Ecuador: petróleo y corporación militar terrorista
Agneta Enström
25 de junio de 2008
Cuando las petroleras transnacionales realizan trabajos en América Latina, a menudo requieren de la protección de las FFAA y de fuerzas de seguridad privadas. Las compañías petroleras utilizan sistemáticamente a los militares para erradicar la resistencia popular. Esta va encaminada a denunciar la explotación petrolera llevada a cabo sin permisos legales, como es el caso de la compañía sueca Skanska, en reservas naturales y territorios indígenas.
Para mantener un control sobre la población local que lucha por su cultura y su entorno, las compañías petroleras a menudo ofrecen trabajo a las fuerzas de seguridad privadas y a una estratégica militarización alrededor de los campos petroleros. La militarización de los campos petroleros tiene enormes consecuencias en el terreno social, que incluyen violaciones a DDHH, asesinatos, abusos de mujeres e institucionalización de la prostitución.
Las regiones amazónicas en países como Ecuador, Perú y Bolivia, en las cuales Skanska está extrayendo crudo, se caracterizan por el terror militar ante la población local. Según la red internacional Oilwatch, el papel de las FFAA en estos países petroleros es directamente controlado por la industria del petróleo a través de contratos especiales. Proteger a las compañías petroleras ante la población local es la principal tarea de las FFAA. A cambio de esta protección las compañías financian operaciones militares.
A parte de estar protegidos por las fuerzas armadas, las compañías también contratan a servicios de seguridad privada. Según el directivo de Skanska en la región amazónica de Ecuador, Milton Díaz, tanto los militares como la seguridad privada son esenciales para llevar a cabo operaciones en áreas políticamente inestables. “De hecho, no podríamos hacer negocios aquí sin la protección de los militares”, afirma Díaz en una entrevista con la agencia de comunicación sueca Yelah, que lleva investigando las operaciones de Skanska desde el año 2005.
Ecuador- República petrolera militarizada
Ecuador es la república petrolera en la que en enero del 2006 se estableció un consejo de seguridad especial denominado (GESPETRO - Grupo Especial de Seguridad Petrolera) que recae en la seguridad de las compañías petroleras que trabajan en el país. Estos acuerdos incluyen a compañías como Repsol-YPF y Petrobras, las cuales son clientes de Skanska.
Los contratos, que fueron negociados en secreto, incluyen estipulaciones tales como que las compañías deben proveer a los militares combustible, infraestructura, comida, cuarteles y emergencias médicas a cambio de su protección. Igualmente, las compañías están obligadas por contrato a informar a los militares (vía apoyo-USA base Selva N: 19 Napo) de los proyectos y programas comunitarios a través de los cuales “apoyan” a la población civil. Los contratos significan para el estado una manera de tener controlada a la población. La diferencia entre un área militar y una propiedad privada petrolera es algo ambigua, ya que las FFAA a menudo utilizan las instalaciones petroleras como centros de detención de la población civil.
Skanska ha devenido notoria en Ecuador por sus operaciones en colaboración con la compañía petrolera Repsol -YPF en el Parque Nacional Yasuní, en territorio indígena Huaorani. En este campo petrolero llamado Bloque 16, en el corazón de la selva tropical, esta controvertida explotación petrolera solo puede llevarse a cabo a través del uso de la fuerza militar para quebrar la resistencia de las comunidades indígenas.
Repsol-YPF tiene un contrato especial para el Bloque 16, con el fin de protegerse contra los “elementos subversivos” entre los cuales encontramos a los pueblos indígenas y la población campesina. Según Oilwatch y la organización ecuatoriana Acción Ecológica, este contrato no es solo ilegal sino que constituye una amenaza para el pueblo Huaorani, en el momento que le concede a la compañía “el derecho” a dar órdenes a los militares respecto cualquier instrucción o acción que sea necesaria y establece responsabilidades en relación con las comunidades indígenas.
