Debacle de las reformas calderonistas
Por: Julio Pomar
El calderonismo se engolosinó con sus “reformas”. Inventaron -y así lo han expresado en público- que la “reforma” petrolera privatizante iba a pasar sin ningún contratiempo en las cámaras del Congreso y que mediante el albazo legislativo -vía cooptación o sobornos- ya la tendrían en abril pasado. Y que después vendrían otras, como la laboral. No fue así, sino que contra su más ferviente deseo y rechinando los dientes de contrariedad y furia, tuvieron que aceptar que el obradorismo los paró en seco, mediante una intensa movilización popular en defensa del petróleo y por la toma de las tribunas parlamentarias, lo cual obligó a que en el Senado se realizaran los foros abiertos, que a la fecha ya son 21, los cuales han estado confirmando día tras día la inviabilidad de la reforma privatizadora de Calderón Hinojosa.
Situación que ya cobró una víctima en las filas panistas, cuando Santiago Creel Miranda fue defenestrado del cargo de coordinador de la bancada azul en el Senado, sin más argumentos de que removerlo fue una atribución del presidente del PAN, Germán Martínez Cázares. A lo que se entiende, ni Calderón Hinojosa ni Martínez Cázares le perdonaron a Creel Miranda que hubiese aceptado realizar los foros senatoriales, donde los panistas han tenido que sufrir una verdadera zurra de los nacionalistas enemigos de la privatización petrolera.
Paliza pública que más los llenó de inquina cuando percibieron que Creel, en la imagen de sucesivas encuestas, se estaba alzando con la imagen del panista más probable para conseguir la precandidatura azul a la Presidencia de la República en el 2012. Y fue que, así, decidieron cortar “por lo sano”, y llevaron como coordinador senatorial de su bancada a un personaje torvo de ultra derecha, Gustavo Madero, quien es por sí mismo un bajo-perfil-nato. Aunque, por otra parte, Calderón también se la cobró porque Creel fue impulsado -oh, circunvoluciones de la política- nada menos que por Fox y Marta tanto para la candidatura presidencial panista anterior (que perdió en las internas con Calderón) y ya en el actual sexenio para dirigir la bancada panista en el Senado, desde donde alcanzó, por acuerdo con los demás partidos, la presidencia tanto del Senado como de la Comisión Permanente que sesiona en el receso entre periodos legislativos regulares, posiciones de las cuales ya no pudo defenestrarlo el presidente del PAN, y sigue vigente ahí hasta que llegue el próximo periodo de sesiones camarales, el primer día de agosto.
El avatar de Creel confirmó a tirios y troyanos en todo el país que es floja, endeble, lacia e inepta la conducción política calderonista-panista. La ilegitimidad de Calderón no da para más, han opinado diversos observadores políticos, pese a tener aparentemente las riendas del poder. Pero, agregan, una cosa es estar formal aunque ilegítimamente en la presidencia, y otra muy distinta es reunir los tamaños de la responsabilidad que ello implica. Por ello López Obrador y Muñoz Ledo han subrayado, en uno más de sus respectivos cáusticos comentarios, que el verdadero factotum de la actual administración es nada menos que Carlos Salinas de Gortari, quien se placea como por su casa entre la clase política, y define los caminos de este gobierno. Cual poder tras el trono.
Esto mismo se está dando, a ojos vistas, en la promoción calderoniana de sus reformas privatizantes del petróleo. No se ve cómo Felipe Calderón alcanzará la mayoría calificada legislativa para su aprobación, aunque desde un principio se lanzaron por la vía hipócrita de no atentar contra la letra de la Constitución pero en cambio se fueron por las reformas a leyes secundarias del Artículo 27 Constitucional para violarlo, y ello les permitió alardear de que son acérrimos practicantes de la propiedad de la nación sobre sus hidrocarburos, cosa que nadie les ha creído.
Frustrada como ha de terminar la privatización petrolera, algo similar ha de ocurrir a otras reformas dizque sucesivas, que supuestamente sólo están aguardando el “triunfo” de la privatización petrolera para llegar, por ejemplo, la reforma laboral, también llamada “ley Lozano” por el apellido del ínfimo titular de la Secretaría del Trabajo. Este personaje la ha estado impulsando en reuniones casi clandestinas con diversos dirigentes sindicales obedientes a las empresas y al gobierno, a quienes hace muchos lustros se les olvidó el impulso obrero ante el irresistible aroma de las lavandas inglesas y francesas, o ante la elegancia de los automóviles de lujo, que ya no tienen nada que ver con los olores fuertes de la pobreza en que viven las masas trabajadoras.
El mismísimo Joaquín Gamboa Pascoe, dirigente de la anquilosada CTM, tuvo que regañar públicamente en días pasados a esos dirigentes sindicales que se reúnen con Lozano “en lo oscurito” para pergeñar la nueva “ley” de su nombre, diciendo que él no permitirá atentados contra las conquistas de los obreros, y con tono subido de voz, “a quienes nos debemos”. Según Gamboa Pascoe, la reforma laboral programada por Lozano es una regresión intolerable en el campo laboral. Pero lo curioso es que unos días después este mismo personaje de las catacumbas sindicales casi pidió perdón por lo que hubieran podido tener de ofensivas sus palabras hacia Lozano, aunque insistió en que el movimiento obrero organizado no permitirá cambios a la Ley Federal del Trabajo que afecten ni la libertad o autonomía sindicales, o el derecho de huelga, conceptos que tuvo que sacarlos del apolillamiento del desván en que ellos mismos los han tenido durante décadas, de tanto no usarlos. Sólo está por verse si estos líderes con olor a Gucci, con relojes Cartier y con trajes Armani cumplen con su dicho a la hora de la presentación de la “ley” Lozano.
Así, las reformas “en serie” del calderonismo se miran bloqueadas hasta por los mismos a quienes el panismo ve como sus obedientes aliados en la embestida de los 39 ultra ricos “dueños” de México contra el sindicalismo, tanto el doblegado como el realmente autónomo y combativo. La ineptitud calderonista es más que evidente. Ya ni siquiera los más dóciles de los dóciles, los dirigentes del Congreso del Trabajo, dicen seguir obedeciendo a los calderonistas. Tal parece, según estos indicios, que ni la reforma privatizante petrolera ni la “ley” laboral dejarán huella sensible en el panorama del México actual. Que así sea.
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7/22/2008
DEFORMA ENERGETICA: LA TENDENCIA MUNDIAL ES RENACIONALIZAR
¿Renacionalización total de Petrobras?
Alfredo Jalife-Rahme
La Jornada
La insolvencia del sector privado neoliberal en los países del G-7 y la OTAN (ya no se diga en sus excrecencias periféricas como España) ha desembocado en colosales nacionalizaciones bancarias en Gran Bretaña, Alemania y ahora Estados Unidos con la quiebra de Fannie y Freddie, al unísono del retorno del nacionalismo político.
Son tiempos de la desglobalización, que subsume nacionalizaciones y el retorno del nacionalismo pero, sobre todo, de la desprivatización, la renacionalización y la restatización de los hidrocarburos que reflejan el incipiente orden multipolar y su nuevo orden geoenergético mundial, donde las empresas de los estados nacionales concentran ya 95 por ciento de las reservas de hidrocarburos, frente a un exiguo 5 por ciento de las trasnacionales privadas, primordialmente anglosajonas, en vías de desmoronamiento.
Por tal motivo, no hay que asombrarse del giro realista del gobierno de Lula y del liderazgo empresarial nacionalista de Brasil, quienes reclaman a coro la renacionalización total de Petrobras, a raíz de los pletóricos descubrimientos en el océano Atlántico, que no desean compartir ni regalar a sus socios foráneos actuales, como se desprende de las declaraciones de José Sérgio Gabrielli de Azevedo, director de Petrobras; Edison Lobão, ministro de Minas y Energía, y Ricardo Amaral, un prominente empresario.
José Sérgio Gabrielli de Azevedo instó al aumento de impuestos y otro marco legal a las trasnacionales privadas de hidrocarburos que operan en Brasil: “la legislación actual fue resultado de una regulación hecha para atraer a compañías que fueran capaces de asumir los riesgos exploratorios. Petrobras asumió esos riesgos. Pero hay regiones en las que el riesgo exploratorio es mínimo” (El País, 6/7/08). Brasil no desea compartir, y menos regalar, la inmensa riqueza de sus recientes descubrimientos, que pueden convertir a Petrobras en la quinta empresa energética mundial. ¡Al revés de Calderón y sus aliados priístas!
Petrobras es una empresa controlada por el Estado brasileño (55 por ciento de sus acciones con derecho a voto), mientras el restante pertenece al sector privado (en su mayoría foráneo), que ha descolgado suculentas ganancias, como la pirata española Repsol, que carece de tecnología de punta y cuyo país de origen no posee hidrocarburos.
Gracias a su tecnología en aguas ultraprofundas, Petrobras es quien ha descubierto los nuevos yacimientos, que pueden alcanzar la mirífica cifra de 33 mil millones de barriles de petróleo que, a un precio de 100 dólares el barril, equivaldrían a más de 3 billones de dólares, que no desean compartir con las parasitarias trasnacionales privadas.
Gabrielli de Azevedo sostiene que el aumento de impuestos va dirigido a las “concesiones en nuevas áreas”, lo cual confiere al gobierno una “capacidad de intervención” en sus prioridades y en la “velocidad de las inversiones”. Petrobras no desea depender de la voluntad unilateral y discrecional de las trasnacionales privadas, cuando su objetivo es duplicar su producción presente, de 2.3 millones de barriles al día. Lo que sucede es que las trasnacionales privadas ganan en sus activos bursátiles con la simple posesión de reservas sin necesidad de explotar (a expensas de los planes del país anfitrión).
Nadie lo dice, pero la privatización parcial de Petrobras del entreguista ex presidente Fernando Henrique Cardoso, quien resultó un fundamentalista neoliberal y un vulgar peón de las trasnacionales, se escenificó durante el auge de la globalización financiera mediante el chantaje de la banca israelí-anglosajona, asociada a las grandes trasnacionales petroleras de Estados Unidos y Gran Bretaña, que presionó en los “mercados” la cotización de la deuda soberana brasileña. Esta historia macabra, en la que participó el megaespeculador George Soros, mediante su control del banco central de Brasil, aún no se escribe en plenitud.
Pero no es lo mismo 1997, fecha de la forzada privatización parcial de Petrobras, que 11 años después, cuando el modelo neoliberal global se ha desfondado.
Mas acorde con los tiempos “modernos”, que significan etimológicamente las “tendencias presentes”, Edison Lobão, ministro de Minas y Energía, consideró que “lo ideal es que Petrobras administre todas (sic) sus reservas” en las aguas ultraprofundas: “en la actualidad 60 por ciento de las acciones se negocian en una bolsa de valores, y 80 por ciento de ese total está en manos de los estadunidenses. No podemos entregar toda esta riqueza a un puñado de inversionistas” (O Estado de São Paulo, 15/7/08).
Después de proponer cambios al marco jurídico y hasta la creación de una nueva empresa estatal para administrar los resultados de las licitaciones, Edison Lobão afirmó que los últimos bloques licitados por la Agencia Nacional del Petróleo, Gas y Biocombustibles (ANP) “serán retomados (¡súper-sic!) por el Estado a causa del retraso en el cronograma de explotación”, ya que las trasnacionales privadas foráneas ExxonMobil y Shell “no han sido capaces de explotar los bloques en el periodo especificado en el contrato de concesión”, debido a la falta de equipo en el mercado mundial por escasez de plataformas, perforadoras y navíos-sondas.
ANP admite que Brasil no debe precipitarse a la subasta de bloques en las aguas ultraprofundas.
Al contrario del entreguista neoliberal Cardoso, el gobierno de Lula ajusta la nueva correlación de fuerzas del flamante orden geoenergético mundial, dominado por los estados nacionales, para beneficiar a Brasil, que parece haber iniciado la desprivatización y renacionalización de Petrobras, a grado tal que se plantea crear una empresa adicional de hidrocarburos propiedad 100 por ciento del Estado.
El prominente empresario y financiero Ricardo Amaral, con un doctorado en economía, sacudió a Brasil con su proclama persuasiva, en un extenso estudio proyectivo, para renacionalizar Petrobras: “es imperativo que el gobierno brasileño siga la principal tendencia global y comience a renacionalizar lo más pronto posible a Petrobras” (RGE Monitor.com, 10/7/08).
La razón principal que aduce se basa en el prodigioso flujo de caja con el que contarán en los próximos 20 años los países petroleros del Golfo Pérsico, que descolgarían, a un precio módico de 80 dólares el barril, un mínimo de 40 billones de dólares, ¡73.3 por ciento del presente PIB mundial!
Parte de tal fortuna de los hidrocarburos, Calderón y sus aliados priístas pretenden regalarla a las parasitarias trasnacionales gallegas y texanas, cuyos países de origen se encuentran totalmente desfondados financiera y económicamente.
Alfredo Jalife-Rahme
La Jornada
La insolvencia del sector privado neoliberal en los países del G-7 y la OTAN (ya no se diga en sus excrecencias periféricas como España) ha desembocado en colosales nacionalizaciones bancarias en Gran Bretaña, Alemania y ahora Estados Unidos con la quiebra de Fannie y Freddie, al unísono del retorno del nacionalismo político.
Son tiempos de la desglobalización, que subsume nacionalizaciones y el retorno del nacionalismo pero, sobre todo, de la desprivatización, la renacionalización y la restatización de los hidrocarburos que reflejan el incipiente orden multipolar y su nuevo orden geoenergético mundial, donde las empresas de los estados nacionales concentran ya 95 por ciento de las reservas de hidrocarburos, frente a un exiguo 5 por ciento de las trasnacionales privadas, primordialmente anglosajonas, en vías de desmoronamiento.
Por tal motivo, no hay que asombrarse del giro realista del gobierno de Lula y del liderazgo empresarial nacionalista de Brasil, quienes reclaman a coro la renacionalización total de Petrobras, a raíz de los pletóricos descubrimientos en el océano Atlántico, que no desean compartir ni regalar a sus socios foráneos actuales, como se desprende de las declaraciones de José Sérgio Gabrielli de Azevedo, director de Petrobras; Edison Lobão, ministro de Minas y Energía, y Ricardo Amaral, un prominente empresario.
José Sérgio Gabrielli de Azevedo instó al aumento de impuestos y otro marco legal a las trasnacionales privadas de hidrocarburos que operan en Brasil: “la legislación actual fue resultado de una regulación hecha para atraer a compañías que fueran capaces de asumir los riesgos exploratorios. Petrobras asumió esos riesgos. Pero hay regiones en las que el riesgo exploratorio es mínimo” (El País, 6/7/08). Brasil no desea compartir, y menos regalar, la inmensa riqueza de sus recientes descubrimientos, que pueden convertir a Petrobras en la quinta empresa energética mundial. ¡Al revés de Calderón y sus aliados priístas!
Petrobras es una empresa controlada por el Estado brasileño (55 por ciento de sus acciones con derecho a voto), mientras el restante pertenece al sector privado (en su mayoría foráneo), que ha descolgado suculentas ganancias, como la pirata española Repsol, que carece de tecnología de punta y cuyo país de origen no posee hidrocarburos.
Gracias a su tecnología en aguas ultraprofundas, Petrobras es quien ha descubierto los nuevos yacimientos, que pueden alcanzar la mirífica cifra de 33 mil millones de barriles de petróleo que, a un precio de 100 dólares el barril, equivaldrían a más de 3 billones de dólares, que no desean compartir con las parasitarias trasnacionales privadas.
Gabrielli de Azevedo sostiene que el aumento de impuestos va dirigido a las “concesiones en nuevas áreas”, lo cual confiere al gobierno una “capacidad de intervención” en sus prioridades y en la “velocidad de las inversiones”. Petrobras no desea depender de la voluntad unilateral y discrecional de las trasnacionales privadas, cuando su objetivo es duplicar su producción presente, de 2.3 millones de barriles al día. Lo que sucede es que las trasnacionales privadas ganan en sus activos bursátiles con la simple posesión de reservas sin necesidad de explotar (a expensas de los planes del país anfitrión).
Nadie lo dice, pero la privatización parcial de Petrobras del entreguista ex presidente Fernando Henrique Cardoso, quien resultó un fundamentalista neoliberal y un vulgar peón de las trasnacionales, se escenificó durante el auge de la globalización financiera mediante el chantaje de la banca israelí-anglosajona, asociada a las grandes trasnacionales petroleras de Estados Unidos y Gran Bretaña, que presionó en los “mercados” la cotización de la deuda soberana brasileña. Esta historia macabra, en la que participó el megaespeculador George Soros, mediante su control del banco central de Brasil, aún no se escribe en plenitud.
Pero no es lo mismo 1997, fecha de la forzada privatización parcial de Petrobras, que 11 años después, cuando el modelo neoliberal global se ha desfondado.
Mas acorde con los tiempos “modernos”, que significan etimológicamente las “tendencias presentes”, Edison Lobão, ministro de Minas y Energía, consideró que “lo ideal es que Petrobras administre todas (sic) sus reservas” en las aguas ultraprofundas: “en la actualidad 60 por ciento de las acciones se negocian en una bolsa de valores, y 80 por ciento de ese total está en manos de los estadunidenses. No podemos entregar toda esta riqueza a un puñado de inversionistas” (O Estado de São Paulo, 15/7/08).
