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7/23/2008

5,000 MUERTOS EN LA "LUCHA CONTRA EL NARCO"

Victimas del ejercito y del narcotrafico

Julen Nafarrete

Cuando el presidente mexicano Felipe Calderón ganó las elecciones en el año 2006, anunció que iniciaría «la guerra contra el narcotráfico», principalmente en los estados de Sinaloa, Sonora, Michoacán y Tamaulipas, plazas en las que el crimen organizado ha sentado sus bases. A día de hoy, las cifras hablan por si solas: más de 5.000 muertos relacionados con la lucha contra el tráfico de drogas desde el año 2006, de ellos 2.000 este mismo año. Al menos 500 personas han muerto en acciones violentas este año en el Estado de Sinaloa, donde la violencia se ha convertido para sus habitantes en algo rutinario.

Desde que el Ejecutivo de Calderón enviara a este Estado más de 3.000 efectivos militares y policiales, prácticamente todos los días se dan enfrentamientos entre las fuerzas armadas y las diversas mafias organizadas en torno al narcotráfico. Además, debemos sumar los continuos ataques entre las propias bandas que luchan por hacerse con el control del territorio y de la frontera con EEUU. En Sinaloa, que se encuentra completamente militarizada, se vive una sensación de inseguridad permanente, con secuestros diarios y con una cifra de muertos que casi a diario supera la decena.

El Gobierno mexicano, lejos de rectificar su política contra la delincuencia organizada, habla de «avances» supuestamente logrados por las fuerzas policiales y militares en su «enfrentamiento con la criminalidad». Mientras en el país mexicano varios medios denuncian que el operativo de 3.000 efectivos desplegado en Sinaloa es contraproducente, el Gobierno afirma que la ola de violencia se debe a que «los barones de la droga se sienten acorralados por la ofensiva del Gobierno». Además, el fiscal general de México, Eduardo Medina Mora, ha reconocido que «todavía no vemos el pico de la violencia, ya que habrá una etapa de violencia intensa antes de que la curva comience a bajar». Auguran mayor violencia en un país donde en los últimos tres años ya ha habido más víctimas mortales relacionadas con la lucha contra el narcotráfico que a lo largo de la dictadura de Pinochet en Chile durante 17 años.

Cuerpos decapitados

La capital del Estado de Sinaloa, Culiacán, viene de Colhuacán, que quiere decir «lugar donde los caminos se tuercen». Es precisamente aquí donde se encuentra el mayor despliegue militar y policial del Gobierno y donde operan las principales bandas del narcotráfico. El pasado día 10, enfrentamientos entre «grupos de delincuencia organizada» acabaron con la vida de 12 personas, tres de ellas agentes policiales. El resto, eran civiles que se encontraban en un taller y en sus inmediaciones, a los que hay que sumar la muerte de un comandante de la Policía Ministerial que murió frente a su propia institución. Los establecimientos cercanos al lugar de los hechos, cerraron por miedo a refriegas y al operativo policial y militar. Un episodio trágico más que ya se torna rutinario, donde civiles inocentes se convierten en víctimas, ya sea por el cruce de disparos entre bandas o por errores y abusos de policías y militares.

Sinaloa es uno de los estados mexicanos donde las redes del narcotráfico están más presentes. El tráfico de drogas comenzó aquí a principios del siglo XX, con la llegada de inmigrantes chinos que cultivaban la amapola. Tras su marcha, el negocio quedó en manos de familias locales que aprovecharon la demanda de heroína y morfina en EEUU. A día de hoy, es cuna de uno de los capos más buscados por el Gobierno mexicano y por EEUU, Joaquín «El Chapo» Guzmán.

De hecho, la enemistad que existe entre «El Chapo» y sus antiguos aliados, los hermanos Beltrán Leyva, es una de las causas de la oleada de muertes en Sinaloa.

Ambos grupos se disputan el mercado local y las rutas hacia Estados Unidos, en una guerra interna a la que hay que sumarle los enfrentamientos con las fuerzas del Estado. «El Chapo», que se «escapó» de una cárcel de máxima de seguridad en EEUU en 2001, cuenta con un amplio apoyo popular en las zonas rurales de Sinaloa.

Los sicarios de los hermanos Beltrán Leyba presuntamente mataron en mayo de este mismo año al hijo de «El Chapo» en la ciudad de Culiacán. Preveyendo ataques entre ambas bandas, el Gobierno federal puso en marcha un despliegue de 3.000 efectivos, que ha provocado el aumento de las víctimas en la ciudad. Sin ir más lejos, a principios de julio se encontraron en Culiacán siete cuerpos decapitados con mensajes cruzados entre ambas bandas. La atrocidad de la escena demuestra el nivel al que está llegando la violencia en Sinaloa, ya que un cuerpo decapitado tenía las dos piernas amputadas, una serpiente muerta encima y un mensaje que rezaba «pa que lo tengas presente Arturo Beltrán Leyva». Al mismo tiempo, el Gobierno de Calderón anuncia decomisos espectaculares de armas y drogas, así como capturas masivas de presuntos narcotraficantes. Los últimos acontecimientos de Sinaloa han dejado en entredicho estas redadas propagandísticas.

Abusos del Ejército

Pero no sólo las bandas de narcotraficantes son las que infligen la violencia en Sinaloa. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha denunciado que las tropas del Ejército mexicano han cometido graves violaciones contra los derechos humanos. Según su informe, las Fuerzas Armadas han cometido «homicidios, tortura, tratos crueles, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, atentados a la propiedad, incomunicación, ejercicio indebido de la función pública y violaciones a la legalidad y a la seguridad jurídica».

La comisión brinda varias recomendaciones a las autoridades mexicanas, como por ejemplo «dotar de mayor capacitación a los soldados», ya que algunos efectivos «realizan tareas que no les corresponden».

Además, nombra algunos casos en los que ciudadanos mexicanos han sido maltratados tanto por militares como por policías, entre los que destacan los casos de 14 personas que perdieron la vida cuando los soldados «accionaron sus armas de manera indebida». Sin ir más lejos, en el Estado de Michoacán el pasado 11 de enero, varios soldados dispararon contra los tripulantes de una furgoneta «sin motivo aparente», causando la muerte de dos jóvenes de 17 y 19 años. El 16 de febrero, en Tamaulipas, militares que hacían guardia intentaron detener un vehículo disparando contra él, matando a uno de los pasajeros.

Estos son tan sólo unos pequeños ejemplos que demuestran la situación de violencia permanente que se vive por parte de las bandas de narcotraficantes, pero también de las fuerzas armadas, que, lejos de proteger a la población de Sinaloa, protagonizan abusos «en nombre de la seguridad» y hacen que los caminos de Culiacán estén más torcidos todavía.

Legisladores mexicanos involucrados en el narcotráfico

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional mexicano (CISEN) ha advertido de que «no se puede descartar la posibilidad de que dinero del narcotráfico esté involucrado en las campañas de algunos legisladores». Asimismo, el CISEN ha reconocido que los cárteles de la droga han sobornado ya a varios integrantes de las policías regionales y del Poder Judicial «con el objeto de crear estructuras locales para proteger el negocio multimillonario del tráfico de estupefacientes».

De este modo, el representante del CISEN Guillermo Valdés aseguró que «el Congreso mexicano no está exento, ya que los narcotraficantes están tratando de hacerse con el poder».

7/22/2008

PARTIDOCRACIA POST- REVOLUCIONARIA

Elementos de política mexicana a partir de los herederos de la Revolución

Por: Pedro Echeverría

1. El pragmatismo en política ha dominado en las últimas tres décadas. Parece ser resultado de una dinámica social mucho más intensa y complicada que impone soluciones inmediatas. Hasta las décadas de los años setenta en la izquierda quizá nos 'indigestábamos' de tanto marxismo, y leninismo, y maoísmo, y trotskismo, que mucho nos dividían y enfrentaban, pero que nos obligaba a discutir a pesar de que quizá muchas veces no lo comprendimos como era necesario. Antes de participar en acción política alguna discutimos siempre el por qué y el para qué, cómo se servía a los intereses de los explotados o, por el contrario, si acaso no seríamos usados por la burguesía. La desconfianza era extrema y la crítica abierta. Hoy parece suceder lo contrario: da la impresión de que se tiene clara la búsqueda del poder por la vía electoral y mediante negociaciones, y las movilizaciones parecen dirigirse por el mismo camino. No se ve muy necesario leer, quizá porque los medios de información, el Internet y el pragmatismo político estén proporcionando la información indispensable en cada momento. Por ello me ha interesado realizar algunas reflexiones.

2. La política mexicana, después de la revolución 1910/17, no ha tenido una sola dirección. La Convención de Aguascalientes de 1914 buscó unificar a los revolucionarios seguidores de las fracciones de Carranza/Obregón, por un lado, y de Villa y Zapata, por otro lado: pero en vez de la unidad de las tres corrientes resultó un gran rompimiento que en diferentes momentos llevaron al asesinato de esos cuatro personajes. La Convención fue buena idea, pero no se podía unir a los representantes de la burguesía con los líderes de campesinos y sectores populares. Al final, como siempre sucede en las revoluciones burguesas, estos últimos fueron barridos por quienes más instrumentos armados, más poder económico y más poderosos aliados tenían. La revolución pudo destruir las relaciones semifeudales de producción, liberar fuerzas productivas, pero para construir una sociedad burguesa moderna que preparó las bases del capitalismo mexicano. Después del asesinato de Carranza vendría la conformación del nuevo Estado mexicano y su partido político que duraría más de 70 años en el poder.

