Tolerancia social en el límite
Se avecina una movilización social que no podrá ser contenida por la administración calderonista, consideran sociólogos, politólogos, historiadores y luchadores sociales. Pobreza, despojo, desempleo y crisis de legitimidad del actual régimen, las causas. La respuesta de los gobiernos federal y estatales ha sido la criminalización de más de 60 movimientos sociales en los dos años recientes
Paulina Monroy
La crisis alimentaria, el deterioro económico, la violencia institucionalizada, la fragmentación social y las reformas estructurales son “caldo de cultivo” para una escalada de movilizaciones que cuestionará la estabilidad de Felipe Calderón en el poder. Especialistas advierten que, como sucedió en Argentina, Bolivia y Ecuador, en México el estallido social se avecina.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en México el 42 por ciento de la población vive en la pobreza y casi el 14 por ciento, en pobreza extrema. El Banco Mundial asegura que el 50 por ciento de mexicanos está en condiciones de miseria.
En tanto que Carlos Slim –considerado el segundo hombre más rico del mundo– concentra el 8 por ciento del producto interno del país (PIB) y las 38 familias más ricas, el 14.4 por ciento, el capital del 10 por ciento de los más pobres representa sólo 1.6 por ciento del PIB.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, desde que Calderón asumió la Presidencia y hasta septiembre de 2007, la tasa de desocupación se incrementó de 4.6 a 4.9 por ciento. Para ese año se contaban 1 millón 616 mil mexicanos desempleados y el 50 por ciento de los trabajadores ganaban de uno a tres salarios mínimos, el cual perdió casi 24 por ciento de su poder adquisitivo (Contralínea 101).
Según los especialistas, el gasto social es deficitario, no hay política económica que revierta la crisis en el campo y tampoco una visión de desarrollo. Diputados, especialistas y defensores de derechos humanos coinciden en que la tolerancia de los mexicanos está en el límite.
Carlos Antonio Aguirre Rojas, historiador e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), observa que el país camina, como en la última etapa del Porfiriato, hacia un estallido social similar al ocurrido en la Revolución de 1910. Advierte que las condiciones de vida de los mexicanos se deterioran y pierden referentes de cohesión: “Hay un país que ve la administración de Felipe Calderón y el que existe”.
Politólogo y sociólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Carlos Lozano Ángeles considera que el cierre de 2008 será conflictivo. Anuncia que las condiciones serán tan deplorables que proyecten un posible estallido social, pues se avecina una crisis económica aguda.
Descontento social
Edgar Cortez Morales –secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos (Red TDT)– dice que las pequeñas movilizaciones en la vía pública son expresión de un enorme y diverso descontento social en el país, que puede aumentar.
La Secretaría de Gobierno del Distrito Federal apunta que en 2007 12.5 millones de personas realizaron 2 mil 93 movilizaciones en la vía pública: 892 en el ámbito local y 1 mil 582 en el federal, a las que asistieron 882 mil 525 personas. Durante ese año se contaron 1 mil 58 concentraciones, 466 bloqueos, 368 marchas, 336 mítines, 48 caravanas, 37 reuniones agendadas, 35 plantones, 22 tomas de instalaciones, tres huelgas de hambre y una protesta individual.
Sólo en enero de 2008 se registraron 194 movilizaciones: 91 concentraciones, 18 marchas, cinco mítines, 10 plantones, 48 bloqueos viales, 10 bloqueos de acceso a instalaciones y 12 caravanas. Del total de movilizaciones, 107 fueron manifestaciones contra el gobierno federal y 87, contra el local. Del 31 de diciembre al 3 de febrero, las dependencias federales atendieron a los inconformes en un promedio de 10 horas, mientras que el gobierno capitalino lo hizo en tres horas.
En su Primer informe de labores 2007, la secretaría enuncia que del 5 de diciembre de 2006 al 31 de julio de 2007 protestaron 14 millones 892 mil 300 personas en 1 mil 779 actos; 931 de ellos fueron de carácter federal con la participación de 643 mil 50 personas, y 513 de carácter local con la intervención de 66 mil 191 ciudadanos. Agrega que de los 1 mil 444 actos políticos realizados, 516 fueron concentraciones, 251 marchas, 303 bloqueos, 262 mítines, 26 plantones y 86 en el rubro de otros.
Represión, la respuesta
del Estado
Sesenta protestas sociales han sido criminalizadas desde 2005 hasta la fecha. Según la Red TDT, en 17 entidades federativas se registraron 32 proyectos económicos impuestos y a 28 expresiones de inconformidad se les imputó carácter delictivo. De éstas, 14 tenían como objetivo exigir el respeto a derechos, y el resto, la defensa y acceso a recursos naturales.
