrada y las prácticas reales es abismal. La sustitución del control social y de la Administración por sistemas privados basados en la certificación y la auditoria cierra el círculo de la privatización de las normas de control de las multinacionales.

5. El control de las empresas transnacionales pasa por una acción social y sindical que impulse una propuesta normativa y marque la estrategia sobre la que acumular fuerzas sociales. Ésta debe encuadrarse en la construcción de redes contrahegemónicas sustentadas en parámetros de redistribución y reconocimiento. Es decir, el uso alternativo del Derecho requiere desvelar la vinculación entre las concepciones dominantes, el Derecho y la justicia y subordinar la propuesta a estrategias contrahegemónicas. Los sistemas de control de las transnacionales se edifican sobre el Derecho blando por lo que toda interpretación hacia modelos imperativos equivalentes a los establecidos en el Derecho Comercial Global encontrará todo tipo de resistencias hegemónicas, ya que no hablamos de problemas técnicos sino de relaciones de poder (Sousa Santos, 2007).

La propuesta normativa se articula en torno a un código externo que tenga como premisa central desterrar la voluntariedad y vincularlo a modelos de imputación clásicos. Su contenido debe bascular entre la síntesis de los establecidos en las normas ad hoc de la OIT, la OCDE y la ONU siempre y cuando contemple la extensión de la responsabilidad de la empresa matriz a filiales, proveedoras y subcontratistas, la subordinación de las multinacionales a la soberanía de los Estados receptores en coherencia con el derecho al desarrollo y el cumplimiento directo del Derecho Internacional por las transnacionales. Estos criterios deben acumularse a los contenidos básicos de los códigos externos de las instituciones mencionadas. El nuevo entramado jurídico se deberá complementar con un Tribunal Internacional de empresas transnacionales encargado de tutelar y ejecutar las sentencias correspondientes.

Esta propuesta deberá ser acompañada de la creación de un Centro de Empresas Multinacionales encargado de analizar, investigar e inspeccionar las prácticas de las empresas transnacionales sobre el terreno. Ese Centro estará adherido a Naciones Unidas y gestionado de manera cuatripartita entre empresarios, gobiernos, movimientos sociales y sindicales.

La alternativa incorpora propuestas transitorias en dos planos. Los códigos de conducta deben desplazarse hacia Acuerdos Marco Globales, ya que su construcción en torno a la lógica negocial (a la negociación colectiva) aumenta la potencialidad de control de los mismos. A su vez, la incorporación de cláusulas sociales o normas sociales vinculadas a reglas multilaterales, regionales o bilaterales de comercio e inversiones pueden actuar como garantes de derechos sociales y laborales. La mera mención a las mismas no implica garantía de ningún tipo. Las experiencias existentes, así el Acuerdo de Cooperación Laboral en América del Norte subordinado al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, son más formales que reales y sus procedimientos de tutela quedan subordinada al libre comercio y a los intereses de las empresas multinacionales (AAVV, ALAI, 2008). De ahí que las cláusulas sociales deban afrontar dos desafíos. Superar el debate entre universalismo y relativismo cultural, optando por la extensión mundial de derechos laborales y sociales más allá de ajustes puntuales y excepcionales y desvincular las cláusulas sociales del dumping social, es decir, no aceptar, en ningún caso, la ausencia de derechos (salarios más bajos, prohibición de la libertad sindical, o del derecho de huelga) como competencia desleal y la tutela de los mismos como arma proteccionista subordinada al libre comercio y al derecho de propiedad. La defensa de derechos articulados en torno a cláusulas sociales no puede justificarse sobre la base de las necesidades del mercado, ni a una competencia económica desleal. Se fundamentan en su carácter de derechos universales y su violación debe ser motivo de sanción y de regulación en planos jerárquicamente superiores a los derechos mercantiles.

En el ámbito laboral, la Declaración de Principios y Derechos fundamentales en el Trabajo de la OIT de 1998 es la referencia (Bonet, 1999). Implica extender universalmente la libertad sindical, la negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en el empleo. Ahora bien, deberá completarse con dos principios muy importantes. Su carácter imperativo y coercitivo, por un lado, y su ampliación con un quinto derecho que entronque con la tutela de derechos sociales, económicos y culturales, por otro. Es decir, la tutela nacional e internacional de un salario universal o el acceso al empleo que garantice los mínimos vitales para poder ejercer otros derechos laborales como la libertad sindical o la negociación colectiva.