3. La política mexicana (como se ha analizado siempre) se integra con tres grandes posiciones: el Centro, la Derecha y la Izquierda. El PRI fue un partido de centro desde que nació como PNR en 1929, se inclinó a la izquierda con Cárdenas de 1933 a 1939, a partir de 1940 volvió al centro y desde 1982, con De la Madrid, Salinas, Zedillo y el neoliberalismo, se ubicó a la derecha. Se mantuvo 71 años en el poder porque supo jugar con sus discursos y concesiones 'populistas' a campesinos y obreros; al mismo tiempo que beneficiaba con sus políticas al sector empresarial. Con esa política de concesiones, hasta 1982, el PRI pudo absorber y casi nulificar a los partidos y grupos de derecha y de izquierda. Los gobiernos del PRI, a pesar de acudir en varias ocasiones a la represión, como los casos de Nueva Rosita, de los campesinos de Guerrero, de los ferrocarrileros, los médicos, los estudiantes de 1968, etcétera, su política no fue esencialmente represiva sino mediatizadora. El priísmo pudo estar durante décadas en el poder por su política corporativa y engañosamente popular.

4. La derecha política, la verdadera derecha, fue muy poderosa antes de la Revolución. Estuvo conformada por los más grandes hacendados terratenientes, por el alto clero y los militares. La Revolución pareció aplastarla, pero sobrevivió mediante alianzas, familiarismos y con protección de una nueva derecha que nació de la misma revolución: aquellos que se disfrazaron de revolucionarios cuando se combatía a la dictadura de Díaz una vez en el poder acumularon riquezas y volvieran su odio contra el pueblo. La derecha original continuó haciendo negocios bajo la protección del partido de Estado. Bajo el cobijo de los diferentes gobiernos la derecha política mexicana aprovechó la revolución mexicana hasta que en 1939 (sin sacrificio alguno) nació como partido político: el PAN. Frente a los llamados 'gobiernos de la revolución mexicana' de clara tendencia centrista pendular, el PAN nunca pudo desarrollarse. Tomó el camino de integrarse a los organismos empresariales para desde allí negociar con secretarías de Estado e influir en ellos.

5. La derecha mexicana ha sido representada desde entonces por el PAN. Ese partido durante muchos años fue muy consecuente en su programa político que, al plantear la lucha contra la intervención del Estado en la economía, así como combatir a las organizaciones sindicales y al estar en desacuerdo con el laicismo (defendiendo la educación religiosa) se colocó en la defensa de los intereses empresariales y de la iglesia católica. Dentro del PAN militan corrientes ultra conservadoras y otras menos retrógradas, pero en esencial la posición originaria trazada por los terratenientes, empresarios y clérigos, fue la determinante. El PAN se mantuvo durante sus primeros 40 años con actividad política mínima, la necesaria para firmar acuerdos con el gobierno; se contentaba con ser una fuerza de presión para lograr subsidios del gobierno y recibir las ayudas más fuertes de la clase empresarial. No luchaba más que por tener un diputado por ahí o un presidente municipal. Fue sólo a partir de 1882 con De la Madrid, pero sobre todo con el apoyo de Salinas, cuando obtuvo fuerza. Este último fue su más grande benefactor.

6. La izquierda tampoco estuvo muy presente en sus primeros 60 años de vida (cuando en 1919 la Tercera Internacional propuso desde Moscú la creación del PCM) a pesar de momentos importantes en los que fue brutalmente reprimida. La izquierda social radicalizada fue marginal en cuestiones electorales, pero estuvo presente en muchos sindicatos, en las calles del DF y varias ciudades. En 1977 el gobierno de López Portillo, por propia necesidad de impulsar la participación de 'otras fuerzas', legalizó a partidos de derecha y a la centro izquierda; le abrió las puertas del parlamento, de los procesos electorales, de los medios de información y comenzó a otorgarle subsidios y cargos. Si bien el PCM fue fundado a solo dos años de haberse proclamado la Carta Magna, fue sólo 60 largos años después cuando logró lo que quería, pero subordinado a otras organizaciones. La izquierda social se integró en parte a la 'reforma electoral', pero la mayoría permaneció al margen y hoy parece obtener una fuerte presencia entre los campesinos, obreros y sectores populares.

7. El PRD, aunque ha sido desde que nació en 1989 un partido socialdemócrata, no podrá decirse que no pertenece a la amplia izquierda. La realidad es que el PRD surgió, (dirigido por Cárdenas, Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez) como un partido esencialmente electoral de centroizquierda con la tarea de ganar elecciones; solamente fueron algunos sectores de izquierda quienes pensaron que podría radicalizarse y convertirse en un instrumento de las luchas sociales. Con la estrecha alianza entre el PRI salinista y el PAN en la derecha, el PRD se movió hacia la izquierda y con el desafuero, la campaña presidencial y el fraude contra López Obrador las corrientes de izquierda empujaron más hacia las luchas sociales. Pero la realidad es que el aparato del PRD no se movió; por el contrario, continuó pensando solamente en lo electoral. Por ese motivo la corriente Nueva Izquierda encabezada por los llamados 'chuchos', se ha fortalecido dentro del aparato y se prevé que podría fortalecerse aún más porque es un partido que ha atendido únicamente lo electoral.

8. El lópezobradorismo es la otra fuerza dentro del PRD. Si el PRD durante varias elecciones fue un partido de 16 por ciento de votos con López Obrador como candidato obtuvo el doble. Originalmente AMLO es socialdemócrata, es decir, confía sólo en la vía electoral, sigue en busca de la Presidencia por esta vía y en la práctica su combativa gira de denuncias contra el presidente ilegítimo en toda la República, así como las formas de organización que aconseja, sólo tienen que ver con lo electoral. Muchos de sus métodos movilizadores se acercan a las estrategias de la lucha social, pero sus discursos no rebasan las denuncias. No demostró interés por hacer un frente contra la represión en Atenco, en Oaxaca o la sufrida por los mineros; mucho menos para formar frentes de lucha social. Aunque debe reconocerse que no ha dejado de insistir en la defensa del petróleo y la electricidad (valiéndose de movilizaciones) para evitar su privatización, su discurso no supera los límites de la oposición dentro del sistema. Se vislumbra que por eso el PRD no podrá dividirse, porque casi todos sus militantes son socialdemócratas, es decir, sólo buscan cargos y poder por la vía electoral.

9. Ser socialdemócrata no es ser traidor; es simplemente pensar que los cambios 'en beneficio de las mayorías' sólo podrán lograrse ganando espacios en el gobierno y en los distintos poderes mediante el uso de las negociaciones, las elecciones y las presiones; es más, usando 'dentro de la ley' el movimiento de masas. En Alemania Willy Brandt, en Suecia Olof Palme, en Francia Miterrand, en España Felipe González, son modelos de gobiernos socialdemócratas y parlamentarios de 'primer mundo'. Estos 'socialistas' (como les dicen popularmente) estuvieron muchos años en el gobierno de sus países ensanchando las bases de la explotación capitalista y sin favorecer en nada al socialismo. Las condiciones de aquellos países son extremadamente diferentes a las de América Latina por eso allí los cambios pueden esperar otros 100 años de capitalismo. ¿Estaremos en México en las condiciones para esperar cuánto? Mientras la socialdemocracia perredista moderna, decente, disciplinada es vista con buenos ojos por medios de información y los intelectuales a su servicio, a los lopezobradoristas radicalizados se les desprestigia y persigue. ¿Qué esperar?

10. Pero, afortunadamente, el PRD no es toda la izquierda, aunque sí es el aparato socialdemócrata más grande. En la 'amplia izquierda' o centroizquierda mexicana hay un ancho abanico que va desde algunos miembros de los partidos registrados: PRI, Socialdemócrata (antes Alternativa) y Convergencia, hasta los grupos guerrilleros como el EPR, EZLN, pasando por el PT, PRD, PRT, corrientes marxista/leninistas, maoístas, guevaristas, de lucha popular, intelectuales progresistas y derechos humanos. Todos están en el abanico de moderados, por un lado, y radicales por otro, que coinciden en la transformación del país en beneficio de los trabajadores y contra la explotación capitalista, así como en luchar (de alguna manera) contra los gobiernos de derecha. Los grupos más radicales están comprometidos con las luchas sociales y las reivindicaciones más sentidas de los trabajadores explotados. Suelen participar en procesos electorales pero no les tienen confianza a los partidos, a los políticos y a las elecciones. Su perspectiva es el movimiento de masas en las calles, en los sindicatos y entre los campesinos e indígenas.