Organizaciones y ciudadanos en resistencia –apunta la Red TDT en el documento Sistematización de casos de criminalización de la protesta social– se defienden y protestan mediante el diálogo, la negociación y la realización de denuncias públicas, plantones, misas, tomas de instalaciones, campañas de difusión, foros, mítines, bloqueos y acciones jurídicas.
“Como respuesta –indica la Red TDT, compuesta por 58 organizaciones civiles– encuentran represión, militarización y criminalización de la protesta social”. Advierte que en la intención de imponer proyectos –que implican despojo de tierras y recursos naturales en su mayoría a pueblos indígenas– se recurre a la violencia policiaca, detenciones arbitrarias, asesinatos, enfrentamientos, amenazas y hostigamientos.
De 2005 a la fecha, se documentó el uso de la represión en dos casos: en los retenes para acceder a la zona wixárica en Jalisco y en el conflicto en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila.
Once se criminalizaron: el arresto de migrantes en Chiapas; las protestas contra el proyecto de desarrollo social en Chihuahua; la disputa sindical en la empresa La Estrella en Coahuila; la construcción de una regasificadora y la ampliación del puerto de Manzanillo en Colima; la detención de Pedro Alvarado Delgado como observador del conflicto de San Salvador Atenco en el Estado de México; la titularidad del contrato colectivo de trabajo en el DIF y el despido de trabajadores del Sistema Avanzado de Videobachillerato y Educación en Guanajuato; la exigencia de una educación en lengua me’phaa batá y la aprehensión del nan’cue o amuzgo David Valtierra, coordinador de la radio La Palabra de Agua en Guerrero; la protestas contra Minera San Xavier en San Luis Potosí, y la detención de cuatro indígenas otomíes en Veracruz.
Además, se reprimieron y criminalizaron otros 11: el operativo policiaco de Bochil en Chiapas; la intervención policial en San Salvador Atenco, en el Estado de México; la oposición a un desarrollo habitacional en Morelos; la represión a miembros de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca, del Movimiento Ciudadano Juquileño y el desalojo de los miembros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca; la inconformidad al Plan de Desarrollo Municipal en Puebla; la manifestación en contra del presidente estadunidense George Bush y las detenciones arbitrarias en Ciudad Caucel en Yucatán.
En el marco de su campaña “La protesta es un derecho, la represión, un delito”, la Red TDT anota que, pese a la alternancia en el poder, se siguen cometiendo casos graves de represión contra los movimientos y la protesta social.
Expone que con Felipe Calderón ha continuado esta política represiva, que tiende a institucionalizarse mediante el incremento de la militarización y las reformas a la seguridad pública que originan un estado policial.
Así, en la Agenda de Inteligencia para la Seguridad Nacional en México, publicada por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional en su página electrónica, se incluye a los movimientos sociales como uno de los componentes sobre los que se recopila, procesa y difunde información junto con grupos armados, delincuencia organizada y terrorismo.
El artículo 139 del nuevo Código Penal Federal, respecto al delito de terrorismo, establece penas de seis a 40 años y hasta 1 mil 200 días de multa a “todo aquel que utilice medios violentos y realice actos en contra de personas o servicios públicos, que produzcan alarma y terror en la población, atenten contra la seguridad nacional o presionen a la autoridad para que tome una determinación”.
La Red TDT señala que es tan ambiguo que puede ser utilizado contra los movimientos sociales. Para la Unidad Obrera Socialista (Unios) con estas modificaciones se condena cualquier intento de coacción para que el gobierno cumpla las demandas de la población: “El régimen reafirma su carácter autoritario y adopta medidas de corte fascista, pues quiere contener todo el descontento popular acumulado en más de 30 años de despojo neoliberal”.
Cortez Morales, secretario ejecutivo de la Red TDT, explica que las realidades de necesidad y lucha se tratan como hechos criminales y no como realidades originadas por el modelo económico de empobrecimiento y devastación.
“Los conflictos sociales –observa– son sacados del ámbito político y llevados al jurídico, se les somete a toda la complejidad que supone nuestro sistema de justicia para desgastarlos”.
Aunado al uso de la fuerza, las autoridades recurren a la detención y acusación a líderes sociales en delitos como robo, portación de armas, daño a propiedad ajena, obstrucción de las vías de comunicación o incitación a la violencia. También se les imputan delitos agravados, como los relacionados con la seguridad nacional, o se equiparan figuras delictivas para penalizarlos, como la retención de funcionarios con el secuestro.
