DERECHO A LA ALIMENTACIÓN FRENTE A LA VORACIDAD DEL G8

La cumbre del hambre

Armin Paasch

Nadie quería faltar esta vez. Sarkozy, Lula, Ahmadineyad, Ban Ki-Moon, Annan o Mugabe, todos querían estar en Roma a comienzos de junio para mostrar su indignación por la crisis alimentaria mundial. Dos años antes, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) había hecho un balance dramático de la lucha contra el hambre. Pero entonces los gobiernos enviaron representantes de segunda y tercera fila. Esta vez, en la cumbre todos los grandes estaban de parto, y por desgracia no dieron a luz más que un ratón.

Como muestra la declaración final, las cuestiones decisivas han recibido la respuesta de costumbre: más dinero para costosas semillas y fertilizantes, más ayuda en comestibles y una mayor liberalización del comercio mundial.(1) Con respecto a la candente cuestión de los biocombustibles se acordó únicamente hacer una invitación a un «diálogo con vistas a obtener resultados», y tampoco en relación con el cambio climático se encuentra apenas otra cosa que no sean lugares comunes.

¿Qué medidas serían necesarias para superar la dramática crisis alimentaria? ¿Y cuales son su verdadera naturaleza y sus causas?

Desde mediados de los 90, el número de subalimentados crónicos ha ascendido de 23 millones a una cifra oficial de 854 millones.(2) Pero mientras el hambre ha sido desde siempre un fenómeno predominantemente rural y a menudo silencioso, hoy aparece de manera creciente en las grandes ciudades. Y es allí donde se encuentran tanto los gobiernos y organizaciones internacionales como los corresponsales de la prensa mundial. El hambre, que entre enero y mayo de 2008 se ha hecho visible con protestas —a veces violentas— en más de 30 países, ya no puede ser pasada por alto por la opinión pública mundial.

El principal desencadenante de las protestas ha sido el explosivo aumento de los precios de los alimentos básicos en el mercado mundial, que ha colocado a muchas de las economías ya precarias en una situación de extrema necesidad. Desde 2003, los precios mundiales del maíz y el trigo se han más que duplicado, mientras que el del arroz se ha duplicado sólo en los últimos cuatro meses.

Las causas del alza de los precios son complejas. La pérdida de cosechas, por ejemplo en Australia, EEUU o Turquía, debido a inclemencias meteorológicas —un aperitivo de los futuros estragos del cambio climático— ha hecho caer la producción mundial de cereales un 7% con respecto al año anterior. El crecimiento de la población, la migración a las ciudades y el mayor poder adquisitivo de las clases medias en India y China incrementan el consumo de carne y productos lácteos, y con ello de los piensos. Al haberse triplicado el precio del petróleo desde el año 2000, los costes del transporte se han disparado, pero también los de los fertilizantes y pesticidas. Estrechamente ligado a esto se encuentra la búsqueda de fuentes de energía alternativas y el boom de la producción de biocombustibles: sólo en los EEUU la producción de etanol se come el 11% de la producción mundial de maíz.

Hay acuerdo en que todos estos factores han contribuido a provocar la crisis actual; sólo se discute su importancia relativa. También está en discusión la parte de culpa que tiene en la crisis la irrupción de grandes inversores —por ejemplo, los fondos de pensiones— en los mercados de materias primas agrarias. Mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ve en el aumento de las inversiones más una consecuencia del incremento los precios que una de sus causas, otros atribuyen un incremento de los precios del 20% al escalofriante aumento de las operaciones a plazo en la bolsa de Chicago. (3)

En qué medida la especulación ha acelerado la espiral de precios es algo que aún no se ha investigado lo suficiente. En cualquier caso, es escandaloso el hecho de que instituciones financieras como el Deutsche Bank recomienden sus fondos agrarios haciendo referencia a la escasez de comestibles, tratando así de sacar provecho de la crisis a costa de los que pasan hambre.(4)

Mayor controversia que las causas despiertan las implicaciones políticas y las posibles actuaciones frente a la crisis. Algo está claro: la virulencia de las protestas no deja dudas acerca de las dramáticas consecuencias en especial con relación a la situación alimentaria de los consumidores de bajos ingresos, y sobre todo en numerosas ciudades del sur. Por el contrario, las consecuencias a largo plazo generan una viva discusión. El estadounidense Instituto de Política Agrícola y Comercial (IATP) señala con agudeza las contradicciones de muchas reacciones. «¿No se consideraba por regla general, desde los 60, que los bajos precios de las materias primas eran el mayor obstáculo para el desarrollo? ¿La liberalización del comercio internacional no debería llevar a la supresión de las dañinas subvenciones en el norte a fin de mejorar los precios para los agricultores del sur?»(5) Y se podría añadir: ¿No han exigido las ONG críticas, precisamente por eso, una mayor regulación del mercado mundial y el fin del dumping, para conseguir así un incremento de los precios?