11. ¿Qué perspectivas se presentan para hacer crecer las luchas sociales en México después de ocho años de gobiernos panistas, abiertamente de derecha y más de 26 años de neoliberalismo? La realidad es que aunque la izquierda indudablemente ha crecido parece que la derecha se ha fortalecido mucho más, sobre todo después de 1982. La derecha, junto con el centro priísta, parecen moverse muy bien dentro del campo electoral. La izquierda, además de sufrir inmensas campañas de calumnias en los medios de información, tiene muchas dificultades para competir electoralmente porque sus tendencias están más ubicadas en la movilización. Sin embargo también parece estar creciendo en el país las tendencias socialdemócratas esperanzadas en lo electoral. El problema se presentaría cuando se compruebe que esa centroizquierda es más de lo mismo, es decir, es idéntica a los partidos de derecha en la represión de las protestas y el descontento social; que se repita lo que desde hace muchas décadas se vive en Europa: cambiar el gobierno para que todo siga igual.

7/16/2008

INTOLERANCIA PANAZI A LA PROTESTA SOCIAL

Los gobiernos panistas estan asumiendo actitudes fascistas en contra de la protesta social ya que debido a sus prácticas políticas y económicas han llevasdo al país al borde una crísis que puede terminar en un levantamiento social

DESGOBIERNO PANISTA: FRACASO TOTAL LA "GUERRA CONTRA EL NARCO"



Narcotráfico, desestabilización y guerra perdida


Información oficial da cuenta del estrepitoso fracaso de la lucha contra el narcotráfico, la principal oferta del calderonismo: 5 mil muertos –10 por ciento de ellos del Ejército Mexicano, la Marina o alguna de las corporaciones policiacas–; caída en las tasas de erradicación del cultivo de marihuana y amapola, e incapacidad para superar los niveles de incautación de la droga que se trasiega en México. La DEA, inconforme con el desempeño de la Sedena en la erradicación de cultivos de enervantes

Más de 5 mil personas han perdido la vida en hechos relacionados con el combate al narcotráfico. Alrededor de 500 estaban adscritas al Ejército Mexicano, la Marina Armada de México o las policías federales, estatales y municipales.

Las muertes, como toda la ola de violencia en el país desatada con la “guerra al narcotráfico” emprendida por Felipe Calderón desde que se hizo de la Presidencia de la República, han servido de poco: la erradicación de cultivos de marihuana y amapola disminuyó y la incautación de drogas se mantiene en el 10 por ciento del total de la que circula en el país.

Infiltradas por el crimen organizado y la corrupción, las instituciones del Estado mexicano que supuestamente combaten el narcotráfico no logran coordinar un embate frontal. A decir del especialista Guillermo Garduño, “pareciera que el Ejército combate solo, porque jueces y funcionarios de Hacienda no están en la misma línea; hay esferas del propio gobierno que defienden a los delincuentes”. Y es que la “saturación militar” del país tendría como principal objetivo el “control social” y no el combate al trasiego de enervantes, completa el investigador Jorge Luis Sierra.

Los saldos de la supuesta guerra contra el narcotráfico han dejado de ser publicitados por los funcionarios. En Hidalgo, el 5 de julio pasado, el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño dijo que en el combate al crimen organizado “no se trata de quién gana o pierde, sino de ver que se ha reducido el poder de los grupos de delincuentes”.

Enseguida, vertió los “logros” de la administración calderonista: 23 mil personas detenidas, 55 toneladas de cocaína decomisadas y aseguramiento de 4 mil 500 millones de dólares.

Ejército, reprobado por la DEA
Sin embargo, la Drug Enforcement Administration o Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) descalifica el papel del Ejército Mexicano en la lucha contra el cultivo de drogas.

De acuerdo con el International narcotics control strategy report 2008, informe de la DEA elaborado con datos de 2007, la eficiencia de las autoridades mexicanas en la erradicación de cultivos de marihuana y amapola descendió desde la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia de la República en diciembre de 2006.

Según la DEA, luego de que el Ejército Mexicano asumiera la responsabilidad exclusiva de erradicar los cultivos de drogas, “los niveles de erradicación de marihuana se redujeron en 21 mil 357 hectáreas”; y los de amapola, en “11 mil 46 hectáreas respecto de los niveles de 2006”.

En el documento se asienta que “la disminución en las tasas de erradicación se debe, en parte, a la realineación de las responsabilidades de erradicación aérea. La PGR (Procuraduría General de la República) dejó sus vuelos de erradicación en diciembre de 2006, y la posterior tasa de erradicación de los militares ha sido lenta”.

La oficina estadunidense de combate al trasiego de drogas también advierte que, “pese a los esfuerzos realizados por el gobierno mexicano para restringir la entrada ilícita de precursores de droga a Estados Unidos, la fabricación y el tráfico de metanfetaminas en México sigue siendo significativa en 2007”. Reporta un aumento de apenas 278 kilos en las incautaciones respecto a 2006.

De acuerdo con el especialista Jorge Luis Sierra, posgraduado en política y economía de la defensa por la Universidad de la Defensa Nacional en Washington, “el flujo general de drogas persiste en las mismas características de siempre. El nivel de decomiso no ha cambiado: sigue siendo del 10 por ciento de la cantidad de droga que se estima que pasa por México y llega a Estados Unidos”.

En la evaluación del gobierno mexicano, la DEA celebra el “récord” de extradiciones del gobierno de Calderón a Estados Unidos en 2007 (83); las detenciones de Zhenli Ye Gon, dos hermanos Beltrán Leyva, y la Reina del Pacífico, Sandra Ávila; así como la aceptación de cursos de capacitación impartidos por estadunidenses: “El gobierno de Estados Unidos capacitó a miles de mexicanos en 2007”.

El “personal capacitado” depende de la Administración General de Aduanas, la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México. Entre los cursos impartidos se encuentra el de “aplicación de la ley”.

Enemigo desconocido
El Ejército Mexicano dice desconocer al enemigo que combate. En respuesta a la solicitud de información de 0000700070908 presentada por Contralínea, por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), la Unidad de Enlace de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señala que la información relacionada con las bandas del narcotráfico “queda fuera del ámbito de la competencia de esta secretaría”.

La información requerida: estados de la república donde operan las bandas del narcotráfico, nombres con los que se les identifica, líderes, número aproximado de integrantes, droga que trafican. La Sedena sólo atina a decir: “Sobre el operativo vigente para el combate al narcotráfico, esta secretaría se encuentra aplicando actualmente la ‘directiva para el combate integral al narcotráfico 2007-2012’ y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”.

A este respecto, Jorge Luis Sierra, quien ha sido consultor de The Washington Office on Latin America, señala que “no existe una política integral de Estado para combatir al narcotráfico y sus causas; parece que lo único que importa es la imagen”.

A decir del investigador, la “guerra contra el narcotráfico” emprendida por el gobierno de Felipe Calderón se resume en “un gasto de dinero de manera irracional que la gente está pagando con sus impuestos”. La consecuencia “de que se estén utilizando los recursos militares en un guerra que aparentemente no tiene fin y que carece de sentido de victoria, será la desmoralización de las fuerzas armadas. Además, el otro gran costo que se está pagando es la vida de los propios soldados, a quienes se les está dando la orden de combatir a un enemigo que está protegido por otras partes del propio gobierno”.

El especialista en fuerzas armadas, Guillermo Garduño, explica que en México se ha desatado una guerra que se libra en cinco frentes: entre las mismas bandas del narcotráfico; entre el Ejército y los cárteles de la droga; entre las policías y los narcotraficantes; en las calles de distribución menudista y en las esferas políticas.

Para Garduño, la única institución que combate frontalmente al narcotráfico “y con estrategia” es el Ejército Mexicano. Sin embargo, se trata de una guerra que de antemano está perdida.

El investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y catedrático invitado del Colegio de la Defensa Nacional –institución de la Sedena encargada de formar a los altos mandos del Ejército– señala que el primero de los seis ejes de la estrategia castrense es la captura de los jefes de las organizaciones delincuenciales.

“Pero cada vez que se captura a un capo importante, éste es sustituido inmediatamente en la estructura de la mafia. Así, resulta muy poco significativa cualquier detención.”

El segundo eje es penetrar los territorios ocupados por el narcotráfico para recuperar espacios. “Sin embargo, con la salida de las tropas, los narcotraficantes vuelven a ocupar el territorio; además, casi siempre el Ejército termina por tener roces con la población civil de los lugares que ocupa”.

El tercer eje, a decir de Garduño, es la afectación a la capacidad de aprovisionamiento del narcotráfico. “Pero un kilogramo de heroína tiene un valor en el mercado de aproximadamente 32 mil 850 dólares; el de cocaína, 7 mil 280 dólares. Y el costo real de la heroína es de 500 dólares y el de la cocaína 300 dólares: el nivel de utilidad es monstruoso y no hay ningún producto que pueda tener esa ganancia. Para un campesino, una cosecha de amapola equivale a 10 años de buenas cosechas de maíz. Poco realmente se puede hacer en este eje”.

El cuarto eje es el ámbito financiero de lavado de dinero. “Sin embargo éste casi no se ataca. Mientras el narcotráfico tenga estos recursos, seguirá reproduciéndose”.

El quinto eje de la estrategia del Ejército es doblegar con la capacidad de fuego. “Pero las bandas del narcotráfico ya demostraron también una capacidad de fuego equiparable al de su oponente: armamento moderno y personal capacitado en su uso”.

