Congreso Nacional Indígena
“Para detener la siembra de tanta muerte”
Gloria Muñoz Ramírez
La Jornada
Representantes de los pueblos wixárika, nahua, purhépecha, zoque, cuicateco, mixteco, triqui, yaqui y yoreme, reunidos en la combativa Sierra Huichola del norte de Jalisco, hicieron un llamado al resto de los pueblos indios “a no creerse del mal gobierno y a continuar su lucha por el ejercicio de la autonomía y sus derechos por la vía de los hechos”.
En el marco de la vigésimo primera reunión ampliada de la Región Centro Pacífico del Congreso Nacional Indígena ( cni ), los 94 delegados advirtieron que en los últimos meses y días el gobierno “ha recrudecido la guerra de exterminio en contra de nuestros pueblos, tribus y naciones a través de la aplicación de diversos proyectos y políticas neoliberales que tienen como finalidad despojar nuestras tierras y territorios, robar y destruir nuestra cultura y provocar la migración y explotación despiadadas de nuestras comunidades”.
El CNI es un espacio de reflexión creado por los pueblos indios de México en octubre de 1996, durante la visita de la comandanta Ramona, representante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), a la ciudad de México. En noviembre de ese mismo año, durante su primera asamblea nacional, los pueblos indígenas acordaron no “reproducir las formas de dominación o de control con que durante tantos años nos han oprimido los grupos de poder en el país, sino por el contrario, establecer nuevas formas de vivir la democracia”, basados en los siguientes principios: servir y no servirse; construir y no destruir; obedecer y no mandar; proponer y no imponer; convencer y no vencer; bajar y no subir; y enlazar y no aislar. Siete lineamientos que fueron recordados durante esta reunión celebrada en la comunidad wixárika de Mesa del Tirador.
Las aulas de la escuela primaria de la comunidad abrieron sus puertas a las cuatro mesas de trabajo en las que se vertieron demandas, propuestas, luchas y resistencias de los pueblos indios de México, quienes advirtieron que en contra de la salvaje destrucción que el capitalismo neoliberal impone a toda la humanidad, ellos, los pueblos, tribus y naciones “sueñan, proponen y construyen un mundo distinto sobre las bases del respeto y la protección de la madre tierra y la continuidad de la vida, la preservación de nuestra identidad y el fortalecimiento de nuestra organización comunal opuesta a la organización capitalista de la sociedad que mercantiliza la vida”. Nuestra lucha, señalaron, “es para detener la siembra de tanta muerte”.
Las reflexiones de los días 5 y 6 de julio giraron alrededor de cuatro ejes temáticos: el impacto de las políticas gubernamentales en los pueblos indígenas, el fortalecimiento de la autonomía indígena por la vía de los hechos, la resistencia de la identidad indígena frente a la dominación de la cultura occidental y, al final de la jornada, el fortalecimiento del CNI. Se habló también de las actuales embestidas neoliberales dirigidas a despojar de sus recursos a las comunidades indígenas del país, de las resistencias concretas que hay como respuesta y de la represión ejercida por el Estado.
En concreto se habló del proyecto de la carretera Amatitán-Huejuquilla el Alto, actualmente paralizado por la lucha y la movilización de la comunidad wixárika de Tuapurie. Este proyecto, afirmaron, tiene como finalidad “fragmentar y privatizar el territorio wixárika con el propósito de propiciar el despojo de la madre tierra en la región occidental del país”. Los delegados apoyaron las demandas de la comunidad de Tuapurie, “en el sentido de cancelar la ejecución del proyecto carretero”.
El CNI se solidarizó también con la demanda wixárika de recuperar el territorio de la comunidad de Waut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán), actualmente invadida por ganaderos de los ejidos Puente de Camotlán y Huajimic, ambos del municipio de la Yesca, Nayarit. Se demandó también la salida de los ganaderos del paraje Cañón de Tlaxcala y se pronunciaron contra la contaminación del río Camotlán, que atraviesa su territorio. En el mismo sentido, se exigió “el reconocimiento legal a favor de la comunidad autónoma wixárika de Bancos de San Hipólito, Durango, sobre la superficie de 10 720 hectáreas correspondientes a las tierras comunales de su propiedad y posesión inmemorial, mismas que fueron ilegalmente tituladas a favor de la comunidad mestiza de San Lucas de Jalpa”.
Con la presencia de representantes yaquis y yoreme, de Sonora, el cni rechazó los megaproyectos conocidos como Mar de Cortés o Escalera Náutica, Fiderco y Plan Puebla Panamá, y exigió la restitución de los derechos territoriales y de agua de la tribu yaqui, la cancelación de los proyectos carreteros en el territorio de las tribus yaqui y mayo, en el estado de Sonora, en los territorios wixárika, cora y tepehuano de Jalisco, Durango y Nayarit, y en los territorios nahua y purhépecha de Michoacán. Se rechazó también el nuevo intento gubernamental de construir el aeropuerto internacional de la ciudad de México en la región de San Salvador Atenco; se pronunciaron por la cancelación de las concesiones mineras otorgadas en las regiones indígenas del sur de Jalisco, Costa de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
Nacido como fruto del Foro Nacional Indígena convocado por el EZLN en enero de 1996, en esta XXI reunión el CNI, como siempre, mantuvo presente a las comunidades indígenas zapatistas, actualmente asediadas por el ejército y grupos paramilitares: “Condenamos las provocaciones y amenazas en contra de la comunidad zapatista de La Garrucha y la reserva comunitaria zapatista El Huitepec, en Chiapas, por parte del gobierno de Felipe Calderón, el gobierno estatal de Juan Sabines y los gobiernos municipales involucrados, a quienes responsabilizamos de cualquier agresión o inicio de violencia en contra de nuestros hermanos zapatistas, haciendo nuestra su palabra y su denuncia y exigiendo la desmilitarización inmediata de los territorios zapatistas”.
Además de exigir la liberación inmediata de todos los presos políticos, indígenas y no indígenas, el CNI ratificó su carácter anticapitalista y su adhesión a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, así como su participación en La Otra Campaña.
Voces de la resistencia
Los partidos políticos cuando llegan a nuestras comunidades llegan partidos y también nos parten a nosotros, se van y nos dejan divididos. Cada día que pasa, los diputados y senadores tienen una ley lista que irá contra nuestras comunidades y la naturaleza, y por el lado de la comercialización. (Salvador Campanur, purhépecha de Cherán, Michoacán)
El turismo se está apoderando hasta de las zonas federales, las está reduciendo y privatizando, sólo a los extranjeros permiten entrar, a quienes tienen dólares. Donde yo vivo hay tres lagunas y el empresario extranjero las tiene privatizadas. Toda la agricultura se ha ido abajo. (Antonio Altamirano, comunidad en resistencia La Yerbabuena, Colima)
La resistencia no sólo debe ser por los hidrocarburos, sino además defender a todo México, en especial a nuestros pueblos indígenas. (Ztlalxochitzin, nahua de la Mixteca poblana)
La propiedad es un robo, es un invento legal. La propiedad verdadera es nuestro pensamiento, el mar, el aire y las plantas. Así como el cuerpo, sus obligaciones son tomar el aire o el néctar, sus derechos son el oír, hablar y testificar la palabra. Existe un solar, el cual es México, y es nuestro. No nos tienen que dar un escrito, nosotros somos los legítimos, y está escrito con la sangre de nuestros padres. Mi legitimidad está en mi sangre, desde la creación del primer indio, repito, nosotros como tribus somos las letras, no necesitamos de papel. El que se dice presidente de México, sólo recibe órdenes de otros organismos. Cuando llegan al poder, quieren con armas y fuego moldear el país, y cuando no pueden, siguen con el dinero, tratando de comprar voluntades. Cada tribu tiene su derecho de gobernarse por sí misma. (Alfredo Osuna Valenzuela, tribu yoreme, Sonora)
Las grandes estructuras del gobierno nos engañan con los certificados sobre la tierra, lo que provoca que se pueda vender como mercancía. También pasa con el agua, la quieren privatizar, quieren caer en ese error. Hasta la fecha nosotros tenemos el modo de vida comunal (Crisológo Calleja Hernández, cuicateco del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, cipo )
Mientras que los pueblos, naciones y tribus no pierdan su autonomía, su territorio, su libre determinación, sus culturas sus derechos, conocimientos, recursos y su identidad como sujetos de derecho, seguiremos existiendo. La tierra es la madre y no se vende. La tierra de la comunidad es de la comunidad. (Juan Chávez, purhépecha de Nurío, Michoacán)
Allá en nuestro pueblo tenemos graves problemas de integración, ahora tenemos la división en dos pueblos que ha originado una dualidad de poderes. La tribu yaqui esta conformada por ocho pueblos, pero actualmente tenemos problemas en Vícam y en Pótam. Esta problemática tiene mas de diez años, ha originando confusión en lo político y rebota en otros sectores como en los culturales, sociales y hasta en lo económico. (Juan Domingo Molina Valencia, tribu yaqui de Vícam, Sonora)
Ahora también sabemos que se atenta contra nuestra tierra, rentándola para su explotación con productos ajenos, como el caso del aguacate que en un plazo de veinte años deja la tierra pobre y deja de ser productiva. Ésta es la estrategia que hace el gobierno federal, estatal y municipal, para que las comunidades dejen sus tierras y con esto provocar la división para luego poder vender la tierra. Esta política es clara, así como la del Procede, la cual divide mucho a cambio de unos cuantos pesos que ofrece, pero los resultados del despojo no se pueden ocultar. (María de Jesús Patricio, nahua, Tuxpan, región Sur, Jalisco)
Con el levantamiento zapatista, en 1994, en Nurío se aceptan sus preceptos y desde entonces no se reconoce al municipio de Paracho y ahora ya no votamos más. Ellos dijeron que estamos locos y que el municipio no nos iba a dar nada, pero aún así impedimos las elecciones, y al siguiente año reclamamos nuestro derecho como pueblo y comunidad. Nosotros vemos que esto es un logro, aquí es el pueblo el que decide y no sólo unos dirigentes. Nosotros fuimos apoyados por otras comunidades, pero hoy ellos nos han traicionado y hoy sus dirigentes son parte del gobierno. (Agustín González, purhépecha, Nurío, Michoacán)
Espero que los que estamos aquí hagamos el análisis necesario sobre lo que hacen los partidos políticos contra nuestras comunidades y que aquí mismo debatamos las resoluciones para luchar en contra de estas acciones. (José Guadalupe Taizan Hernández, wixárika, Mesa del Tirador, Jalisco)
Oaxaca es el estado donde no ha entrado tan fuerte el Procede, es por ello que han aplicado estas acciones de represión. Nosotros no pedimos limosnas, sino justicia y que nos respeten como pueblo indígena, pero el gobierno se ha hecho de oídos sordos. (Pedro Bautista Rojas, mixteco del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, CIPO)
Nosotros desconfiamos del comisariato ejidal de nuestro ejido, pues él fue designado por el presidente municipal para que haga lo que él le ordene. Esto es muy malo, pues ellos sólo ven cómo sacar dinero y a nosotros nos tienen olvidados. (Ynocencio Jacobo, nahua, Lagunillas, Ayotitlán, Jalisco)
Con los yaquis nosotros nombramos a un comité, pero no es de ningún partido y ellos gestionan lo que se necesita. En todos lados se cuecen habas y allá también hemos detectado irregularidades, pero los sancionamos cuando descubrimos que se quieren meter cosas de partidos. (Fernando Jiménez, tribu yaqui, Sonora)
Recopilación: Gloria Muñoz Ramírez
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7/16/2008
INTOLERANCIA PANAZI A LA PROTESTA SOCIAL
Los gobiernos panistas estan asumiendo actitudes fascistas en contra de la protesta social ya que debido a sus prácticas políticas y económicas han llevasdo al país al borde una crísis que puede terminar en un levantamiento social
7/07/2008
DICTADURAS FASCISTAS LATINOAMERICANAS ENGENDROS DE LA IGNORANCIA Y EL ATRASO
El fascismo rústico
Por: Jorge Gómez Barata
En un debate acerca de si el fascismo era o no repetible sostuve que no, aunque admití que podían surgir otras corrientes reaccionarias. Entonces acoté que ello ocurriría únicamente si, como sucedió en la década del treinta en Europa, tales aberraciones ideológicas fueran adoptadas por grandes potencias. Me equivoque, el atraso y la ignorancia pueden engendrar un fascismo rústico.