Un amargo despertar

Para comprender por qué los altos precios han provocado protestas tan airadas hay que poner la mirada en aquellos países que se han visto más duramente afectados. «La crisis actual es particularmente dañina para los importadores netos de comestibles», afirma con acierto Olivier de Schutter, el nuevo relator especial de la ONU para el Derecho a la Alimentación. «La mayoría de los países africanos caen dentro de esta categoría, en buena medida debido a la liberalización del comercio agrícola que se les impuso en los 80 y 90 en el marco de las medidas de ajuste estructural».(6)

Tomemos como ejemplo el arroz. Como consecuencia de la apertura de mercados y de la supresión de las ayudas públicas a la agricultura, desde 1992 Honduras se ha visto cada vez más inundada por importaciones masivas de arroz estadounidense. El efecto a largo plazo sobre la producción nacional de arroz ha sido más devastador que catástrofes naturales como la del huracán Mitch, en 1998. Mientras que a finales de los 80 había en Honduras 25.000 agricultores que cultivaban arroz, según la estadística oficial al día de hoy no llegan a 1.300; entre 1990 y 2000, la producción de arroz disminuyó de 47.300 toneladas anuales a 7.200.

Y Honduras no es una excepción, sino el paradigma de una política que ha sustituido deliberadamente la producción local de arroz por las importaciones baratas. Así ha sucedido también en Haití, donde debido a las presiones del FMI los aranceles a la importación descendieron del 35% al 3%, disparándose a continuación las importaciones.(7)

De ahí que el incremento de precios tenga consecuencias fatales. Cierto es que el descenso de las importaciones a bajo precio abre a los agricultores la posibilidad de recuperar cuotas de mercado. No obstante, apenas cabe esperar que la producción local de arroz esté a corto plazo en condiciones de cubrir la caída del abastecimiento y llevar los precios a un nivel asequible.(8)

No es por tanto casual que las protestas en los países importadores, como Haití, revistan especial virulencia. Cuando los precios del mercado mundial suben, esto se refleja casi de inmediato en los precios para los consumidores locales y, en consecuencia, en los platos vacíos de los pobres. No sólo esto: según la FAO, los costes totales de la importación de comestibles se han duplicado desde 2000 a 2007 en los países más pobres y de renta más baja. Y sólo de 2007 a 2008 la FAO vaticina un nuevo incremento de alrededor del 57%. Eso representa una pesada carga para los presupuestos de dichos países, la cual tendrá consecuencias en el gasto público destinado a la agricultura y los servicios sociales.

Con este trasfondo, el cinismo de la reacción del Banco Mundial ante la llamada crisis alimentaria es difícilmente superable. Tras 30 años apremiando a los países más pobres para que abandonaran la producción de cereales y se centraran en producir para la exportación, ahora recomienda a sus —a menudo involuntarios— alumnos modelo, hoy hechos añicos, un resuelto «¡seguid así!». Ahora con más razón se impondría una liberalización del mercado mundial, según el viejo mantra. También el renombrado Instituto Internacional de Investigación Sobre Políticas Alimentarias (IFPRI) sostiene que una finalización de las negociaciones de la OMC es más urgente y prometedora que nunca: «A los países les resultará más fácil llegar a un acuerdo para la reducción de aranceles ahora que los precios, en particular los de productos sensibles, son más altos».(9)

La política comercial adoptada por muchos países en respuesta a la crisis parece dar la razón al IFPRI. En los últimos meses, 18 países —entre ellos Bangladesh, India, Indonesia, Ghana, Marruecos y Filipinas— han reducido sus aranceles a los productos agrícolas, a fin de que sea más fácil adquirir comestibles en el mercado mundial. Sólo que, al mismo tiempo, importantes países exportadores como Argentina, China o Vietnam han elevado sus aranceles a la exportación, encareciendo así las importaciones para los demás. De este modo se pone de manifiesto una vez más que, para alcanzar la seguridad alimentaria, la estrategia de la importación conduce a un callejón sin salida.

La lucha por el derecho a la alimentación

Con razón advertía el relator especial de la ONU de los efectos negativos de la reducción de derechos aduaneros en los ingresos del Estado de los países pobres y en la renta de los productores locales.

Numerosas ONG y organizaciones de agricultores reclaman desde hace años un cambio de rumbo aún más radical. «No necesitamos más de la misma medicina», se dice en una declaración conjunta de FIAN (organización por el derecho a la alimentación), Vía Campesina y otras organizaciones. «La crisis muestra claramente que el mercado mundial globalizado no es capaz de garantizar la seguridad alimentaria ni el derecho a la alimentación». A fin de hacer realidad para todos este derecho internacionalmente reconocido, los Estados necesitan un margen de maniobra suficiente para proteger los mercados nacionales y apoyar activamente a agricultores y consumidores. Es lo que se conoce como soberanía alimentaria, en expresión acuñada por Vía Campesina.