El último eje de la estrategia contra el narcotráfico señalado por Garduño es la infiltración del narcotráfico a través de la inteligencia. “Sin embargo, vemos que ha ocurrido lo contrario: es realmente el narcotráfico el que ha tenido una capacidad impresionante para infiltrar al Ejército, a las policías, al Poder Judicial y a la clase política”.

Por todo ello, el especialista dice que “se está librando una guerra en la que hay muy poco que hacer; así como está planteada, no conduce a otro lado que al fracaso”.

Los muertos y la violencia en vano
La PGR reconoce que, desde el inicio del sexenio de Felipe Calderón hasta el 4 de junio de 2008, han sido ejecutados 472 elementos policiales y militares y 4 mil 313 civiles.

Aún no ocurría el “récord” de asesinatos en un día: 38 personas fueron ultimadas tan sólo el 23 de junio pasado. De entonces a la fecha, al menos 10 personas mueren diariamente en hechos relacionados con la “guerra contra el narcotráfico”. Los policías y militares asesinados ascenderían a alrededor de 500 y los civiles a 4 mil 500 desde el 1 de diciembre de 2006.

En el oficio DGPDSC/UEAI/2631/2008 –elaborado por la Unidad de Enlace de la PGR en respuesta a la solicitud de acceso a la información 0001700083108 presentada por Contralínea, a través de la LFTAPG– se establece que las cifras proporcionadas por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de la PGR “no sólo son validadas periódicamente con otras áreas sustantivas de esta procuraduría, sino que (…) provienen de las dependencias involucradas en el Esfuerzo Nacional (…)”.

Sin embargo, la dependencia se niega a especificar en qué entidades federativas perdieron la vida las casi 5 mil personas; tampoco detalla cuántas pertenecían al Ejército Mexicano, a la Marina Armada de México y a las policías federales, estatales y municipales. Reserva por seis años esos datos.
La Sedena reporta 54 militares asesinados en hechos relacionados con la lucha contra el narcotráfico entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de abril de 2008. Se trata de “cuatro jefes, 13 oficiales y 37 de tropa”.

Según la información proporcionada por la Unidad de Enlace de la Sedena –en respuesta a la solicitud de información 0000700071508–, dos militares perdieron la vida en diciembre de 2006: uno el día 12 en Michoacán y otro el 16 en Oaxaca.

Durante 2007 resultaron muertos 34 efectivos militares: uno el 10 de enero en Tamaulipas; uno el 31 de enero en Baja California; dos el 2 de febrero en Sinaloa; tres el 27 de febrero en Tamaulipas; uno el 7 de marzo en Guerrero; tres el 30 de marzo en Oaxaca; dos el 23 de abril en Guerrero; cinco el 1 de mayo en Michoacán; tres el 17 de mayo en Sinaloa; uno el 31 de mayo en Sinaloa; tres el 31 de mayo en Chihuahua; tres el 24 de junio en Sonora; uno el 29 de julio en Baja California; uno el 3 de agosto en Michoacán; uno el 22 de agosto en Sinaloa; uno el 11 de septiembre en Sinaloa; uno el 28 de octubre en Sonora, y uno el 1 de diciembre en Sonora.

Respecto a los militares asesinados de enero a abril de 2008, la Sedena informa que se trató de uno el 6 de febrero en Michoacán; uno el 7 de marzo en Chihuahua; uno el 39 de marzo en Veracruz; dos el 26 de marzo en Sinaloa; 11 el 18 de abril en Michoacán; uno el 19 de abril en Michoacán, y uno el 30 de abril en Tamaulipas.

Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informa a Contralínea que el número de policías federales, estatales y municipales “fallecidos en cumplimiento de su deber” desde el 1 de diciembre de 2006 y hasta octubre de 2007 ascendía a 57.

En su mayoría, los policías asesinados estaban adscritos a la Policía Federal Preventiva (31) o eran parte de la policía judicial (11). Además, los estados del norte de la república fueron los más inseguros para los policías: Nuevo León, Sonora y Durango.

Para el especialista en seguridad nacional, José Luis Piñeyro, “con el despliegue militar lo único que se puede lograr es el control de ciertos espacios territoriales y ahí dictar las reglas del juego. Eliminar el tráfico de drogas es imposible”.

De acuerdo con el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, lo único que las autoridades intentan hacer es “restablecer acuerdos implícitos o explícitos de lo que se puede y no se puede permitir”.

Contralínea solicitó entrevista con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. Sin embargo, la dependencia gubernamental declinó otorgar la entrevista porque “lo que se tiene que decir está en la página electrónica de la secretaría”.

DESGOBIERNO PANISTA: CRIMINALIZANDO LA PROTESTA



Tolerancia social en el límite


Se avecina una movilización social que no podrá ser contenida por la administración calderonista, consideran sociólogos, politólogos, historiadores y luchadores sociales. Pobreza, despojo, desempleo y crisis de legitimidad del actual régimen, las causas. La respuesta de los gobiernos federal y estatales ha sido la criminalización de más de 60 movimientos sociales en los dos años recientes