Después de proponer cambios al marco jurídico y hasta la creación de una nueva empresa estatal para administrar los resultados de las licitaciones, Edison Lobão afirmó que los últimos bloques licitados por la Agencia Nacional del Petróleo, Gas y Biocombustibles (ANP) “serán retomados (¡súper-sic!) por el Estado a causa del retraso en el cronograma de explotación”, ya que las trasnacionales privadas foráneas ExxonMobil y Shell “no han sido capaces de explotar los bloques en el periodo especificado en el contrato de concesión”, debido a la falta de equipo en el mercado mundial por escasez de plataformas, perforadoras y navíos-sondas.
ANP admite que Brasil no debe precipitarse a la subasta de bloques en las aguas ultraprofundas.
Al contrario del entreguista neoliberal Cardoso, el gobierno de Lula ajusta la nueva correlación de fuerzas del flamante orden geoenergético mundial, dominado por los estados nacionales, para beneficiar a Brasil, que parece haber iniciado la desprivatización y renacionalización de Petrobras, a grado tal que se plantea crear una empresa adicional de hidrocarburos propiedad 100 por ciento del Estado.
El prominente empresario y financiero Ricardo Amaral, con un doctorado en economía, sacudió a Brasil con su proclama persuasiva, en un extenso estudio proyectivo, para renacionalizar Petrobras: “es imperativo que el gobierno brasileño siga la principal tendencia global y comience a renacionalizar lo más pronto posible a Petrobras” (RGE Monitor.com, 10/7/08).
La razón principal que aduce se basa en el prodigioso flujo de caja con el que contarán en los próximos 20 años los países petroleros del Golfo Pérsico, que descolgarían, a un precio módico de 80 dólares el barril, un mínimo de 40 billones de dólares, ¡73.3 por ciento del presente PIB mundial!
Parte de tal fortuna de los hidrocarburos, Calderón y sus aliados priístas pretenden regalarla a las parasitarias trasnacionales gallegas y texanas, cuyos países de origen se encuentran totalmente desfondados financiera y económicamente.
7/17/2008
PEMEX NO SE VENDE: HACE AGUA LA DEFORMA FECALERA
Desventuras de la reforma calderonista
Por: Julio Pomar
En la reforma petrolera intentada por Felipe Calderón -que una mayoría aplastante de mexicanos seriamente encuestados, considera derrotada desde ahora- es palpable que a falta de argumentos valederos, ya utilizan desplantes y voces que más parecen “porras” deportivas que arengas políticas. El énfasis en frases repetitivas del propio Calderón, tipo invocación porril, hace ver que ya no tienen argumentos con qué convencer. En una “porra” deportiva no se manejan ideas, sino estribillos acompasados o imágenes sonoras. Pero ni en eso es certero Calderón. Sus “porras” no conmueven a nadie, y si llegan a conmover, no dicen nada. En un partido de futbol ya saben los hinchas qué les dicen las “porras”. Pero en este caso no es así. La percepción general sigue siendo contraria al intento de Calderón.
Pero más allá de tal estilo de proclamas, no hay duda de que los calderonistas no han aprendido nada de este rejuego. Frente a encuestas verdaderamente serias donde más de un 80% opina que Pemex no se debe privatizar, ellos han sacado a relucir las suyas, compradas, donde, dicen, un 72% sí aprueba esa privatización, que nadie en su sensato juicio las considera objetivas sino encuestas a modo de los panistas que las contratan y manipulan. Si los panistas han recurrido a esas falsas encuestas prefabricadas, ello se origina en la inseguridad de su propio argumento de que el Congreso es el que debe decidir la privatización. No la ven ya segura por este camino, el del “mayoriteo” camaral con apoyo de algunos priístas empanizados, quizá porque se filtró que lo estaban buscando mediante la compra de esos votos necesarios, pero en millones de dólares (hace dos o tres semanas decían que les faltaban sólo once votos para alcanzar la mayoría calificada).
Todo este cálculo cojea desde un principio. Primero, ante el panorama nacionalista que sobre el petróleo mexicano y su industria tiene desde siempre la abrumadora mayoría de la población, fue que decidieron irse por el “albazo” o “fast track” legislativo, con la pretensión de sacar la reforma calderoniana en abril pasado. Como esto abortó debido a la intrépida reacción obradorista y popular de organizar destacamentos civiles en defensa del petróleo y debido a la toma de las tribunas legislativas (¡es un atropello a la legalidad democrática!, vociferaban los panistas y los medios obedientes), han tenido que soportar el debate en el Senado, que a la fecha lleva ya realizados 14 foros, en ninguno de los cuales ha surgido ni la más leve sospecha de que la opinión sapiente e informada del país en materia petrolera esté de acuerdo con el despropósito calderoniano, sino exactamente en su contra.
Si callan hoy los panistas sobre los votos legislativos a favor de su intento privatizante, es porque, una de dos, o no los han conseguido, o ya los consiguieron y pretenden mantener bajo perfil en la línea de “mayoritear” la decisión, sin dar a conocer su verdadera fuerza legislativa.
Lo más seguro es la primera opción. No los han conseguido. Y un indicador de tal situación ha sido la reacción del coordinador priísta en el Senado, Manlio Fabio Beltrones Rivera, hábil en este menester, quien mirando el panorama adverso a la reforma petrolera calderonista, se lanzó contra el espionaje que en su contra dice que realiza el Centro de Investigaciones para la Seguridad Nacional (Cisen). Reacción indignada que tiene más el sabor de un postureo de poker, que la resultante de un insulto a una pureza política y moral que él difícilmente tiene. Es bien sabido que Beltrones durante el salinato (1988-1994), siendo subsecretario de Gobernación, practicó el espionaje político contra enemigos de ese gobierno; tambien es muy sabido que posteriormente ha mantenido un equipo de escuchas telefónicas y espionaje, para golpear a sus enemigos, de lo cual han surgido algunas celebres revelaciones de pláticas telefónicas privadas, por ejemplo, las de su archi enemiga dentro del PRI, Elba Esther Gordillo, lideresa del magisterio, a quien él y otros querían afuera del ex partidazo.
Tal pareciera, pues, que Don Beltrone se está curando en salud respecto de su apoyo inicial, en nombre de la bancada priísta, para aprobar en el Senado la reforma calderonista, como sí lo cumplió en el caso de la reforma a la Ley del ISSSTE, que pone en rapaces manos privadas los cuantiosos ahorros de los trabajadores del Estado, con los cuales bastaría para financiar a Pemex, según los expertos, sin necesitar de las inversiones extranjeras. Está Beltrones vendiendo caro su amor, postureando como ante una mesa de cartas en Las Vegas, viendo que la reforma de Calderón tiene poco futuro. El por lo pronto empieza a desmarcarse, a ver quién da más.
La corroboración de esto último la vino a dar el expresidente ultraderechista del PAN, Manuel Espino Barrientos, quien en un libro confeccionado al vapor explotó denunciando que el “verdadero peligro” para México no era López Obrador en el 2006, sino que hoy sí lo es Beltrones por el manejo de poder que Felipe Calderón le ha estado otorgando, a cambio del prometido voto de su bancada. Que es tanto como querer “apretar” a Beltrones, de parte del calderonismo, para que no deje de cumplir con su “compromiso” de echar adelante esa reforma petrolera.
Las desventuradas reformas, pues hay otras programadas, están empantanadas, empezando por la petrolera privatizante. Y si Calderón ha hecho de esta primera reforma la “llave” de sus pretendidas siguientes reformas, como la laboral, es evidente que no le atinará, que está pensando con los hígados aviesos de sus patrocinadores, los grandes capitales nativos y extranjeros, y no con la mente clara de la atención a las reales necesidades nacionales.
7/15/2008
DEFORMA ENERGETICA: PETROCARIBE MODELO ESTATAL SIN PRIVATIZACION
Petrocaribe: un nuevo esquema de unidad y soberanía energética
Eleazar Mujica Sánchez
Aporrea
“Los pueblos de América son más libres y prósperos a medida que más se apartan de los Estados Unidos”. José Martí
El Gobierno Bolivariano ha venido obteniendo grandes éxitos en su política de unidad energética con el sur. Sin duda alguna, los esfuerzos que nuestro presidente Hugo Chávez Frías, ha realizado en esta dirección han demostrado que es posible romper con la conservadora integración que previo al nacimiento de la Venezuela Bolivariana, se circunscribió a la dimensión comercial y a su voraz lógica capitalista que imponía a nuestros países la competencia desleal en detrimento de la complementariedad y solidaridad de nuestros pueblos. Evidentemente, hoy, en su lugar se ha iniciado la construcción de un nuevo tipo de arquitectura unitaria entre nuestros países que supera la dimensión de lo comercial-financiero y otorga un valor preponderante a lo social, como el factor trascendental en el manejo soberano de nuestros recursos, lo cual se ha venido expresando crecientemente en el desarrollo de las áreas de la salud, la educación, entre otras. Por tal razón nos parece oportuna la diferenciación, entre integración y unidad, puesto que hablar de integración supone la estructura conservadora anexionista del modelo económico tradicional, basado en el libre mercado y por tanto jamás podría alcanzarse bajo su lógica el manejo soberano de nuestros recursos naturales. En tanto que, la unidad se vincula con el ideario político filosófico antiimperialista del Bolivarianismo y por ende se privilegia la relación sur-sur y la visión de soberanía de nuestros pueblos.
En ese sentido, cabe mencionar los esfuerzos y acciones disciplinadas que el Gobierno Bolivariano ha emprendido desde sus inicios en el fortalecimiento de la OPEP, así como en el diseño y materialización del Acuerdo Energético de Caracas (AEC) suscrito el 19 de octubre de 2000, el Convenio Cuba Venezuela, suscrito el 30 de octubre de 2000, en el marco del Acuerdo Energético de Caracas. Todo ello, sin excepción, ha marcado un nuevo modelo de unidad que ha servido de catalizador para que otros países se sumarán y posteriormente naciera desde el seno del Gobierno Bolivariano la propuesta inédita de la estrategia de PetroCaribe para los pueblos del Caribe y América Central y de manera más amplia de PetroAmérica para todos los pueblos hermanos de América Latina y el Caribe.
Ahora bien, aún cuando en los primeros antecedentes del esquema de unidad que se inicia con el Acuerdo Energético de Caracas y se extiende al Caribe y a Centro América con PetroCaribe, pudiera citarse el Acuerdo de San José, que suscribieron Venezuela y México el 03 de agosto de 1980, para, entre ambos, exportar, en partes iguales, cada uno, un volumen de 80.000b/d, de crudo o de productos refinados a once países del área (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Haití, República Dominicana, Barbados y Jamaica) , hay que señalar que existe una profunda diferencia con el Acuerdo Energético de Caracas, suscrito inicialmente, entre Venezuela y 10 de los 11 países miembros importadores de petróleo del Acuerdo de San José –con la excepción de Jamaica- y más propiamente con PetroCaribe, no solamente por la inclusión que estos hacen con Cuba, sino porque el Acuerdo de San José no estaba orientado, ni concebía en su racionalidad la financiación de la factura petrolera, en su lugar los gobiernos de México y Venezuela a través de sus entidades financieras oficiales, se limitaba a otorgar créditos a los países beneficiarios por el 30% de sus respectivas facturas petroleras en función de precios de mercado internacional, con un plazo de 5 años y una tasa de interés anual del 4%, por lo que no tenía la capacidad de resolver el problema fundamental que sigue siendo la factura, sobre todo cuando suben los precios como ocurre ahora, cuando vemos que por estos días el WTI, el Brent y hasta la Cesta OPEP constituida por 13 calidades de crudos han superado los 140 dólares. S ituación que no resulta favorable ni para los países productores ni para los consumidores.
Ciertamente, en el caso del Acuerdo Energético de Caracas, si bien el suministro de los 80.000 b/d petróleo se hace en función de los precios internacionales, el plazo de pago es hasta por diecisiete años y a una tasa de interés anual del 2% y en el caso de PetroCaribe en donde se incluyen naciones caribeñas no integradas en el Acuerdo de San José, como es el caso de Antigua y Barbuda, Bahamas, Cuba, Grenada, Guyana, San Cristobal y Nevis, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas y Surinam y otros que si los están como Belice, Jamaica, República Dominicana, Nicaragua, Honduras, Haití y ahora Guatemala - tras su solicitud de adhesión en está V Cumbre que se realiza los días 12 y 13 de julio de 2008-, le brinda una fórmula flexible para el pago de la factura, sin lo cual difícilmente podrían tener acceso o de disfrutarlo lo tendrían con enormes sacrificios para la población, dado los altos costos que ha llegado a alcanzar el barril del petróleo. En la actualidad, como los precios del petróleo superan holgadamente los 100 dólares, el trato permite a sus países miembros compras de petróleo venezolano financiadas en un 50% [1] de la factura en programas sociales y de desarrollo, hasta por 25 años, incluyendo dos años de gracia, al 1% de interés; mientras que el otro 50% debe ser cancelado en noventa (90) días. En efecto, la factura petrolera también puede ser honrada en especies, con el intercambio en condiciones favorables de productos como azúcar, cereales, bananos, textiles y otras necesidades que requiera cubrir Venezuela.
En resumen, ningún otro esquema, ni tampoco ningún otro país en el mundo brinda la facilidad que otorga este esquema. Esto no debería extrañarnos, pues difícilmente el sistema capitalista que no tiene patria, ni amores, como bien lo expresaba Marx, pueda llegar a emprender una acción de esta naturaleza que privilegia lo social y la solidaridad por encima de la voracidad comercial financiera.
PETROCARIBE: UN NUEVO ESQUEMA DE UNIDAD Y SOBERANÍA ENERGÉTICA
PetroCaribe es una de las tres iniciativas energéticas subregionales, que en conjunto con PetroSur y PetroAndina confluyen en PetroAmérica, estrategia que impulsada por el Gobierno Bolivariano de Venezuela, plantea la unidad de las empresas energéticas estatales de América Latina y el Caribe para operacionalizar de manera justa y democrática los acuerdos y realizar inversiones conjuntas en las actividades de aguas arriba – exploración y producción- y en las de aguas abajo –refinación y comercialización-del petróleo y gas natural sin intermediación, en aras de disminuir las asimetrías en la región, minimizando significativamente los costos de la energía y fortaleciendo iniciativas regionales como el ALBA, la Unasur, Mercosur, entre otras. En efecto, PetroAmérica y particularmente PetroCaribe, representa un hecho político, sin precedente, de gran significación histórica para América Latina y el Caribe en la batalla por la unidad, la igualdad, la justicia y la soberanía energética.
PetroCaribe, iniciativa que nació el 29 de junio de 2005, tras el Acuerdo de Cooperación Energética suscrito por 14 países (Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Venezuela Bolivariana. Las excepciones fueron Trinidad y Tobago, por su condición de país petrolero y Barbados, presumiblemente por su vinculación petrolera con Trinidad y Tobago. Sin embargo, estos dos países participan en calidad de observadores) del Caribe durante el I Encuentro Energético de Jefes de Estado y/o de Gobierno del Caribe, celebrado en la ciudad de Puerto La Cruz, es hoy un Acuerdo suscrito entre 17 países, con la inclusión formal de la República de Honduras [2] en enero de 2008. Además, hay que señalar que el Acuerdo también beneficia a varios municipios del Salvador mediante las Alcaldías salvadoreñas que se encuentran en manos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Sin embargo, en el marco de la V Cumbre de PetroCaribe que se estará realizando durante los días 12 y 13 de julio en el estado Zulia-Venezuela, el Presidente de Guatemala, Álvaro Colom, ha hecho pública la adhesión de su país al Proyecto PetroCaribe, aunque tal decisión para su aplicación legal deberá ser aprobada posteriormente por el Congreso de la República de Guatemala. Por lo cual se vislumbra como un hecho que Guatemala se convierta en el décimo octavo miembro de esta organización. Igualmente, vale la pena señalar que en esta oportunidad participará una delegación oficial de Costa Rica a los fines de incorporarse como observador. La delegación estará integrada por los ministros de Ambiente y Energía, Roberto Dobles; de Relaciones Exteriores, Bruno Stagno y el presidente Ejecutivo de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), José León Desanti quienes evaluarán la conveniencia de adherirse a Petrocaribe. Al respecto, es oportuno señalar que el Gobierno de Costa Rica recordó que ha emprendido en las últimas semanas una serie de medidas para ahorrar combustible y disminuir el costo de la factura petrolera que alcanzará este año dos mil 800 millones de dólares, el doble del valor registrado en 2007.
Hasta la fecha, se han celebrado de manera exitosa cuatro Cumbres (y una V tiene lugar justamente en este momento), la constitutiva descrita anteriormente, la II realizada el 6 de septiembre de 2005, en Montego Bay en Jamaica, la III Cumbre celebrada entre el 10 y 11 de agosto de 2007 en Caracas, en cuya edición se produjo la adhesión de Haití y Nicaragua (mediante la asistencia, como invitados especiales, de sus presidentes René Preval y Daniel Ortega, respectivamente) elevándose a 16 los miembros de la organización y la IV, celebrada en diciembre de 2007 en Cuba. En esa oportunidad, se reunieron los 16 países miembros (12 de ellos representados al nivel de jefes de Estado o de Gobierno) y además de Barbados y Trinidad y Tobago quienes participan como observadores , se invitó, por primera vez, a Guatemala y Honduras, produciéndose la solicitud de adhesión de Honduras como el miembro número 17.