El activista anota que así se determinan penas desproporcionadas y se imposibilita que continúen su proceso en libertad, además de ser encarcelados en prisiones de alta seguridad y obstruir su derecho al debido proceso: “La justicia en México se usa como un instrumento para castigar y presionar a la movilización social”.
Al ser criminalizadas, las organizaciones postergan sus demandas principales: su prioridad es la libertad de sus presos. A su parecer las instancias en procuración de justicia no garantizan imparcialidad en dichos procesos judiciales, pues son ellas mismas quienes están involucradas en las acciones represivas.
“El estado de derecho al que alude el gobierno federal –opina– es faccioso y selectivo. Se usa el derecho mafioso que se ensaña con quienes debería proteger y favorece a quienes debería vigilar, es decir, daña y ataca a los más débiles y se alía a los más poderosos”.
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, restringir el ejercicio de reunión y libertad de asociación son graves obstáculos a la posibilidad que tienen las personas de reivindicar sus derechos. Cortez Morales observa que los derechos a la libertad de expresión, de manifestación y de asociación, contenidos en la Constitución, contribuyen a la calidad de la democracia.
Se difama la lucha social, agrega, cuando se dice que afecta derechos de terceros, como el intento de la fracción panista para regular las marchas en el Distrito Federal: “Los espacios públicos no sólo son vías de tránsito, también son foros donde se debaten los asuntos de interés de la sociedad y son importantes, sobre todo, en una sociedad tan inequitativa donde los más pobres tienen menos posibilidades de ser escuchados”.
Guerra contra La Otra Campaña
El 19 de enero de 2008, Felipe Calderón se anunció como un presidente cercano a las fuerzas armadas y advirtió que no toleraría los desafíos a la autoridad del Estado.
El subcomandante insurgente Marcos ya advertía que tambores de guerra seguían sonando. Y es que, calificado por especialistas como el movimiento nacional más relevante, La Otra Campaña también sufre una guerra frontal con el Ejército. Su presencia en las 32 entidades de la República, con sus alrededor de 15 mil organizaciones e individuos adherentes, representa un reto para el gobierno federal, consideran los especialistas.
Lozano Ángeles explica: “La posibilidad del cambio ya no se ve en los partidos políticos, sino en la movilización organizada desde abajo”. Asegura que es por la vía de la organización y la participación donde habrá un cambio y es en las calles donde se ganará. “A eso le apuesta La Otra Campaña”.
Nacido a iniciativa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de 2006, es el “movimiento civil y pacífico de los de abajo y a la izquierda”, dice. Ese año, el subcomandante Marcos, como “delegado zero” de los zapatistas, recorrió 50 mil kilómetros por el país escuchando y recogiendo demandas. Contraria al paternalismo del gobierno, la visión del movimiento es que la gente del pueblo sea responsable de su futuro, explica Alejandro Varas, dirigente de Unios, organización adherente a La Otra.
Para Varas, el sistema explota, reprime y criminaliza a las víctimas: “No soportan el debate de ideas, no dialogan y engañan a la gente. Los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática (PRD), cualquier partido en el poder lleva al país al declive por su desmesura y ambición”.
Aguirre Rojas señala que un movimiento con claridad en sus demandas puede derrocar a un presidente de una manera totalmente pacífica. Por ello, el cerco militar ceñido sobre Chiapas y el silencio respecto a esa militarización. El historiador indica que entre 6 y 7 de cada 10 militares están en territorio chiapaneco.
El 4 de junio, la Junta de Buen Gobierno (JBG) El Camino al Futuro denunció la incursión de 200 militares y elementos de la policía judicial y municipal a los pueblos zapatistas de Hermenegildo Galeana y San Alejandro del Caracol de La Garrucha. El gobierno autónomo advirtió que rodearon La Garrucha tres convoyes, nueve vehículos militares y de seguridad pública. Las bases de apoyo zapatista apuntan que fueron intimidados y acusados de tener sembradíos de marihuana.
Guiados por la policía municipal de Ocosingo, policías y militares se internaron a Galeana, donde la población se armó con machetes, piedras y hondas para impedirles el paso. Lo situación se repitió en San Alejandro, con soldados de Toniná, Patiwitz y San Quintín. Los castrenses advirtieron que regresarían en 15 días.
“Toda la zona zapatista de Garrucha –aclaran– y sus autoridades autónomas somos testigos que no existe plantíos, sólo hay zapatistas y hay trabajador de milpa y platanar. Estamos dispuestos a luchar por libertad, justicia y democracia y rechazamos cualquier provocación”.