Subordinar el salario universal a la existencia de recursos económicos nacionales requiere dos importantes matizaciones, ya que no resulta tolerable seguir manteniendo los derechos económicos, sociales y culturales en planos meramente declarativos. La primera implica un control de los recursos de los Estados nacionales (mediante técnicas de progresividad y no de regresividad, de planes concretos de creación de empleo, de políticas públicas, de impuestos...) dirigidos a la creación de empleo (al trabajo decente) o a la aprobación de un salario universal y, la segunda, implica responsabilizar a la comunidad internacional vía derecho al desarrollo de los pueblos para asegurar los recursos mínimos para subsistir. Donde no existan recursos nacionales deberá responder la comunidad internacional. La idea fuerza es convertir el derecho a una vida digna en un principio universal efectivo. Medida viable, pero de carácter transitorio, ya que el elemento central del debate, para su materialización, pasa por cambiar toda la arquitectura económica internacional puesto que el problema no reside en la falta de recursos sino en su redistribución. En definitiva, las cláusulas sociales deben incorporarse a la regla de comercio e inversiones siempre y cuando su valor normativo sea, al menos, equiparable al resto de derechos mercantiles y los derechos sociales, económicos y culturales, vía derecho al desarrollo, formen parte de su caudal normativo.

La acción social y sindical debe impulsar propuestas jurídicas y sociales en el camino hacia el control de las multinacionales, lo que requiere, en primer lugar, sumar voluntades desde el movimiento sindical, ONGs y movimientos sociales. Para ello existe un caudal común de principios articulados en torno a los Foros Sociales Mundiales (Stédile, 2008 y Sousa Santos, 2008, págs. 40-62)) que unidos a la estrategia normativa de aprobación de un código externo vinculante y de un Tribunal Intencional, permita diseñar propuestas precisas y viables. No obstante, el compartir estrategias exige superar desafíos internos de cada uno de los agentes implicados y acercar posturas con relación al control de empresas transnacionales.

El sindicalismo se enfrenta a desafíos internos complejos. Unos de carácter estructural que se vinculan con las modificaciones impuestas por la globalización neoliberal, y otros que afectan a las propuestas de intervención del sindicalismo mayoritario. Las dificultades para la acción sindical pasan por los intereses tan fragmentados de la clase obrera y por la ruptura de los núcleos esenciales del pacto capital-trabajo que le ha permitido al capital recuperar el poder remodelado en los años cincuenta. Las propuestas claras, directas y con poder de influencia del sector empresarial internacional contrastan con las alternativas de la parte mayoritaria del sindicalismo internacional que son, fundamentalmente, declarativas, basadas en la concertación y respetuosas con el modelo capitalista. Esta situación requiere de nuevas pautas de comportamiento. Las nuevas condiciones del capitalismo implican que el movimiento sindical tome la iniciativa con propuestas y respuestas sindicales globales (entre las que se encuentra el control de las transnacionales) que generen un impulso democrático y solidario junto a nuevas redes y alianzas con movimientos sociales y ONGs (Levesque y Murray, 2007, págs. 10-15).

Desde las ONGs para el desarrollo su participación en estrategias compartidas pasa por “ideologizar” y “politizar” una actuación muy condicionada por las pautas marcadas por las técnicas y procesos de la cooperación al desarrollo. La cooptación directa e indirecta que los donantes ejercen constituyen impedimento muy serios para la construcción de redes contrahegemónicas.

Los movimientos sociales apuestan por la confrontación directa con las transnacionales pero sus campañas y redes se enfrentan a estructuras frágiles y difusas. Son numerosas las contradicciones estratégicas y organizativas y la dicotomía ciudadanía-vanguardia condiciona con mucha intensidad el camino de sus alianzas (Calle, 2007, págs. 84-87).

Los Tribunales Permanentes de los Pueblos permiten avanzar en esta dirección. Además de visibilizar las prácticas de las multinacionales y descubrir el entramado jurídico, político y económico del modelo neoliberal, sirven para establecer redes de solidaridad contrahegemónicas y fomentar acciones sociales, políticas y sindicales (Hernández Zubizarreta y Ramiro, 2008)(13). Son instrumento muy importante en la globalización de estrategias de control de las empresas transnacionales. Ahora bien, la confrontación democrática y la denuncia de los Estado vinculados a las empresas transnacionales, de las organizaciones internacionales financieras y comerciales, deben ser pautas irrenunciables de actuación (Ramiro y González, 2008). Las lógicas de funcionamiento del movimiento sindical, de los movimientos sociales y de las ONGs son muy diferentes, e incluso contradictorias, pero la necesidad de articular redes contrahegemónicas en el control de las multinacionales exige aunar fuerzas en una coyuntura internacional desfavorable para los intereses de las mayorías sociales .