En América Latina tal engendro resulta del trasvase del poder de las metrópolis coloniales a las oligarquías criollas, fenómeno que consagró las deformaciones estructurales ligadas al régimen de tenencia y explotación de la tierra y del modelo agroexportador que, en conjunto, dieron lugar a un modo de producción arcaico e ineficaz, conocido como subdesarrollo.
Para la opinión pública internacional, manipulada por las transnacionales de la información, las actuales tensiones políticas en Bolivia, son parte de las pugnas por el poder que caracterizan la historia latinoamericana. Esta vez no es así. Se trata de un proyecto reaccionario que, con un enfoque racista y oportunista, cuestiona medio milenio de historia e intenta deshacer lo hecho, no para rectificar y mejorar, sino para hacer: “Borrón y cuenta nueva”.
No se trata ahora de la critica de los liberales, los nacionalistas y los socialistas que desde hace siglo y medio denuncian el carácter injusto, arbitrario y arcaico del sistema político encabezado por las oligarquías nativas, sino de un enfoque ideológico que cuestiona el derecho a la igualdad e incluso a la existencia de los pueblos originarios sobrevivientes. La idea de que Bolivia es un Estado inviable que no tiene derecho a existir es fascista y primitiva.
Los primeros gobiernos de la oligarquía latinoamericana estuvieron formados por criollos sobrevivientes de las luchas por la independencia, en las que adquirieron formación militar y dotes para el mando, aunque no experiencia política, educación republicana ni habilidades diplomáticas. Los primeros gobernantes, que recibieron las republicas como un botín, no aprendieron a lidiar con la oposición ni trabajar con ella en el diseño de políticas, opciones y modelos apropiados a nuestras realidades. Para aquellos caudillos la tolerancia era un defecto.
Dado su origen, la coyuntura y su formación, no resulta extraño que los líderes de nuestras primeras republicas sucumbieran a la tentación de abusar del poder, a los efectos corruptores del dinero, a la influencia del capital externo, a los empréstitos, las dadivas y las manipulaciones de las potencias para enfrentarlos unos a otros. Sin instituciones apropiadas, aliados honestos ni consejos de buena fe, optaron por las prácticas autoritarias, la violencia y la represión política.
Para los dictadores latinoamericanos de primera generación: de Santa Ana a Strossner, los críticos eran opositores y los opositores enemigos, no sólo del Estado y de la Patria, sino también de la familia y de Dios. Naturalmente, hubo excepciones y matices: déspotas ilustrados, genuinos populistas que apostaron por una especie de autoritarismo compasivo, llamado también paternalismo y no faltaron los demagogos.
En aquellos procesos que no fueron simples ni lineales, en todas las épocas y países, del seno de la intelectualidad liberal, la juventud ilustrada, los claustros académicos, los liderazgos obreros, incluso desde la oficialidad joven y el clero de base, se gestaron y florecieron ideas patrióticas, se preservó el pensamiento de los próceres y se acogieron las ideas más avanzadas, entre ellas el liberalismo, el marxismo y la socialdemocracia.
Como parte de aquella confusa historia, todavía presente en ciertos países, en la excepcional coyuntura histórica en que confluyeron el derrumbe del sistema colonial, el triunfo de la Revolución Cubana, la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos y la insurgencia latinoamericana, con la asesoría y bajo la influencia ideológica del imperialismo, en los grandes países de Sudamérica que habían librado frecuentes guerras y en los que se incubaron fuertes tendencias militaristas como Chile, Argentina, Brasil y Uruguay, surgió una segunda generación de dictadores.
Las dictaduras de segunda generación se diferenciaban de las primeras, no por su salvajismo y criminalidad, sino por la perspectiva ideológica y la justificación doctrinaria que dieron a sus actos, fundados ahora en criterios geopolíticos, doctrinas de seguridad nacional, fronteras ideológicas y sobre todo, un anticomunismo visceral y un odio infinito a la Revolución Cubana, argumentos con los que justificaban sus acciones concertadas y sus modos primitivos y salvajes de ejercer el poder político que, de hecho, constituían un fascismo rustico.
Las dictaduras del cono sur convirtieron la represión en razón de Estado y estilo de gobierno, se colocaron por encima de la sociedad y de la ley y, para evadir todo escrutinio, introdujeron la figura de los desaparecidos. No se trataba de confrontar la oposición, sino de erradicarla. En algo más de dos décadas, bajo las dictaduras, Sudamérica perdió a toda una generación de luchadores y reformadores sociales.
A la suma bicentenaria de represión, prisiones, torturas, asesinatos y exilios, se suma ahora el racismo y la xenofobia que. Lo que ocurre hoy en Bolivia es una continuación de las peores tendencias del fascismo criollo, que recién acaba de descubrir que no vale la pena perder el tiempo tratando de enmendar la historia ni cambiar realidades, sino que es preferible comenzar desde cero, pero esta vez sin indios ni negros. Los pies de cría son los retoños de la oligarquía y los infaltables europeos y gringos.
El fascismo de ahora
Por: Jorge Gómez Barata
El fascismo no es una ideología sino una degeneración ideológica, sostenida no por una clase social sino mediante alianzas entre fuerzas que operan en los márgenes del sistema y que, lejos de ser portadoras de propuestas democráticas, aspiran a instalar su dictadura. El fascismo es tan refractario y hostil al marxismo como al liberalismo, incluso al cristianismo. El fascismo es sólo eso.
Sostener que Bolivia es “un país inviable” califica como el exabrupto más reaccionario del pensamiento político latinoamericano. Un absurdo históricamente insostenible porque alude a exitosas civilizaciones precolombinas, una expresión de la incapacidad de los operadores del sistema político para encontrar modelos de desarrollo que den respuesta a las realidades presentes.
Semejante bazofia, formada por una mezcla de geopolítica fascista con sociología al estilo nazi y oportunismo de la peor factura, propone que la indiada, es decir los pueblos originarios, no tienen derecho a existir ni a convivir con la civilización y deben ser excluidos.
Esas ideas que, desde hace algunos años circulan en Sudamérica, si bien son repudiadas, también son acogidas en calidad de respetables experticias por diarios y revistas que, además de a Bolivia, incluyen a Perú y Guatemala, países con fuerte presencia indígena a los que consideran: “Espacios geográficos…en los que se han formado conglomerados localistas, recelosos y resistentes a la integración con las culturas occidental…”El postulado admite que se trata de países y de repúblicas, “aunque no de naciones”.
“... ¿Qué opción de desarrollo tienen los 10 millones de habitantes de los Andes sobre los 3,500 metros de altitud? -Se pregunta uno de los ponentes de semejantes tesis -El mismo responde: “Muy pocas. En la Era Postindustrial o del Conocimiento, la razón, el juicio crítico, el debate y la proclividad al cambio no son precisamente atributos de los cuales se hayan nutrido los pueblos originarios, educados para obedecer, no para pensar...”
Hay todavía mentalidades más retrógradas que por razones más o menos parecidas y por la fatalista creencia de que las deformaciones estructurales gestadas en más de 500 años de ocupación y saqueo se han enquistado de tal modo que resultan inamovibles, hacen extensivo semejante criterio a más de 100 países subdesarrollados. Según este punto de vista, la aspiración al desarrollo es una esquiva e inalcanzable quimera.
En una repugnante analogía, hay autores que se refieren a estos países como entidades que saltaron edades, comparándolas con la inexistente e imposible condición de seres humanos que hubieran pasado de la niñez a la decrepitud, para los cuales no existen opciones. Semejante punto de vista no escatima los meritos de las culturas originales de América y Africa, aunque asume que el azar les hizo perder sus oportunidades. En la historia natural, a una especie sin capacidad de evolucionar y adaptarse, le espera únicamente la muerte. Así de sencillo.
Esta lógica se afirma en el hecho de que en 500 años ningún país de Iberoamerica, ni siquiera los súper dotados como Brasil, México y Argentina lograron salir del subdesarrollo y que tampoco lo lograron India y China. En cualquier caso se estima que estas naciones jamás podrán alcanzar los niveles de consumo logrados por los países desarrollados.
Según se afirma, los países tercermundistas, incapaces de detener el crecimiento de la población, al intentar avanzar hacia la intensidad tecnológica, tampoco pueden generar empleos en cantidades suficientes. La opción de que con altos niveles de productividad, una parte de la sociedad produzca bienes materiales para el resto, les parece impracticable porque se trata de unos 5000 millones de personas.
Lo que estos “pensadores” y los políticos reaccionarios que asumen como validas sus degeneradas elucubraciones, no pueden evitar es que, a pesar de la ignorancia y la exclusión, la pobreza y la marginación, como por ósmosis, esos pueblos absorban elementos de la cultura, se desarrollen políticamente, destaquen a sus lideres y se rebelen, volviéndose ingobernables, tal como ocurre en la Bolivia preterida.
El peligro, de un racismo inverso, idea echada a rodar por los mismos que sostienen tales preceptos y la advertencia de que los pueblos originarios traman una venganza étnica que consumarían cuando tomaran el poder y en Africa y América Latina reconstruyeran los imperios precolombinos, forman parte del mismo paquete ideológico y, más que infantil, es criminal.
Todavía la izquierda latinoamericana tradicional que no logra desprenderse de las prótesis ideológicas suministradas por el occidente desarrollado, no ha adquirido conciencia del alcance del desafío y suele asumir el fascismo como una referencia histórica relacionada con Hitler, los judíos y el holocausto, exactamente como algo que les ocurrió a otros hace mucho tiempo y que por demencial, jamás volverá a ocurrir. Estamos advertidos.