Paulina Monroy

La crisis alimentaria, el deterioro económico, la violencia institucionalizada, la fragmentación social y las reformas estructurales son “caldo de cultivo” para una escalada de movilizaciones que cuestionará la estabilidad de Felipe Calderón en el poder. Especialistas advierten que, como sucedió en Argentina, Bolivia y Ecuador, en México el estallido social se avecina.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en México el 42 por ciento de la población vive en la pobreza y casi el 14 por ciento, en pobreza extrema. El Banco Mundial asegura que el 50 por ciento de mexicanos está en condiciones de miseria.
En tanto que Carlos Slim –considerado el segundo hombre más rico del mundo– concentra el 8 por ciento del producto interno del país (PIB) y las 38 familias más ricas, el 14.4 por ciento, el capital del 10 por ciento de los más pobres representa sólo 1.6 por ciento del PIB.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, desde que Calderón asumió la Presidencia y hasta septiembre de 2007, la tasa de desocupación se incrementó de 4.6 a 4.9 por ciento. Para ese año se contaban 1 millón 616 mil mexicanos desempleados y el 50 por ciento de los trabajadores ganaban de uno a tres salarios mínimos, el cual perdió casi 24 por ciento de su poder adquisitivo (Contralínea 101).
Según los especialistas, el gasto social es deficitario, no hay política económica que revierta la crisis en el campo y tampoco una visión de desarrollo. Diputados, especialistas y defensores de derechos humanos coinciden en que la tolerancia de los mexicanos está en el límite.
Carlos Antonio Aguirre Rojas, historiador e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), observa que el país camina, como en la última etapa del Porfiriato, hacia un estallido social similar al ocurrido en la Revolución de 1910. Advierte que las condiciones de vida de los mexicanos se deterioran y pierden referentes de cohesión: “Hay un país que ve la administración de Felipe Calderón y el que existe”.
Politólogo y sociólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Carlos Lozano Ángeles considera que el cierre de 2008 será conflictivo. Anuncia que las condiciones serán tan deplorables que proyecten un posible estallido social, pues se avecina una crisis económica aguda.
Descontento social
Edgar Cortez Morales –secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos (Red TDT)– dice que las pequeñas movilizaciones en la vía pública son expresión de un enorme y diverso descontento social en el país, que puede aumentar.
La Secretaría de Gobierno del Distrito Federal apunta que en 2007 12.5 millones de personas realizaron 2 mil 93 movilizaciones en la vía pública: 892 en el ámbito local y 1 mil 582 en el federal, a las que asistieron 882 mil 525 personas. Durante ese año se contaron 1 mil 58 concentraciones, 466 bloqueos, 368 marchas, 336 mítines, 48 caravanas, 37 reuniones agendadas, 35 plantones, 22 tomas de instalaciones, tres huelgas de hambre y una protesta individual.
Sólo en enero de 2008 se registraron 194 movilizaciones: 91 concentraciones, 18 marchas, cinco mítines, 10 plantones, 48 bloqueos viales, 10 bloqueos de acceso a instalaciones y 12 caravanas. Del total de movilizaciones, 107 fueron manifestaciones contra el gobierno federal y 87, contra el local. Del 31 de diciembre al 3 de febrero, las dependencias federales atendieron a los inconformes en un promedio de 10 horas, mientras que el gobierno capitalino lo hizo en tres horas.
En su Primer informe de labores 2007, la secretaría enuncia que del 5 de diciembre de 2006 al 31 de julio de 2007 protestaron 14 millones 892 mil 300 personas en 1 mil 779 actos; 931 de ellos fueron de carácter federal con la participación de 643 mil 50 personas, y 513 de carácter local con la intervención de 66 mil 191 ciudadanos. Agrega que de los 1 mil 444 actos políticos realizados, 516 fueron concentraciones, 251 marchas, 303 bloqueos, 262 mítines, 26 plantones y 86 en el rubro de otros.
Represión, la respuesta
del Estado
Sesenta protestas sociales han sido criminalizadas desde 2005 hasta la fecha. Según la Red TDT, en 17 entidades federativas se registraron 32 proyectos económicos impuestos y a 28 expresiones de inconformidad se les imputó carácter delictivo. De éstas, 14 tenían como objetivo exigir el respeto a derechos, y el resto, la defensa y acceso a recursos naturales.
Organizaciones y ciudadanos en resistencia –apunta la Red TDT en el documento Sistematización de casos de criminalización de la protesta social– se defienden y protestan mediante el diálogo, la negociación y la realización de denuncias públicas, plantones, misas, tomas de instalaciones, campañas de difusión, foros, mítines, bloqueos y acciones jurídicas.
“Como respuesta –indica la Red TDT, compuesta por 58 organizaciones civiles– encuentran represión, militarización y criminalización de la protesta social”. Advierte que en la intención de imponer proyectos –que implican despojo de tierras y recursos naturales en su mayoría a pueblos indígenas– se recurre a la violencia policiaca, detenciones arbitrarias, asesinatos, enfrentamientos, amenazas y hostigamientos.
De 2005 a la fecha, se documentó el uso de la represión en dos casos: en los retenes para acceder a la zona wixárica en Jalisco y en el conflicto en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila.
Once se criminalizaron: el arresto de migrantes en Chiapas; las protestas contra el proyecto de desarrollo social en Chihuahua; la disputa sindical en la empresa La Estrella en Coahuila; la construcción de una regasificadora y la ampliación del puerto de Manzanillo en Colima; la detención de Pedro Alvarado Delgado como observador del conflicto de San Salvador Atenco en el Estado de México; la titularidad del contrato colectivo de trabajo en el DIF y el despido de trabajadores del Sistema Avanzado de Videobachillerato y Educación en Guanajuato; la exigencia de una educación en lengua me’phaa batá y la aprehensión del nan’cue o amuzgo David Valtierra, coordinador de la radio La Palabra de Agua en Guerrero; la protestas contra Minera San Xavier en San Luis Potosí, y la detención de cuatro indígenas otomíes en Veracruz.
Además, se reprimieron y criminalizaron otros 11: el operativo policiaco de Bochil en Chiapas; la intervención policial en San Salvador Atenco, en el Estado de México; la oposición a un desarrollo habitacional en Morelos; la represión a miembros de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca, del Movimiento Ciudadano Juquileño y el desalojo de los miembros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca; la inconformidad al Plan de Desarrollo Municipal en Puebla; la manifestación en contra del presidente estadunidense George Bush y las detenciones arbitrarias en Ciudad Caucel en Yucatán.
En el marco de su campaña “La protesta es un derecho, la represión, un delito”, la Red TDT anota que, pese a la alternancia en el poder, se siguen cometiendo casos graves de represión contra los movimientos y la protesta social.
Expone que con Felipe Calderón ha continuado esta política represiva, que tiende a institucionalizarse mediante el incremento de la militarización y las reformas a la seguridad pública que originan un estado policial.
Así, en la Agenda de Inteligencia para la Seguridad Nacional en México, publicada por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional en su página electrónica, se incluye a los movimientos sociales como uno de los componentes sobre los que se recopila, procesa y difunde información junto con grupos armados, delincuencia organizada y terrorismo.
El artículo 139 del nuevo Código Penal Federal, respecto al delito de terrorismo, establece penas de seis a 40 años y hasta 1 mil 200 días de multa a “todo aquel que utilice medios violentos y realice actos en contra de personas o servicios públicos, que produzcan alarma y terror en la población, atenten contra la seguridad nacional o presionen a la autoridad para que tome una determinación”.
La Red TDT señala que es tan ambiguo que puede ser utilizado contra los movimientos sociales. Para la Unidad Obrera Socialista (Unios) con estas modificaciones se condena cualquier intento de coacción para que el gobierno cumpla las demandas de la población: “El régimen reafirma su carácter autoritario y adopta medidas de corte fascista, pues quiere contener todo el descontento popular acumulado en más de 30 años de despojo neoliberal”.
Cortez Morales, secretario ejecutivo de la Red TDT, explica que las realidades de necesidad y lucha se tratan como hechos criminales y no como realidades originadas por el modelo económico de empobrecimiento y devastación.
“Los conflictos sociales –observa– son sacados del ámbito político y llevados al jurídico, se les somete a toda la complejidad que supone nuestro sistema de justicia para desgastarlos”.
Aunado al uso de la fuerza, las autoridades recurren a la detención y acusación a líderes sociales en delitos como robo, portación de armas, daño a propiedad ajena, obstrucción de las vías de comunicación o incitación a la violencia. También se les imputan delitos agravados, como los relacionados con la seguridad nacional, o se equiparan figuras delictivas para penalizarlos, como la retención de funcionarios con el secuestro.
El activista anota que así se determinan penas desproporcionadas y se imposibilita que continúen su proceso en libertad, además de ser encarcelados en prisiones de alta seguridad y obstruir su derecho al debido proceso: “La justicia en México se usa como un instrumento para castigar y presionar a la movilización social”.
Al ser criminalizadas, las organizaciones postergan sus demandas principales: su prioridad es la libertad de sus presos. A su parecer las instancias en procuración de justicia no garantizan imparcialidad en dichos procesos judiciales, pues son ellas mismas quienes están involucradas en las acciones represivas.
“El estado de derecho al que alude el gobierno federal –opina– es faccioso y selectivo. Se usa el derecho mafioso que se ensaña con quienes debería proteger y favorece a quienes debería vigilar, es decir, daña y ataca a los más débiles y se alía a los más poderosos”.
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, restringir el ejercicio de reunión y libertad de asociación son graves obstáculos a la posibilidad que tienen las personas de reivindicar sus derechos. Cortez Morales observa que los derechos a la libertad de expresión, de manifestación y de asociación, contenidos en la Constitución, contribuyen a la calidad de la democracia.
Se difama la lucha social, agrega, cuando se dice que afecta derechos de terceros, como el intento de la fracción panista para regular las marchas en el Distrito Federal: “Los espacios públicos no sólo son vías de tránsito, también son foros donde se debaten los asuntos de interés de la sociedad y son importantes, sobre todo, en una sociedad tan inequitativa donde los más pobres tienen menos posibilidades de ser escuchados”.
Guerra contra La Otra Campaña
El 19 de enero de 2008, Felipe Calderón se anunció como un presidente cercano a las fuerzas armadas y advirtió que no toleraría los desafíos a la autoridad del Estado.
El subcomandante insurgente Marcos ya advertía que tambores de guerra seguían sonando. Y es que, calificado por especialistas como el movimiento nacional más relevante, La Otra Campaña también sufre una guerra frontal con el Ejército. Su presencia en las 32 entidades de la República, con sus alrededor de 15 mil organizaciones e individuos adherentes, representa un reto para el gobierno federal, consideran los especialistas.
Lozano Ángeles explica: “La posibilidad del cambio ya no se ve en los partidos políticos, sino en la movilización organizada desde abajo”. Asegura que es por la vía de la organización y la participación donde habrá un cambio y es en las calles donde se ganará. “A eso le apuesta La Otra Campaña”.
Nacido a iniciativa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de 2006, es el “movimiento civil y pacífico de los de abajo y a la izquierda”, dice. Ese año, el subcomandante Marcos, como “delegado zero” de los zapatistas, recorrió 50 mil kilómetros por el país escuchando y recogiendo demandas. Contraria al paternalismo del gobierno, la visión del movimiento es que la gente del pueblo sea responsable de su futuro, explica Alejandro Varas, dirigente de Unios, organización adherente a La Otra.
Para Varas, el sistema explota, reprime y criminaliza a las víctimas: “No soportan el debate de ideas, no dialogan y engañan a la gente. Los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática (PRD), cualquier partido en el poder lleva al país al declive por su desmesura y ambición”.
Aguirre Rojas señala que un movimiento con claridad en sus demandas puede derrocar a un presidente de una manera totalmente pacífica. Por ello, el cerco militar ceñido sobre Chiapas y el silencio respecto a esa militarización. El historiador indica que entre 6 y 7 de cada 10 militares están en territorio chiapaneco.
El 4 de junio, la Junta de Buen Gobierno (JBG) El Camino al Futuro denunció la incursión de 200 militares y elementos de la policía judicial y municipal a los pueblos zapatistas de Hermenegildo Galeana y San Alejandro del Caracol de La Garrucha. El gobierno autónomo advirtió que rodearon La Garrucha tres convoyes, nueve vehículos militares y de seguridad pública. Las bases de apoyo zapatista apuntan que fueron intimidados y acusados de tener sembradíos de marihuana.
Guiados por la policía municipal de Ocosingo, policías y militares se internaron a Galeana, donde la población se armó con machetes, piedras y hondas para impedirles el paso. Lo situación se repitió en San Alejandro, con soldados de Toniná, Patiwitz y San Quintín. Los castrenses advirtieron que regresarían en 15 días.
“Toda la zona zapatista de Garrucha –aclaran– y sus autoridades autónomas somos testigos que no existe plantíos, sólo hay zapatistas y hay trabajador de milpa y platanar. Estamos dispuestos a luchar por libertad, justicia y democracia y rechazamos cualquier provocación”.
Además de la irrupción del Ejército, los zapatistas en Chiapas también sufren otros embates. Casi un mes antes, el 26 de mayo, también la JBG de Oventic denunció el secuestro de Manuel Hilario Gómez, base de apoyo zapatista, por perredistas de la comunidad de Chactoj, en el municipio de Zinacantán. Después de ser privado de su libertad por 34 horas, se le dijo que de no pagar una multa por 2 mil pesos sería nuevamente detenido.
Señala que desde 2002 en la comunidad de Sok’on los caciques perredistas privan de agua a familias base de apoyo zapatista. Además anota que en Zinacantán se hostiga a zapatistas para que se unan al PRD y así asegurar votos a favor de la presidencia municipal.
El 27 de mayo de 2008 el cuerpo policial Grupo Lobo golpeó y trasladó a miembros de la Voz del Amate –grupo de reclusos que se definen como presos políticos por apoyar al ELZN y a La Otra Campaña–, del Centro de Rehabilitación Social número 14, a diferentes reclusorios en el estado.
Desde que el grupo comenzó su protesta –alude el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria en una acción urgente emitida el 24 de julio de 2006– las autoridades carcelarias animan a otros presos para que hostiguen y amenacen al grupo. Según Enlace Zapatista –la bitácora en línea de la Comisión Sexta del EZLN– se les tiene prohibido ayunar y realizar huelgas de hambre o protestar de cualquier forma.
Debido al despliegue de las fuerzas armadas en Chiapas, La Otra Campaña interrumpió su segunda etapa en septiembre del año pasado. El cierre estaba previsto para junio, cuando se cumplieran tres años de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.
Aún así se trabaja en la estructuración del Programa Nacional de Lucha, del que ha dicho el subcomandante Marcos se pasará entonces a la agitación y la difusión. El dirigente de Unios advierte que el gobierno federal está jugando con una bomba de tiempo y habrá respuestas más concluyentes. “El movimiento será explosivo, pero pacífico”.
El lopezobradorismo
Autodenominado presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador llamó a la resistencia civil y a la movilización social para oponerse al fraude electoral y defender el petróleo. El sociólogo y politólogo Carlos Lozano Ángeles sostiene que el PRD, si quisiera encabezar el cambio social, tendría que olvidarse de las confrontaciones electorales. Además, las disputas internas desgastan la institucionalidad del partido y la figura de López Obrador.
Observa que de unirse a otros movimientos sociales, se podría generar un pacto social novedoso que obligara al gobierno de Calderón a llegar a un acuerdo nacional para impulsar temas desde una reforma política. Advierte que tendría que ser una movilización que rebase la influencia partidista.
Sin embargo, Aguirre Rojas encuentra como limitante que de origen dichas movilizaciones hubiesen nacido para defender a López Obrador, luego de los comicios de 2006.
La diputada perredista y secretaria de la Comisión de Gobernación, Valentina Batres, asegura que el “gobierno legítimo” de López Obrador tendrá como sostén “al pueblo organizado”. Señala que 2 millones y medio de personas manifestaron su oposición al fraude electoral. Además de que 2 millones de ciudadanos se mueven en defensa del petróleo. Agrega que como parte del Frente Amplio Progresista, el PRD sumará esfuerzos con la iniciativa civil para defender los temas nacionales.
Falta de gobernanza, el otro factor
Para Alberto Amador Leal, secretario de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, la polarización política –agravada tras las elecciones del 2 de julio de 2006– es también factor para que aumente la movilización social.
En la administración calderonista observa que no hay gobernanza, que –según la Real Academia Española– es el arte de gobernar para lograr el desarrollo económico, social e institucional promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado.
Agrega que la relación entre el gobierno federal con los poderes de la Unión no alcanza a ser institucional, como tampoco lo es el trato con legisladores ni con gobiernos locales. Apunta que también la administración de Felipe Calderón está desvinculada de sectores sociales, sindicales y campesinos, a los que ha excluido y desconoce su papel de intermediarios sociales.
Considera que otro factor de riesgo es la pugna electoral de 2009, en la que se renovará la Cámara de Diputados.
En opinión del diputado priísta, Calderón debe asumir su papel de jefe del Ejecutivo y no de partido.
Valentina Batres, secretaria de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados, considera que el costo de tener un presidente ilegítimo es mayor que el de haber repetido las elecciones. “Al frente está un partido con visión pequeña de lo que significa gobernar y está ausente de su obligación de escuchar las demandas populares”. Advierte que el ciudadano está desamparado porque “prevalece la ley de la selva, donde gobierna el más fuerte”.