EN CUBA NO EXISTEN LOS NIÑOS DE LA CALLE CUANDO EL NEOLIBERALISMO A LA MEXICANA LOS PROVOCA

Los niños de la calle

Por: Teodoro Rentería Arróyave

La fenología urbana ubica a las grandes ciudades en un lacerante problema llamado genéricamente como: Los Niños de la Calle, que no es otra cosa que un drama de los desheredados desde la infancia.

Seres humanos que, desde el mismo momento en que nacen, inician sus padecimientos en este valle de lágrimas, como lo apunta la Biblia, pero a ellos la sevicia los hace presas sin importar su condición de inocentes.

No sólo es el abandono de padres irresponsables, probablemente también victimas de otros progenitores igual de inconscientes, en los que los ubica el lumpen de la degradación y la marginación social.

Es el eterno drama de la lucha de clases, de los más ricos y de los más pobres; son, en una palabra, las diferencias sociales brutales que ha padecido desde siempre la humanidad.

Estos niños de la calle no solamente sufren la pobreza, sino que son víctimas de los más absurdos y desquiciantes abusos de los desequilibrados sexuales. Aquí nace y se agudizan la pornografía y la prostitución.

Ninguna nación de las llamadas del primer mundo o de las ahora conocidas como economías emergentes, se salva del preocupante problema que, además, a costa de vida inocentes, deja a las mafias explotadoras exorbitantes ganancias.

Precisamente a costa de los párvulos desheredados, se inicia la trata de blancas y el tráfico de personas. Estas víctimas de la ignominia viajan cientos de kilómetros para ser carne de cañón de las enfermizas costumbres de los que tienen y pueden pagar para satisfacer sus patológicos placeres.

México no es ajeno a este drama. Los niños de la calle viven o sobreviven entre la promiscuidad y los vicios de todo tipo hasta en los drenajes de las ciudades, sin que hasta ahora ninguna autoridad se atreva a enfrentar el fenómeno y ponerle remedio.

Y, hay que denunciarlo, no sólo son los desheredados los que sufren este martirio, también el robo de infantes tiene como propósito llevar esa mercancía humana a la explotación inhumana de estos infelices.

En la Cuba vilipendiada por una propaganda feroz de los imperios, este fenómeno no existe. Con todos sus defectos, el régimen socialista se ha mantenido firme en su labor de apoyo a la infancia, además de otros grupos vulnerables como son los incapacitados y los de la tercera edad.

El embajador de Cuba en México, Manuel Aguilera de la Paz, en sesión comida de trabajo del Club Primera Plana, y a pregunta expresa del respetado coasociado Othón Villela Larralde, resaltó esta conquista humanística del la Revolución Castrista.

EMPRESARIOS ESPIAN A LOS CIUDADANOS JUNTO CON EL FBI

Empresarios 007

InfraGard al estilo de James Bond

Pertenecen a 26.188 empresas estadounidenses (al 23 de junio), forman parte de InfraGard, una entidad civil aliada del FBI, con el que mantienen contactos casi diarios, y su función declarada es proteger del terrorismo a infraestructuras electrónicas, bancarias, servicios de emergencia, hospitales, transporte, sistemas hidráulicos, cadenas alimentarias, en fin, todo el costado crítico indispensable para la marcha normal de una nación. Agrupa a 84 organismos o sucursales en todo el país en contacto permanente que adoctrinan agentes del FBI designados en cada caso. “La esencia de esta asociación es compartir información e inteligencia”, se reitera en su web (www.infragard.net). Es una organización casi tan capilar como la Iglesia y su tarea no se diferencia de la que lleva a cabo su socio, el FBI: espiar a la sociedad civil norteamericana.

InfraGard se jacta de reunir en sus filas a empresas que operan el 85 por ciento de la infraestructura crítica del país y se enorgullece de contar, a nivel nacional, con representantes de 350 de las 500 empresas con mayor capital que la revista Fortune elenca.