Por: Jorge Gómez Barata
En un debate acerca de si el fascismo era o no repetible sostuve que no, aunque admití que podían surgir otras corrientes reaccionarias. Entonces acoté que ello ocurriría únicamente si, como sucedió en la década del treinta en Europa, tales aberraciones ideológicas fueran adoptadas por grandes potencias. Me equivoque, el atraso y la ignorancia pueden engendrar un fascismo rústico.
En América Latina tal engendro resulta del trasvase del poder de las metrópolis coloniales a las oligarquías criollas, fenómeno que consagró las deformaciones estructurales ligadas al régimen de tenencia y explotación de la tierra y del modelo agroexportador que, en conjunto, dieron lugar a un modo de producción arcaico e ineficaz, conocido como subdesarrollo.
Para la opinión pública internacional, manipulada por las transnacionales de la información, las actuales tensiones políticas en Bolivia, son parte de las pugnas por el poder que caracterizan la historia latinoamericana. Esta vez no es así. Se trata de un proyecto reaccionario que, con un enfoque racista y oportunista, cuestiona medio milenio de historia e intenta deshacer lo hecho, no para rectificar y mejorar, sino para hacer: “Borrón y cuenta nueva”.
No se trata ahora de la critica de los liberales, los nacionalistas y los socialistas que desde hace siglo y medio denuncian el carácter injusto, arbitrario y arcaico del sistema político encabezado por las oligarquías nativas, sino de un enfoque ideológico que cuestiona el derecho a la igualdad e incluso a la existencia de los pueblos originarios sobrevivientes. La idea de que Bolivia es un Estado inviable que no tiene derecho a existir es fascista y primitiva.
Los primeros gobiernos de la oligarquía latinoamericana estuvieron formados por criollos sobrevivientes de las luchas por la independencia, en las que adquirieron formación militar y dotes para el mando, aunque no experiencia política, educación republicana ni habilidades diplomáticas. Los primeros gobernantes, que recibieron las republicas como un botín, no aprendieron a lidiar con la oposición ni trabajar con ella en el diseño de políticas, opciones y modelos apropiados a nuestras realidades. Para aquellos caudillos la tolerancia era un defecto.
Dado su origen, la coyuntura y su formación, no resulta extraño que los líderes de nuestras primeras republicas sucumbieran a la tentación de abusar del poder, a los efectos corruptores del dinero, a la influencia del capital externo, a los empréstitos, las dadivas y las manipulaciones de las potencias para enfrentarlos unos a otros. Sin instituciones apropiadas, aliados honestos ni consejos de buena fe, optaron por las prácticas autoritarias, la violencia y la represión política.
Para los dictadores latinoamericanos de primera generación: de Santa Ana a Strossner, los críticos eran opositores y los opositores enemigos, no sólo del Estado y de la Patria, sino también de la familia y de Dios. Naturalmente, hubo excepciones y matices: déspotas ilustrados, genuinos populistas que apostaron por una especie de autoritarismo compasivo, llamado también paternalismo y no faltaron los demagogos.
En aquellos procesos que no fueron simples ni lineales, en todas las épocas y países, del seno de la intelectualidad liberal, la juventud ilustrada, los claustros académicos, los liderazgos obreros, incluso desde la oficialidad joven y el clero de base, se gestaron y florecieron ideas patrióticas, se preservó el pensamiento de los próceres y se acogieron las ideas más avanzadas, entre ellas el liberalismo, el marxismo y la socialdemocracia.
Como parte de aquella confusa historia, todavía presente en ciertos países, en la excepcional coyuntura histórica en que confluyeron el derrumbe del sistema colonial, el triunfo de la Revolución Cubana, la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos y la insurgencia latinoamericana, con la asesoría y bajo la influencia ideológica del imperialismo, en los grandes países de Sudamérica que habían librado frecuentes guerras y en los que se incubaron fuertes tendencias militaristas como Chile, Argentina, Brasil y Uruguay, surgió una segunda generación de dictadores.
Las dictaduras de segunda generación se diferenciaban de las primeras, no por su salvajismo y criminalidad, sino por la perspectiva ideológica y la justificación doctrinaria que dieron a sus actos, fundados ahora en criterios geopolíticos, doctrinas de seguridad nacional, fronteras ideológicas y sobre todo, un anticomunismo visceral y un odio infinito a la Revolución Cubana, argumentos con los que justificaban sus acciones concertadas y sus modos primitivos y salvajes de ejercer el poder político que, de hecho, constituían un fascismo rustico.
Las dictaduras del cono sur convirtieron la represión en razón de Estado y estilo de gobierno, se colocaron por encima de la sociedad y de la ley y, para evadir todo escrutinio, introdujeron la figura de los desaparecidos. No se trataba de confrontar la oposición, sino de erradicarla. En algo más de dos décadas, bajo las dictaduras, Sudamérica perdió a toda una generación de luchadores y reformadores sociales.
A la suma bicentenaria de represión, prisiones, torturas, asesinatos y exilios, se suma ahora el racismo y la xenofobia que. Lo que ocurre hoy en Bolivia es una continuación de las peores tendencias del fascismo criollo, que recién acaba de descubrir que no vale la pena perder el tiempo tratando de enmendar la historia ni cambiar realidades, sino que es preferible comenzar desde cero, pero esta vez sin indios ni negros. Los pies de cría son los retoños de la oligarquía y los infaltables europeos y gringos.
El fascismo de ahora
Por: Jorge Gómez Barata
El fascismo no es una ideología sino una degeneración ideológica, sostenida no por una clase social sino mediante alianzas entre fuerzas que operan en los márgenes del sistema y que, lejos de ser portadoras de propuestas democráticas, aspiran a instalar su dictadura. El fascismo es tan refractario y hostil al marxismo como al liberalismo, incluso al cristianismo. El fascismo es sólo eso.
Sostener que Bolivia es “un país inviable” califica como el exabrupto más reaccionario del pensamiento político latinoamericano. Un absurdo históricamente insostenible porque alude a exitosas civilizaciones precolombinas, una expresión de la incapacidad de los operadores del sistema político para encontrar modelos de desarrollo que den respuesta a las realidades presentes.
Semejante bazofia, formada por una mezcla de geopolítica fascista con sociología al estilo nazi y oportunismo de la peor factura, propone que la indiada, es decir los pueblos originarios, no tienen derecho a existir ni a convivir con la civilización y deben ser excluidos.
Esas ideas que, desde hace algunos años circulan en Sudamérica, si bien son repudiadas, también son acogidas en calidad de respetables experticias por diarios y revistas que, además de a Bolivia, incluyen a Perú y Guatemala, países con fuerte presencia indígena a los que consideran: “Espacios geográficos…en los que se han formado conglomerados localistas, recelosos y resistentes a la integración con las culturas occidental…”El postulado admite que se trata de países y de repúblicas, “aunque no de naciones”.
“... ¿Qué opción de desarrollo tienen los 10 millones de habitantes de los Andes sobre los 3,500 metros de altitud? -Se pregunta uno de los ponentes de semejantes tesis -El mismo responde: “Muy pocas. En la Era Postindustrial o del Conocimiento, la razón, el juicio crítico, el debate y la proclividad al cambio no son precisamente atributos de los cuales se hayan nutrido los pueblos originarios, educados para obedecer, no para pensar...”
Hay todavía mentalidades más retrógradas que por razones más o menos parecidas y por la fatalista creencia de que las deformaciones estructurales gestadas en más de 500 años de ocupación y saqueo se han enquistado de tal modo que resultan inamovibles, hacen extensivo semejante criterio a más de 100 países subdesarrollados. Según este punto de vista, la aspiración al desarrollo es una esquiva e inalcanzable quimera.
En una repugnante analogía, hay autores que se refieren a estos países como entidades que saltaron edades, comparándolas con la inexistente e imposible condición de seres humanos que hubieran pasado de la niñez a la decrepitud, para los cuales no existen opciones. Semejante punto de vista no escatima los meritos de las culturas originales de América y Africa, aunque asume que el azar les hizo perder sus oportunidades. En la historia natural, a una especie sin capacidad de evolucionar y adaptarse, le espera únicamente la muerte. Así de sencillo.
Esta lógica se afirma en el hecho de que en 500 años ningún país de Iberoamerica, ni siquiera los súper dotados como Brasil, México y Argentina lograron salir del subdesarrollo y que tampoco lo lograron India y China. En cualquier caso se estima que estas naciones jamás podrán alcanzar los niveles de consumo logrados por los países desarrollados.
Según se afirma, los países tercermundistas, incapaces de detener el crecimiento de la población, al intentar avanzar hacia la intensidad tecnológica, tampoco pueden generar empleos en cantidades suficientes. La opción de que con altos niveles de productividad, una parte de la sociedad produzca bienes materiales para el resto, les parece impracticable porque se trata de unos 5000 millones de personas.
Lo que estos “pensadores” y los políticos reaccionarios que asumen como validas sus degeneradas elucubraciones, no pueden evitar es que, a pesar de la ignorancia y la exclusión, la pobreza y la marginación, como por ósmosis, esos pueblos absorban elementos de la cultura, se desarrollen políticamente, destaquen a sus lideres y se rebelen, volviéndose ingobernables, tal como ocurre en la Bolivia preterida.
El peligro, de un racismo inverso, idea echada a rodar por los mismos que sostienen tales preceptos y la advertencia de que los pueblos originarios traman una venganza étnica que consumarían cuando tomaran el poder y en Africa y América Latina reconstruyeran los imperios precolombinos, forman parte del mismo paquete ideológico y, más que infantil, es criminal.
Todavía la izquierda latinoamericana tradicional que no logra desprenderse de las prótesis ideológicas suministradas por el occidente desarrollado, no ha adquirido conciencia del alcance del desafío y suele asumir el fascismo como una referencia histórica relacionada con Hitler, los judíos y el holocausto, exactamente como algo que les ocurrió a otros hace mucho tiempo y que por demencial, jamás volverá a ocurrir. Estamos advertidos.
6/27/2008
DEPREDADORES EMPRESARIALES: REPSOL YPF LA PESADILLA DE BOLIVIA
Los malabarismos de Repsol YPF
Marc Gavaldà
La multinacional Repsol YPF no atraviesa sus mejores momentos, a pesar del alto precio del crudo. Pero mucho peores son las consecuencias para los países donde opera.
A pesar de las reservas declinantes en muchos de sus campos, el presidente de Repsol YPF, Antoni Brufau, en ningún momento escondió su sonrisa en la reciente junta de accionistas. Incluso cuando dos representantes de Intermón Oxfam exigieron a Brufau que su empresa cumpla los tratados internacionales y respete el derecho de los pueblos indígenas a pronunciarse sobre los proyectos que afecten a sus tierras. El mismo Brufau también sonreía días antes, cuando en una abarrotada plaza Murillo de La Paz, el presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmaba que "Repsol es una empresa responsable". El abrazo sellaba "una noche de amanecida en las negociaciones". Ahora dos países "con sus respectivas empresas (sic) trabajarían juntas". Se había consumado el traspaso de 1% de las acciones de Andina para que Bolivia tenga el control de la filial de la empresa de capital español y norteamericano Repsol YPF. Capitulaba así la pesadilla boliviana para Repsol. Con la renovación y firma de todos los contratos por el Congreso, la compañía y su presidente pueden dormir tranquilos. Atrás quedaban, entre otros, los delitos de contrabando de millones de barriles por los que fueron apresados dos directivos de Repsol en 2006, la muerte de una familia de pescadores en el pozo Surubi o las auditorías practicadas a diez compañías, entre ellas Repsol y Andina, en las que se demuestra técnica y económicamente que estafaron a Bolivia.