6/26/2008

EJERCITO FUERA DE LAS CALLES: EN TLAPA SE CASTIGA LA POBREZA Y CRIMINALIZA LA PROTESTA

México: Se pedía justicia ante violación sexual de soldados a mujeres
Retén militar cerca de Foro por aniversario de Tlachinollan
Por: CIMAC

El viernes pasado en Tlapa, Guerrero, mientras en la Casa Católica se realizaba el Foro Guerrero: donde se castiga la pobreza y se criminaliza la protesta, organizado por el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan en su 14 aniversario de fundación, a 50 metros del inmueble soldados del Ejército Mexicano, pertenecientes al 93 Batallón de Infantería con sede en Tlapa instalaron un retén de revisión.

Los militares se colocaron dentro de la zona urbana, justo sobre la calle principal de la colonia Aviación que lleva a la carretera Tlapa-Marquelia, por donde viajaban autoridades comunitarias e integrantes de organizaciones indígenas que se dirigían a la celebración. Se trató de un hecho inusual, pues fue la primera vez que efectivos del Ejército se instalan en la zona urbana, informó en un comunicado el Centro Tlachinollan.

En el Foro, esposas de 5 indígenas me´phaa presos por el asesinato de un informante de Ejército exigieron su liberación y pidieron que no quede impune la violación sexual de soldados contra las me´phaa Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, caso que se encuentra ya ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington DC.

Exigieron también, en este que fue el primero de dos días de celebración por los 14 años de la fundación de Tlachinollan, justicia para sus 14 compañeros de El Camalote esterilizados de manera forzada por la Secretaría de Salud (SS).

Por su parte, Obtilia Eugenio Manuel, secretaria de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), señaló: 'el gobierno no se cansa de hacernos daños, de mandar militares en lugar de beneficios' y relató la historia de agravios y atropellos que han sufrido durante más de una década.

En tanto, en el retén militar, los soldados continuaron su revisión de vehículos y tripulantes, a quienes les pedían su credencial de elector, que viajaban de Marquelia o regresaban a Tlapa.

El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, acompañado de abogados de este Centro, exigieron a los soldados una explicación por la operación y uno de los militares justificó que estaban ahí para 'evitar que las personas traigan armamento o enervantes, y para que la población se sienta tranquila'.

Este retén, señaló luego el abogado, no es más que un acto de molestia a los pueblos indígenas y organizaciones civiles que participan en nuestro 14 aniversario. 'Resulta insólito que en plena ciudad se instale una revisión militar que genera más zozobra, desconcierto y temor a la población atentando contra la garantía del libre transito'.

Se ha vuelto costumbre, agregó, 'que sea el instituto castrense el que asuma los mandos de esto operativos y sea el que encare al ciudadano para los interrogatorios, revisión de pertenencias que están fuera de nuestros marcos jurídicos'.

Barrera Hernández dijo que 'la presencia del Ejército remarca la posición inflexible de un sector del gobierno que cataloga a las organizaciones sociales como delictivas por ejercer el derecho a la protesta'.

Durante la inauguración del Foro, el Director de Tlachinollan dijo que el interés de ese encuentro es poder sacar una lección de las luchas de resistencia que cada una de las organizaciones que ahí participan y cuyos integrantes han sido perseguidos y encarcelados por exigir al gobierno del estado que garantice sus derechos humanos y libertades fundamentales.

'Los tratan como criminales y organizaciones delictivas' agregó y resaltó que 'más bien el criminal y el delincuente no es el que está en el campo cultivando sus tierras o el que está defendiendo sus derechos humanos, sino que el criminal y el delincuente es el que permite que se muera la gente cuando mal usa y desvía los recursos que están destinados para el desarrollo de los pueblos'.

Más testimonios

En el Foro también se escuchó el testimonio de Anabel López, del colectivo Oaxapan e integrante de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), quien habló de la lucha que desarrolló el pueblo de Oaxaca durante el movimiento social iniciado en 2006.

Por la tarde tocó el turno al dirigente del Consejo para el Desarrollo del Pueblo Indígena Me´phaa de la variante lingüística Bátháá, Cándido Félix Santiago - encarcelado en cuatro ocasiones durante el 2007- quien lamentó que el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo los califique de 'delincuentes' sólo por demandar obras para 28 comunidades y maestros que hablen en su variante lingüística.

De la misma forma participaron integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria (CRAC), quienes hicieron saber que por aplicar y defender un sistema de justicia comunitario cuentan con 50 órdenes de aprehensión, incluyendo a comandantes y policías comunitarios.

También participaron representantes de organismos de derechos humanos como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, Servicios Internacionales para la Paz (Sipaz), así como Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).

Al día siguiente, sábado 21 de junio, asistieron al Foro estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa así como integrantes del Consejo Ciudadano de Chilapa que fueron desalojados violentamente cuando exigían la construcción de obras sociales. El festejo de Tlachinollan concluyó por la noche del sábado con la rendición de su 14 informe de labores, leído en el auditorio municipal de Tlapa.