Para ser aceptado como miembro, cada candidato a ingresar especifica a qué rama crítica pertenece y el FBI da, o no da, su visto bueno. Robert Mueller, director del FBI, explicó en una convención de InfraGard que tuvo lugar en el 2005: “Ustedes, los del sector privado, están en la primera línea de defensa”. Contra el terrorismo, desde luego. Instó a los presentes a comunicarse con el FBI si notaban “alguna actividad sospechosa o un hecho inusual”, definición que incluía –dijo– “a los empleados descontentos que emplearán la competencia adquirida en el trabajo contra sus empleadores” (//gov.tech.com, 16-8-05). Sic.

Las declaraciones de Mr. Mueller recuerdan hechos que padecieron bajo la dictadura militar argentina (1976-1983) los operarios de grandes empresas como Mercedes Benz. Se ha probado que sus ejecutivos se sacaban de encima a las comisiones internas, dirigentes sindicales de base y a los obreros que protestaban por los bajos salarios y las duras condiciones de trabajo mediante una práctica fatídica: pasaban a los militares la lista de esos “empleados descontentos” y éstos “desaparecían”. Centenares de miles de trabajadores se desempeñan en las empresas de InfraGard.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha manifestado su preocupación por semejante clase de espionaje: “Hay evidencias –dice en su informe titulado ‘The Surveillance-Industrial Complex’– de que InfraGard podría formar parte de los servicios de información y prevención del terrorismo, convirtiendo a las corporaciones del sector privado –algunas de las cuales están en condiciones de observar las actividades de millones de clientes– en ojos y oídos vicarios del FBI” (www.aclu.org, agosto del 2004). Es notorio en qué consiste realmente la cruzada “antiterrorista” de W. Bush (léase Guantánamo o Abu Ghraib). Una directiva presidencial de mayo del 2007, en la que se subraya la necesidad de que el sector privado actúe en los casos de emergencia, confirió estatus legal a InfraGard. Agentes del FBI y del Departamento de Seguridad Interior adiestran a los ejecutivos, en grupos de hasta cien, en cómo actuar en esas situaciones. Tienen permiso para tirar a matar.

Los espías expertos dicen a los ejecutivos que “cuando (no si) se declare la ley marcial, nuestra responsabilidad es proteger nuestra parte de la infraestructura y si usamos para ello una fuerza letal no podrán procesarnos”, confesó un miembro de InfraGard al periodista Matthew Rotschild (www.progressive.org, 7-2-08). InfraGard, por supuesto, desmintió la información. Pero cuando el periodista preguntó si era o no cierta a Curt Haugen, director ejecutivo del S’Curo Group, ex agente de la CIA y miembro de InfraGard desde hace años, éste contestó: “No puedo hacer comentarios sobre el tema. Pero como ciudadano privado, uno tiene derecho a usar la fuerza si se siente amenazado”. La respuesta no es precisamente oscura.

“Hay que proteger los intereses de InfraGard cuando se habla con quienes no son miembros”, se precisa en el web de la organización. “En entrevistas con miembros de la prensa –añade–, puede ser difícil presentar la imagen de InfraGard. Una preparación adecuada para esas entrevistas puede minimizar el riesgo de la confusión... La conducción de InfraGard y el representante local del FBI deben revisar el cuestionario propuesto, acordar el tenor de las respuestas y designar al más apropiado para responderlas... Hay que eludir las preguntas sobre cuestiones delicadas.” Por ejemplo, la del derecho de los empresarios a matar a quien juzguen necesario si hay estado de sitio. A más de uno le encantaría ser James Bond.

MANIPULACIÓN Y PROPAGANDA EN FALSIMEDIA

Propaganda y Manipulación en los Medios

Repasando los principios del ministro de propaganda Nazi Goebbels he observado cierta degeneración hacia este tipo de “mensajes” por parte de los medios de comunicación “independientes” que tenemos hoy en día.

Cada vez mas, observo noticias que no son tales, temas de gran relevancia que no tienen un refrendo en los medios y, cada vez mas, una peligrosa tendencia a dirigirnos al “pensamiento único” y social, dejando de lado la individualidad y propio albedrío con el objeto de orientar hacia el agrupamiento, la masa maleable, la anulación del libre pensamiento.