¿Un buen año para Repsol?
No fue mal año de negocios. La empresa presumió en la junta de un beneficio neto de 1.212 millones de euros en el primer trimestre del año, un 36,5% más que en 2007, debido al incremento del precio del crudo y a la buena marcha de la filial argentina YPF, de la cual vienen más de la mitad de sus beneficios. La caída del dólar ha reducido estos números. Según la empresa, si presentara sus cuentas en dólares, el beneficio neto del grupo crecería un 62%.
Sobre el terreno, Repsol mantiene el control de 359 bloques con una superficie neta de 354.480 km2. De estos, 109 están en Argentina, 79 en EE UU y se adjudicó 71 bloques en las costas de Alaska asociada a Shell y ENI. A principios de año, consiguió 93 bloques más en el mar de Chukchi, beneficiado por la apertura que ha hecho Bush de la exploración petrolera en el Círculo Ártico. En cuanto a sus reservas, el último año, Repsol se anotó nuevos megayacimientos en Libia, en asociación con NOC, la compañía estatal ; en aguas profundas de Brasil, asociado con Petrobras ; y en Bolivia y en Perú. Además de la entrada en producción del megacampo Genghis Khan, en aguas profundas del golfo de México estadounidense. A pesar de estos logros, sus reservas probadas en los últimos años han pasado de 3.485.275 barriles a 1.400.000 barriles, menos de la mitad.
¿Un buen año para los países donde opera?
Las reservas mundiales describen un comportamiento declinante en la mayoría de los pozos. Repsol YPF es una de estas empresas que se ven apretadas por una demanda creciente que tiene que atender, especialmente en los países donde, a través de la privatización de sus empresas, ha capturado en el monopolio a millones de personas, reducidas a la condición de consumidores cautivos.
Argentina sufre una enquistada crisis energética que provoca cada invierno desabastecimiento y que obliga incluso a cerrar industrias en determinados períodos. El megayacimiento de Loma de la Lata -conocido por sus pasivos ambientales que han intoxicado a la población- ha registrado una acelerada declinación, como la mayoría de campos en las provincias de Neuquén y Mendoza.
El diésel también ha escaseado en Argentina y Bolivia, poniendo en juego la producción agrícola, mientras Repsol exporta el crudo y el gas de estos países para venderlo a precio internacional. La estrategia de la compañía de exportar mucho y explorar poco ha provocado la caída de las reservas en pocos años.
Algunos autores describen este comportamiento como “vampirización de la economía “ : no sólo succionan los recursos naturales trasladando a los Estados los importantes pasivos ambientales, también venden caro estos recursos a sus antiguos dueños parasitando su débil economía. Argentinos y bolivianos también han sido decepcionados por la anunciada “argentinización “ y “nacionalización “ de sus respectivas empresas estatales, privatizadas la pasada década. En el primer caso, Repsol vendió un 14% de YPF al grupo Petersen, supuestamente argentino, aunque el grupo tiene capitales españoles. En Bolivia, la “nacionalización “ de sus antiguas empresas estatales sólo ha consistido en un contrato de traspaso de acciones firmado entre YPFB, que tendrá el 51%, y Repsol YPF, que compartirá la administración de Andina. En las regiones petroleras, los anhelos de recuperación de los recursos han movilizado de nuevo a la población, tras dos años de expectativas.
En Camiri, antigua capital petrolera de Bolivia, una pueblada obligó al Gobierno a negociar el pasado marzo, después de una violenta represión, la entrega de un pequeño campo de Andina al pueblo de Camiri. Ello constituyó la primera expropiación auténtica que realiza Bolivia a una empresa petrolera desde la nacionalización de la Gulf Oil en 1969.
La indignación por sus políticas ambientales se han visibilizado este año con el vertido y ocultación de miles de barriles de crudo en el Parque Nacional Yasuní (Ecuador), el derrame de fenoles cancerígenos en el río Francolí o las denuncias de contaminación del agua de red en Añelo (Argentina).
Marc Gavaldà
La multinacional Repsol YPF no atraviesa sus mejores momentos, a pesar del alto precio del crudo. Pero mucho peores son las consecuencias para los países donde opera.
A pesar de las reservas declinantes en muchos de sus campos, el presidente de Repsol YPF, Antoni Brufau, en ningún momento escondió su sonrisa en la reciente junta de accionistas. Incluso cuando dos representantes de Intermón Oxfam exigieron a Brufau que su empresa cumpla los tratados internacionales y respete el derecho de los pueblos indígenas a pronunciarse sobre los proyectos que afecten a sus tierras. El mismo Brufau también sonreía días antes, cuando en una abarrotada plaza Murillo de La Paz, el presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmaba que "Repsol es una empresa responsable". El abrazo sellaba "una noche de amanecida en las negociaciones". Ahora dos países "con sus respectivas empresas (sic) trabajarían juntas". Se había consumado el traspaso de 1% de las acciones de Andina para que Bolivia tenga el control de la filial de la empresa de capital español y norteamericano Repsol YPF. Capitulaba así la pesadilla boliviana para Repsol. Con la renovación y firma de todos los contratos por el Congreso, la compañía y su presidente pueden dormir tranquilos. Atrás quedaban, entre otros, los delitos de contrabando de millones de barriles por los que fueron apresados dos directivos de Repsol en 2006, la muerte de una familia de pescadores en el pozo Surubi o las auditorías practicadas a diez compañías, entre ellas Repsol y Andina, en las que se demuestra técnica y económicamente que estafaron a Bolivia.
¿Un buen año para Repsol?
No fue mal año de negocios. La empresa presumió en la junta de un beneficio neto de 1.212 millones de euros en el primer trimestre del año, un 36,5% más que en 2007, debido al incremento del precio del crudo y a la buena marcha de la filial argentina YPF, de la cual vienen más de la mitad de sus beneficios. La caída del dólar ha reducido estos números. Según la empresa, si presentara sus cuentas en dólares, el beneficio neto del grupo crecería un 62%.
Sobre el terreno, Repsol mantiene el control de 359 bloques con una superficie neta de 354.480 km2. De estos, 109 están en Argentina, 79 en EE UU y se adjudicó 71 bloques en las costas de Alaska asociada a Shell y ENI. A principios de año, consiguió 93 bloques más en el mar de Chukchi, beneficiado por la apertura que ha hecho Bush de la exploración petrolera en el Círculo Ártico. En cuanto a sus reservas, el último año, Repsol se anotó nuevos megayacimientos en Libia, en asociación con NOC, la compañía estatal ; en aguas profundas de Brasil, asociado con Petrobras ; y en Bolivia y en Perú. Además de la entrada en producción del megacampo Genghis Khan, en aguas profundas del golfo de México estadounidense. A pesar de estos logros, sus reservas probadas en los últimos años han pasado de 3.485.275 barriles a 1.400.000 barriles, menos de la mitad.
¿Un buen año para los países donde opera?
Las reservas mundiales describen un comportamiento declinante en la mayoría de los pozos. Repsol YPF es una de estas empresas que se ven apretadas por una demanda creciente que tiene que atender, especialmente en los países donde, a través de la privatización de sus empresas, ha capturado en el monopolio a millones de personas, reducidas a la condición de consumidores cautivos.
Argentina sufre una enquistada crisis energética que provoca cada invierno desabastecimiento y que obliga incluso a cerrar industrias en determinados períodos. El megayacimiento de Loma de la Lata -conocido por sus pasivos ambientales que han intoxicado a la población- ha registrado una acelerada declinación, como la mayoría de campos en las provincias de Neuquén y Mendoza.
El diésel también ha escaseado en Argentina y Bolivia, poniendo en juego la producción agrícola, mientras Repsol exporta el crudo y el gas de estos países para venderlo a precio internacional. La estrategia de la compañía de exportar mucho y explorar poco ha provocado la caída de las reservas en pocos años.
Algunos autores describen este comportamiento como “vampirización de la economía “ : no sólo succionan los recursos naturales trasladando a los Estados los importantes pasivos ambientales, también venden caro estos recursos a sus antiguos dueños parasitando su débil economía. Argentinos y bolivianos también han sido decepcionados por la anunciada “argentinización “ y “nacionalización “ de sus respectivas empresas estatales, privatizadas la pasada década. En el primer caso, Repsol vendió un 14% de YPF al grupo Petersen, supuestamente argentino, aunque el grupo tiene capitales españoles. En Bolivia, la “nacionalización “ de sus antiguas empresas estatales sólo ha consistido en un contrato de traspaso de acciones firmado entre YPFB, que tendrá el 51%, y Repsol YPF, que compartirá la administración de Andina. En las regiones petroleras, los anhelos de recuperación de los recursos han movilizado de nuevo a la población, tras dos años de expectativas.
En Camiri, antigua capital petrolera de Bolivia, una pueblada obligó al Gobierno a negociar el pasado marzo, después de una violenta represión, la entrega de un pequeño campo de Andina al pueblo de Camiri. Ello constituyó la primera expropiación auténtica que realiza Bolivia a una empresa petrolera desde la nacionalización de la Gulf Oil en 1969.
La indignación por sus políticas ambientales se han visibilizado este año con el vertido y ocultación de miles de barriles de crudo en el Parque Nacional Yasuní (Ecuador), el derrame de fenoles cancerígenos en el río Francolí o las denuncias de contaminación del agua de red en Añelo (Argentina).
6/25/2008
DEPREDADORES EMPRESARIALES: TRANSNACIONALES PETROLERAS COMPRAN PROTECCION DE MERCENARIOS MILITARES
Ecuador: petróleo y corporación militar terrorista
Agneta Enström
25 de junio de 2008
Cuando las petroleras transnacionales realizan trabajos en América Latina, a menudo requieren de la protección de las FFAA y de fuerzas de seguridad privadas. Las compañías petroleras utilizan sistemáticamente a los militares para erradicar la resistencia popular. Esta va encaminada a denunciar la explotación petrolera llevada a cabo sin permisos legales, como es el caso de la compañía sueca Skanska, en reservas naturales y territorios indígenas.
Para mantener un control sobre la población local que lucha por su cultura y su entorno, las compañías petroleras a menudo ofrecen trabajo a las fuerzas de seguridad privadas y a una estratégica militarización alrededor de los campos petroleros. La militarización de los campos petroleros tiene enormes consecuencias en el terreno social, que incluyen violaciones a DDHH, asesinatos, abusos de mujeres e institucionalización de la prostitución.