Los principales resultados de estas reuniones han sido el Acuerdo de Cooperación Energética de Petrocaribe, la Declaración Política de los Jefes de Estado y Gobierno, el Tratado de Seguridad Energética, la creación de la filial de PDVSA, PDV Caribe [3] que tiene bajo su responsabilidad la coordinación, ejecución y seguimiento de los proyectos de infraestructura energética, desarrollo y asistencia social, así como de otras actividades que promuevan la autosuficiencia y la soberanía energética de las partes contratantes o de los países signatarios del Acuerdo de Cooperación Energética PetroCaribe . Se incluye además, la modernización de la Refinería de Cienfuegos en Cuba [4] , la creación de una cesta de productos y servicios de producción local de los países miembros, y la construcción del mecanismo de compensación de pago de la factura petrolera con el suministro de bienes y servicios, análogos al que tiene Venezuela Bolivariana con Cuba, Argentina, Bolivia y Uruguay, lo cual supone el establecimiento de un mecanismo para el intercambio de bienes en el área del Caribe y la creación de un mercado común, entre otras metas.
En atención a estas políticas, Venezuela Bolivariana como país rector en PetroCaribe suministra a sus países miembros -incluida Cuba, como el mayo consumidor del caribe- un volumen que asciende a más de 220.000 b/d (220MBD) [5] , lo cual genera un ahorro colectivo de unos 800 millones de dólares que son destinados a materializar proyectos para el beneficio de nuestros pueblos. Igualmente, la propuesta implica que cuando el barril de crudo llega a los 100 dólares –tal como ocurre ahora-, se destinará un dólar por cada barril vendido a un programa para la alimentación de esos países. Todo ello demuestra que PetroCaribe, es un proceso de unidad con fuerte vinculación social y cuyo esquema estratégico de seguridad energética ha logrado unir a los países signatarios, independientemente de sus regímenes político-ideológico, lo cual demuestra que no se ha establecido bajo la pretensión de imponer desde nuestra Venezuela Bolivariana un modelo de conducta política a los gobiernos de ese ámbito geoestratégico, mediante la presión económica y /o energética. Por tal razón podríamos decir que en el Caribe ha comenzado a consolidarse una nueva geopolítica petrolera, al servicio de los pueblos y no de los intereses del gran capital . Como parte de sus operaciones esta iniciativa incluye el fondo ALBA Caribe (El fondo inicial de 50 millones de dólares fue donado por Venezuela Bolivariana) , que esta destinado a proyectos de desarrollo en los países socios. De allí que las tareas y los retos que le deparan a PetroCaribe como vector de PetroAmérica son de una magnitud inmensa que tienen como meta su profundización para el periodo 2007-2011.
En efecto, El presidente Hugo Chávez señaló en la clausura de la IV Cumbre que "el plan para el próximo decenio, cuyas inversiones ascenderán a 22 000 millones de dólares, es construir 10 nuevas refinerías y ocho expansiones de las existentes en los países caribeños y latinoamericanos. Será posible refinar crudo venezolano además de Cienfuegos, en República Dominicana, Jamaica y Nicaragua, y el procesamiento del hidrocarburo permitirá obtener diversos productos como gasolina, diesel, fuel oil, nafta, oleofinas y otros elementos que ofrecen valor agregado a las materias primas". Igualmente se piensa construir una flota del ALBA para facilitar el intercambio comercial entre los países de PetroCaribe. En la materialización de estos objetivos ha sido determinante la participación y el papel que ha jugado nuestra nueva PDVSA y también la nueva visión e instrumentación de nuestra política exterior revolucionaria.
Por todas estas razones, se hace evidente que la propuesta del presidente Hugo Chávez de navegar en la unidad energética de los pueblos del sur será viable, pues el petróleo y el gas continúan, y todo parece apuntar que, continuaran por largo tiempo siendo el motor de las economías en el mundo y en nuestra América contamos con grandes depósitos de combustibles fósiles, al punto que ahora mismo en Venezuela Bolivariana se está consolidando el proceso de la certificación de las reservas existentes en la Faja Petrolífera del Orinoco que nos permitirá convertirnos desde el próximo año, en el país con las mayores reservas de petróleo en el mundo, también contamos con un conjunto de empresas petroleras propiamente estatales que muestran un significativo desarrollo tecnológico, sumado al grupo de naciones que se encuentra navegando bajo el nuevo esquema de la Unasur, y el ALBA lo cual facilitará el camino para la unidad entre nuestros Estados, quienes son los verdaderos propietarios de los recursos energéticos que anidan en sus territorios.
Sin duda alguna, la energía es el factor clave para la unidad de nuestros pueblos, tal vez como lo representó el acero y el carbón en los pueblos del continente europeo, pero debe aclararse que son modelos diferentes. La Unión Europea es una unión de racionalidad capitalista que impone a sus países miembros la competencia, el mito del mercado y por ende el darwinismo económico como prerrequisito para demostrar la efectividad de sus actuaciones. En cambio, PetroAmérica (Petro Sur, Petro Andina y PetroCaribe) plantea fundamentalmente la unificación soberana para buscar conjuntamente un desarrollo y complementariedad que ponga en primer termino lo social.
Pensar hoy particularmente en el destino de los países del Caribe y de Centroamérica, en un escenario de elevados precios del petróleo como consecuencia de la brutal especulación de los mercados y de las bolsas de valores y también por la devaluación del dólar, la crisis inmobiliaria de EEUU, la irracional política de los agro combustibles (Un informe extraordinaria del Banco Mundial (BM), señala que los biocombustibles han causado un alza de 75% en los precios de los alimentos, situación que ha generado una crisis mundial que lógicamente está afectando en mayor medida a los países más pobres del planeta), a lo que podría también sumársele el déficit en la capacidad de refinación y los conflictos geopolíticos como los que EEUU e Israel pretende cometer contra Irán, constituye, sin duda alguna, un ejercicio reflexivo interesante, si tomamos en cuenta que la realidad económica y demográfica de estos países exhibe las condiciones más desfavorables del continente, en su geografía encontramos países como, por ejemplo, San Cristóbal y Nevis, en el cual habitan un poco más de 40 mil habitantes en un territorio de apenas 261 Km. 2. Además, no hay que perder de vista que los países de Centroamérica y el Caribe, con la excepción de Trinidad y Tobago –único país cuya producción de hidrocarburos le permite autoabastecerse y exportar gas natural- y en menor proporción Barbados que cubre parcialmente sus necesidades energéticas –Cuba también produce petróleo aunque no en cantidades para satisfacer sus requerimientos internos- y Guatemala único productor de petróleo del istmo, podemos decir que todos los demás son importadores neto ya que no poseen reservas de hidrocarburos y si a ello le sumamos el aumento descomunal que están experimentado los precios de los alimentos – estadísticamente los ciudadanos de bajos recursos de estas dos subregiones gastan en promedio, entre el 60 % y el 80% de sus ingresos en alimentos) en sinergia con una caída en las remesas, como consecuencia de la devaluación del dólar, que es una de las principales fuente de ingresos de los habitantes de estos países no hay duda en que su situación desmejoraría aún más, sino contarán sus pueblos con los beneficios y condiciones que les ofrece la estrategia de PetroCaribe mediante la cual Venezuela Bolivariana suministra crudos y derivados sin presión política y económica alguna, lo que constituye un verdadero aliciente para las economías de estos pueblos que le permite un ahorro colectivo de aproximadamente unos 800 millones de dólares y todo parece apuntar que los beneficios serán mayores en el futuro inmediato dado los planes y proyectos que se encuentra en marcha.
En tal sentido, consideramos que petróleo y socialismo, serán las palancas fundamentales, en este nuevo siglo, para romper con el sistema de desigualdades y de fragmentaciones que hasta ahora se nos ha impuesto en nombre de una irracional División Internacional del Trabajo, y por tanto para consolidar el desarrollo y la verdadera liberación de nuestros pueblos y su marcha soberana en aras de la construcción de un nuevo mundo, al servicio del hombre y un nuevo orden energético internacional, donde se corrijan las asimetrías impuestas por el norte desarrollado y su insaciable y creciente consumo de hidrocarburos. Sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer y una ardua batalla que librar contra las pretensiones imperiales de instaurar en nuestros países los TLCs y la Carta Energética de Europa, entres otras estrategias, con las que intentarán por todos los medios de obstaculizar nuestra unidad y soberanía. En efecto, en nuestra América Latina y Caribeña se evidencia claramente dos posturas antagónica, una de abierta tendencia neoliberal y, si se quiere, en franca correspondencia con el monroísmo, doctrina totalmente opuesta al bolivarianismo y otra de claros signos progresistas que aboga por el manejo soberano de sus recursos y cuyo desarrollo se ha venido expandiendo por el Caribe, Centro América y América del Sur.
Finalmente, debemos señalar que en el contexto de esta nueva Cumbre a la que se adhiere la República de Guatemala del recién electo presidente Álvaro Colom y en la que la República de Costa Rica participa como miembro observador, a fin de evaluar la conveniencia de acceder a las facilidades crediticias que implica el Acuerdo, ante los elevados precios del petróleo, los latinoamericanos y bolivarianos nos llenamos de profundas esperanzas porque observamos con orgullo como cada día son más los pueblos que se unen a esta iniciativa que más temprano que tarde terminará haciendo efectiva la unidad verdadera de todos nuestros pueblos en su lucha por un mundo mejor al servicio del hombre, la paz, el desarrollo y la autodeterminación, tal como lo augurio Bolívar con la convocatoria del glorioso Congreso Anfictiónico de Panamá que simboliza históricamente sus esfuerzos por la unidad de América Latina y el Caribe desde su instalación el 22 de junio de 1826 [6] . De hecho este encuentro que durante los días 12 y 13 de julio tendrá lugar en el estado Zulia, será propicio para ampliar el debate y la inclusión de otros temas como la crisis alimentaria mundial y el análisis sobre el tema energético en el contexto de la realidad de nuestros pueblos.
Eleazar Mujica Sánchez
Aporrea
“Los pueblos de América son más libres y prósperos a medida que más se apartan de los Estados Unidos”. José Martí
El Gobierno Bolivariano ha venido obteniendo grandes éxitos en su política de unidad energética con el sur. Sin duda alguna, los esfuerzos que nuestro presidente Hugo Chávez Frías, ha realizado en esta dirección han demostrado que es posible romper con la conservadora integración que previo al nacimiento de la Venezuela Bolivariana, se circunscribió a la dimensión comercial y a su voraz lógica capitalista que imponía a nuestros países la competencia desleal en detrimento de la complementariedad y solidaridad de nuestros pueblos. Evidentemente, hoy, en su lugar se ha iniciado la construcción de un nuevo tipo de arquitectura unitaria entre nuestros países que supera la dimensión de lo comercial-financiero y otorga un valor preponderante a lo social, como el factor trascendental en el manejo soberano de nuestros recursos, lo cual se ha venido expresando crecientemente en el desarrollo de las áreas de la salud, la educación, entre otras. Por tal razón nos parece oportuna la diferenciación, entre integración y unidad, puesto que hablar de integración supone la estructura conservadora anexionista del modelo económico tradicional, basado en el libre mercado y por tanto jamás podría alcanzarse bajo su lógica el manejo soberano de nuestros recursos naturales. En tanto que, la unidad se vincula con el ideario político filosófico antiimperialista del Bolivarianismo y por ende se privilegia la relación sur-sur y la visión de soberanía de nuestros pueblos.
En ese sentido, cabe mencionar los esfuerzos y acciones disciplinadas que el Gobierno Bolivariano ha emprendido desde sus inicios en el fortalecimiento de la OPEP, así como en el diseño y materialización del Acuerdo Energético de Caracas (AEC) suscrito el 19 de octubre de 2000, el Convenio Cuba Venezuela, suscrito el 30 de octubre de 2000, en el marco del Acuerdo Energético de Caracas. Todo ello, sin excepción, ha marcado un nuevo modelo de unidad que ha servido de catalizador para que otros países se sumarán y posteriormente naciera desde el seno del Gobierno Bolivariano la propuesta inédita de la estrategia de PetroCaribe para los pueblos del Caribe y América Central y de manera más amplia de PetroAmérica para todos los pueblos hermanos de América Latina y el Caribe.
Ahora bien, aún cuando en los primeros antecedentes del esquema de unidad que se inicia con el Acuerdo Energético de Caracas y se extiende al Caribe y a Centro América con PetroCaribe, pudiera citarse el Acuerdo de San José, que suscribieron Venezuela y México el 03 de agosto de 1980, para, entre ambos, exportar, en partes iguales, cada uno, un volumen de 80.000b/d, de crudo o de productos refinados a once países del área (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Haití, República Dominicana, Barbados y Jamaica) , hay que señalar que existe una profunda diferencia con el Acuerdo Energético de Caracas, suscrito inicialmente, entre Venezuela y 10 de los 11 países miembros importadores de petróleo del Acuerdo de San José –con la excepción de Jamaica- y más propiamente con PetroCaribe, no solamente por la inclusión que estos hacen con Cuba, sino porque el Acuerdo de San José no estaba orientado, ni concebía en su racionalidad la financiación de la factura petrolera, en su lugar los gobiernos de México y Venezuela a través de sus entidades financieras oficiales, se limitaba a otorgar créditos a los países beneficiarios por el 30% de sus respectivas facturas petroleras en función de precios de mercado internacional, con un plazo de 5 años y una tasa de interés anual del 4%, por lo que no tenía la capacidad de resolver el problema fundamental que sigue siendo la factura, sobre todo cuando suben los precios como ocurre ahora, cuando vemos que por estos días el WTI, el Brent y hasta la Cesta OPEP constituida por 13 calidades de crudos han superado los 140 dólares. S ituación que no resulta favorable ni para los países productores ni para los consumidores.
Ciertamente, en el caso del Acuerdo Energético de Caracas, si bien el suministro de los 80.000 b/d petróleo se hace en función de los precios internacionales, el plazo de pago es hasta por diecisiete años y a una tasa de interés anual del 2% y en el caso de PetroCaribe en donde se incluyen naciones caribeñas no integradas en el Acuerdo de San José, como es el caso de Antigua y Barbuda, Bahamas, Cuba, Grenada, Guyana, San Cristobal y Nevis, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas y Surinam y otros que si los están como Belice, Jamaica, República Dominicana, Nicaragua, Honduras, Haití y ahora Guatemala - tras su solicitud de adhesión en está V Cumbre que se realiza los días 12 y 13 de julio de 2008-, le brinda una fórmula flexible para el pago de la factura, sin lo cual difícilmente podrían tener acceso o de disfrutarlo lo tendrían con enormes sacrificios para la población, dado los altos costos que ha llegado a alcanzar el barril del petróleo. En la actualidad, como los precios del petróleo superan holgadamente los 100 dólares, el trato permite a sus países miembros compras de petróleo venezolano financiadas en un 50% [1] de la factura en programas sociales y de desarrollo, hasta por 25 años, incluyendo dos años de gracia, al 1% de interés; mientras que el otro 50% debe ser cancelado en noventa (90) días. En efecto, la factura petrolera también puede ser honrada en especies, con el intercambio en condiciones favorables de productos como azúcar, cereales, bananos, textiles y otras necesidades que requiera cubrir Venezuela.
En resumen, ningún otro esquema, ni tampoco ningún otro país en el mundo brinda la facilidad que otorga este esquema. Esto no debería extrañarnos, pues difícilmente el sistema capitalista que no tiene patria, ni amores, como bien lo expresaba Marx, pueda llegar a emprender una acción de esta naturaleza que privilegia lo social y la solidaridad por encima de la voracidad comercial financiera.
PETROCARIBE: UN NUEVO ESQUEMA DE UNIDAD Y SOBERANÍA ENERGÉTICA
PetroCaribe es una de las tres iniciativas energéticas subregionales, que en conjunto con PetroSur y PetroAndina confluyen en PetroAmérica, estrategia que impulsada por el Gobierno Bolivariano de Venezuela, plantea la unidad de las empresas energéticas estatales de América Latina y el Caribe para operacionalizar de manera justa y democrática los acuerdos y realizar inversiones conjuntas en las actividades de aguas arriba – exploración y producción- y en las de aguas abajo –refinación y comercialización-del petróleo y gas natural sin intermediación, en aras de disminuir las asimetrías en la región, minimizando significativamente los costos de la energía y fortaleciendo iniciativas regionales como el ALBA, la Unasur, Mercosur, entre otras. En efecto, PetroAmérica y particularmente PetroCaribe, representa un hecho político, sin precedente, de gran significación histórica para América Latina y el Caribe en la batalla por la unidad, la igualdad, la justicia y la soberanía energética.