Por si alguien no conociera los principios de la propaganda prescritos por el dirigente nazi los cito aquí:

1. Principio de simplificación y del enemigo único: Adoptar una única idea, un único símbolo. Individualizar al adversario en un único enemigo.
2. Principio del método de contagio: Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Los adversarios han de constituirse en suma individualizada.
3. Principio de la transposición: Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. “Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan”.
4. Principio de la exageración y desfiguración: Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave.
5. Principio de la vulgarización: “Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa; además, tienen gran facilidad para olvidar”.
6. Principio de orquestación: “La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras ni dudas”.”Si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad”.
7. Principio de renovación: Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que, cuando el adversario responda, el público esté ya interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones.
8. Principio de la verosimilitud: Construir argumentos a partir de fuentes diversas, a través de los llamados globos sondas o de informaciones fragmentarias.
9. Principio de la silenciación: Acallar las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen el adversario, también contraprogramando con la
ayuda de medios de comunicación afines.
10. Principio de la transfusión: Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. Se trata de difundir argumentos que puedan
arraigar en actitudes primitivas.
11. Principio de la unanimidad: Llegar a convencer mucha gente que piensa “como todo el mundo”, creando una falsa impresión de unanimidad.”

Seguro que el lector avispado puede reconocer muchas de estas técnicas en las estrategias de los partidos políticos actuales. SI, esos mismos que se llenan la boca de palabras altisonantes, se arrogan para sí mismos el principio último de la democracia y se erigen en adalides de la libertad y el “librepensamiento”.

Si a estos principios les unimos la aplicación de management del Arte de la Guerra de Sun Tzu tendríamos un completo manual de manipulación de masas y sus opiniones.

Ahora bien, tampoco se libran del uso de estas técnicas de manipulación de la opinión los medios de información, los cuales debieran mantenerse alejados de ciertas prácticas mas adecuadas en tiempo de guerra que en un mundo de paz. La desinformación a que nos enfrentamos cada día llega a cotas increíbles, y accedemos a medios de información que nos ofrecen “carnaza de consumo y promoción”

Pero … ¿se escapa la blogosfera de esta situación?. En algunos casos tampoco estamos libres de la aplicación, voluntaria o no, de estos idearios del buen propagador. En mas de una ocasión nos podemos encontrar utilizando recursos fáciles que, ¡oh sorpresa!, incrementarán el tráfico de nuestro medio. No obstante, la Blogosfera, cuando hablamos de aquellos bloggers que definen su espacio de opinión como ejercicio de expresión propia, ya se aleja por principios de estas técnicas de manipulación.

Ahora bien, otra cosa son los medios tradicionales ya sea en su edición en papel o electrónica. Salvo honrosas excepciones (y aceptaría lista de los que conozcan mis escasos lectores ), la inmensa mayoría se posicionan y utilizan, en mayor o menor medida, todos y cada uno de los principios de propaganda difundidos por el ministro nazi.

Tristemente observo que los principios de desfiguración, vulgarización, orquestación, verosimilitud y … el mas manido y extendido … principio de unanimidad, son moneda común de nuestra sociedad de la información. La simple lectura vigilante de los titulares y noticias en algunos de los medios mas populares te muestran estos principios aplicados al 100% de su extensión. Lo lamentable es que la falta de preparación para enfrentarse a estas técnicas deja a la mayoría de la población a merced de este tipo de manipulación y desinformación, llegando a asumir como propios los axiomas expuestos por el medio que habitúa a adquirir o leer.

Si bien hasta ahora había cierta capacidad de decisión al respecto, por el simple hecho de la decisión de compra de un medio u otro, el advenimiento de la prensa gratuita y la prensa online vienen a democratizar el acceso a estas tácticas de manipulación. Ahora ya no hace falta tomar posiciones, solo tienes que asomarte a la ventana de los medios y recibir los “mensajes”. La mente desentrenada, y poco crítica, harán el resto.

No me quiero enrollar mas al respecto, y eso que hay charla para rato, pero si quiero llamar tu atención al respecto para que observes “con tu propio criterio” los mensajes que recibes, que distingas la realidad de la propaganda, la información de la “noticia” y que …

… propagues el concepto para impedir que se haga realidad el “Ministerio de la Verdad” vaticinado por G. Orwell en su celebérrima novela “1984“, de imprescindible y recomendada lectura por lo, lamentablemente, vigente de su temática.

Fernando T.

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