Las regiones amazónicas en países como Ecuador, Perú y Bolivia, en las cuales Skanska está extrayendo crudo, se caracterizan por el terror militar ante la población local. Según la red internacional Oilwatch, el papel de las FFAA en estos países petroleros es directamente controlado por la industria del petróleo a través de contratos especiales. Proteger a las compañías petroleras ante la población local es la principal tarea de las FFAA. A cambio de esta protección las compañías financian operaciones militares.
A parte de estar protegidos por las fuerzas armadas, las compañías también contratan a servicios de seguridad privada. Según el directivo de Skanska en la región amazónica de Ecuador, Milton Díaz, tanto los militares como la seguridad privada son esenciales para llevar a cabo operaciones en áreas políticamente inestables. “De hecho, no podríamos hacer negocios aquí sin la protección de los militares”, afirma Díaz en una entrevista con la agencia de comunicación sueca Yelah, que lleva investigando las operaciones de Skanska desde el año 2005.
Ecuador- República petrolera militarizada
Ecuador es la república petrolera en la que en enero del 2006 se estableció un consejo de seguridad especial denominado (GESPETRO - Grupo Especial de Seguridad Petrolera) que recae en la seguridad de las compañías petroleras que trabajan en el país. Estos acuerdos incluyen a compañías como Repsol-YPF y Petrobras, las cuales son clientes de Skanska.
Los contratos, que fueron negociados en secreto, incluyen estipulaciones tales como que las compañías deben proveer a los militares combustible, infraestructura, comida, cuarteles y emergencias médicas a cambio de su protección. Igualmente, las compañías están obligadas por contrato a informar a los militares (vía apoyo-USA base Selva N: 19 Napo) de los proyectos y programas comunitarios a través de los cuales “apoyan” a la población civil. Los contratos significan para el estado una manera de tener controlada a la población. La diferencia entre un área militar y una propiedad privada petrolera es algo ambigua, ya que las FFAA a menudo utilizan las instalaciones petroleras como centros de detención de la población civil.
Skanska ha devenido notoria en Ecuador por sus operaciones en colaboración con la compañía petrolera Repsol -YPF en el Parque Nacional Yasuní, en territorio indígena Huaorani. En este campo petrolero llamado Bloque 16, en el corazón de la selva tropical, esta controvertida explotación petrolera solo puede llevarse a cabo a través del uso de la fuerza militar para quebrar la resistencia de las comunidades indígenas.
Repsol-YPF tiene un contrato especial para el Bloque 16, con el fin de protegerse contra los “elementos subversivos” entre los cuales encontramos a los pueblos indígenas y la población campesina. Según Oilwatch y la organización ecuatoriana Acción Ecológica, este contrato no es solo ilegal sino que constituye una amenaza para el pueblo Huaorani, en el momento que le concede a la compañía “el derecho” a dar órdenes a los militares respecto cualquier instrucción o acción que sea necesaria y establece responsabilidades en relación con las comunidades indígenas.
El abogado Bolívar Beltrán, de la Fundación Liana, explica que el contrato viola el Capítulo V de la Constitución de Ecuador, así como también la convención de los derechos de los pueblos indígenas de NNUU (OIT:169)
Repsol- YPF tiene un controvertido contrato que también afecta a sus socios petroleros, como Sanska, obligándoles a ejecutar y a desempeñar las órdenes de la compañía y sus directrices. Esto, inevitablemente, hace que la relación entre ética y negocios, que Skanska contribuye a mantener, sea una práctica muy problemática. La “noble y premiada” Skanska, en su Código de Conducta, cuyo conocimiento ha llevado a las comunidades en las que opera, se destaca como un deliberado concepto vacío de sentido que promueve una imagen social de responsabilidad.
Cuando Hanna Dahlström, licenciada en Ciencias políticas, y yo nos encontramos con Alicia Cahuiya de la organización de mujeres huaorani (AMWAE), ella nos relató que la tierra que pertenece a los pueblos indígenas en el Yasuní y alrededor del bloque 16 está totalmente ocupada por los campos petroleros y los militares. “cada paso que damos es vigilado y si protestamos, Repsol envía a los militares contra nosotros” dice Cahuiya. “Si no obedecemos, ellos nos amenazan o nos pegan. Ha habido casos en los que los militares han matado gente huaorani y han echado sus cuerpos al río”.
Nadie, excepto los Huaoranis, cuyo territorio incluye la tierra donde se está explotando petróleo, puede pasar los controles militares sin el permiso de la compañía. Este hecho previene a las organizaciones de DDHH y a veces a las autoridades provinciales a investigar bajo qué condiciones los pueblos indígenas están forzados a vivir frente a los campos petroleros. Constantemente los Huaorani claman ayuda e informan sobre las injusticias que sufren por parte de las compañías y de los militares que en estos últimos años no han dado frutos, desde que los foráneos son sistemáticamente parados en los controles militares.
El antropólogo de Acción Ecológica José Proaño ha trabajado con los pueblos indígenas de la región petrolera por varios años. Nos explica que los activistas de DDHH y ecologistas a menudo son perseguidos e incluso asesinados, como fue el caso del conocido campesino-ecologista Angel Shingre en la ciudad petrolera del Coca, donde Skanska tiene su base.
“En Ecuador, aquellos que se oponen a la industria del petróleo son terrorizados hasta el punto que se les fuerza a desparecer y a dejar la lucha”, comenta Proaño. “Las regiones petroleras en la amazonía son como corporaciones colonialistas donde las FFAA son una banda más de la propia industria paramilitar”
Sin embargo, Repsol YPF no es el único cliente de Skanska que contrata protección militar. La compañía brasileña Petrobras trabaja en la amazonía ecuatoriana y es conocida por sus dudosos contratos con las Fuerzas Armadas. En otra zona del Parque Nacional Yasuní, en el llamado Bloque 31, y en la zona en la que los permisos a Petrobras y Skanska fueron revocados debido a operaciones ilegales, Petrobras mantuvo contactos secretos con los militares que todavía hoy permanecen clasificados.
La violencia como norma
Según la red Oilwatch, el uso de los militares y los paramilitares es el método común de la industria petrolera para controlar a la población local de la región amazónica. En las repúblicas petroleras de América Latina, los acuerdos de seguridad entre militares y la industria han generado una cultura del miedo en la que la gente ha sido aterrorizada y asesinada con tal que las operaciones industriales puedan continuar sin interrupciones. Con los militares como garantía contra la población local, hay cierto sentimiento de inmunidad corporativa respecto a las leyes constitucionales y los Derechos Humanos.
Para los gerentes de Skanska en la región amazónica de Ecuador, Milton Díaz y Osvaldo Contreras, resulta evidente que los trabajos de Skanska requieran de la protección de los militares y de las fuerzas de seguridad privadas. En su mundo de gas y petróleo, es completamente natural armarse contra los “incivilizados bárbaros”, usando las propias palabras de Osvaldo Contreras, para acceder a las riquezas del subsuelo del bosque tropical.
Cuando Hanna Dahlström y yo nos encontramos con los gerentes de Skanska en su campamento base en Coca, en la oleaginosa amazonía, ellos nos explicaron por qué razón no pueden llevar a cabo sus trabajos sin el uso de armas. “La gente es ligeramente atrasada” comenta Díaz refiriéndose a las comunidades indígenas. “Nunca sabes cuando los bárbaros te van a lanzar flechas desde el bosque. En Skanska, también tenemos una estricta política de seguridad. Personalmente, nunca voy desarmado en el bosque”
Milton Díaz, junto a varios trabajadores de Skanska, no ve problema en las prácticas empresariales que demandan el uso de armas ante la población civil, en este caso ante comunidades indígenas y pequeños campesinos. Para los abogados y activistas de DDHH es inaceptable esta cultura de violencia de la industria petrolera. Pablo Fajardo, el abogado que lleva el caso contra Chevron- Texaco, cree que la industria petrolera es dependiente completamente de la intervención militar y confirma los informes de la población local que en su oposición a estas actividades reciben amenazas, violencia y asesinatos prácticamente a diario. “El estado de emergencia a menudo prevalece debido al desasosiego político que proviene de las prácticas petroleras”, dice Fajardo, explicando que la región amazónica de Ecuador es considerada uno de los lugares más peligroso respecto a las violaciones de DDHH por parte de los militares y los paramilitares. Como muchos otros abogados con los que hemos hablado, Fajardo nos confirma que las compañías petroleras para las que trabaja Skanska son constantemente relacionadas con injusticias y violencia hacia la población local.
Asesinatos en Colombia
Sea como fuere, la conexión entre Skanska y las FFAA en América Latina no es nueva. Según el reportero sueco Dick Emanuelsson, Skanska fue conocida por colaborar con los militares a principios de los años ochenta cuando construía la principal base para la marina corps. colombiana en Bahia Málaga, en la costa del Pacífico. “Tropecé con esta historia por accidente en Bogotá en 1998”, comenta Emanuelsson. “Todo el negocio llevado a cabo desembocó en un escándalo menor cuando se dio a conocer que Skanska había recibido 1,5 billones de coronas suecas en créditos de garantías para la exportación por parte de la Agencia Sueca de Ayuda al Desarrollo (EKN) para construir una base militar en un país en el que se había establecido un conflicto armado durante bastante tiempo. Emanuelsson explicó como un antiguo miembro del parlamento sueco, Bo Hammar, impulsó una interpelación a debate pero en aquel entonces el presidente de la cámara, Harru Schein, defendió los créditos de ayuda con el argumento de que habían sido concedidos para que la base militar combatiera a los contrabandistas panameños.
Otro caso notorio en el que Skanska se ve involucrada en Colombia es el del proyecto de construcción de una presa en Urra en los años 90 cuando docenas de indígenas fueron asesinados, incluyendo a Kimy Pernia Domico, único líder de la tribu de los Embera. Los sangrientos sucesos de la construcción de la presa tuvo la máxima atención en Suecia cuando en el año 1999 dos trabajadores de la empresa sueca fueron secuestrados y cautivos por cinco meses por los guerrilleros de las FARC. En un comunicado, las FARC afirmaban que los suecos habían sido secuestrados “para centrar la atención del país y del mundo entero en el terrible impacto ambiental que producía la construcción de la presa, la erradicación de la fauna, la destrucción de las culturas tradicionales, forzadas a abandonar sus tierras pantanosas sin ninguna garantía de obtener nueva casa y nuevo sustento de vida e interrumpiendo su transporte fluvial usado desde tiempos prehistóricos por el pueblo Embera-Katio y los pequeños agricultores”
E incluso en Perú y en Bolivia, Skanska también trabaja bajo idénticas circunstancias. La gente está siendo asesinada, los ecosistemas destruidos, y los pueblos indígenas exterminados. En Perú, Skanska empezó sus operaciones durante el primer período de la dictadura en los años 70, cuando la compañía lideraba proyectos exorbitantes que se sumaban a la deuda nacional. A día de hoy, Skanska está involucrada en el gigantesco proyecto de gas y petróleo de Camisea (en partenariado con la escandalosamente corrupta empresa argentina Techint) en que Skanska construyó un oleoducto a través de los últimos remanentes de selva virgen que todavía quedaban en el país. Varios pueblos indígenas han perdido ya sus culturas, y muchos están perdiendo sus vidas como resultado de las desconsideradas y violentas compañías.