PetroCaribe, iniciativa que nació el 29 de junio de 2005, tras el Acuerdo de Cooperación Energética suscrito por 14 países (Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Venezuela Bolivariana. Las excepciones fueron Trinidad y Tobago, por su condición de país petrolero y Barbados, presumiblemente por su vinculación petrolera con Trinidad y Tobago. Sin embargo, estos dos países participan en calidad de observadores) del Caribe durante el I Encuentro Energético de Jefes de Estado y/o de Gobierno del Caribe, celebrado en la ciudad de Puerto La Cruz, es hoy un Acuerdo suscrito entre 17 países, con la inclusión formal de la República de Honduras [2] en enero de 2008. Además, hay que señalar que el Acuerdo también beneficia a varios municipios del Salvador mediante las Alcaldías salvadoreñas que se encuentran en manos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Sin embargo, en el marco de la V Cumbre de PetroCaribe que se estará realizando durante los días 12 y 13 de julio en el estado Zulia-Venezuela, el Presidente de Guatemala, Álvaro Colom, ha hecho pública la adhesión de su país al Proyecto PetroCaribe, aunque tal decisión para su aplicación legal deberá ser aprobada posteriormente por el Congreso de la República de Guatemala. Por lo cual se vislumbra como un hecho que Guatemala se convierta en el décimo octavo miembro de esta organización. Igualmente, vale la pena señalar que en esta oportunidad participará una delegación oficial de Costa Rica a los fines de incorporarse como observador. La delegación estará integrada por los ministros de Ambiente y Energía, Roberto Dobles; de Relaciones Exteriores, Bruno Stagno y el presidente Ejecutivo de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), José León Desanti quienes evaluarán la conveniencia de adherirse a Petrocaribe. Al respecto, es oportuno señalar que el Gobierno de Costa Rica recordó que ha emprendido en las últimas semanas una serie de medidas para ahorrar combustible y disminuir el costo de la factura petrolera que alcanzará este año dos mil 800 millones de dólares, el doble del valor registrado en 2007.
Hasta la fecha, se han celebrado de manera exitosa cuatro Cumbres (y una V tiene lugar justamente en este momento), la constitutiva descrita anteriormente, la II realizada el 6 de septiembre de 2005, en Montego Bay en Jamaica, la III Cumbre celebrada entre el 10 y 11 de agosto de 2007 en Caracas, en cuya edición se produjo la adhesión de Haití y Nicaragua (mediante la asistencia, como invitados especiales, de sus presidentes René Preval y Daniel Ortega, respectivamente) elevándose a 16 los miembros de la organización y la IV, celebrada en diciembre de 2007 en Cuba. En esa oportunidad, se reunieron los 16 países miembros (12 de ellos representados al nivel de jefes de Estado o de Gobierno) y además de Barbados y Trinidad y Tobago quienes participan como observadores , se invitó, por primera vez, a Guatemala y Honduras, produciéndose la solicitud de adhesión de Honduras como el miembro número 17.
Los principales resultados de estas reuniones han sido el Acuerdo de Cooperación Energética de Petrocaribe, la Declaración Política de los Jefes de Estado y Gobierno, el Tratado de Seguridad Energética, la creación de la filial de PDVSA, PDV Caribe [3] que tiene bajo su responsabilidad la coordinación, ejecución y seguimiento de los proyectos de infraestructura energética, desarrollo y asistencia social, así como de otras actividades que promuevan la autosuficiencia y la soberanía energética de las partes contratantes o de los países signatarios del Acuerdo de Cooperación Energética PetroCaribe . Se incluye además, la modernización de la Refinería de Cienfuegos en Cuba [4] , la creación de una cesta de productos y servicios de producción local de los países miembros, y la construcción del mecanismo de compensación de pago de la factura petrolera con el suministro de bienes y servicios, análogos al que tiene Venezuela Bolivariana con Cuba, Argentina, Bolivia y Uruguay, lo cual supone el establecimiento de un mecanismo para el intercambio de bienes en el área del Caribe y la creación de un mercado común, entre otras metas.
En atención a estas políticas, Venezuela Bolivariana como país rector en PetroCaribe suministra a sus países miembros -incluida Cuba, como el mayo consumidor del caribe- un volumen que asciende a más de 220.000 b/d (220MBD) [5] , lo cual genera un ahorro colectivo de unos 800 millones de dólares que son destinados a materializar proyectos para el beneficio de nuestros pueblos. Igualmente, la propuesta implica que cuando el barril de crudo llega a los 100 dólares –tal como ocurre ahora-, se destinará un dólar por cada barril vendido a un programa para la alimentación de esos países. Todo ello demuestra que PetroCaribe, es un proceso de unidad con fuerte vinculación social y cuyo esquema estratégico de seguridad energética ha logrado unir a los países signatarios, independientemente de sus regímenes político-ideológico, lo cual demuestra que no se ha establecido bajo la pretensión de imponer desde nuestra Venezuela Bolivariana un modelo de conducta política a los gobiernos de ese ámbito geoestratégico, mediante la presión económica y /o energética. Por tal razón podríamos decir que en el Caribe ha comenzado a consolidarse una nueva geopolítica petrolera, al servicio de los pueblos y no de los intereses del gran capital . Como parte de sus operaciones esta iniciativa incluye el fondo ALBA Caribe (El fondo inicial de 50 millones de dólares fue donado por Venezuela Bolivariana) , que esta destinado a proyectos de desarrollo en los países socios. De allí que las tareas y los retos que le deparan a PetroCaribe como vector de PetroAmérica son de una magnitud inmensa que tienen como meta su profundización para el periodo 2007-2011.
En efecto, El presidente Hugo Chávez señaló en la clausura de la IV Cumbre que "el plan para el próximo decenio, cuyas inversiones ascenderán a 22 000 millones de dólares, es construir 10 nuevas refinerías y ocho expansiones de las existentes en los países caribeños y latinoamericanos. Será posible refinar crudo venezolano además de Cienfuegos, en República Dominicana, Jamaica y Nicaragua, y el procesamiento del hidrocarburo permitirá obtener diversos productos como gasolina, diesel, fuel oil, nafta, oleofinas y otros elementos que ofrecen valor agregado a las materias primas". Igualmente se piensa construir una flota del ALBA para facilitar el intercambio comercial entre los países de PetroCaribe. En la materialización de estos objetivos ha sido determinante la participación y el papel que ha jugado nuestra nueva PDVSA y también la nueva visión e instrumentación de nuestra política exterior revolucionaria.
Por todas estas razones, se hace evidente que la propuesta del presidente Hugo Chávez de navegar en la unidad energética de los pueblos del sur será viable, pues el petróleo y el gas continúan, y todo parece apuntar que, continuaran por largo tiempo siendo el motor de las economías en el mundo y en nuestra América contamos con grandes depósitos de combustibles fósiles, al punto que ahora mismo en Venezuela Bolivariana se está consolidando el proceso de la certificación de las reservas existentes en la Faja Petrolífera del Orinoco que nos permitirá convertirnos desde el próximo año, en el país con las mayores reservas de petróleo en el mundo, también contamos con un conjunto de empresas petroleras propiamente estatales que muestran un significativo desarrollo tecnológico, sumado al grupo de naciones que se encuentra navegando bajo el nuevo esquema de la Unasur, y el ALBA lo cual facilitará el camino para la unidad entre nuestros Estados, quienes son los verdaderos propietarios de los recursos energéticos que anidan en sus territorios.
Sin duda alguna, la energía es el factor clave para la unidad de nuestros pueblos, tal vez como lo representó el acero y el carbón en los pueblos del continente europeo, pero debe aclararse que son modelos diferentes. La Unión Europea es una unión de racionalidad capitalista que impone a sus países miembros la competencia, el mito del mercado y por ende el darwinismo económico como prerrequisito para demostrar la efectividad de sus actuaciones. En cambio, PetroAmérica (Petro Sur, Petro Andina y PetroCaribe) plantea fundamentalmente la unificación soberana para buscar conjuntamente un desarrollo y complementariedad que ponga en primer termino lo social.
Pensar hoy particularmente en el destino de los países del Caribe y de Centroamérica, en un escenario de elevados precios del petróleo como consecuencia de la brutal especulación de los mercados y de las bolsas de valores y también por la devaluación del dólar, la crisis inmobiliaria de EEUU, la irracional política de los agro combustibles (Un informe extraordinaria del Banco Mundial (BM), señala que los biocombustibles han causado un alza de 75% en los precios de los alimentos, situación que ha generado una crisis mundial que lógicamente está afectando en mayor medida a los países más pobres del planeta), a lo que podría también sumársele el déficit en la capacidad de refinación y los conflictos geopolíticos como los que EEUU e Israel pretende cometer contra Irán, constituye, sin duda alguna, un ejercicio reflexivo interesante, si tomamos en cuenta que la realidad económica y demográfica de estos países exhibe las condiciones más desfavorables del continente, en su geografía encontramos países como, por ejemplo, San Cristóbal y Nevis, en el cual habitan un poco más de 40 mil habitantes en un territorio de apenas 261 Km. 2. Además, no hay que perder de vista que los países de Centroamérica y el Caribe, con la excepción de Trinidad y Tobago –único país cuya producción de hidrocarburos le permite autoabastecerse y exportar gas natural- y en menor proporción Barbados que cubre parcialmente sus necesidades energéticas –Cuba también produce petróleo aunque no en cantidades para satisfacer sus requerimientos internos- y Guatemala único productor de petróleo del istmo, podemos decir que todos los demás son importadores neto ya que no poseen reservas de hidrocarburos y si a ello le sumamos el aumento descomunal que están experimentado los precios de los alimentos – estadísticamente los ciudadanos de bajos recursos de estas dos subregiones gastan en promedio, entre el 60 % y el 80% de sus ingresos en alimentos) en sinergia con una caída en las remesas, como consecuencia de la devaluación del dólar, que es una de las principales fuente de ingresos de los habitantes de estos países no hay duda en que su situación desmejoraría aún más, sino contarán sus pueblos con los beneficios y condiciones que les ofrece la estrategia de PetroCaribe mediante la cual Venezuela Bolivariana suministra crudos y derivados sin presión política y económica alguna, lo que constituye un verdadero aliciente para las economías de estos pueblos que le permite un ahorro colectivo de aproximadamente unos 800 millones de dólares y todo parece apuntar que los beneficios serán mayores en el futuro inmediato dado los planes y proyectos que se encuentra en marcha.
En tal sentido, consideramos que petróleo y socialismo, serán las palancas fundamentales, en este nuevo siglo, para romper con el sistema de desigualdades y de fragmentaciones que hasta ahora se nos ha impuesto en nombre de una irracional División Internacional del Trabajo, y por tanto para consolidar el desarrollo y la verdadera liberación de nuestros pueblos y su marcha soberana en aras de la construcción de un nuevo mundo, al servicio del hombre y un nuevo orden energético internacional, donde se corrijan las asimetrías impuestas por el norte desarrollado y su insaciable y creciente consumo de hidrocarburos. Sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer y una ardua batalla que librar contra las pretensiones imperiales de instaurar en nuestros países los TLCs y la Carta Energética de Europa, entres otras estrategias, con las que intentarán por todos los medios de obstaculizar nuestra unidad y soberanía. En efecto, en nuestra América Latina y Caribeña se evidencia claramente dos posturas antagónica, una de abierta tendencia neoliberal y, si se quiere, en franca correspondencia con el monroísmo, doctrina totalmente opuesta al bolivarianismo y otra de claros signos progresistas que aboga por el manejo soberano de sus recursos y cuyo desarrollo se ha venido expandiendo por el Caribe, Centro América y América del Sur.
Finalmente, debemos señalar que en el contexto de esta nueva Cumbre a la que se adhiere la República de Guatemala del recién electo presidente Álvaro Colom y en la que la República de Costa Rica participa como miembro observador, a fin de evaluar la conveniencia de acceder a las facilidades crediticias que implica el Acuerdo, ante los elevados precios del petróleo, los latinoamericanos y bolivarianos nos llenamos de profundas esperanzas porque observamos con orgullo como cada día son más los pueblos que se unen a esta iniciativa que más temprano que tarde terminará haciendo efectiva la unidad verdadera de todos nuestros pueblos en su lucha por un mundo mejor al servicio del hombre, la paz, el desarrollo y la autodeterminación, tal como lo augurio Bolívar con la convocatoria del glorioso Congreso Anfictiónico de Panamá que simboliza históricamente sus esfuerzos por la unidad de América Latina y el Caribe desde su instalación el 22 de junio de 1826 [6] . De hecho este encuentro que durante los días 12 y 13 de julio tendrá lugar en el estado Zulia, será propicio para ampliar el debate y la inclusión de otros temas como la crisis alimentaria mundial y el análisis sobre el tema energético en el contexto de la realidad de nuestros pueblos.
7/09/2008
DEFORMA ENERGETICA: LOS SOCIOS DE FECAL, SLIM Y MOURIÑO SON SOCIALMENTE IRRESPONSABLES
Repsol YPF: Un discurso socialmente irresponsable. Un estudio sobre la Responsabilidad Social Corporativa de la multinacional española
Jesús Carrión y Marc Gavaldà
Para descubrir hasta dónde llega el "compromiso social del capitalismo" en la era neoliberal, hemos desarrollado este estudio de caso que analiza las palabras y los hecho de una de las multinacionales españolas con presencia en todas partes del mundo y particularmente en América Latina.
¿Es la RSC una nueva herramienta del «management empresarial», diseñada desde departamentos de marketing y relaciones públicas de las empresas, para dotarlas de una apariencia de responsabilidad ante la sociedad que le permita incrementar su reputación y la de sus marcas y productos? ¿Ayuda la RSC a las empresas a desviar la atención de la sociedad de la raíz de los grandes problemas (cambio climático, desequilibrios sociales, etc.)? ¿Llevarían a cabo RSC las empresas si no les fuera rentable y no generara ningún tipo de valor añadido para la compañía? En definitiva, en el actual sistema económico, ¿puede ser socialmente responsable una empresa transnacional?
Para dar respuesta a todas estas preguntas, creímos conveniente, con el equipo de Àgora Nord Sud, estudiar el discurso teórico del concepto de la RSC y ver cómo, en la práctica, era aplicado por una de las empresas líderes en el Estado español, la transnacional REPSOL YPF, para acabar averiguando si REPSOL YPF puede ser socialmente responsable de verdad.
Para descargar el estudio completo, HAZ CLICK AQUI
Jesús Carrión y Marc Gavaldà
Para descubrir hasta dónde llega el "compromiso social del capitalismo" en la era neoliberal, hemos desarrollado este estudio de caso que analiza las palabras y los hecho de una de las multinacionales españolas con presencia en todas partes del mundo y particularmente en América Latina.
¿Es la RSC una nueva herramienta del «management empresarial», diseñada desde departamentos de marketing y relaciones públicas de las empresas, para dotarlas de una apariencia de responsabilidad ante la sociedad que le permita incrementar su reputación y la de sus marcas y productos? ¿Ayuda la RSC a las empresas a desviar la atención de la sociedad de la raíz de los grandes problemas (cambio climático, desequilibrios sociales, etc.)? ¿Llevarían a cabo RSC las empresas si no les fuera rentable y no generara ningún tipo de valor añadido para la compañía? En definitiva, en el actual sistema económico, ¿puede ser socialmente responsable una empresa transnacional?
Para dar respuesta a todas estas preguntas, creímos conveniente, con el equipo de Àgora Nord Sud, estudiar el discurso teórico del concepto de la RSC y ver cómo, en la práctica, era aplicado por una de las empresas líderes en el Estado español, la transnacional REPSOL YPF, para acabar averiguando si REPSOL YPF puede ser socialmente responsable de verdad.
Para descargar el estudio completo, HAZ CLICK AQUI
¿ POR QUE NACIONALIZA BOLIVIA SUS HIDROCARBUROS?
¿Responsabilidad corporativa o derechos sociales? Un análisis de la "nacionalización" de los hidrocarburos en Bolivia
ACSUR-Las Segovias y CEDIB
De forma creciente, se nos presenta la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como la contribución de las empresas al bienestar de la sociedad. La industria petrolera se ha sumado al discurso. En los países donde opera, con baja cobertura de servicios básicos y alta desigualdad social, la RSC aparece incluso como un instrumento capaz de atenuar la pobreza... ¿pero es eso posible?
Las organizaciones sociales ACSUR-LAS SEGOVIAS y CEDIB acaban de publicar el informe ”¿Responsabilidad corporativa o derechos sociales? Un análisis de la "nacionalización" de los hidrocarburos en Bolivia” , una investigación coordinada por Antonio Rodríguez-Carmona, en la que que se explica el cómo y el porqué de “nacionalización “de los hidrocarburos en Bolivia y las consecuencias que ha tenido en las transnacionales. Asimismo, analiza la relación entre los intereses de las transnacionales y la llamada Responsabilidad Social Corporativa.
Bolivia posee las segundas reservas de gas natural de América Latina. Exporta grandes volúmenes a Argentina y Brasil. Sin embargo, sufre crisis recurrentes de desabastecimiento de diésel y gas licuado, derivados que debe importar de sus países vecinos. En 1996, el gobierno vendió la empresa pública de hidrocarburos a las transnacionales, pero la privatización estuvo llena de trampas: se redujo la tributación del sector, se contrajo la renta petrolera (los ingresos públicos por impuestos al petróleo). Petrobrás, Total y el resto de petroleras generaron graves impactos ambientales.
Según sus memorias anuales, las actividades de RSC de las petroleras contribuyeron a “endulzar la vida” de la población, a construir “viviendas saludables”... Los hechos son muy diferentes. Los proyectos de inversión social han representado una parte mínima de sus beneficios y han operado como un lavado de cara o una herramienta para comprar voluntades. Pero aún hay más. Tras los anuncios de publicidad de las petroleras, se esconde una estrategia de incidencia política: el apoyo a las élites oligarcas de Santa Cruz y a la agenda de autonomías departamentales. ¿Es legítimo que las petroleras intervengas en asuntos internos del país para conservar sus beneficios?