Cuentan con el apoyo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En una resolución del 26 de marzo, éste subrayaba «que todos los Estados deben hacer lo todo posible para que su política internacional y sus acuerdos de comercio internacional no tengan efectos negativos sobre el derecho a la alimentación en otros países».(10) Aludían con ello también a la UE, que en diciembre del año pasado obligó con fuertes presiones a 35 Estados de África, el Caribe y el Pacífico a firmar unos, así llamados, acuerdos de cooperación económica. Los países concernidos se ven de ese modo obligados a suprimir por completo los aranceles al 80% de las importaciones europeas y a mantener el restante 20% en el nivel actual, a menudo muy bajo. Una receta segura para el hambre y una pesada hipoteca para aquellos países que, en vista de la actual subida de precios en el mercado mundial, quieren decantarse de nuevo por la producción nacional de alimentos.

Sea como fuere, casi todos los actores han caído en la cuenta de que es el momento de reactivar la agricultura. Así, el gobierno filipino ha anunciado recientemente el objetivo de conseguir en 2010 su independencia de las importaciones. También entre los donantes internacionales se aprecia una clara voluntad de fomentar de nuevo la agricultura del sur. No obstante, sigue siendo decisiva la cuestión de qué clase de agricultura ha de ser fomentada. Mientras que muchos reclaman una «nueva revolución verde» en África, un amplio estudio realizado por alrededor de 400 científicos y apoyado por 60 países pide prudencia. El modelo agrícola predominante requiere una revisión urgente a fin de combatir la pobreza y contribuir a un desarrollo ecológicamente sostenible. En lugar de la estrechez de miras que supone la promoción de zonas de alto rendimiento o de técnicas de manipulación genética, el estudio recomienda apoyarse en los conocimientos tradicionales de las comunidades de agricultores.

Entre las recomendaciones de los científicos figura en lugar destacado la mejora del acceso a la tierra, el agua y a semillas económicas para los pequeños agricultores marginados. La urgencia de reformas agrarias para el reparto de tierras se hace evidente justamente en la crisis actual: quien mejor afronta ahora la subida de precios es la población de Vietnam, ya que la mayoría de los vietnamitas dispone de suficiente tierra, y en tiempos de crisis puede autoabastecerse.

Oportunidades desperdiciadas

De lo que no hay duda es de que la crisis actual exige una actuación rápida. Sería preciso en primer lugar un apoyo directo a los consumidores de bajos ingresos. En Irán, por ejemplo, no se han producido grandes carencias ni disturbios sobre todo porque los precios de los cereales son subvencionados por el Estado. La FIAN reclama desde hace tiempo, además, una renta básica incondicionada en los países en vías de desarrollo que posibilite al menos una alimentación adecuada. No habría la menor dificultad para financiarla, bastaría con que los países ricos del norte cumplieran de una vez sus promesas de incrementar los fondos de ayuda al desarrollo.

Hay que estabilizar además rápidamente los precios de los comestibles en un nivel asequible. Para ello hay que detener en primer lugar todas las inversiones especulativas que empujan artificialmente al alza los precios en la bolsa. También deben anularse los en excesivamente ambiciosos objetivos de la UE y los EEUU en relación con los biocombustibles. Esto tendría sentido no sólo para los consumidores, sino también para los productores, ya que los biocombustibles y la especulación provocan una considerable inestabilidad de los precios, ofreciendo cualquier cosa menos un marco de confianza para las inversiones.

Pero, al mismo tiempo, los sucesos de los últimos meses no han vuelto obsoleta la premisa de mantener unos precios para las materias primas agrícolas que permitan cubrir costes. No obstante, esto presupone que el incremento de los precios de los comestibles no puede revertir únicamente en el bolsillo de las grandes corporaciones agrícolas y supermercados, sino que debe beneficiar a los productores. Ya es por tanto hora de poner coto a los procesos de concentración en la agricultura mediante reglas más estrictas para las inversiones y de someter a las cadenas de distribución a estándares sociales y controles efectivos. Si ahora se toman las medidas correctas y no se carga la crisis sobre las espaldas de los agricultores, el incremento de precios en la agricultura —hace tiempo anunciado— ofrece buenas oportunidades, aun cuando la cumbre de Roma no haya sabido aprovecharlas.

Finalmente se han retomado las recetas propuestas en el «foro de la economía privada» por la Fundación Gates, Kofi Annan y multinacionales agrícolas como Cargill, Bunge y Unilever. La cumbre concedió más espacio que nunca a los consorcios empresariales, mientras que los pequeños agricultores, pastores, pescadores, indígenas y ONG fueron dejados al margen del circo de la alta política.(11) Por desgracia, sus posibilidades de éxito no han aumentado con esta cumbre.

El resultado más concreto ha consistido en que, en adelante, ya no será la FAO la que esté al cargo de la política agraria internacional, sino un grupo de trabajo de la ONU convocado por su secretario general Ban Ki-moon y compuesto por las cúpulas del Banco Mundial, el FMI y las organizaciones especiales competentes de la ONU. El plan de acción de este grupo de trabajo, según Ban Ki-moon, ha de reflejar el consenso entre las instituciones de Bretton-Woods y las organizaciones de la ONU. Sin embargo, el plan no se someterá a la consideración y aprobación de los gobiernos. Y la sociedad civil permanecerá de ese modo aún más al margen, en detrimento de la mayoría.