Además de la irrupción del Ejército, los zapatistas en Chiapas también sufren otros embates. Casi un mes antes, el 26 de mayo, también la JBG de Oventic denunció el secuestro de Manuel Hilario Gómez, base de apoyo zapatista, por perredistas de la comunidad de Chactoj, en el municipio de Zinacantán. Después de ser privado de su libertad por 34 horas, se le dijo que de no pagar una multa por 2 mil pesos sería nuevamente detenido.
Señala que desde 2002 en la comunidad de Sok’on los caciques perredistas privan de agua a familias base de apoyo zapatista. Además anota que en Zinacantán se hostiga a zapatistas para que se unan al PRD y así asegurar votos a favor de la presidencia municipal.
El 27 de mayo de 2008 el cuerpo policial Grupo Lobo golpeó y trasladó a miembros de la Voz del Amate –grupo de reclusos que se definen como presos políticos por apoyar al ELZN y a La Otra Campaña–, del Centro de Rehabilitación Social número 14, a diferentes reclusorios en el estado.
Desde que el grupo comenzó su protesta –alude el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria en una acción urgente emitida el 24 de julio de 2006– las autoridades carcelarias animan a otros presos para que hostiguen y amenacen al grupo. Según Enlace Zapatista –la bitácora en línea de la Comisión Sexta del EZLN– se les tiene prohibido ayunar y realizar huelgas de hambre o protestar de cualquier forma.
Debido al despliegue de las fuerzas armadas en Chiapas, La Otra Campaña interrumpió su segunda etapa en septiembre del año pasado. El cierre estaba previsto para junio, cuando se cumplieran tres años de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.
Aún así se trabaja en la estructuración del Programa Nacional de Lucha, del que ha dicho el subcomandante Marcos se pasará entonces a la agitación y la difusión. El dirigente de Unios advierte que el gobierno federal está jugando con una bomba de tiempo y habrá respuestas más concluyentes. “El movimiento será explosivo, pero pacífico”.
El lopezobradorismo
Autodenominado presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador llamó a la resistencia civil y a la movilización social para oponerse al fraude electoral y defender el petróleo. El sociólogo y politólogo Carlos Lozano Ángeles sostiene que el PRD, si quisiera encabezar el cambio social, tendría que olvidarse de las confrontaciones electorales. Además, las disputas internas desgastan la institucionalidad del partido y la figura de López Obrador.
Observa que de unirse a otros movimientos sociales, se podría generar un pacto social novedoso que obligara al gobierno de Calderón a llegar a un acuerdo nacional para impulsar temas desde una reforma política. Advierte que tendría que ser una movilización que rebase la influencia partidista.
Sin embargo, Aguirre Rojas encuentra como limitante que de origen dichas movilizaciones hubiesen nacido para defender a López Obrador, luego de los comicios de 2006.
La diputada perredista y secretaria de la Comisión de Gobernación, Valentina Batres, asegura que el “gobierno legítimo” de López Obrador tendrá como sostén “al pueblo organizado”. Señala que 2 millones y medio de personas manifestaron su oposición al fraude electoral. Además de que 2 millones de ciudadanos se mueven en defensa del petróleo. Agrega que como parte del Frente Amplio Progresista, el PRD sumará esfuerzos con la iniciativa civil para defender los temas nacionales.
Falta de gobernanza, el otro factor
Para Alberto Amador Leal, secretario de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, la polarización política –agravada tras las elecciones del 2 de julio de 2006– es también factor para que aumente la movilización social.
En la administración calderonista observa que no hay gobernanza, que –según la Real Academia Española– es el arte de gobernar para lograr el desarrollo económico, social e institucional promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado.
Agrega que la relación entre el gobierno federal con los poderes de la Unión no alcanza a ser institucional, como tampoco lo es el trato con legisladores ni con gobiernos locales. Apunta que también la administración de Felipe Calderón está desvinculada de sectores sociales, sindicales y campesinos, a los que ha excluido y desconoce su papel de intermediarios sociales.
Considera que otro factor de riesgo es la pugna electoral de 2009, en la que se renovará la Cámara de Diputados.
En opinión del diputado priísta, Calderón debe asumir su papel de jefe del Ejecutivo y no de partido.
Valentina Batres, secretaria de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados, considera que el costo de tener un presidente ilegítimo es mayor que el de haber repetido las elecciones. “Al frente está un partido con visión pequeña de lo que significa gobernar y está ausente de su obligación de escuchar las demandas populares”. Advierte que el ciudadano está desamparado porque “prevalece la ley de la selva, donde gobierna el más fuerte”.
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