Hoy hay una importante resistencia local contra el pillaje y la destrucción llevada a cabo sobre toda la región amazónica y los territorios indígenas. Algunas de las redes que luchan conjuntamente con los pueblos indígenas son la internacional Oilwatch, la ecuatoriana Acción Ecológica y Survival Internacional.
Agneta Enström
Traducido por Oscar Francino
Yelah es un grupo independiente sueco de comunicación que da cobertura a al activismo y a la política alrededor del mundo. Recientemente ha estado trabajando en Ecuador, investigando a Skanska y la explotación petrolera en territorios indígenas. Contacto: nettila@hotmail.com
ENLACE A NOTA
Agneta Enström
25 de junio de 2008
Cuando las petroleras transnacionales realizan trabajos en América Latina, a menudo requieren de la protección de las FFAA y de fuerzas de seguridad privadas. Las compañías petroleras utilizan sistemáticamente a los militares para erradicar la resistencia popular. Esta va encaminada a denunciar la explotación petrolera llevada a cabo sin permisos legales, como es el caso de la compañía sueca Skanska, en reservas naturales y territorios indígenas.
Para mantener un control sobre la población local que lucha por su cultura y su entorno, las compañías petroleras a menudo ofrecen trabajo a las fuerzas de seguridad privadas y a una estratégica militarización alrededor de los campos petroleros. La militarización de los campos petroleros tiene enormes consecuencias en el terreno social, que incluyen violaciones a DDHH, asesinatos, abusos de mujeres e institucionalización de la prostitución.
Las regiones amazónicas en países como Ecuador, Perú y Bolivia, en las cuales Skanska está extrayendo crudo, se caracterizan por el terror militar ante la población local. Según la red internacional Oilwatch, el papel de las FFAA en estos países petroleros es directamente controlado por la industria del petróleo a través de contratos especiales. Proteger a las compañías petroleras ante la población local es la principal tarea de las FFAA. A cambio de esta protección las compañías financian operaciones militares.
A parte de estar protegidos por las fuerzas armadas, las compañías también contratan a servicios de seguridad privada. Según el directivo de Skanska en la región amazónica de Ecuador, Milton Díaz, tanto los militares como la seguridad privada son esenciales para llevar a cabo operaciones en áreas políticamente inestables. “De hecho, no podríamos hacer negocios aquí sin la protección de los militares”, afirma Díaz en una entrevista con la agencia de comunicación sueca Yelah, que lleva investigando las operaciones de Skanska desde el año 2005.
Ecuador- República petrolera militarizada
Ecuador es la república petrolera en la que en enero del 2006 se estableció un consejo de seguridad especial denominado (GESPETRO - Grupo Especial de Seguridad Petrolera) que recae en la seguridad de las compañías petroleras que trabajan en el país. Estos acuerdos incluyen a compañías como Repsol-YPF y Petrobras, las cuales son clientes de Skanska.
Los contratos, que fueron negociados en secreto, incluyen estipulaciones tales como que las compañías deben proveer a los militares combustible, infraestructura, comida, cuarteles y emergencias médicas a cambio de su protección. Igualmente, las compañías están obligadas por contrato a informar a los militares (vía apoyo-USA base Selva N: 19 Napo) de los proyectos y programas comunitarios a través de los cuales “apoyan” a la población civil. Los contratos significan para el estado una manera de tener controlada a la población. La diferencia entre un área militar y una propiedad privada petrolera es algo ambigua, ya que las FFAA a menudo utilizan las instalaciones petroleras como centros de detención de la población civil.
Skanska ha devenido notoria en Ecuador por sus operaciones en colaboración con la compañía petrolera Repsol -YPF en el Parque Nacional Yasuní, en territorio indígena Huaorani. En este campo petrolero llamado Bloque 16, en el corazón de la selva tropical, esta controvertida explotación petrolera solo puede llevarse a cabo a través del uso de la fuerza militar para quebrar la resistencia de las comunidades indígenas.
Repsol-YPF tiene un contrato especial para el Bloque 16, con el fin de protegerse contra los “elementos subversivos” entre los cuales encontramos a los pueblos indígenas y la población campesina. Según Oilwatch y la organización ecuatoriana Acción Ecológica, este contrato no es solo ilegal sino que constituye una amenaza para el pueblo Huaorani, en el momento que le concede a la compañía “el derecho” a dar órdenes a los militares respecto cualquier instrucción o acción que sea necesaria y establece responsabilidades en relación con las comunidades indígenas.
El abogado Bolívar Beltrán, de la Fundación Liana, explica que el contrato viola el Capítulo V de la Constitución de Ecuador, así como también la convención de los derechos de los pueblos indígenas de NNUU (OIT:169)
Repsol- YPF tiene un controvertido contrato que también afecta a sus socios petroleros, como Sanska, obligándoles a ejecutar y a desempeñar las órdenes de la compañía y sus directrices. Esto, inevitablemente, hace que la relación entre ética y negocios, que Skanska contribuye a mantener, sea una práctica muy problemática. La “noble y premiada” Skanska, en su Código de Conducta, cuyo conocimiento ha llevado a las comunidades en las que opera, se destaca como un deliberado concepto vacío de sentido que promueve una imagen social de responsabilidad.
Cuando Hanna Dahlström, licenciada en Ciencias políticas, y yo nos encontramos con Alicia Cahuiya de la organización de mujeres huaorani (AMWAE), ella nos relató que la tierra que pertenece a los pueblos indígenas en el Yasuní y alrededor del bloque 16 está totalmente ocupada por los campos petroleros y los militares. “cada paso que damos es vigilado y si protestamos, Repsol envía a los militares contra nosotros” dice Cahuiya. “Si no obedecemos, ellos nos amenazan o nos pegan. Ha habido casos en los que los militares han matado gente huaorani y han echado sus cuerpos al río”.
Nadie, excepto los Huaoranis, cuyo territorio incluye la tierra donde se está explotando petróleo, puede pasar los controles militares sin el permiso de la compañía. Este hecho previene a las organizaciones de DDHH y a veces a las autoridades provinciales a investigar bajo qué condiciones los pueblos indígenas están forzados a vivir frente a los campos petroleros. Constantemente los Huaorani claman ayuda e informan sobre las injusticias que sufren por parte de las compañías y de los militares que en estos últimos años no han dado frutos, desde que los foráneos son sistemáticamente parados en los controles militares.
El antropólogo de Acción Ecológica José Proaño ha trabajado con los pueblos indígenas de la región petrolera por varios años. Nos explica que los activistas de DDHH y ecologistas a menudo son perseguidos e incluso asesinados, como fue el caso del conocido campesino-ecologista Angel Shingre en la ciudad petrolera del Coca, donde Skanska tiene su base.
“En Ecuador, aquellos que se oponen a la industria del petróleo son terrorizados hasta el punto que se les fuerza a desparecer y a dejar la lucha”, comenta Proaño. “Las regiones petroleras en la amazonía son como corporaciones colonialistas donde las FFAA son una banda más de la propia industria paramilitar”
Sin embargo, Repsol YPF no es el único cliente de Skanska que contrata protección militar. La compañía brasileña Petrobras trabaja en la amazonía ecuatoriana y es conocida por sus dudosos contratos con las Fuerzas Armadas. En otra zona del Parque Nacional Yasuní, en el llamado Bloque 31, y en la zona en la que los permisos a Petrobras y Skanska fueron revocados debido a operaciones ilegales, Petrobras mantuvo contactos secretos con los militares que todavía hoy permanecen clasificados.
La violencia como norma
Según la red Oilwatch, el uso de los militares y los paramilitares es el método común de la industria petrolera para controlar a la población local de la región amazónica. En las repúblicas petroleras de América Latina, los acuerdos de seguridad entre militares y la industria han generado una cultura del miedo en la que la gente ha sido aterrorizada y asesinada con tal que las operaciones industriales puedan continuar sin interrupciones. Con los militares como garantía contra la población local, hay cierto sentimiento de inmunidad corporativa respecto a las leyes constitucionales y los Derechos Humanos.
Para los gerentes de Skanska en la región amazónica de Ecuador, Milton Díaz y Osvaldo Contreras, resulta evidente que los trabajos de Skanska requieran de la protección de los militares y de las fuerzas de seguridad privadas. En su mundo de gas y petróleo, es completamente natural armarse contra los “incivilizados bárbaros”, usando las propias palabras de Osvaldo Contreras, para acceder a las riquezas del subsuelo del bosque tropical.
Cuando Hanna Dahlström y yo nos encontramos con los gerentes de Skanska en su campamento base en Coca, en la oleaginosa amazonía, ellos nos explicaron por qué razón no pueden llevar a cabo sus trabajos sin el uso de armas. “La gente es ligeramente atrasada” comenta Díaz refiriéndose a las comunidades indígenas. “Nunca sabes cuando los bárbaros te van a lanzar flechas desde el bosque. En Skanska, también tenemos una estricta política de seguridad. Personalmente, nunca voy desarmado en el bosque”
Milton Díaz, junto a varios trabajadores de Skanska, no ve problema en las prácticas empresariales que demandan el uso de armas ante la población civil, en este caso ante comunidades indígenas y pequeños campesinos. Para los abogados y activistas de DDHH es inaceptable esta cultura de violencia de la industria petrolera. Pablo Fajardo, el abogado que lleva el caso contra Chevron- Texaco, cree que la industria petrolera es dependiente completamente de la intervención militar y confirma los informes de la población local que en su oposición a estas actividades reciben amenazas, violencia y asesinatos prácticamente a diario. “El estado de emergencia a menudo prevalece debido al desasosiego político que proviene de las prácticas petroleras”, dice Fajardo, explicando que la región amazónica de Ecuador es considerada uno de los lugares más peligroso respecto a las violaciones de DDHH por parte de los militares y los paramilitares. Como muchos otros abogados con los que hemos hablado, Fajardo nos confirma que las compañías petroleras para las que trabaja Skanska son constantemente relacionadas con injusticias y violencia hacia la población local.
Asesinatos en Colombia
Sea como fuere, la conexión entre Skanska y las FFAA en América Latina no es nueva. Según el reportero sueco Dick Emanuelsson, Skanska fue conocida por colaborar con los militares a principios de los años ochenta cuando construía la principal base para la marina corps. colombiana en Bahia Málaga, en la costa del Pacífico. “Tropecé con esta historia por accidente en Bogotá en 1998”, comenta Emanuelsson. “Todo el negocio llevado a cabo desembocó en un escándalo menor cuando se dio a conocer que Skanska había recibido 1,5 billones de coronas suecas en créditos de garantías para la exportación por parte de la Agencia Sueca de Ayuda al Desarrollo (EKN) para construir una base militar en un país en el que se había establecido un conflicto armado durante bastante tiempo. Emanuelsson explicó como un antiguo miembro del parlamento sueco, Bo Hammar, impulsó una interpelación a debate pero en aquel entonces el presidente de la cámara, Harru Schein, defendió los créditos de ayuda con el argumento de que habían sido concedidos para que la base militar combatiera a los contrabandistas panameños.