Frente a la retórica de la RSC, el ejercicio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) ofrece un camino más claro de bienestar. La subida de impuestos aprobada por el Gobierno de Evo Morales a las transnacionales permitió la renta petrolera pasara de representar el 6,1% al 14,7% del PIB.
Para ver el informe completo en PDF
Otros datos interesantes sobre los Depredadores Empresariales:
- Los impuestos que pagan las petroleras en Bolivia son menores que en Noruega, donde la producción de hidrocarburos está gravada con un 78%. (Fuente: Estrada, 2006).
- Los ingresos operativos De REPSOL-YPF alcanzaron 51.045 millones € en 2005, mientras que el PIB de Bolivia ascendió a 9.334 millones $US. (Fuente: Repsol YPF, Banco Mundial).
- Los ejecutivos de Repsol YPF cobraban hasta 27.000 $Us/mes en 2006. El salario mínimo en Bolivia son 70 $Us y el salario presidencial, 1.800 $Us. (Fuente: La Prensa, 7 noviembre 2006).
- En el marco de su política de Responsabilidad Social corporativa, Repsol YPF dedicó 22,67 millones € a inversión social en 2005 (el 0,37% del resultado operativo total). (Fuente: Repsol YPF)
ACSUR-Las Segovias y CEDIB
De forma creciente, se nos presenta la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como la contribución de las empresas al bienestar de la sociedad. La industria petrolera se ha sumado al discurso. En los países donde opera, con baja cobertura de servicios básicos y alta desigualdad social, la RSC aparece incluso como un instrumento capaz de atenuar la pobreza... ¿pero es eso posible?
Las organizaciones sociales ACSUR-LAS SEGOVIAS y CEDIB acaban de publicar el informe ”¿Responsabilidad corporativa o derechos sociales? Un análisis de la "nacionalización" de los hidrocarburos en Bolivia” , una investigación coordinada por Antonio Rodríguez-Carmona, en la que que se explica el cómo y el porqué de “nacionalización “de los hidrocarburos en Bolivia y las consecuencias que ha tenido en las transnacionales. Asimismo, analiza la relación entre los intereses de las transnacionales y la llamada Responsabilidad Social Corporativa.
Bolivia posee las segundas reservas de gas natural de América Latina. Exporta grandes volúmenes a Argentina y Brasil. Sin embargo, sufre crisis recurrentes de desabastecimiento de diésel y gas licuado, derivados que debe importar de sus países vecinos. En 1996, el gobierno vendió la empresa pública de hidrocarburos a las transnacionales, pero la privatización estuvo llena de trampas: se redujo la tributación del sector, se contrajo la renta petrolera (los ingresos públicos por impuestos al petróleo). Petrobrás, Total y el resto de petroleras generaron graves impactos ambientales.
Según sus memorias anuales, las actividades de RSC de las petroleras contribuyeron a “endulzar la vida” de la población, a construir “viviendas saludables”... Los hechos son muy diferentes. Los proyectos de inversión social han representado una parte mínima de sus beneficios y han operado como un lavado de cara o una herramienta para comprar voluntades. Pero aún hay más. Tras los anuncios de publicidad de las petroleras, se esconde una estrategia de incidencia política: el apoyo a las élites oligarcas de Santa Cruz y a la agenda de autonomías departamentales. ¿Es legítimo que las petroleras intervengas en asuntos internos del país para conservar sus beneficios?
Frente a la retórica de la RSC, el ejercicio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) ofrece un camino más claro de bienestar. La subida de impuestos aprobada por el Gobierno de Evo Morales a las transnacionales permitió la renta petrolera pasara de representar el 6,1% al 14,7% del PIB.
Para ver el informe completo en PDF
Otros datos interesantes sobre los Depredadores Empresariales:
- Los impuestos que pagan las petroleras en Bolivia son menores que en Noruega, donde la producción de hidrocarburos está gravada con un 78%. (Fuente: Estrada, 2006).
- Los ingresos operativos De REPSOL-YPF alcanzaron 51.045 millones € en 2005, mientras que el PIB de Bolivia ascendió a 9.334 millones $US. (Fuente: Repsol YPF, Banco Mundial).
- Los ejecutivos de Repsol YPF cobraban hasta 27.000 $Us/mes en 2006. El salario mínimo en Bolivia son 70 $Us y el salario presidencial, 1.800 $Us. (Fuente: La Prensa, 7 noviembre 2006).
- En el marco de su política de Responsabilidad Social corporativa, Repsol YPF dedicó 22,67 millones € a inversión social en 2005 (el 0,37% del resultado operativo total). (Fuente: Repsol YPF)
7/07/2008
DEFENDER NUESTRO PETROLEO ES PRIMORDIAL
PEMEX: debate, consulta, temor y desastre
Por: Julio Pomar
Los hechos en torno al debate petrolero se acumulan. Con creces, siguen adelante en el foro del Senado los partidarios de que PEMEX refrende su pertenencia a la nación, mientras que sus oponentes, los que ansían con oscuro interés la enajenación de la industria petrolera hacia las manos privadas, no le están llegando ni a los tobillos a los primeros en cuanto a calidad de análisis o lógica de argumentación. Pero si bien el debate en el Senado no es vinculante, obligatorio legalmente hablando, sino que han de ser los legisladores los que, después del debate en el foro del Senado, habrán de decidir la suerte de PEMEX, se puede adelantar que en la compulsa petrolera el triunfo moral y político ya lo tienen los defensores de PEMEX como instrumento de la nación para su desarrollo.
Este triunfo político y moral debiera ser ratificado en las cámaras legislativas, si éstas en su gruesa mayoría fueran genuinamente representativas de la nación. No es automático que así sea. La conjunción entre panistas y priístas empanizados tiene cierta fuerza numérica en las dos cámaras. Los voceros panistas señalaban hace días que andaban en busca de sólo once votos senatoriales de priístas para hacer la mayoría requerida que eche adelante el proyecto calderónico de privatización petrolera. Sólo once votos, de un total de 128 escaños, son la diferencia entre la vida y la muerte del sueño nacionalista petrolero mexicano.
Si el panismo calderonista y el priísmo entreguista triunfaran en este empeño, días aciagos habrían de sobrevenirle a México, como bien lo han expresado múltiples voces adentro y afuera de los ámbitos políticos y legislativos. Desde la Expropiación Petrolera de Lázaro Cárdenas del Río en 1938 hasta hoy, México habría perdido 70 años de independencia petrolera y económica. El rezago histórico resultante sería de casi un siglo. Y sin duda esto significaría que el pueblo mexicano, que a la postre siempre se rebela contra la adversidad y la sinrazón, habría de entrar al camino abrupto y azaroso de nacionalizar la política mexicana y, por ende, de refundar al Estado, cuestión no menos azarosa y abrupta.
En otras palabras, la supuesta solución de privatizar la industria petrolera sólo sería el punto de arranque de un nuevo ciclo histórico mexicano en el que la demanda principal sería volver a hacer prevalecer los intereses nacionales sobre los intereses privados que en los hechos -y también en la teoría- navegan contra la nación y su interés. Volveríamos a empezar, debido a la rapacidad y a la miopía histórica de la derecha actualmente en el poder presidencial.
No hay vuelta de hoja. Para efectos prácticos, como se está viendo, el hecho de que Felipe Calderón Hinojosa haya asumido el poder presidencial “háiga sido como háiga sido”, esto es, por un magro y tramposo 0.5% de los votos, no parece conmover a los panistas y a la derecha cupular empresarial. Estos quieren creer, y hacernos creer, que esa infinitesimal mínima diferencia de votos fue una suerte de cheque en blanco que el pueblo mexicano les dio para que esta derecha inepta y entreguista traicionara a los dos tercios restantes de electores que no votaron por Calderón (entre obradoristas y priístas). Les importa, como a todos ellos en la elección del 2006, obtener el resultado al estilo del “háiga sido como háiga sido”. Una vez afianzados, creen que lo demás sería cuestión de propaganda, de disuasión de la protesta, de manipulación mediática mentirosa, de atole con el dedo a las mayorías mexicanas y hasta de represiones.
De lo cual resulta que si las cámaras legislativas, por la trampa de sumar votos (y ya se denunció que desde el actual gobierno están queriendo comprar cada voto necesario en varios millones de dólares, con escandalizado y gazmoño sobresalto panista) llegasen a obtener esa mayoría necesaria para poder vender la soberanía del Estado -fuese a los privados, fuese a los extranjeros también privados- el único camino que quedaría abierto a los nacionalistas sería el de las movilizaciones populares y la insurrección política democrática pacífica. Si a golpes de movilización popular fue abortado el albazo legislativo que pretendía tener aprobada la privatización en el pasado abril, a golpes de movilización popular habría de darse la resistencia contra la privatización misma, de llegar ésta.
Aún faltan las consultas populares preparadas por los nacionalistas, en medio del griterío de la derecha de que eso es tanto como atentar contra la legalidad. Pero tampoco para estas consultas, según encuestas y según las percepciones de quienes nos mantenemos atentos al pulso del pueblo, la decisión se inclina hacia los privatizantes, sino a favor de los nacionalistas. Y como tampoco este resultado anti-privatizante, que es el más esperado, habría de ser vinculante u obligatorio legalmente, los nacionalistas deberían pensar en cómo hacer valer esta decisión mayoritaria desde hoy anunciada.
Una vez más, ahí estaría el camino abierto de una mucho más intensa movilización popular democrática, lo cual abre un periodo de incertidumbres políticas y sociales como no las ha tenido México en su historia, dado que nunca como hoy en las últimas siete décadas ha estado al frente del poder presidencial un personaje más avieso que el llamado presidente Calderón, presidente de facto, presidente espurio, presidente ilegítimo. Ha constituido Calderón un gobierno tan débil que da manazos y patadas para fortalecerse en todos los ámbitos, pero que está logrando exactamente lo contrario de lo que pretende, como en el caso de la lucha contra el crimen organizado, donde camina para atrás tres, cuatro, cinco o seis pasos, y para adelante sólo uno o menos.
Eso es lo que causa temor, su incapacidad para obtener triunfos legítimos ante la nación y el pueblo, y eso empantana al país en una ola de contradicciones. Y de ahí al desastre no hay sino sólo un paso.
Por: Julio Pomar
Los hechos en torno al debate petrolero se acumulan. Con creces, siguen adelante en el foro del Senado los partidarios de que PEMEX refrende su pertenencia a la nación, mientras que sus oponentes, los que ansían con oscuro interés la enajenación de la industria petrolera hacia las manos privadas, no le están llegando ni a los tobillos a los primeros en cuanto a calidad de análisis o lógica de argumentación. Pero si bien el debate en el Senado no es vinculante, obligatorio legalmente hablando, sino que han de ser los legisladores los que, después del debate en el foro del Senado, habrán de decidir la suerte de PEMEX, se puede adelantar que en la compulsa petrolera el triunfo moral y político ya lo tienen los defensores de PEMEX como instrumento de la nación para su desarrollo.
Este triunfo político y moral debiera ser ratificado en las cámaras legislativas, si éstas en su gruesa mayoría fueran genuinamente representativas de la nación. No es automático que así sea. La conjunción entre panistas y priístas empanizados tiene cierta fuerza numérica en las dos cámaras. Los voceros panistas señalaban hace días que andaban en busca de sólo once votos senatoriales de priístas para hacer la mayoría requerida que eche adelante el proyecto calderónico de privatización petrolera. Sólo once votos, de un total de 128 escaños, son la diferencia entre la vida y la muerte del sueño nacionalista petrolero mexicano.
Si el panismo calderonista y el priísmo entreguista triunfaran en este empeño, días aciagos habrían de sobrevenirle a México, como bien lo han expresado múltiples voces adentro y afuera de los ámbitos políticos y legislativos. Desde la Expropiación Petrolera de Lázaro Cárdenas del Río en 1938 hasta hoy, México habría perdido 70 años de independencia petrolera y económica. El rezago histórico resultante sería de casi un siglo. Y sin duda esto significaría que el pueblo mexicano, que a la postre siempre se rebela contra la adversidad y la sinrazón, habría de entrar al camino abrupto y azaroso de nacionalizar la política mexicana y, por ende, de refundar al Estado, cuestión no menos azarosa y abrupta.
En otras palabras, la supuesta solución de privatizar la industria petrolera sólo sería el punto de arranque de un nuevo ciclo histórico mexicano en el que la demanda principal sería volver a hacer prevalecer los intereses nacionales sobre los intereses privados que en los hechos -y también en la teoría- navegan contra la nación y su interés. Volveríamos a empezar, debido a la rapacidad y a la miopía histórica de la derecha actualmente en el poder presidencial.
No hay vuelta de hoja. Para efectos prácticos, como se está viendo, el hecho de que Felipe Calderón Hinojosa haya asumido el poder presidencial “háiga sido como háiga sido”, esto es, por un magro y tramposo 0.5% de los votos, no parece conmover a los panistas y a la derecha cupular empresarial. Estos quieren creer, y hacernos creer, que esa infinitesimal mínima diferencia de votos fue una suerte de cheque en blanco que el pueblo mexicano les dio para que esta derecha inepta y entreguista traicionara a los dos tercios restantes de electores que no votaron por Calderón (entre obradoristas y priístas). Les importa, como a todos ellos en la elección del 2006, obtener el resultado al estilo del “háiga sido como háiga sido”. Una vez afianzados, creen que lo demás sería cuestión de propaganda, de disuasión de la protesta, de manipulación mediática mentirosa, de atole con el dedo a las mayorías mexicanas y hasta de represiones.
De lo cual resulta que si las cámaras legislativas, por la trampa de sumar votos (y ya se denunció que desde el actual gobierno están queriendo comprar cada voto necesario en varios millones de dólares, con escandalizado y gazmoño sobresalto panista) llegasen a obtener esa mayoría necesaria para poder vender la soberanía del Estado -fuese a los privados, fuese a los extranjeros también privados- el único camino que quedaría abierto a los nacionalistas sería el de las movilizaciones populares y la insurrección política democrática pacífica. Si a golpes de movilización popular fue abortado el albazo legislativo que pretendía tener aprobada la privatización en el pasado abril, a golpes de movilización popular habría de darse la resistencia contra la privatización misma, de llegar ésta.
Aún faltan las consultas populares preparadas por los nacionalistas, en medio del griterío de la derecha de que eso es tanto como atentar contra la legalidad. Pero tampoco para estas consultas, según encuestas y según las percepciones de quienes nos mantenemos atentos al pulso del pueblo, la decisión se inclina hacia los privatizantes, sino a favor de los nacionalistas. Y como tampoco este resultado anti-privatizante, que es el más esperado, habría de ser vinculante u obligatorio legalmente, los nacionalistas deberían pensar en cómo hacer valer esta decisión mayoritaria desde hoy anunciada.
Una vez más, ahí estaría el camino abierto de una mucho más intensa movilización popular democrática, lo cual abre un periodo de incertidumbres políticas y sociales como no las ha tenido México en su historia, dado que nunca como hoy en las últimas siete décadas ha estado al frente del poder presidencial un personaje más avieso que el llamado presidente Calderón, presidente de facto, presidente espurio, presidente ilegítimo. Ha constituido Calderón un gobierno tan débil que da manazos y patadas para fortalecerse en todos los ámbitos, pero que está logrando exactamente lo contrario de lo que pretende, como en el caso de la lucha contra el crimen organizado, donde camina para atrás tres, cuatro, cinco o seis pasos, y para adelante sólo uno o menos.
Eso es lo que causa temor, su incapacidad para obtener triunfos legítimos ante la nación y el pueblo, y eso empantana al país en una ola de contradicciones. Y de ahí al desastre no hay sino sólo un paso.
7/05/2008
DEFORMA ENERGETICA: SLIM INVIERTE EN REPSOL
Gas Natural se alía con Carlos Slim en México
Inbursa, el brazo financiero del emporio de Carlos Slim adquirió 15 por ciento del consorcio Gas Natural, filial de la petrolera española Repsol, en una operación que implicó recursos por 760,8 millones de pesos.
Gas Natural llegó a un acuerdo estratégico con la Sociedad de Inversión de Capitales Inbursa, que permitirá acelerar el crecimiento del grupo ibérico en México, donde además de ser el principal distribuidor de gas, es el segundo operador privado de generación eléctrica, informó el también único consorcio operador de gas y electricidad en México.
Durante las próximas semanas se realizará un proceso en el que ambas sociedades tomarán una decisión en firme sobre la operación, que estará sujeta a aprobación de la Comisión Federal de Competencia de México.
Fuentes de Inbursa indicaron que todavía no se concreta una participación accionaria en Gas Natural, y lo que en principio se realizó fue una inyección de capital por poco más de 760 millones de pesos. La subsidiaria de Repsol entrega una proporción accionaria para garantizar el capital prestado e Inbursa participa en la administración de la empresa.
Antes del anuncio de la operación financiera entre Gas Natural e Inbursa el capital social de la subsidiaria de Repsol era en 86.75 por ciento propiedad de Gas Natural y 13.25 por ciento de Iberdrola. Con la formalización del acuerdo, la propiedad del segundo generador de energía eléctrica en México quedará de la siguiente manera: 15 por ciento Inbursa; 13.25 por ciento Iberdrola y 71.75 por ciento Gas Natural.
El presidente de Gas Natural en España, Salvador Gabarró, dijo: “La compañía ha hecho una apuesta estratégica por el mercado mexicano, que cuenta con un importante potencial de crecimiento”. Gabarró consideró que la operación de compra de activos eléctricos en México el año pasado fue “la mayor realizada por Gas Natural en toda su historia”.
