5,000 MUERTOS EN LA "LUCHA CONTRA EL NARCO"

Victimas del ejercito y del narcotrafico

Julen Nafarrete

Cuando el presidente mexicano Felipe Calderón ganó las elecciones en el año 2006, anunció que iniciaría «la guerra contra el narcotráfico», principalmente en los estados de Sinaloa, Sonora, Michoacán y Tamaulipas, plazas en las que el crimen organizado ha sentado sus bases. A día de hoy, las cifras hablan por si solas: más de 5.000 muertos relacionados con la lucha contra el tráfico de drogas desde el año 2006, de ellos 2.000 este mismo año. Al menos 500 personas han muerto en acciones violentas este año en el Estado de Sinaloa, donde la violencia se ha convertido para sus habitantes en algo rutinario.

Desde que el Ejecutivo de Calderón enviara a este Estado más de 3.000 efectivos militares y policiales, prácticamente todos los días se dan enfrentamientos entre las fuerzas armadas y las diversas mafias organizadas en torno al narcotráfico. Además, debemos sumar los continuos ataques entre las propias bandas que luchan por hacerse con el control del territorio y de la frontera con EEUU. En Sinaloa, que se encuentra completamente militarizada, se vive una sensación de inseguridad permanente, con secuestros diarios y con una cifra de muertos que casi a diario supera la decena.

El Gobierno mexicano, lejos de rectificar su política contra la delincuencia organizada, habla de «avances» supuestamente logrados por las fuerzas policiales y militares en su «enfrentamiento con la criminalidad». Mientras en el país mexicano varios medios denuncian que el operativo de 3.000 efectivos desplegado en Sinaloa es contraproducente, el Gobierno afirma que la ola de violencia se debe a que «los barones de la droga se sienten acorralados por la ofensiva del Gobierno». Además, el fiscal general de México, Eduardo Medina Mora, ha reconocido que «todavía no vemos el pico de la violencia, ya que habrá una etapa de violencia intensa antes de que la curva comience a bajar». Auguran mayor violencia en un país donde en los últimos tres años ya ha habido más víctimas mortales relacionadas con la lucha contra el narcotráfico que a lo largo de la dictadura de Pinochet en Chile durante 17 años.

Cuerpos decapitados

La capital del Estado de Sinaloa, Culiacán, viene de Colhuacán, que quiere decir «lugar donde los caminos se tuercen». Es precisamente aquí donde se encuentra el mayor despliegue militar y policial del Gobierno y donde operan las principales bandas del narcotráfico. El pasado día 10, enfrentamientos entre «grupos de delincuencia organizada» acabaron con la vida de 12 personas, tres de ellas agentes policiales. El resto, eran civiles que se encontraban en un taller y en sus inmediaciones, a los que hay que sumar la muerte de un comandante de la Policía Ministerial que murió frente a su propia institución. Los establecimientos cercanos al lugar de los hechos, cerraron por miedo a refriegas y al operativo policial y militar. Un episodio trágico más que ya se torna rutinario, donde civiles inocentes se convierten en víctimas, ya sea por el cruce de disparos entre bandas o por errores y abusos de policías y militares.

Sinaloa es uno de los estados mexicanos donde las redes del narcotráfico están más presentes. El tráfico de drogas comenzó aquí a principios del siglo XX, con la llegada de inmigrantes chinos que cultivaban la amapola. Tras su marcha, el negocio quedó en manos de familias locales que aprovecharon la demanda de heroína y morfina en EEUU. A día de hoy, es cuna de uno de los capos más buscados por el Gobierno mexicano y por EEUU, Joaquín «El Chapo» Guzmán.

De hecho, la enemistad que existe entre «El Chapo» y sus antiguos aliados, los hermanos Beltrán Leyva, es una de las causas de la oleada de muertes en Sinaloa.

Ambos grupos se disputan el mercado local y las rutas hacia Estados Unidos, en una guerra interna a la que hay que sumarle los enfrentamientos con las fuerzas del Estado. «El Chapo», que se «escapó» de una cárcel de máxima de seguridad en EEUU en 2001, cuenta con un amplio apoyo popular en las zonas rurales de Sinaloa.

Los sicarios de los hermanos Beltrán Leyba presuntamente mataron en mayo de este mismo año al hijo de «El Chapo» en la ciudad de Culiacán. Preveyendo ataques entre ambas bandas, el Gobierno federal puso en marcha un despliegue de 3.000 efectivos, que ha provocado el aumento de las víctimas en la ciudad. Sin ir más lejos, a principios de julio se encontraron en Culiacán siete cuerpos decapitados con mensajes cruzados entre ambas bandas. La atrocidad de la escena demuestra el nivel al que está llegando la violencia en Sinaloa, ya que un cuerpo decapitado tenía las dos piernas amputadas, una serpiente muerta encima y un mensaje que rezaba «pa que lo tengas presente Arturo Beltrán Leyva». Al mismo tiempo, el Gobierno de Calderón anuncia decomisos espectaculares de armas y drogas, así como capturas masivas de presuntos narcotraficantes. Los últimos acontecimientos de Sinaloa han dejado en entredicho estas redadas propagandísticas.

Abusos del Ejército

Pero no sólo las bandas de narcotraficantes son las que infligen la violencia en Sinaloa. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha denunciado que las tropas del Ejército mexicano han cometido graves violaciones contra los derechos humanos. Según su informe, las Fuerzas Armadas han cometido «homicidios, tortura, tratos crueles, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, atentados a la propiedad, incomunicación, ejercicio indebido de la función pública y violaciones a la legalidad y a la seguridad jurídica».

La comisión brinda varias recomendaciones a las autoridades mexicanas, como por ejemplo «dotar de mayor capacitación a los soldados», ya que algunos efectivos «realizan tareas que no les corresponden».

Además, nombra algunos casos en los que ciudadanos mexicanos han sido maltratados tanto por militares como por policías, entre los que destacan los casos de 14 personas que perdieron la vida cuando los soldados «accionaron sus armas de manera indebida». Sin ir más lejos, en el Estado de Michoacán el pasado 11 de enero, varios soldados dispararon contra los tripulantes de una furgoneta «sin motivo aparente», causando la muerte de dos jóvenes de 17 y 19 años. El 16 de febrero, en Tamaulipas, militares que hacían guardia intentaron detener un vehículo disparando contra él, matando a uno de los pasajeros.

Estos son tan sólo unos pequeños ejemplos que demuestran la situación de violencia permanente que se vive por parte de las bandas de narcotraficantes, pero también de las fuerzas armadas, que, lejos de proteger a la población de Sinaloa, protagonizan abusos «en nombre de la seguridad» y hacen que los caminos de Culiacán estén más torcidos todavía.

Legisladores mexicanos involucrados en el narcotráfico

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional mexicano (CISEN) ha advertido de que «no se puede descartar la posibilidad de que dinero del narcotráfico esté involucrado en las campañas de algunos legisladores». Asimismo, el CISEN ha reconocido que los cárteles de la droga han sobornado ya a varios integrantes de las policías regionales y del Poder Judicial «con el objeto de crear estructuras locales para proteger el negocio multimillonario del tráfico de estupefacientes».

De este modo, el representante del CISEN Guillermo Valdés aseguró que «el Congreso mexicano no está exento, ya que los narcotraficantes están tratando de hacerse con el poder».