Otro caso notorio en el que Skanska se ve involucrada en Colombia es el del proyecto de construcción de una presa en Urra en los años 90 cuando docenas de indígenas fueron asesinados, incluyendo a Kimy Pernia Domico, único líder de la tribu de los Embera. Los sangrientos sucesos de la construcción de la presa tuvo la máxima atención en Suecia cuando en el año 1999 dos trabajadores de la empresa sueca fueron secuestrados y cautivos por cinco meses por los guerrilleros de las FARC. En un comunicado, las FARC afirmaban que los suecos habían sido secuestrados “para centrar la atención del país y del mundo entero en el terrible impacto ambiental que producía la construcción de la presa, la erradicación de la fauna, la destrucción de las culturas tradicionales, forzadas a abandonar sus tierras pantanosas sin ninguna garantía de obtener nueva casa y nuevo sustento de vida e interrumpiendo su transporte fluvial usado desde tiempos prehistóricos por el pueblo Embera-Katio y los pequeños agricultores”
E incluso en Perú y en Bolivia, Skanska también trabaja bajo idénticas circunstancias. La gente está siendo asesinada, los ecosistemas destruidos, y los pueblos indígenas exterminados. En Perú, Skanska empezó sus operaciones durante el primer período de la dictadura en los años 70, cuando la compañía lideraba proyectos exorbitantes que se sumaban a la deuda nacional. A día de hoy, Skanska está involucrada en el gigantesco proyecto de gas y petróleo de Camisea (en partenariado con la escandalosamente corrupta empresa argentina Techint) en que Skanska construyó un oleoducto a través de los últimos remanentes de selva virgen que todavía quedaban en el país. Varios pueblos indígenas han perdido ya sus culturas, y muchos están perdiendo sus vidas como resultado de las desconsideradas y violentas compañías.
Hoy hay una importante resistencia local contra el pillaje y la destrucción llevada a cabo sobre toda la región amazónica y los territorios indígenas. Algunas de las redes que luchan conjuntamente con los pueblos indígenas son la internacional Oilwatch, la ecuatoriana Acción Ecológica y Survival Internacional.
Agneta Enström
Traducido por Oscar Francino
Yelah es un grupo independiente sueco de comunicación que da cobertura a al activismo y a la política alrededor del mundo. Recientemente ha estado trabajando en Ecuador, investigando a Skanska y la explotación petrolera en territorios indígenas. Contacto: nettila@hotmail.com
ENLACE A NOTA
6/24/2008
OLOR A GUERRA EN CHIAPAS
El olfato del Subcomandante
Eugenia Gutiérrez
¿A qué huele la guerra? ¿Cuánto duele su olor? Ha pasado medio año desde que cerca de veinte humanistas de varios países se reunieron en la Universidad de la Tierra en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Respondían a una convocatoria de la Comisión Sexta del EZLN, la revista Contrahistorias y el CIDECI y participaban en un coloquio en memoria de un gran hombre: Andrés Aubry. Cuando el coloquio estaba a punto de terminar tomó la palabra el Subcomandante Insurgente Marcos para decir: “Quienes hemos hecho la guerra sabemos reconocer los caminos por los que se prepara y acerca. Las señales de la guerra en el horizonte son claras. La guerra, como el miedo, también tiene olor. Y ahora se empieza ya a respirar su fétido olor en nuestras tierras” (16 de diciembre, 2007).
Para entonces, las Juntas de Buen Gobierno (JBG) de los cinco Caracoles zapatistas llevaban meses denunciando un reguero de agresiones contra comunidades donde viven miles de hombres y mujeres Bases de Apoyo Zapatistas. Las JBG ya nos habían informado con claridad que los gobiernos federal, estatal y locales estaban recrudeciendo la batalla para despojar al zapatismo de los territorios que recuperó en 1994, durante aquellos días en que tantos murieron luchando. Las denuncias de las JBG eran continuas, cerca de cuarenta tan sólo para 2007. Sin embargo, la advertencia hecha desde la paz de un coloquio resultó estremecedora. No hablaba un intelectual progresista que advierte, honesto, lo que es la guerra. Hablaba el guerrero que lo sabe. Su voz no invitaba a contemplar cicatrices. Iba a lo más hondo y sonaba cruda y profunda, como cuando alguien te coloca sobre una herida para que la veas tal cual es: abierta y sangrante.
Durante 2007 se llevaron a cabo tres grandes encuentros de pueblos zapatistas con pueblos de México y del mundo. Miles de personas de países diversos pudimos escuchar en los Caracoles la historia del zapatismo contada por quienes la han escrito. Sabemos desde entonces que ahora, en la autonomía y a pesar de la constante presión militar, las comunidades en resistencia de Chiapas tienen proyectos de salud que priorizan la dignidad humana y que en varios lugares se han construido clínicas de medicina general y de especialidades, acondicionadas algunas para realizar cirugías o transportar pacientes en ambulancias. Sabemos también que la juventud zapatista cuenta con proyectos de educación autónoma que abarcan desde nivel básico hasta bachillerato, incluidos los Centros Culturales de Educación Tecnológica Autónoma Zapatista (CCETAZ), o que las muchachas y los jóvenes estudiarán ciencias y humanidades cuando echen a andar su universidad, ésa que ya planean. Sabemos porque nos lo contaron y porque lo vimos que no está permitido el consumo de alcohol, en respuesta a una exigencia de las mujeres; que las comunidades zapatistas, sin recibir un centavo de ningún gobierno, cuentan con medios de transporte, bodegas de almacenamiento de granos, prácticas de comercio justo, cooperativas de pan, ganado, bordados y pollos, talleres de herbolaria y medicina tradicional, sensibilidad que reconoce lo que falta, entusiasmo para conseguirlo, radios comunitarias, viveros, campañas de vacunación y prevención de enfermedades, sistemas de impartición de justicia que buscan ser justos, comedores autónomos, oficinas de comunicación, bibliotecas.
Y sabemos, como quien distingue el agua del fuego, que en las comunidades zapatistas no se siembra droga.
Hace unos días, cerca de doscientos elementos del ejército federal y la policía estatal de Chiapas irrumpieron en comunidades del Caracol de La Garrucha, llamado “Resistencia Hacia un Nuevo Amanecer”. De acuerdo a la denuncia hecha por la JBG “El Camino del Futuro”, el miércoles 4 de junio de 2008 llegó hasta las puertas del Caracol un convoy formado por “2 carros grandes de soldado y 3 carros chicos de soldado y 2 carros de seguridad pública, 2 carros de policía municipal y una tanqueta y un carro de PGR”, al que poquito después se unió otro convoy proveniente de Patihuitz. Los habitantes del Caracol los rechazaron. Los militares les tomaron fotografías y video. Decidieron rodear el Caracol y anduvieron el camino que lleva a las milpas para dirigirse a la comunidad Hermenegildo Galeana. Según señala la JBG, los militares llevaban el rostro pintado para combate y los guiaba un policía municipal de Ocosingo llamado Feliciano Román Ruiz. A medio camino se toparon con la población civil, hombres, mujeres y niños que los rechazaron a gritos. Los soldados respondieron: “Venimos aquí porque sabemos que hay marihuana y vamos a pasar a huevos”. Entonces el pueblo zapatista recurrió a piedras, resorteras, hondas, machetes y todo lo que encontró para rechazarlos. Al no poder pasar, los militares respondieron: “esta vez no vamos a pasar, pero regresamos en 15 días y eso sí a huevos vamos a pasar”. Luego se movieron hasta la comunidad de San Alejandro. En su camino los soldados “dejaron pisoteado el sembradillo de maíz, que es único alimento del pueblo para vivir”. La comunidad de San Alejandro también los rechazó con lo que pudo y el convoy optó por retirarse.
En este Caracol se han redactado varias páginas de la Otra Campaña, pues fue aquí donde se realizó la primera reunión plenaria (septiembre 2005) y donde inició su recorrido la Comisión Sexta (enero 2006). Además, aquí se llevó a cabo el encuentro “La Comandanta Ramona y las Zapatistas” (diciembre 2007). Este Caracol vive hoy amenazado de incursión militar bajo la acusación de que en su tierra se siembra marihuana. Y no es desconfianza sino memoria: cuando el Aguascalientes que hospedó a la Convención Nacional Democrática en 1994 se volvió emblemático, el gobierno optó por destruirlo y establecer sobre sus restos una enorme base de operaciones militares. La comunidad cercana de Guadalupe Tepeyac fue severamente castigada y conoció el dolor del exilio. El ejército federal mexicano sabe aplastar a la población civil y se especializa en población indígena.
Felipe Calderón Hinojosa, presidente por capricho, parece haber clavado una chincheta roja sobre el nombre “La Garrucha” en su mapa de lugares a reprimir, mapa que ya luce muy rojo. Juan Sabines Guerrero, gobernador perredista de Chiapas, lo anima y le sonríe. Hijo del responsable de la masacre de doce indígenas en Golonchán (junio de 1980), el Sabines actual ha gobernado un Chiapas donde no sólo paramilitares sino policías a su cargo no han dejado de lastimar a la población civil en actos de violencia patéticamente cobardes: niños torturados al ir por agua al río; padres e hijos encarcelados como quien caza una presa; campesinos solos golpeados en grupo o baleados a orillas de una carretera; cortes de agua; mujeres golpeadas, humilladas; familias que ven arder su milpa; familias que ven arder su casa; jóvenes perseguidos por veredas o espiados a la puerta de su hogar para clavarles un machete en el cráneo; cortes de luz; personas de cualquier edad desplazadas en cualquier momento.
Para saber a qué huele la guerra o imaginar qué tanto duele podríamos hablar con todos ellos. Podríamos preguntarles a ellas. Quizá responderían “depende”. A veces la guerra huele a la casa que te incendiaron y su olor duele tanto como los años que viviste o pensabas vivir en ella. Otras veces huele a sangre en tu rostro golpeado y su olor te duele igual que las patadas de varias decenas de hombres contra ti solito. Depende. Tal vez la guerra huele al marido que te robó la policía y duele tanto como la sentencia que, sin motivo, le ha impuesto un juez brutal. Habría que hablar con ellos, preguntarles a ellas. Cada testimonio de la violencia estatal de los dos últimos años ha sido presentado con detalle por las JBG, documentado por organismos civiles, videograbado por brigadistas solidarios e incluso recogido en documentales. Los hechos están allí, al alcance de los sentidos de quien quiera conocerlos.
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Eugenia Gutiérrez
¿A qué huele la guerra? ¿Cuánto duele su olor? Ha pasado medio año desde que cerca de veinte humanistas de varios países se reunieron en la Universidad de la Tierra en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Respondían a una convocatoria de la Comisión Sexta del EZLN, la revista Contrahistorias y el CIDECI y participaban en un coloquio en memoria de un gran hombre: Andrés Aubry. Cuando el coloquio estaba a punto de terminar tomó la palabra el Subcomandante Insurgente Marcos para decir: “Quienes hemos hecho la guerra sabemos reconocer los caminos por los que se prepara y acerca. Las señales de la guerra en el horizonte son claras. La guerra, como el miedo, también tiene olor. Y ahora se empieza ya a respirar su fétido olor en nuestras tierras” (16 de diciembre, 2007).