6/24/2008

OLOR A GUERRA EN CHIAPAS

El olfato del Subcomandante


Eugenia Gutiérrez


¿A qué huele la guerra? ¿Cuánto duele su olor? Ha pasado medio año desde que cerca de veinte humanistas de varios países se reunieron en la Universidad de la Tierra en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Respondían a una convocatoria de la Comisión Sexta del EZLN, la revista Contrahistorias y el CIDECI y participaban en un coloquio en memoria de un gran hombre: Andrés Aubry. Cuando el coloquio estaba a punto de terminar tomó la palabra el Subcomandante Insurgente Marcos para decir: “Quienes hemos hecho la guerra sabemos reconocer los caminos por los que se prepara y acerca. Las señales de la guerra en el horizonte son claras. La guerra, como el miedo, también tiene olor. Y ahora se empieza ya a respirar su fétido olor en nuestras tierras” (16 de diciembre, 2007).

Para entonces, las Juntas de Buen Gobierno (JBG) de los cinco Caracoles zapatistas llevaban meses denunciando un reguero de agresiones contra comunidades donde viven miles de hombres y mujeres Bases de Apoyo Zapatistas. Las JBG ya nos habían informado con claridad que los gobiernos federal, estatal y locales estaban recrudeciendo la batalla para despojar al zapatismo de los territorios que recuperó en 1994, durante aquellos días en que tantos murieron luchando. Las denuncias de las JBG eran continuas, cerca de cuarenta tan sólo para 2007. Sin embargo, la advertencia hecha desde la paz de un coloquio resultó estremecedora. No hablaba un intelectual progresista que advierte, honesto, lo que es la guerra. Hablaba el guerrero que lo sabe. Su voz no invitaba a contemplar cicatrices. Iba a lo más hondo y sonaba cruda y profunda, como cuando alguien te coloca sobre una herida para que la veas tal cual es: abierta y sangrante.

Durante 2007 se llevaron a cabo tres grandes encuentros de pueblos zapatistas con pueblos de México y del mundo. Miles de personas de países diversos pudimos escuchar en los Caracoles la historia del zapatismo contada por quienes la han escrito. Sabemos desde entonces que ahora, en la autonomía y a pesar de la constante presión militar, las comunidades en resistencia de Chiapas tienen proyectos de salud que priorizan la dignidad humana y que en varios lugares se han construido clínicas de medicina general y de especialidades, acondicionadas algunas para realizar cirugías o transportar pacientes en ambulancias. Sabemos también que la juventud zapatista cuenta con proyectos de educación autónoma que abarcan desde nivel básico hasta bachillerato, incluidos los Centros Culturales de Educación Tecnológica Autónoma Zapatista (CCETAZ), o que las muchachas y los jóvenes estudiarán ciencias y humanidades cuando echen a andar su universidad, ésa que ya planean. Sabemos porque nos lo contaron y porque lo vimos que no está permitido el consumo de alcohol, en respuesta a una exigencia de las mujeres; que las comunidades zapatistas, sin recibir un centavo de ningún gobierno, cuentan con medios de transporte, bodegas de almacenamiento de granos, prácticas de comercio justo, cooperativas de pan, ganado, bordados y pollos, talleres de herbolaria y medicina tradicional, sensibilidad que reconoce lo que falta, entusiasmo para conseguirlo, radios comunitarias, viveros, campañas de vacunación y prevención de enfermedades, sistemas de impartición de justicia que buscan ser justos, comedores autónomos, oficinas de comunicación, bibliotecas.

Y sabemos, como quien distingue el agua del fuego, que en las comunidades zapatistas no se siembra droga.


Hace unos días, cerca de doscientos elementos del ejército federal y la policía estatal de Chiapas irrumpieron en comunidades del Caracol de La Garrucha, llamado “Resistencia Hacia un Nuevo Amanecer”. De acuerdo a la denuncia hecha por la JBG “El Camino del Futuro”, el miércoles 4 de junio de 2008 llegó hasta las puertas del Caracol un convoy formado por “2 carros grandes de soldado y 3 carros chicos de soldado y 2 carros de seguridad pública, 2 carros de policía municipal y una tanqueta y un carro de PGR”, al que poquito después se unió otro convoy proveniente de Patihuitz. Los habitantes del Caracol los rechazaron. Los militares les tomaron fotografías y video. Decidieron rodear el Caracol y anduvieron el camino que lleva a las milpas para dirigirse a la comunidad Hermenegildo Galeana. Según señala la JBG, los militares llevaban el rostro pintado para combate y los guiaba un policía municipal de Ocosingo llamado Feliciano Román Ruiz. A medio camino se toparon con la población civil, hombres, mujeres y niños que los rechazaron a gritos. Los soldados respondieron: “Venimos aquí porque sabemos que hay marihuana y vamos a pasar a huevos”. Entonces el pueblo zapatista recurrió a piedras, resorteras, hondas, machetes y todo lo que encontró para rechazarlos. Al no poder pasar, los militares respondieron: “esta vez no vamos a pasar, pero regresamos en 15 días y eso sí a huevos vamos a pasar”. Luego se movieron hasta la comunidad de San Alejandro. En su camino los soldados “dejaron pisoteado el sembradillo de maíz, que es único alimento del pueblo para vivir”. La comunidad de San Alejandro también los rechazó con lo que pudo y el convoy optó por retirarse.

En este Caracol se han redactado varias páginas de la Otra Campaña, pues fue aquí donde se realizó la primera reunión plenaria (septiembre 2005) y donde inició su recorrido la Comisión Sexta (enero 2006). Además, aquí se llevó a cabo el encuentro “La Comandanta Ramona y las Zapatistas” (diciembre 2007). Este Caracol vive hoy amenazado de incursión militar bajo la acusación de que en su tierra se siembra marihuana. Y no es desconfianza sino memoria: cuando el Aguascalientes que hospedó a la Convención Nacional Democrática en 1994 se volvió emblemático, el gobierno optó por destruirlo y establecer sobre sus restos una enorme base de operaciones militares. La comunidad cercana de Guadalupe Tepeyac fue severamente castigada y conoció el dolor del exilio. El ejército federal mexicano sabe aplastar a la población civil y se especializa en población indígena.

Felipe Calderón Hinojosa, presidente por capricho, parece haber clavado una chincheta roja sobre el nombre “La Garrucha” en su mapa de lugares a reprimir, mapa que ya luce muy rojo. Juan Sabines Guerrero, gobernador perredista de Chiapas, lo anima y le sonríe. Hijo del responsable de la masacre de doce indígenas en Golonchán (junio de 1980), el Sabines actual ha gobernado un Chiapas donde no sólo paramilitares sino policías a su cargo no han dejado de lastimar a la población civil en actos de violencia patéticamente cobardes: niños torturados al ir por agua al río; padres e hijos encarcelados como quien caza una presa; campesinos solos golpeados en grupo o baleados a orillas de una carretera; cortes de agua; mujeres golpeadas, humilladas; familias que ven arder su milpa; familias que ven arder su casa; jóvenes perseguidos por veredas o espiados a la puerta de su hogar para clavarles un machete en el cráneo; cortes de luz; personas de cualquier edad desplazadas en cualquier momento.

Para saber a qué huele la guerra o imaginar qué tanto duele podríamos hablar con todos ellos. Podríamos preguntarles a ellas. Quizá responderían “depende”. A veces la guerra huele a la casa que te incendiaron y su olor duele tanto como los años que viviste o pensabas vivir en ella. Otras veces huele a sangre en tu rostro golpeado y su olor te duele igual que las patadas de varias decenas de hombres contra ti solito. Depende. Tal vez la guerra huele al marido que te robó la policía y duele tanto como la sentencia que, sin motivo, le ha impuesto un juez brutal. Habría que hablar con ellos, preguntarles a ellas. Cada testimonio de la violencia estatal de los dos últimos años ha sido presentado con detalle por las JBG, documentado por organismos civiles, videograbado por brigadistas solidarios e incluso recogido en documentales. Los hechos están allí, al alcance de los sentidos de quien quiera conocerlos.

ENLACE A NOTA

6/15/2008

TU FIRMA CONTRA EL HOSTIGAMIENTO EN CHIAPAS

Por medio de la presente los abajo firmantes manifestamos nuestro rechazo a la presencia del Ejército Mexicano en comunidades Zapatistas, presencia que en últimos días ha ido en aumento.

El pasado 4 de junio más de 200 elementos del Ejército Mexicano, de la PGR , de la policía estatal y municipal incursionaron en parte del territorio Zapatista de La Garrucha bajo el argumento de buscar plantíos de marihuana (la siembra y consumo de droga en territorio Zapatista esta prohibido pos sus mismas leyes). Dicha acción representa una provocación a las Juntas de Buen Gobierno, a los Municipios Autónomos, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y a las comunidades que los apoyan.

Manifestamos nuestra preocupación por dichas incursiones y ante la posibilidad de que estas se repitan en las mismas comunidades o en otras dentro del Estado de Chiapas.

Rechazamos la salida militar que se pretende dar a las justas demandas del EZLN.

Exigimos:

¡Respeto a la autonomía de los pueblos indígenas!

¡Cese inmediato a todo tipo de agresiones contra las comunidades Zapatistas!