El director general de Latinoamérica de Gas Natural, Sergio Aranda, manifestó: “Estamos convencidos de que la incorporación de Inbursa al proyecto de distribución de gas natural en México es un paso más en la dirección correcta para impulsar el desarrollo de este sector”.»
Inbursa, el brazo financiero del emporio de Carlos Slim adquirió 15 por ciento del consorcio Gas Natural, filial de la petrolera española Repsol, en una operación que implicó recursos por 760,8 millones de pesos.
Gas Natural llegó a un acuerdo estratégico con la Sociedad de Inversión de Capitales Inbursa, que permitirá acelerar el crecimiento del grupo ibérico en México, donde además de ser el principal distribuidor de gas, es el segundo operador privado de generación eléctrica, informó el también único consorcio operador de gas y electricidad en México.
Durante las próximas semanas se realizará un proceso en el que ambas sociedades tomarán una decisión en firme sobre la operación, que estará sujeta a aprobación de la Comisión Federal de Competencia de México.
Fuentes de Inbursa indicaron que todavía no se concreta una participación accionaria en Gas Natural, y lo que en principio se realizó fue una inyección de capital por poco más de 760 millones de pesos. La subsidiaria de Repsol entrega una proporción accionaria para garantizar el capital prestado e Inbursa participa en la administración de la empresa.
Antes del anuncio de la operación financiera entre Gas Natural e Inbursa el capital social de la subsidiaria de Repsol era en 86.75 por ciento propiedad de Gas Natural y 13.25 por ciento de Iberdrola. Con la formalización del acuerdo, la propiedad del segundo generador de energía eléctrica en México quedará de la siguiente manera: 15 por ciento Inbursa; 13.25 por ciento Iberdrola y 71.75 por ciento Gas Natural.
El presidente de Gas Natural en España, Salvador Gabarró, dijo: “La compañía ha hecho una apuesta estratégica por el mercado mexicano, que cuenta con un importante potencial de crecimiento”. Gabarró consideró que la operación de compra de activos eléctricos en México el año pasado fue “la mayor realizada por Gas Natural en toda su historia”.
El director general de Latinoamérica de Gas Natural, Sergio Aranda, manifestó: “Estamos convencidos de que la incorporación de Inbursa al proyecto de distribución de gas natural en México es un paso más en la dirección correcta para impulsar el desarrollo de este sector”.»
DEFORMA ENERGETICA: 30% DE LA ELECTRICIDAD EN MÉXICO LA PRODUCEN PARTICULARES
TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS
Audiencia sobre Políticas Neoliberales y Transnacionales Europeas en América Latina y el Caribe Lima
Lima, Perú, 13-16 de Mayo del 2008
Resumen del caso:
A pesar del discurso oficial de que la industria energética no se privatizará, en las últimas décadas, Instituciones Financieras Internacionales han manifestado y promovido inversiones para apoyar programas de infraestructura energética y de reestructuración del sector energético. De esta manera han ido condicionando al gobierno mexicano a abrirse a la iniciativa privada en este sector.
De acuerdo a la Secretaria de Energía (SENER) el acceso al servicio público de electricidad ha ido en aumento. Estudios realizados por la misma SENER arrojan datos de que el 94.7% de la población mexicana tiene conexión a la red eléctrica, sin embargo reconoce que mas de cinco millones de mexicanos no cuentan con el acceso y/o el servicio, la cual podría incrementarse a 12 millones por el aumento poblacional.
El Programa Sectorial de Energía propuesto por la administración federal pasada reconocía el desabasto de energía y como este afectaba a las comunidades en otros servicios como el acceso al agua potable, mermando la calidad de vida de los habitantes. El PSE ha servido como el argumento principal para que tanto la administración foxista como la actual administración señalan que la infraestructura con la que cuenta el gobierno es insuficiente para cubrir con las demandas actuales y las futuras necesidades de la población y por lo tanto el Estado debe de buscar nuevas alternativas y esquemas de financiamiento, ya no solo publico sino privados. Desde este discurso de la falta de infraestructura y de recursos, el Estado ha venido modificando la constitución (el artículo 27 específicamente) así como otras leyes que no permitían la inversión privada y así ceder a la presión de las IFIs, del banco Mundial y de las negociaciones de la OMC en torno de la privatización de los recursos públicos.
No solo el argumento de la incapacidad del Estado para garantizar la energía a la población ha sido el utilizado para permitir que la iniciativa privada invierta en el sector energético, también manejan el discurso de que la inversión privada significa mayores oportunidades de empleo e incremento en las remuneraciones de los trabajadores electricistas mexicanos.
La industria eléctrica comenzó su desarrollo a principios del nuevo siglo con la participación de capitales privados, principalmente de inversionistas extranjeros. Se estima que del 100% de la energía producida y utiliza en México, el 30% de esta, viene de la Iniciativa Privada. Principalmente de energía hidroeléctrica, pero existen nuevos campos de inversión hacia donde la iniciativa privada esta volteando su mirada. Uno de estos campos es la energía Eólica, la cual es un foco rojo, por la presencia de transnacionales que de manera silenciosa llevan un proceso de privatización y que en el caso de la energía eólica, parece ser donde mejor resultado están teniendo; un ejemplo de esto es el Parque Eólico en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
Audiencia sobre Políticas Neoliberales y Transnacionales Europeas en América Latina y el Caribe Lima
Lima, Perú, 13-16 de Mayo del 2008
Resumen del caso:
A pesar del discurso oficial de que la industria energética no se privatizará, en las últimas décadas, Instituciones Financieras Internacionales han manifestado y promovido inversiones para apoyar programas de infraestructura energética y de reestructuración del sector energético. De esta manera han ido condicionando al gobierno mexicano a abrirse a la iniciativa privada en este sector.
De acuerdo a la Secretaria de Energía (SENER) el acceso al servicio público de electricidad ha ido en aumento. Estudios realizados por la misma SENER arrojan datos de que el 94.7% de la población mexicana tiene conexión a la red eléctrica, sin embargo reconoce que mas de cinco millones de mexicanos no cuentan con el acceso y/o el servicio, la cual podría incrementarse a 12 millones por el aumento poblacional.
El Programa Sectorial de Energía propuesto por la administración federal pasada reconocía el desabasto de energía y como este afectaba a las comunidades en otros servicios como el acceso al agua potable, mermando la calidad de vida de los habitantes. El PSE ha servido como el argumento principal para que tanto la administración foxista como la actual administración señalan que la infraestructura con la que cuenta el gobierno es insuficiente para cubrir con las demandas actuales y las futuras necesidades de la población y por lo tanto el Estado debe de buscar nuevas alternativas y esquemas de financiamiento, ya no solo publico sino privados. Desde este discurso de la falta de infraestructura y de recursos, el Estado ha venido modificando la constitución (el artículo 27 específicamente) así como otras leyes que no permitían la inversión privada y así ceder a la presión de las IFIs, del banco Mundial y de las negociaciones de la OMC en torno de la privatización de los recursos públicos.
No solo el argumento de la incapacidad del Estado para garantizar la energía a la población ha sido el utilizado para permitir que la iniciativa privada invierta en el sector energético, también manejan el discurso de que la inversión privada significa mayores oportunidades de empleo e incremento en las remuneraciones de los trabajadores electricistas mexicanos.
La industria eléctrica comenzó su desarrollo a principios del nuevo siglo con la participación de capitales privados, principalmente de inversionistas extranjeros. Se estima que del 100% de la energía producida y utiliza en México, el 30% de esta, viene de la Iniciativa Privada. Principalmente de energía hidroeléctrica, pero existen nuevos campos de inversión hacia donde la iniciativa privada esta volteando su mirada. Uno de estos campos es la energía Eólica, la cual es un foco rojo, por la presencia de transnacionales que de manera silenciosa llevan un proceso de privatización y que en el caso de la energía eólica, parece ser donde mejor resultado están teniendo; un ejemplo de esto es el Parque Eólico en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
6/24/2008
LA DEFORMA ENERGETICA VA A CONTRACORRIENTE DE LAS NACIONALIZACIONES EN AL
La batalla de México por el petróleo
Por: Laura Carlsen (IRCAMERICAS)
El 8 de abril pasado, el presidente Felipe Calderón soltó una bomba política sobre el escenario político mexicano. El senado recibió una iniciativa del ejecutivo que cambiaría fundamentalmente la estructura y operaciones de la compañía petrolera Petróleos Mexicanos (PEMEX). Operaciones claves de la empresa paraestatal quedarían a cargo de empresas privadas.
En su propuesta de reforma, Calderón y su Partido de Acción Nacional (PAN) se cuidaron bien de no llamar a modificar la Constitución Mexicana. La propiedad nacional del petróleo es una piedra angular del orgullo nacionalista en México desde que el Presidente Lázaro Cárdenas expropió las compañías privadas el 18 de marzo de 1938. En aquel entonces, los ciudadanos, hartos de la arrogancia y voracidad de las petroleras extranjeras, apoyaron la expropiación donando de todo, desde gallinas vivas hasta las joyas de la familia, para pagar la compensación y recuperar el control del recurso. La Constitución Mexicana es muy clara respecto a quién posee el petróleo mexicano: 'La nación tiene el dominio directo sobre todos los recursos nacionales de la plataforma continental ... (incluyendo) el petróleo y todos los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos ...'
El presidente anunció la 'iniciativa de reforma energética' como un paquete administrativo para salvar a PEMEX de una profunda crisis financiera y operativa. Para estos administradores neoliberales, la única forma de salir de esta crisis es recurrir al sector privado. De acuerdo con el gobierno de Calderón, los ciudadanos y políticos mexicanos de hoy deben reconocer que los administradores mexicanos son incapaces de estar a la altura de este lucrativo desafío, los científicos mexicanos no pueden ofrecer la tecnología necesaria, y los consumidores mexicanos prefieren que los servicios públicos estén en manos extranjeras.
Un argumento difícil de vender, dada la historia de la industria petrolera en México y las tendencias actuales en América Latina.
La sangría a PEMEX
La campaña para privatizar a PEMEX está estructurada sobre miedos y declaraciones exageradas sobre los peligros de no cumplir con lo que el presidente quiere. Un informe reciente de la división de refinerías presenta una crítica acerba: 'La industria refinadora se halla en un estado de crisis que afecta negativamente su capacidad para cumplir con sus objetivos de eficiencia y rentabilidad para abastecer la demanda interna de productos del petróleo. Lo anterior también le impide aprovechar las condiciones favorable s en el mercado mundial ...'
Prosigue aseverando que no se cuenta con estudios comprehensivos de condiciones de infraestructura, así que las plantas procesadoras experimentan cuatro veces más paros no planeados que en (la Costa Norte del Golfo en los E.U).' Sistemas de transporte, distribución y almacenaje no confiables e insuficientes han provocado una situación que 'ha reducido la flexibilidad operativa y limitado nuestra capacidad de respuesta eficiente ante las necesidades del mercado, lo que ha aumentado la vulnerabilidad de las operaciones.'
Los gasoductos tienen en promedio 25 años de instalados, con numerosas filtraciones y conexiones ilegales. La falta de capacidad de refinación le costó a PEMEX alrededor de $900 millones de dólares en 2000 y el colosal monto de $3,500 millones de dólares para 2007, y la demanda actual dicta una necesidad inmediata de incrementar la capacidad de refinación en 50%. Hoy la empresa dedica a ingeniería en procesamiento y fabricación tan sólo una quinta parte de los recursos que dedicaba a estas actividades hace 20 años.
Actualmente PEMEX importa el 40% de productos destilados del petróleo para cubrir las ventas nacionales. El costo de las importaciones ha subido de $5,500 millones de dólares en 2004 a $16,800 millones en 2007, y se espera que la demanda crezca. Las reservas probadas se están agotando rápidamente y se calcula que duren solamente 9.2 años.
Así pues, de acuerdo con los mismos informes gubernamentales, PEMEX languidece en una desorganización absoluta, debido en gran parte a un virtual estado de abandono que ha abarcado el último cuarto de siglo. Dada la dependencia de la nación de las ganancias petroleras, ¿acaso no se construyeron nuevas refinerías y se renovaron las antiguas? ¿Por qué se dejó la infraestructura a merced del deterioro?
Quiénes son responsables
Irónicamente, los mismos políticos que propone n la entrega de la refinación y otras operaciones de PEMEX a compañías extranjeras, son los responsables, al menos en parte, de la actual incapacidad de la paraestatal. Lo que todos los informes no mencionan es que gran parte del deterioro de PEMEX se fue dando bajo el régimen del mismo partido político que hoy alega que la única manera de salvar a la empresa es dar en contratación operaciones al sector privado. Calderón se desempeñó como Secretario de Energía en la administración de Vicente Fox de 2003 a 2004. Los gobiernos del PAN se han mantenido en el poder por casi ocho años, durante los cuales PEMEX superó su marca de ventas debido a los elevados precios internacionales del petróleo. ¿Por qué ese dinero no fue reinvertido en la compañía petrolera con vistas a evitar la crisis actual?
El desangramiento de PEMEX fue una decisión consciente política y administrativa tomada por dos razones. En primer término, los fondos trasegados del gigante petrolero enmascararon el verdadero estado de la economía mexicana. La Secretaría de Hacienda utilizó el ingreso de PEMEX, especialmente las inesperadas ganancias de los últimos años a las que no se fijó destino en el presupuesto aprobado por el congreso, como una caja chica. Gran parte de este dinero sirvió para saldar deuda extranjera. Una parte desapareció en la corrupción como en el caso PEMEXgate, en el que se desviaron fondos para financiar la candidatura presidencial del PRI. Y el resto se acabó en proyectos favoritos de la presidencia. Regímenes sucesivos fueron despojando a PEMEX para fines políticos, con poca o ninguna rendición de cuentas al congreso o al pueblo mexicano.
En segundo lugar, los administradores neoliberales buscaron intencionalmente crear un panorama desolador de la empresa paraestatal a fin de que prosperara su ya ardua defensa de una privatización. Sólo presentando un escenario apocalíptico podían esperar que se aprobaran las reformas legislativas claves con respecto a la industria petrolera que finalmente satisfarían los objetivos para la reforma estructural concebida por el Banco Mundial, el gobierno de Estados Unidos y los dirigentes neoliberales de México.
En su ponencia estratégica para el sector privado 2003-2006 para México, el Banco Mundial resaltó lo siguiente:
El sector [energético] requiere de $100 mil millones a $130 mil millones de dólares para mantener el paso del crecimiento económico durante la próxima década. Estos requerimientos de inversión representarán entre el 10% y el 15% del gasto federal anual, y entre 50% y 60% del presupuesto federal para la inversión... Por lo tanto, la reducción de la necesidad de fondos para el sector público a través de la participación del sector privado, sería un elemento crítico para la política del sector. La reforma del sector, junto con la del de los productos petroquímicos, atraería el muy necesitado financiamiento para el crecimiento y la eficiencia, y presentaría oportunidades significativas para el sector privado.' La International Finance Corporation (IFC) tiene los planes preparados. La IFC se concentrará en los proyectos pioneros para fines de demostración, al mismo tiempo que el sector amplía la participación privada tanto en la producción como en la distribución (incluyendo distribución de gas y contratos de servicios gaseros y petroleros).' Según el Banco Mundial, en 2006 los hidrocarburos formaban el 38% de las ganancias totales del sector público. Los privatizadores no calculan la pérdida potencial de porciones de las ganancias de PEMEX debido a los contractos y bonos para el sector privado.
Aunque existen interrogantes sobre cuán grave es el estado de PEMEX, nadie duda que enfrenta serios problemas estructurales y operativos. El debate está en cómo resolverlos. Es claro que la empresa paraestatal también encara una oportunidad históricamente sin precedentes para amasar dinero. Precios elevados como nunca antes, creciente demanda nacional e internacional, materia prima a disposición ... Cualquier empresario consideraría ésta una oportunidad ideal para hacer negocio. De hecho la presión de las trasnacionales petroleras para entrar al negocio de PEMEX lo indica de manera elocuente.
¿Petróleo mexicano, utilidades extranjeras?
En la campaña publicitaria tiempo antes de la iniciativa de reforma, las estaciones de radio repetían sin cesar el lema 'el petróleo es nuestro, vamos por él.' Las palabras procuraban imprimir en la conciencia pública que el gobierno no estaba realmente privatizando el petróleo mexicano y que era necesario que la iniciativa despegara para que todos los mexicanos se beneficiaran de ella.
En efecto, el gobierno de Calderón insiste en que su actual iniciativa no privatizará el petróleo mexicano. Ciertamente las compañías extranjeras 'no poseerían las reservas petroleras, estimadas en 29 mil millones de barriles de petróleo (aproximadamente la misma cantidad que en Estados Unidos) y en 29 millones de millones de pies cúbicos en cuanto al gas. Lo que la iniciativa hace es privatizar la administración de los aspectos más rentables, es decir la refinación, el procesamiento y el transporte.
Esta no es la primera iniciativa para abrir la industria paraestatal a la inversión privada y extranjera. Al paso de los años, presidentes partidarios del libre mercado han adoptado muchos métodos para circunvenir el mandato constitucional. Se definió a los productos petroquímicos como secundarios, y se les abrió a la inversión privada. Los contratos de servicios se ampliaron para que incluyeran la exploración y otras áreas hasta entonces inaccesibles.