El abogado Bolívar Beltrán, de la Fundación Liana, explica que el contrato viola el Capítulo V de la Constitución de Ecuador, así como también la convención de los derechos de los pueblos indígenas de NNUU (OIT:169)
Repsol- YPF tiene un controvertido contrato que también afecta a sus socios petroleros, como Sanska, obligándoles a ejecutar y a desempeñar las órdenes de la compañía y sus directrices. Esto, inevitablemente, hace que la relación entre ética y negocios, que Skanska contribuye a mantener, sea una práctica muy problemática. La “noble y premiada” Skanska, en su Código de Conducta, cuyo conocimiento ha llevado a las comunidades en las que opera, se destaca como un deliberado concepto vacío de sentido que promueve una imagen social de responsabilidad.
Cuando Hanna Dahlström, licenciada en Ciencias políticas, y yo nos encontramos con Alicia Cahuiya de la organización de mujeres huaorani (AMWAE), ella nos relató que la tierra que pertenece a los pueblos indígenas en el Yasuní y alrededor del bloque 16 está totalmente ocupada por los campos petroleros y los militares. “cada paso que damos es vigilado y si protestamos, Repsol envía a los militares contra nosotros” dice Cahuiya. “Si no obedecemos, ellos nos amenazan o nos pegan. Ha habido casos en los que los militares han matado gente huaorani y han echado sus cuerpos al río”.
Nadie, excepto los Huaoranis, cuyo territorio incluye la tierra donde se está explotando petróleo, puede pasar los controles militares sin el permiso de la compañía. Este hecho previene a las organizaciones de DDHH y a veces a las autoridades provinciales a investigar bajo qué condiciones los pueblos indígenas están forzados a vivir frente a los campos petroleros. Constantemente los Huaorani claman ayuda e informan sobre las injusticias que sufren por parte de las compañías y de los militares que en estos últimos años no han dado frutos, desde que los foráneos son sistemáticamente parados en los controles militares.
El antropólogo de Acción Ecológica José Proaño ha trabajado con los pueblos indígenas de la región petrolera por varios años. Nos explica que los activistas de DDHH y ecologistas a menudo son perseguidos e incluso asesinados, como fue el caso del conocido campesino-ecologista Angel Shingre en la ciudad petrolera del Coca, donde Skanska tiene su base.
“En Ecuador, aquellos que se oponen a la industria del petróleo son terrorizados hasta el punto que se les fuerza a desparecer y a dejar la lucha”, comenta Proaño. “Las regiones petroleras en la amazonía son como corporaciones colonialistas donde las FFAA son una banda más de la propia industria paramilitar”
Sin embargo, Repsol YPF no es el único cliente de Skanska que contrata protección militar. La compañía brasileña Petrobras trabaja en la amazonía ecuatoriana y es conocida por sus dudosos contratos con las Fuerzas Armadas. En otra zona del Parque Nacional Yasuní, en el llamado Bloque 31, y en la zona en la que los permisos a Petrobras y Skanska fueron revocados debido a operaciones ilegales, Petrobras mantuvo contactos secretos con los militares que todavía hoy permanecen clasificados.
La violencia como norma
Según la red Oilwatch, el uso de los militares y los paramilitares es el método común de la industria petrolera para controlar a la población local de la región amazónica. En las repúblicas petroleras de América Latina, los acuerdos de seguridad entre militares y la industria han generado una cultura del miedo en la que la gente ha sido aterrorizada y asesinada con tal que las operaciones industriales puedan continuar sin interrupciones. Con los militares como garantía contra la población local, hay cierto sentimiento de inmunidad corporativa respecto a las leyes constitucionales y los Derechos Humanos.
Para los gerentes de Skanska en la región amazónica de Ecuador, Milton Díaz y Osvaldo Contreras, resulta evidente que los trabajos de Skanska requieran de la protección de los militares y de las fuerzas de seguridad privadas. En su mundo de gas y petróleo, es completamente natural armarse contra los “incivilizados bárbaros”, usando las propias palabras de Osvaldo Contreras, para acceder a las riquezas del subsuelo del bosque tropical.