Para entonces, las Juntas de Buen Gobierno (JBG) de los cinco Caracoles zapatistas llevaban meses denunciando un reguero de agresiones contra comunidades donde viven miles de hombres y mujeres Bases de Apoyo Zapatistas. Las JBG ya nos habían informado con claridad que los gobiernos federal, estatal y locales estaban recrudeciendo la batalla para despojar al zapatismo de los territorios que recuperó en 1994, durante aquellos días en que tantos murieron luchando. Las denuncias de las JBG eran continuas, cerca de cuarenta tan sólo para 2007. Sin embargo, la advertencia hecha desde la paz de un coloquio resultó estremecedora. No hablaba un intelectual progresista que advierte, honesto, lo que es la guerra. Hablaba el guerrero que lo sabe. Su voz no invitaba a contemplar cicatrices. Iba a lo más hondo y sonaba cruda y profunda, como cuando alguien te coloca sobre una herida para que la veas tal cual es: abierta y sangrante.
Durante 2007 se llevaron a cabo tres grandes encuentros de pueblos zapatistas con pueblos de México y del mundo. Miles de personas de países diversos pudimos escuchar en los Caracoles la historia del zapatismo contada por quienes la han escrito. Sabemos desde entonces que ahora, en la autonomía y a pesar de la constante presión militar, las comunidades en resistencia de Chiapas tienen proyectos de salud que priorizan la dignidad humana y que en varios lugares se han construido clínicas de medicina general y de especialidades, acondicionadas algunas para realizar cirugías o transportar pacientes en ambulancias. Sabemos también que la juventud zapatista cuenta con proyectos de educación autónoma que abarcan desde nivel básico hasta bachillerato, incluidos los Centros Culturales de Educación Tecnológica Autónoma Zapatista (CCETAZ), o que las muchachas y los jóvenes estudiarán ciencias y humanidades cuando echen a andar su universidad, ésa que ya planean. Sabemos porque nos lo contaron y porque lo vimos que no está permitido el consumo de alcohol, en respuesta a una exigencia de las mujeres; que las comunidades zapatistas, sin recibir un centavo de ningún gobierno, cuentan con medios de transporte, bodegas de almacenamiento de granos, prácticas de comercio justo, cooperativas de pan, ganado, bordados y pollos, talleres de herbolaria y medicina tradicional, sensibilidad que reconoce lo que falta, entusiasmo para conseguirlo, radios comunitarias, viveros, campañas de vacunación y prevención de enfermedades, sistemas de impartición de justicia que buscan ser justos, comedores autónomos, oficinas de comunicación, bibliotecas.
Y sabemos, como quien distingue el agua del fuego, que en las comunidades zapatistas no se siembra droga.
Hace unos días, cerca de doscientos elementos del ejército federal y la policía estatal de Chiapas irrumpieron en comunidades del Caracol de La Garrucha, llamado “Resistencia Hacia un Nuevo Amanecer”. De acuerdo a la denuncia hecha por la JBG “El Camino del Futuro”, el miércoles 4 de junio de 2008 llegó hasta las puertas del Caracol un convoy formado por “2 carros grandes de soldado y 3 carros chicos de soldado y 2 carros de seguridad pública, 2 carros de policía municipal y una tanqueta y un carro de PGR”, al que poquito después se unió otro convoy proveniente de Patihuitz. Los habitantes del Caracol los rechazaron. Los militares les tomaron fotografías y video. Decidieron rodear el Caracol y anduvieron el camino que lleva a las milpas para dirigirse a la comunidad Hermenegildo Galeana. Según señala la JBG, los militares llevaban el rostro pintado para combate y los guiaba un policía municipal de Ocosingo llamado Feliciano Román Ruiz. A medio camino se toparon con la población civil, hombres, mujeres y niños que los rechazaron a gritos. Los soldados respondieron: “Venimos aquí porque sabemos que hay marihuana y vamos a pasar a huevos”. Entonces el pueblo zapatista recurrió a piedras, resorteras, hondas, machetes y todo lo que encontró para rechazarlos. Al no poder pasar, los militares respondieron: “esta vez no vamos a pasar, pero regresamos en 15 días y eso sí a huevos vamos a pasar”. Luego se movieron hasta la comunidad de San Alejandro. En su camino los soldados “dejaron pisoteado el sembradillo de maíz, que es único alimento del pueblo para vivir”. La comunidad de San Alejandro también los rechazó con lo que pudo y el convoy optó por retirarse.
En este Caracol se han redactado varias páginas de la Otra Campaña, pues fue aquí donde se realizó la primera reunión plenaria (septiembre 2005) y donde inició su recorrido la Comisión Sexta (enero 2006). Además, aquí se llevó a cabo el encuentro “La Comandanta Ramona y las Zapatistas” (diciembre 2007). Este Caracol vive hoy amenazado de incursión militar bajo la acusación de que en su tierra se siembra marihuana. Y no es desconfianza sino memoria: cuando el Aguascalientes que hospedó a la Convención Nacional Democrática en 1994 se volvió emblemático, el gobierno optó por destruirlo y establecer sobre sus restos una enorme base de operaciones militares. La comunidad cercana de Guadalupe Tepeyac fue severamente castigada y conoció el dolor del exilio. El ejército federal mexicano sabe aplastar a la población civil y se especializa en población indígena.
Felipe Calderón Hinojosa, presidente por capricho, parece haber clavado una chincheta roja sobre el nombre “La Garrucha” en su mapa de lugares a reprimir, mapa que ya luce muy rojo. Juan Sabines Guerrero, gobernador perredista de Chiapas, lo anima y le sonríe. Hijo del responsable de la masacre de doce indígenas en Golonchán (junio de 1980), el Sabines actual ha gobernado un Chiapas donde no sólo paramilitares sino policías a su cargo no han dejado de lastimar a la población civil en actos de violencia patéticamente cobardes: niños torturados al ir por agua al río; padres e hijos encarcelados como quien caza una presa; campesinos solos golpeados en grupo o baleados a orillas de una carretera; cortes de agua; mujeres golpeadas, humilladas; familias que ven arder su milpa; familias que ven arder su casa; jóvenes perseguidos por veredas o espiados a la puerta de su hogar para clavarles un machete en el cráneo; cortes de luz; personas de cualquier edad desplazadas en cualquier momento.
Para saber a qué huele la guerra o imaginar qué tanto duele podríamos hablar con todos ellos. Podríamos preguntarles a ellas. Quizá responderían “depende”. A veces la guerra huele a la casa que te incendiaron y su olor duele tanto como los años que viviste o pensabas vivir en ella. Otras veces huele a sangre en tu rostro golpeado y su olor te duele igual que las patadas de varias decenas de hombres contra ti solito. Depende. Tal vez la guerra huele al marido que te robó la policía y duele tanto como la sentencia que, sin motivo, le ha impuesto un juez brutal. Habría que hablar con ellos, preguntarles a ellas. Cada testimonio de la violencia estatal de los dos últimos años ha sido presentado con detalle por las JBG, documentado por organismos civiles, videograbado por brigadistas solidarios e incluso recogido en documentales. Los hechos están allí, al alcance de los sentidos de quien quiera conocerlos.
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FUMIGACIONES Y EJECUCIONES EN COLOMBIA
(AUDIO) Colombia: Campesinos de Nariño denuncian ejecuciones a manos de paramilitares
Agencia Púlsar (23 junio 2008) /inSurGente.- Los campesinos organizados de la región sur occidental de Colombia, exigen al gobierno departamental y nacional mayor atención para la zona que sufre ataques armados y extrema pobreza. Exigen la presencia de brigadas de salud, centros educativos y la elaboración de alternativas concertadas con los campesinos frente a la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito.
La Asociación de Porvenir Campesino (ASPORCA) y la Asociación de Comunidades de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje (ASOMINUMA), se manifestaron frente a la gobernación de Nariño.
Allí reclamaron que las autoridades cumplan los compromisos asumidos para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la región.
Exigen la presencia de brigadas de salud, centros educativos y la elaboración de alternativas concertadas con los campesinos frente a la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito.
Durante la década del ´90 esas comunidades aumentaron su población por el creciente trabajo derivado del cultivo de coca, que ahora el Gobierno busca erradicar.
Los campesinos piden que se les garantice otra fuente de trabajo antes de la erradicación y denuncian que son acusados de "guerrilleros" por los paramilitares que asesinan a sus dirigentes comunales.
En diálogo con la Red de Prensa Alternativa del Sur Occidente Colombiano (RPASUR), Alirio Nastacuas, poblador de la zona, denunció la muerte de un niño como consecuencia de las fumigaciones en el departamento de Nariño.
También denunció los continuos asesinatos selectivos de los que vienen siendo victimas los lideres comunitarios, a manos de los para militares en zonas en donde la presencia de al fuerza pública es numerosa.
Para escuchar audio, pulse abajo:
boomp3.com
Agencia Púlsar (23 junio 2008) /inSurGente.- Los campesinos organizados de la región sur occidental de Colombia, exigen al gobierno departamental y nacional mayor atención para la zona que sufre ataques armados y extrema pobreza. Exigen la presencia de brigadas de salud, centros educativos y la elaboración de alternativas concertadas con los campesinos frente a la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito.
La Asociación de Porvenir Campesino (ASPORCA) y la Asociación de Comunidades de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje (ASOMINUMA), se manifestaron frente a la gobernación de Nariño.
Allí reclamaron que las autoridades cumplan los compromisos asumidos para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la región.
Exigen la presencia de brigadas de salud, centros educativos y la elaboración de alternativas concertadas con los campesinos frente a la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito.
Durante la década del ´90 esas comunidades aumentaron su población por el creciente trabajo derivado del cultivo de coca, que ahora el Gobierno busca erradicar.
Los campesinos piden que se les garantice otra fuente de trabajo antes de la erradicación y denuncian que son acusados de "guerrilleros" por los paramilitares que asesinan a sus dirigentes comunales.
En diálogo con la Red de Prensa Alternativa del Sur Occidente Colombiano (RPASUR), Alirio Nastacuas, poblador de la zona, denunció la muerte de un niño como consecuencia de las fumigaciones en el departamento de Nariño.
También denunció los continuos asesinatos selectivos de los que vienen siendo victimas los lideres comunitarios, a manos de los para militares en zonas en donde la presencia de al fuerza pública es numerosa.
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6/10/2008
DESPLAZADOS POR EL HAMBRE
Me´phaa, nu´saavi y nahuas abandonan por decenas de miles La Montaña de Guerrero. Andrajosas, familias enteras cargan con su patrimonio -sacos de maíz, petates y bolsas de harapos- y dejan cientos de pueblos desolados. Es el inicio de un humillante viaje de más de 2 mil kilómetros que los llevará, como peones acasillados, a las plantaciones de empresas trasnacionales. Su destino con campos de concentración, capataces, guardias blancas y tiendas de raya.
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