La última iniciativa de Calderón da un gigantesco paso adelante. Por primera vez, las empresas extranjeras podrían participar en la refinación y la distribución. Los contratos propuestos no entregan ganancias sobre ventas directamente al sector privado, pero otorgan 'beneficios graduados' por 'buen desempeño' .
Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas y fundador del partido de la oposición Partido de la Revolución Democrática (PRD) dice que lo anterior es igual a contratos de riesgo, pero ocultos bajo un velo semántico. La Constitución prohíbe el acto de contratar. 'En el caso del petróleo y los hidrocarburos o los minerales radiactivos ... no se permitirá concesión alguna y cualquiera que pueda haberse otorgado será suspendida, y la nación llevará a cabo la explotación de estos productos.' Como tal, la reforma en su estado actual infringe la Constitución.
Lo que es más, la iniciativa puede muy bien ser una pendiente resbaladiza hacia la privatización total de la industria. Desde hace bastante tiempo la derecha ha querido privatizarla, pero el régimen de Fox nunca tuvo el respaldo ni la sagacidad política para lograr este objetivo. Ahora el ex gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), dividido en cuanto a las reformas, podría aprobar la iniciativa formando un bloque con el PAN para ganar la mayoría. Con las raíces nacionalistas del PRI en conflicto con los elementos neoliberales entre sus mismas filas, el resultado es aún incierto.
Vamos por el gas
La razón preponderante de que el gobierno mexicano y las trasnacionales quieran romper las restricciones de una empresa propiedad del estado yace hasta el fondo de las aguas del Golfo de México. Ahí, PEMEX reporta reservas de más de 29 mil millones de barriles de crudo. Llegar hasta él exigiría perforar 1,500 pozos de exploración para poder descubrir petróleo en 300. Hasta ahora el avance ha sido apenas de dos pozos al año.
La perforación en aguas profundas en el Golfo de México constituye más de tres cuartas partes de la producción mar adentro. El alto precio del petróleo y las nuevas tecnologías han vuelto esta clase de perforación económicamente más atractiva. Según un informe de los Servicios de Administración de Minerales (Minerals Management Services) del gobierno estadounidense, entre 2007 y 2011 se planea una inversión de más de $305 mil millones de dólares en perforación en aguas profundas, en comparación con $204 mil millones de dólares entre 2002 y 2006; gran parte de este incremento se debió a la intensificación de actividades en áreas de aguas profundas al Oeste de Africa, en América Latina y en el Golfo de México.
La iniciativa de reforma energética de la presente administración define la sustentabilidad como la capacidad de reemplazar el petróleo extraído con reservas nuevas. La evaluación de PEMEX advierte con alarma que de 2000 a 2007, 230 descubrimientos prometieron acceso a 5,700 millones de barriles de crudo, mientras que la producción durante el mismo período ascendió a 12,500 millones de barriles. 'La diferencia entre las reservas descubiertas y la producción significa que en cuanto al petróleo crudo y el gas asociado no alcanzamos una tasa de restitución por lo que se produjo a partir de las reservas (conocidas)...'
La noción de que sustentabilidad significa alcanzar una tasa de substitución para un recurso no renovable es un abierto desafío a los conceptos de desarrollo sustentable. Lo que se 'sustenta' a través de esta política es la dependencia de los combustibles fósiles.
Este enfoque de 'entrarle hasta el fondo' a la explotación de las reservas de petróleo y gas de México ha causado consternación entre los ecologistas. Empero las cuestiones del ambiente y el desarrollo sustentable han estado hasta hace muy poco prácticamente ausentes del debate.
El Premio Nobel de Química mexicano Mario Molina deplora la concentración exclusiva en la industria petrolera tanto de la izquierda como de la derecha. 'Centrar el debate únicamente en el petróleo implica una óptica miope, dado que la fuente de combustible nos alcanzará para diez o quince años cuando mucho. Es urgente que México se vuelva hacia fuentes de energía alternativas como la solar o la eólica,' afirma.
La reforma hace mención de la energía alternativa pero no establece programas ni marcas de avance en esta área. El Centro para la Investigación Energética de la UNAM informa que México podría abastecer 30% de su demanda total de energía a través de fuentes de energía renovables para el año 2025.
La reversión de las privatizaciones en Latinoamérica
La propuesta de Calderón marcha a contracorriente de lo que está aconteciendo en el resto del hemisferio. Un informe emitido para 2007 por el Baker Institute revela que el 77% de las reservas mundiales de petróleo están en manos de compañías nacionales, aunque con participación de capital privado en diversas fases tal como en Petrobras en Brasil. En América Latina la tendencia es hacia elevar la participación, regulación y papel del estado en la distribución de las ganancias. Naciones que experimentaron medidas drásticas de privatización en las pasadas décadas de reformadores neoliberales, están regresando al control público de sus recursos naturales. La razón es simple: las petroleras trasnacionales saquearon y contaminaron los países donde estaban perforando.
En Ecuador, comunidades indígenas entablaron una demanda ambiental colectiva contra Chevron-Texaco por contaminar la selva y dañar la salud de las poblaciones indígenas. El gobierno ecuatoriano se halla en negociaciones con las petroleras internacionales para aumentar el control de los activos del petróleo. Recientemente el presidente Correa llevó una propuesta a naciones europeas para apoyar un plan de sustentabilidad que conserve el petróleo ecuatoriano en el subsuelo. La propuesta,al parecer recibida favorablemente, haría que los países europeos y la comunidad internacional compensen a Ecuador $350 millones de dólares por no extraer todo su petróleo de la zona ambientalmente sensible cerca del parque Yasuní.
Poco después de su elección a la presidencia de Bolivia, Evo Morales decretó la nacionalización de compañías petroleras privadas el 1° de mayo de 2006. Los ingresos por petróleo y gas se incrementaron de $172 millones de dólares en 2002 a $1,570 millones de dólares en 2007. Este mes de mayo, Morales avanzó a la segunda etapa para colocar las industrias petrolera y gasera en poder del estado, con planes para compensar a cuatro compañías extranjeras privadas por su tenencia accionaria para control de políticas, incluyendo a la gigante Repsol, de España.
En muchos casos, los gobiernos han sido capaces de negociar tratos con empresas extranjeras manteniendo sus operaciones conforme a los nuevos términos, lo cual indica que incluso cuando se les requiere pagar mayores regalías y perder tenencia accionaria de control, las trasnacionales siguen considerando la extracción de petróleo en países en desarrollo una empresa atractiva.
El desafío lanzado
Al asumir la presidencia tras una disputada elección en 2006, Calderón, en lugar de buscar la reconciliación nacional, se embarcó de inmediato en la ruta que le presentaban el gobierno de Estados Unidos, el Banco Mundial y otros agentes de la globalización corporativa, conocidos como la 'tercera generación' de reformas de ajuste estructural.
Las reformas calderonistas también avanzan hacia dos objetivos esenciales para la estrategia de seguridad de Bush promovidas en el contexto del Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN, en inglés SPP). El primero es desarrollar la seguridad energética de E.U. garantizando su acceso a colosales reservas en aguas profundas del Golfo de México, incluyendo la porción que pertenece a México. De unos 53,800 millones de barriles de crudo que se estiman como reservas potenciales de México, se cree que alrededor de 55% yacen bajo miles de pies de agua, sal y tierra en las aguas profundas del Golfo.
El segundo objetivo es abrir la producción y el mercado de petróleo y gas a las compañías extranjeras. El Consejo Norteamericano para la Competitividad o CNAC (en inglés, North American Competitiveness Council (NACC), que es el documento del sector privado adjunto al ASPAN, expone las metas para 2008: 'Emitir un análisis de hitos de progreso que ilustre las fallas de desempeño financiero y operativo de PEMEX' (la evaluación del 30 de marzo cumple este requisito) y 'liberalizar el comercio, almacenaje y distribución de los productos refinados.' Esto último lo cubren las reformas propuestas. Chevron se encuentra entre los miembros del NACC que participan directamente en las negociaciones trilaterales del ASPAN.
Su Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (BIRD), ya cuenta con la aprobación de las reformas. Un informe del BIRD elaborado durante el gobierno de Fox declara: 'En el sector energético el Banco apoyará las principales medidas que se esperan de la reforma contempladas por el gobierno en los sectores del petróleo, gas natural y electricidad. Se espera que dicha operación sea respaldada por un servicio AAA para la revisión del sector energético.' Se han citado reiteradamente demoras en la reforma estructural de la industria petrolera y gasera—léase privatización—como uno de los principales obstáculos para los planes del banco en México.
Los planificadores neoliberales han codiciado por años la iniciativa de reforma de PEMEX, pero el rechazo popular a ella la ha demorado. La respuesta inmediata de la oposición demostró justamente cuán verdaderamente incendiaria es la reforma energética en la política mexicana de hoy. El Frente Amplio Progresista tomó las tribunas de ambas cámaras del Congreso exigiendo un debate nacional acerca de las reformas a PEMEX.
Prevalecieron. El primero de una serie de 23 foros públicos para debatir la reforma energética se celebró el 13 de mayo de 2008.
El ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador ha estado librando una enérgica campaña en todo el país llamando a preparar movilizaciones masivas contra la privatización de la industria petrolera. Aunque su partido, el PRD, está siendo destruido por luchas internas, López Obrador posee una capacidad formidable para movilizar partidarios, y el asunto de PEMEX les motiva tal vez mucho más que cualquier otro tema político actual. Ha organizado brigadas para la defensa del petróleo tanto de mujeres (llamadas Las Adelitas, por las mujeres que participaron en la Revolución Mexicana) como de hombres.
Aquí hay mucho más en juego que mitos nacionalistas o aun el control de la mayor empresa de América Latina. Las reformas a PEMEX marcarán un rumbo para la integración regional y el futuro económico de México. La reforma representa oportunidades de negocios potencialmente excelentes para las ya atiborradas trasnacionales petroleras y una prórroga para la economía estadounidense dependiente de los combustibles (fósiles).
Al mismo tiempo, la perforación en aguas profundas implica serios riesgos ambientales y costos económicos. La dependencia de los combustibles y el rápido agotamiento del petróleo restante dejan mínimas esperanzas a las futuras generaciones. El plan como es actualmente no toma en consideración el aumento de emisiones ni la conservación de energía para el futuro. Ceder en contratación partes de PEMEX significa también la pérdida de un instrumento de desarrollo que puede aprovecharse para el bien público.
El público tiene el derecho y la necesidad de participar en este debate crucial por el futuro de México y de la región como un todo.
Por: Laura Carlsen (IRCAMERICAS)
El 8 de abril pasado, el presidente Felipe Calderón soltó una bomba política sobre el escenario político mexicano. El senado recibió una iniciativa del ejecutivo que cambiaría fundamentalmente la estructura y operaciones de la compañía petrolera Petróleos Mexicanos (PEMEX). Operaciones claves de la empresa paraestatal quedarían a cargo de empresas privadas.
En su propuesta de reforma, Calderón y su Partido de Acción Nacional (PAN) se cuidaron bien de no llamar a modificar la Constitución Mexicana. La propiedad nacional del petróleo es una piedra angular del orgullo nacionalista en México desde que el Presidente Lázaro Cárdenas expropió las compañías privadas el 18 de marzo de 1938. En aquel entonces, los ciudadanos, hartos de la arrogancia y voracidad de las petroleras extranjeras, apoyaron la expropiación donando de todo, desde gallinas vivas hasta las joyas de la familia, para pagar la compensación y recuperar el control del recurso. La Constitución Mexicana es muy clara respecto a quién posee el petróleo mexicano: 'La nación tiene el dominio directo sobre todos los recursos nacionales de la plataforma continental ... (incluyendo) el petróleo y todos los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos ...'
El presidente anunció la 'iniciativa de reforma energética' como un paquete administrativo para salvar a PEMEX de una profunda crisis financiera y operativa. Para estos administradores neoliberales, la única forma de salir de esta crisis es recurrir al sector privado. De acuerdo con el gobierno de Calderón, los ciudadanos y políticos mexicanos de hoy deben reconocer que los administradores mexicanos son incapaces de estar a la altura de este lucrativo desafío, los científicos mexicanos no pueden ofrecer la tecnología necesaria, y los consumidores mexicanos prefieren que los servicios públicos estén en manos extranjeras.
Un argumento difícil de vender, dada la historia de la industria petrolera en México y las tendencias actuales en América Latina.
La sangría a PEMEX
La campaña para privatizar a PEMEX está estructurada sobre miedos y declaraciones exageradas sobre los peligros de no cumplir con lo que el presidente quiere. Un informe reciente de la división de refinerías presenta una crítica acerba: 'La industria refinadora se halla en un estado de crisis que afecta negativamente su capacidad para cumplir con sus objetivos de eficiencia y rentabilidad para abastecer la demanda interna de productos del petróleo. Lo anterior también le impide aprovechar las condiciones favorable s en el mercado mundial ...'
Prosigue aseverando que no se cuenta con estudios comprehensivos de condiciones de infraestructura, así que las plantas procesadoras experimentan cuatro veces más paros no planeados que en (la Costa Norte del Golfo en los E.U).' Sistemas de transporte, distribución y almacenaje no confiables e insuficientes han provocado una situación que 'ha reducido la flexibilidad operativa y limitado nuestra capacidad de respuesta eficiente ante las necesidades del mercado, lo que ha aumentado la vulnerabilidad de las operaciones.'
Los gasoductos tienen en promedio 25 años de instalados, con numerosas filtraciones y conexiones ilegales. La falta de capacidad de refinación le costó a PEMEX alrededor de $900 millones de dólares en 2000 y el colosal monto de $3,500 millones de dólares para 2007, y la demanda actual dicta una necesidad inmediata de incrementar la capacidad de refinación en 50%. Hoy la empresa dedica a ingeniería en procesamiento y fabricación tan sólo una quinta parte de los recursos que dedicaba a estas actividades hace 20 años.
Actualmente PEMEX importa el 40% de productos destilados del petróleo para cubrir las ventas nacionales. El costo de las importaciones ha subido de $5,500 millones de dólares en 2004 a $16,800 millones en 2007, y se espera que la demanda crezca. Las reservas probadas se están agotando rápidamente y se calcula que duren solamente 9.2 años.
Así pues, de acuerdo con los mismos informes gubernamentales, PEMEX languidece en una desorganización absoluta, debido en gran parte a un virtual estado de abandono que ha abarcado el último cuarto de siglo. Dada la dependencia de la nación de las ganancias petroleras, ¿acaso no se construyeron nuevas refinerías y se renovaron las antiguas? ¿Por qué se dejó la infraestructura a merced del deterioro?
Quiénes son responsables
Irónicamente, los mismos políticos que propone n la entrega de la refinación y otras operaciones de PEMEX a compañías extranjeras, son los responsables, al menos en parte, de la actual incapacidad de la paraestatal. Lo que todos los informes no mencionan es que gran parte del deterioro de PEMEX se fue dando bajo el régimen del mismo partido político que hoy alega que la única manera de salvar a la empresa es dar en contratación operaciones al sector privado. Calderón se desempeñó como Secretario de Energía en la administración de Vicente Fox de 2003 a 2004. Los gobiernos del PAN se han mantenido en el poder por casi ocho años, durante los cuales PEMEX superó su marca de ventas debido a los elevados precios internacionales del petróleo. ¿Por qué ese dinero no fue reinvertido en la compañía petrolera con vistas a evitar la crisis actual?
El desangramiento de PEMEX fue una decisión consciente política y administrativa tomada por dos razones. En primer término, los fondos trasegados del gigante petrolero enmascararon el verdadero estado de la economía mexicana. La Secretaría de Hacienda utilizó el ingreso de PEMEX, especialmente las inesperadas ganancias de los últimos años a las que no se fijó destino en el presupuesto aprobado por el congreso, como una caja chica. Gran parte de este dinero sirvió para saldar deuda extranjera. Una parte desapareció en la corrupción como en el caso PEMEXgate, en el que se desviaron fondos para financiar la candidatura presidencial del PRI. Y el resto se acabó en proyectos favoritos de la presidencia. Regímenes sucesivos fueron despojando a PEMEX para fines políticos, con poca o ninguna rendición de cuentas al congreso o al pueblo mexicano.
En segundo lugar, los administradores neoliberales buscaron intencionalmente crear un panorama desolador de la empresa paraestatal a fin de que prosperara su ya ardua defensa de una privatización. Sólo presentando un escenario apocalíptico podían esperar que se aprobaran las reformas legislativas claves con respecto a la industria petrolera que finalmente satisfarían los objetivos para la reforma estructural concebida por el Banco Mundial, el gobierno de Estados Unidos y los dirigentes neoliberales de México.
En su ponencia estratégica para el sector privado 2003-2006 para México, el Banco Mundial resaltó lo siguiente:
El sector [energético] requiere de $100 mil millones a $130 mil millones de dólares para mantener el paso del crecimiento económico durante la próxima década. Estos requerimientos de inversión representarán entre el 10% y el 15% del gasto federal anual, y entre 50% y 60% del presupuesto federal para la inversión... Por lo tanto, la reducción de la necesidad de fondos para el sector público a través de la participación del sector privado, sería un elemento crítico para la política del sector. La reforma del sector, junto con la del de los productos petroquímicos, atraería el muy necesitado financiamiento para el crecimiento y la eficiencia, y presentaría oportunidades significativas para el sector privado.' La International Finance Corporation (IFC) tiene los planes preparados. La IFC se concentrará en los proyectos pioneros para fines de demostración, al mismo tiempo que el sector amplía la participación privada tanto en la producción como en la distribución (incluyendo distribución de gas y contratos de servicios gaseros y petroleros).' Según el Banco Mundial, en 2006 los hidrocarburos formaban el 38% de las ganancias totales del sector público. Los privatizadores no calculan la pérdida potencial de porciones de las ganancias de PEMEX debido a los contractos y bonos para el sector privado.