¡Retiro inmediato del Ejército Mexicano de las comunidades chiapanecas!

firman:

*para firmar el texto envía tu nombre y el país al que perteneces a: cinoticias@gmail.com
o deja tu firma como comentario abajo

¡Rompamos el cerco informativo y detengamos el avance del ejército en las comunidades zapatistas!

Envía un correo a todos tus contactos, invita a más personas a firmar, difunde esta campaña!!!

puedes aportar ideas para la carta dejando un comentario

si juntamos suficientes firmas, la carta será enviada a medios de comunicación y a las autoridades.

ENLACE A NOTA

6/10/2008

IRAQ FRENTE A LA MILITARIZACIÓN

Bush quiere 50 bases militares, el control del espacio aéreo iraquí e inmunidad legal para todos los soldados y contratistas usamericanos.


Plan secreto para mantener a Iraq bajo el control de USA


Patrick Cockburn

The Independent


Traducción de Chelo Ramos


Un acuerdo secreto que se está negociando en Bagdad podría perpetuar la ocupación militar de Iraq de forma indefinida, sin importar cuál sea el resultado de las elecciones presidenciales de USA en noviembre. Al parecer, los términos de este acuerdo inminente, detalles del cual llegaron a conocimiento de The Independent, tendrán un efecto político explosivo en Iraq. Funcionarios iraquíes temen que el acuerdo, conforme al cual militares de USA podrían ocupar bases de manera permanente, realizar operaciones militares, arrestar iraquíes y disfrutar de inmunidad a la ley iraquí, desestabilizará la posición de Iraq en Oriente Próximo y sentará las bases para que el conflicto de su país no tenga fin.
Además, este acuerdo también amenaza con provocar una crisis política en USA. El presidente Bush desea que se apruebe a finales del mes próximo para poder así declarar una victoria militar y reivindicar su invasión de 2003. Pero al perpetuar la presencia de USA en Iraq, este acuerdo a largo plazo impedirá que el precandidato demócrata a la presidencia, Barack Obama, cumpla su promesa de retirar los soldados usamericanos de Iraq si resulta elegido presidente en noviembre. Se dice que la fecha del acuerdo también dará empuje al candidato republicano, John McCain, quien ha afirmado que USA está a punto de obtener una victoria en Iraq –una victoria que, según él, impediría Obama al retirar a los militares en forma prematura-.
Actualmente USA tiene 151.000 efectivos en Iraq; incluso después de la retirada que han proyectado realizar el mes próximo, quedarían más de 142.000 efectivos, es decir 10.000 más que cuando comenzaron a aumentar la cantidad de soldados en enero de 2007. Al parecer, según los términos del nuevo tratado USA retendrá el uso a largo plazo de más de 50 bases militares en Iraq. Los negociadores de USA también exigen inmunidad a la ley iraquí tanto para los militares como para los contratistas de ese país, y libertad total para realizar detenciones y actividades militares en Iraq sin consultar con el gobierno de Bagdad.
La naturaleza exacta de las exigencias de USA se ha mantenido en secreto hasta ahora, por lo que seguramente las filtraciones producirán reacciones negativas en Iraq. “Esto es una violación terrible de nuestra soberanía”, dijo un político iraquí, quien agregó que si se firma, este acuerdo de seguridad deslegitimará al gobierno de Bagdad que será considerado un peón de USA.
USA ha negado repetidamente que desee bases permanentes en Iraq, pero una fuente iraquí declaró: “Esto no es más que un subterfugio táctico”. Washington también desea controlar el espacio aéreo iraquí por debajo de los 29.000 pies (8,8 kilómetros) y asegurarse el derecho de proseguir su “guerra contra el terrorismo” en Iraq, lo que le daría autoridad para detener a cualquier persona y lanzar campañas militares sin consultar a nadie.
El presidente Bush está decidido a obligar al gobierno iraquí a firmar la llamada “alianza estratégica”, sin ninguna modificación, a finales del mes próximo. Pero ya los iraquíes y muchos árabes la condenan como parte de los esfuerzos continuados de USA por dominar la región. Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, el poderoso y generalmente moderado líder iraní, dijo ayer que un acuerdo de esta naturaleza constituirá “una ocupación permanente”, y añadió “Lo que busca este acuerdo en el fondo es convertir a los iraquíes en esclavos de los usamericanos.” Se cree que el primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki, se opone a los términos del nuevo pacto, pero considera que su gobierno de coalición no podrá permanecer en el poder sin el apoyo de USA. El acuerdo también podría exacerbar la guerra encubierta que libran Irán y USA por establecer cuál de los dos debe tener más influencia sobre Iraq.
Aunque los ministros iraquíes han dicho que rechazarán todos los acuerdos que limiten la soberanía nacional, observadores políticos en Bagdad sospechan que al final lo firmarán y que con esta postura desafiante sólo quieren demostrar sus credenciales como defensores de la independencia de Iraq. El único iraquí con autoridad para detener el acuerdo es el líder espiritual de la mayoría shi’i, el gran ayatolá Ali al-Sistani, que en 2003 obligó a USA a aceptar un referendo sobre la nueva constitución iraquí y la elección del parlamento. Pero, al parecer, considera que la pérdida del apoyo de USA debilitaría mucho a los shi’íes iraquíes que obtuvieron la mayoría en las elecciones parlamentarias de 2005.
USA se niega rotundamente a someter el nuevo acuerdo de seguridad a referendo, pues sospecha que los iraquíes no lo aprobarían. El influyente clérigo shi’i, Muqtada al-Sadr, ha pedido a sus seguidores que manifiesten todos los viernes en contra del acuerdo ya que pone en peligro la independencia de Iraq.
El gobierno iraquí desea retrasar la firma del acuerdo, pero el despacho del vicepresidente de USA, Dick Cheney, ha hecho lo posible por forzarlo a firmar. El embajador de USA en Bagdad, Ryan Crocker, ha pasado semanas intentado asegurar el acuerdo.
Es muy poco probable que la mayoría de los iraquíes acepte la firma de un acuerdo de seguridad y de un convenio paralelo que sirva de base legal para mantener efectivos militares de USA en Iraq. Pero los kurdos, que constituyen una quinta parte de la población, seguramente estarán de acuerdo en mantener la presencia usamericana, como lo estarán los líderes políticos sunníes que desean que las fuerzas de USA debiliten el poder de los shi’íes. La comunidad árabe sunní, que ha apoyado la guerra de guerrillas contra la ocupación de USA, seguramente se dividirá en este caso.
Chelo Ramos es miembro de Cubadebate , Rebelión y Tlaxcala , la red de traductores por la diversidad lingüística. Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y la fuente.

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/revealed-secret-plan-to-keep-iraq-under-us-control-840512.html

4/22/2008

ENTREVISTA A LUCIA MORETT EN ECUAVISA HABLA DE LA OPERACIÓN FÉNIX

Graves violaciones a los derechos humanos durante la acción militar colombiana en territorio ecuatoriano donde se rematarón a los heridos e intimidaron sexualmente a la estudiante mexicana.

En Ecuador fué tratada como víctima y en México algunos fascistas la acusan de ser contacto de las FARC en nuestro país.

El ataque



Declaración de Morett en el hospital

EL EJERCITO COLOMBIANO AUMENTA ASESINATOS EN UN 60%

Pues con la novedad de que los resultados de la represión en Colombia se traduce en los excesos de los militares que reciben premios asesinar miembros de las FARC, esta forma de combate es la que adoran los neofascistas mexicanos que se reunieron con el asesino de Uribe en México, pues una pequeña noticia sobre los muertitos.



Youtube

EJERCITO FUERA DE LAS CALLES

Mientras el desgobierno panista permitio que el asesino fascista Uribe calificara de terroristas a los universitarios mexicanos asesinados en Ecuador y a la máxima casa de estudios de este país como centro de reclutamiento de las FARC, demostro la debilidad del gobierno espurio al no poder exigir indemnización alguna a los deudos. Se sabe tambien que este ataque extraterritorial tuvo apoyo injerencista norteamericano desde la base de Manta como parte de expanción del imperio con el pretexto de la lucha contra el narco donde las grandes coorporaciones transnacionales petroleras norteamericanas pretenden adueñarse de los recursos naturales a como de lugar.

Cabe mencionar que lo que sucedio en ">Colombia es un aviso de lo que estamos comenzando a ver crecer con el actuar de las fuerzas armadas en el "supuesto" combate a la delincuencia organizada en contra de la población donde los asesinatos y abusos han incrementado los reclamos y la exigencia de retirar de la calle a la milicia.

A continuación les presento un reportaje sobre EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES en Colombia donde se dice que se vive una "Seguridad Democrática" en manos de un gobierno fascista que manipula a la opinión pública con propaganda en medios con el apoyo de los sectores mas reaccionarios de la sociedad como la iglesia y el capital de empresarios.

Censura en Youtube provoco que las dos siguientes partes del documental esten fuera de línea, ese es el miedo a la información.



Youtube


Tenemos que exigir la retirada del ejercíto de las calles, no podemos tolerar mas abusos ni violaciones de derechos humanos.

Si tienes un comentario

desdelatrinchera@gmail.com

Verdades Incomodas