Aunque existen interrogantes sobre cuán grave es el estado de PEMEX, nadie duda que enfrenta serios problemas estructurales y operativos. El debate está en cómo resolverlos. Es claro que la empresa paraestatal también encara una oportunidad históricamente sin precedentes para amasar dinero. Precios elevados como nunca antes, creciente demanda nacional e internacional, materia prima a disposición ... Cualquier empresario consideraría ésta una oportunidad ideal para hacer negocio. De hecho la presión de las trasnacionales petroleras para entrar al negocio de PEMEX lo indica de manera elocuente.
¿Petróleo mexicano, utilidades extranjeras?
En la campaña publicitaria tiempo antes de la iniciativa de reforma, las estaciones de radio repetían sin cesar el lema 'el petróleo es nuestro, vamos por él.' Las palabras procuraban imprimir en la conciencia pública que el gobierno no estaba realmente privatizando el petróleo mexicano y que era necesario que la iniciativa despegara para que todos los mexicanos se beneficiaran de ella.
En efecto, el gobierno de Calderón insiste en que su actual iniciativa no privatizará el petróleo mexicano. Ciertamente las compañías extranjeras 'no poseerían las reservas petroleras, estimadas en 29 mil millones de barriles de petróleo (aproximadamente la misma cantidad que en Estados Unidos) y en 29 millones de millones de pies cúbicos en cuanto al gas. Lo que la iniciativa hace es privatizar la administración de los aspectos más rentables, es decir la refinación, el procesamiento y el transporte.
Esta no es la primera iniciativa para abrir la industria paraestatal a la inversión privada y extranjera. Al paso de los años, presidentes partidarios del libre mercado han adoptado muchos métodos para circunvenir el mandato constitucional. Se definió a los productos petroquímicos como secundarios, y se les abrió a la inversión privada. Los contratos de servicios se ampliaron para que incluyeran la exploración y otras áreas hasta entonces inaccesibles.
La última iniciativa de Calderón da un gigantesco paso adelante. Por primera vez, las empresas extranjeras podrían participar en la refinación y la distribución. Los contratos propuestos no entregan ganancias sobre ventas directamente al sector privado, pero otorgan 'beneficios graduados' por 'buen desempeño' .
Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas y fundador del partido de la oposición Partido de la Revolución Democrática (PRD) dice que lo anterior es igual a contratos de riesgo, pero ocultos bajo un velo semántico. La Constitución prohíbe el acto de contratar. 'En el caso del petróleo y los hidrocarburos o los minerales radiactivos ... no se permitirá concesión alguna y cualquiera que pueda haberse otorgado será suspendida, y la nación llevará a cabo la explotación de estos productos.' Como tal, la reforma en su estado actual infringe la Constitución.
Lo que es más, la iniciativa puede muy bien ser una pendiente resbaladiza hacia la privatización total de la industria. Desde hace bastante tiempo la derecha ha querido privatizarla, pero el régimen de Fox nunca tuvo el respaldo ni la sagacidad política para lograr este objetivo. Ahora el ex gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), dividido en cuanto a las reformas, podría aprobar la iniciativa formando un bloque con el PAN para ganar la mayoría. Con las raíces nacionalistas del PRI en conflicto con los elementos neoliberales entre sus mismas filas, el resultado es aún incierto.
Vamos por el gas
La razón preponderante de que el gobierno mexicano y las trasnacionales quieran romper las restricciones de una empresa propiedad del estado yace hasta el fondo de las aguas del Golfo de México. Ahí, PEMEX reporta reservas de más de 29 mil millones de barriles de crudo. Llegar hasta él exigiría perforar 1,500 pozos de exploración para poder descubrir petróleo en 300. Hasta ahora el avance ha sido apenas de dos pozos al año.
La perforación en aguas profundas en el Golfo de México constituye más de tres cuartas partes de la producción mar adentro. El alto precio del petróleo y las nuevas tecnologías han vuelto esta clase de perforación económicamente más atractiva. Según un informe de los Servicios de Administración de Minerales (Minerals Management Services) del gobierno estadounidense, entre 2007 y 2011 se planea una inversión de más de $305 mil millones de dólares en perforación en aguas profundas, en comparación con $204 mil millones de dólares entre 2002 y 2006; gran parte de este incremento se debió a la intensificación de actividades en áreas de aguas profundas al Oeste de Africa, en América Latina y en el Golfo de México.
La iniciativa de reforma energética de la presente administración define la sustentabilidad como la capacidad de reemplazar el petróleo extraído con reservas nuevas. La evaluación de PEMEX advierte con alarma que de 2000 a 2007, 230 descubrimientos prometieron acceso a 5,700 millones de barriles de crudo, mientras que la producción durante el mismo período ascendió a 12,500 millones de barriles. 'La diferencia entre las reservas descubiertas y la producción significa que en cuanto al petróleo crudo y el gas asociado no alcanzamos una tasa de restitución por lo que se produjo a partir de las reservas (conocidas)...'
La noción de que sustentabilidad significa alcanzar una tasa de substitución para un recurso no renovable es un abierto desafío a los conceptos de desarrollo sustentable. Lo que se 'sustenta' a través de esta política es la dependencia de los combustibles fósiles.
Este enfoque de 'entrarle hasta el fondo' a la explotación de las reservas de petróleo y gas de México ha causado consternación entre los ecologistas. Empero las cuestiones del ambiente y el desarrollo sustentable han estado hasta hace muy poco prácticamente ausentes del debate.
El Premio Nobel de Química mexicano Mario Molina deplora la concentración exclusiva en la industria petrolera tanto de la izquierda como de la derecha. 'Centrar el debate únicamente en el petróleo implica una óptica miope, dado que la fuente de combustible nos alcanzará para diez o quince años cuando mucho. Es urgente que México se vuelva hacia fuentes de energía alternativas como la solar o la eólica,' afirma.
La reforma hace mención de la energía alternativa pero no establece programas ni marcas de avance en esta área. El Centro para la Investigación Energética de la UNAM informa que México podría abastecer 30% de su demanda total de energía a través de fuentes de energía renovables para el año 2025.
La reversión de las privatizaciones en Latinoamérica
La propuesta de Calderón marcha a contracorriente de lo que está aconteciendo en el resto del hemisferio. Un informe emitido para 2007 por el Baker Institute revela que el 77% de las reservas mundiales de petróleo están en manos de compañías nacionales, aunque con participación de capital privado en diversas fases tal como en Petrobras en Brasil. En América Latina la tendencia es hacia elevar la participación, regulación y papel del estado en la distribución de las ganancias. Naciones que experimentaron medidas drásticas de privatización en las pasadas décadas de reformadores neoliberales, están regresando al control público de sus recursos naturales. La razón es simple: las petroleras trasnacionales saquearon y contaminaron los países donde estaban perforando.
En Ecuador, comunidades indígenas entablaron una demanda ambiental colectiva contra Chevron-Texaco por contaminar la selva y dañar la salud de las poblaciones indígenas. El gobierno ecuatoriano se halla en negociaciones con las petroleras internacionales para aumentar el control de los activos del petróleo. Recientemente el presidente Correa llevó una propuesta a naciones europeas para apoyar un plan de sustentabilidad que conserve el petróleo ecuatoriano en el subsuelo. La propuesta,al parecer recibida favorablemente, haría que los países europeos y la comunidad internacional compensen a Ecuador $350 millones de dólares por no extraer todo su petróleo de la zona ambientalmente sensible cerca del parque Yasuní.
Poco después de su elección a la presidencia de Bolivia, Evo Morales decretó la nacionalización de compañías petroleras privadas el 1° de mayo de 2006. Los ingresos por petróleo y gas se incrementaron de $172 millones de dólares en 2002 a $1,570 millones de dólares en 2007. Este mes de mayo, Morales avanzó a la segunda etapa para colocar las industrias petrolera y gasera en poder del estado, con planes para compensar a cuatro compañías extranjeras privadas por su tenencia accionaria para control de políticas, incluyendo a la gigante Repsol, de España.
En muchos casos, los gobiernos han sido capaces de negociar tratos con empresas extranjeras manteniendo sus operaciones conforme a los nuevos términos, lo cual indica que incluso cuando se les requiere pagar mayores regalías y perder tenencia accionaria de control, las trasnacionales siguen considerando la extracción de petróleo en países en desarrollo una empresa atractiva.
El desafío lanzado
Al asumir la presidencia tras una disputada elección en 2006, Calderón, en lugar de buscar la reconciliación nacional, se embarcó de inmediato en la ruta que le presentaban el gobierno de Estados Unidos, el Banco Mundial y otros agentes de la globalización corporativa, conocidos como la 'tercera generación' de reformas de ajuste estructural.
Las reformas calderonistas también avanzan hacia dos objetivos esenciales para la estrategia de seguridad de Bush promovidas en el contexto del Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN, en inglés SPP). El primero es desarrollar la seguridad energética de E.U. garantizando su acceso a colosales reservas en aguas profundas del Golfo de México, incluyendo la porción que pertenece a México. De unos 53,800 millones de barriles de crudo que se estiman como reservas potenciales de México, se cree que alrededor de 55% yacen bajo miles de pies de agua, sal y tierra en las aguas profundas del Golfo.
El segundo objetivo es abrir la producción y el mercado de petróleo y gas a las compañías extranjeras. El Consejo Norteamericano para la Competitividad o CNAC (en inglés, North American Competitiveness Council (NACC), que es el documento del sector privado adjunto al ASPAN, expone las metas para 2008: 'Emitir un análisis de hitos de progreso que ilustre las fallas de desempeño financiero y operativo de PEMEX' (la evaluación del 30 de marzo cumple este requisito) y 'liberalizar el comercio, almacenaje y distribución de los productos refinados.' Esto último lo cubren las reformas propuestas. Chevron se encuentra entre los miembros del NACC que participan directamente en las negociaciones trilaterales del ASPAN.
Su Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (BIRD), ya cuenta con la aprobación de las reformas. Un informe del BIRD elaborado durante el gobierno de Fox declara: 'En el sector energético el Banco apoyará las principales medidas que se esperan de la reforma contempladas por el gobierno en los sectores del petróleo, gas natural y electricidad. Se espera que dicha operación sea respaldada por un servicio AAA para la revisión del sector energético.' Se han citado reiteradamente demoras en la reforma estructural de la industria petrolera y gasera—léase privatización—como uno de los principales obstáculos para los planes del banco en México.
Los planificadores neoliberales han codiciado por años la iniciativa de reforma de PEMEX, pero el rechazo popular a ella la ha demorado. La respuesta inmediata de la oposición demostró justamente cuán verdaderamente incendiaria es la reforma energética en la política mexicana de hoy. El Frente Amplio Progresista tomó las tribunas de ambas cámaras del Congreso exigiendo un debate nacional acerca de las reformas a PEMEX.
Prevalecieron. El primero de una serie de 23 foros públicos para debatir la reforma energética se celebró el 13 de mayo de 2008.
El ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador ha estado librando una enérgica campaña en todo el país llamando a preparar movilizaciones masivas contra la privatización de la industria petrolera. Aunque su partido, el PRD, está siendo destruido por luchas internas, López Obrador posee una capacidad formidable para movilizar partidarios, y el asunto de PEMEX les motiva tal vez mucho más que cualquier otro tema político actual. Ha organizado brigadas para la defensa del petróleo tanto de mujeres (llamadas Las Adelitas, por las mujeres que participaron en la Revolución Mexicana) como de hombres.
Aquí hay mucho más en juego que mitos nacionalistas o aun el control de la mayor empresa de América Latina. Las reformas a PEMEX marcarán un rumbo para la integración regional y el futuro económico de México. La reforma representa oportunidades de negocios potencialmente excelentes para las ya atiborradas trasnacionales petroleras y una prórroga para la economía estadounidense dependiente de los combustibles (fósiles).
Al mismo tiempo, la perforación en aguas profundas implica serios riesgos ambientales y costos económicos. La dependencia de los combustibles y el rápido agotamiento del petróleo restante dejan mínimas esperanzas a las futuras generaciones. El plan como es actualmente no toma en consideración el aumento de emisiones ni la conservación de energía para el futuro. Ceder en contratación partes de PEMEX significa también la pérdida de un instrumento de desarrollo que puede aprovecharse para el bien público.
El público tiene el derecho y la necesidad de participar en este debate crucial por el futuro de México y de la región como un todo.
6/17/2008
INAH impide a Ebrard entrar en foro sobre la reforma energética
INAH impide a Ebrard entrar en foro sobre la reforma energética
El jefe de gobierno del DF fue invitado por los sindicatos que organizaron el evento.
Bertha Teresa Ramírez / La Jornada On Line
Publicado: 16/06/2008 11:52
México, DF. El gobierno federal a través de la Secretaría Administrativa del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) cerró las puertas esta mañana al jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, quien iba a intervenir en un foro sobre la reforma petrolera, convocado por diversas organizaciones sindicales del gremio energético.
La reunión se llevaría a cabo en el Alcázar de Chapultepec con la intervención de expertos en la materia a nivel internacional.
Al respecto, Cristina Gutiérrez, secretaria general de la delegación 3-24 de la sección 11 del Sindicato Mexicano de Elecricistas (SME), explicó que el impedimento a Ebrard se da a pesar de que esa delegación solicitó y obtuvo autorización de parte de la jurídica para llevar a cabo este evento, “pero ahora en el instituto me señalan que no se puede llevar a cabo porque se tendrá la asistencia del jefe de gobierno del Distrito Federal”.
La representante sindical expresó que el secretario administrativo, Luis Ignacio Sáenz, afirmó que “la determinación es no permitir este ingreso”; sin embargo, Gutiérrez señaló “nosotros ya pusimos todas las argumentaciones sobre la mesa. Nos parece lamentable, ya que cumplimos con todos los requisitos formales para hacer uso de este espacio”.
Gutiérrez agregó que “los trabajadores del gremio están interesados en discutir y hacer comentarios sobre un tema tan importante como es la reforma energética que es de interés general y no pude ser que una institución de cultura cierre sus puertas a la discusión de un tema tan importante como este”.
En tanto, Sáez Chávez rechazó que él diera las instrucciones para negarle el ingreso a Marcelo Ebrard, incluso, dijo, tiene una relación amistosa con el jefe de Gobierno capitalino.
"Nosotros recibimos una solicitud la semana pasada de parte del Comité Ejecutivo del Sindicato AT, organización nacional de 324, donde solicitaban el espacio del Castillo para una asamblea sindical de carácter interno”, señaló.
No obstante, el funcionario sostuvo que a una solicitud expresa de permiso para una asamblea sindical no puede de pronto convertirse en foro de análisis sobre la reforma energética con el concurso de otros actores públicos estimados como el SME y que adicionalmente se hayan convocado a otros ponentes. “No es algo que esté direccionado contra alguien en particular”, afirmó.
Aclaró que la organización tiene derecho a realizar su foro; sin embargo, el permiso que se solicitó fue para una reunión interna y que la anomalía tiene carácter burocrático. “Es una cuestión jurídica, normativa”.
Explicó que si se hubiera hecho una solicitud expresa de un foro de análisis sobre cuestiones energéticas habría sido un proceso diferente, “quizá se hubiera desarrollado en el auditorio Torres Bodet, donde se realizan este tipo de eventos o en alguna de las escuelas, en la ENAH o en otros espacios que están 'naturalmente pendientes' de temas que son del interés nacional”.
Por otra parte, una cadena de cinco agentes de la policía auxiliar impidieron el acceso a la prensa que había sido trasladada por el gobierno capitalino para cubrir la intervención de Marcelo Ebrard en el foro.
Por la tarde, el subsecretario de gobierno del Distrito Federal, Juan José García Ochoa, envió una carta dirigida al doctor Alfonso de María y Campos, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en la cual se acusa al gobierno federal de tener temor al debate y a la discusión pública en la que dejan ver una censurable tendencia autoritaria.
García Ochoa dijo que al gobierno capitalino le preocupa la decisión tomada por el director administrativo del INAH, Ignacio Sáenz, de cancelar el foro organizado por el Sindicato Mexicano de electricistas sobre la reforma energética en donde participarían expertos internacionales y el jefe de gobierno del Distrito Federal.
“Nos parece lamentable que el gobierno federal tome decisiones de esa naturaleza toda vez que ya se habían dado los permisos correspondientes y fue por ello, junto con la seriedad del evento, que el jefe de gobierno había decidido participar”, dijo García Ochoa.
“Esta decisión desafortunadamente tiene como consecuencia de cerrar un espacio para la discusión y el debate público de un tema que es concerniente para el país y no es una faceta del régimen que nos regresa a ciertas etapas de nuestra historia que creíamos superadas por el avance de la democracia, el temor al debate y la discusión dejan ver una censurable tendencia arbitraria”, agregó.
Finalmente el gobierno de la ciudad reitera su disposición para realizar la consulta ciudadana
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