Cuando Hanna Dahlström y yo nos encontramos con los gerentes de Skanska en su campamento base en Coca, en la oleaginosa amazonía, ellos nos explicaron por qué razón no pueden llevar a cabo sus trabajos sin el uso de armas. “La gente es ligeramente atrasada” comenta Díaz refiriéndose a las comunidades indígenas. “Nunca sabes cuando los bárbaros te van a lanzar flechas desde el bosque. En Skanska, también tenemos una estricta política de seguridad. Personalmente, nunca voy desarmado en el bosque”
Milton Díaz, junto a varios trabajadores de Skanska, no ve problema en las prácticas empresariales que demandan el uso de armas ante la población civil, en este caso ante comunidades indígenas y pequeños campesinos. Para los abogados y activistas de DDHH es inaceptable esta cultura de violencia de la industria petrolera. Pablo Fajardo, el abogado que lleva el caso contra Chevron- Texaco, cree que la industria petrolera es dependiente completamente de la intervención militar y confirma los informes de la población local que en su oposición a estas actividades reciben amenazas, violencia y asesinatos prácticamente a diario. “El estado de emergencia a menudo prevalece debido al desasosiego político que proviene de las prácticas petroleras”, dice Fajardo, explicando que la región amazónica de Ecuador es considerada uno de los lugares más peligroso respecto a las violaciones de DDHH por parte de los militares y los paramilitares. Como muchos otros abogados con los que hemos hablado, Fajardo nos confirma que las compañías petroleras para las que trabaja Skanska son constantemente relacionadas con injusticias y violencia hacia la población local.
Asesinatos en Colombia
Sea como fuere, la conexión entre Skanska y las FFAA en América Latina no es nueva. Según el reportero sueco Dick Emanuelsson, Skanska fue conocida por colaborar con los militares a principios de los años ochenta cuando construía la principal base para la marina corps. colombiana en Bahia Málaga, en la costa del Pacífico. “Tropecé con esta historia por accidente en Bogotá en 1998”, comenta Emanuelsson. “Todo el negocio llevado a cabo desembocó en un escándalo menor cuando se dio a conocer que Skanska había recibido 1,5 billones de coronas suecas en créditos de garantías para la exportación por parte de la Agencia Sueca de Ayuda al Desarrollo (EKN) para construir una base militar en un país en el que se había establecido un conflicto armado durante bastante tiempo. Emanuelsson explicó como un antiguo miembro del parlamento sueco, Bo Hammar, impulsó una interpelación a debate pero en aquel entonces el presidente de la cámara, Harru Schein, defendió los créditos de ayuda con el argumento de que habían sido concedidos para que la base militar combatiera a los contrabandistas panameños.
Otro caso notorio en el que Skanska se ve involucrada en Colombia es el del proyecto de construcción de una presa en Urra en los años 90 cuando docenas de indígenas fueron asesinados, incluyendo a Kimy Pernia Domico, único líder de la tribu de los Embera. Los sangrientos sucesos de la construcción de la presa tuvo la máxima atención en Suecia cuando en el año 1999 dos trabajadores de la empresa sueca fueron secuestrados y cautivos por cinco meses por los guerrilleros de las FARC. En un comunicado, las FARC afirmaban que los suecos habían sido secuestrados “para centrar la atención del país y del mundo entero en el terrible impacto ambiental que producía la construcción de la presa, la erradicación de la fauna, la destrucción de las culturas tradicionales, forzadas a abandonar sus tierras pantanosas sin ninguna garantía de obtener nueva casa y nuevo sustento de vida e interrumpiendo su transporte fluvial usado desde tiempos prehistóricos por el pueblo Embera-Katio y los pequeños agricultores”
E incluso en Perú y en Bolivia, Skanska también trabaja bajo idénticas circunstancias. La gente está siendo asesinada, los ecosistemas destruidos, y los pueblos indígenas exterminados. En Perú, Skanska empezó sus operaciones durante el primer período de la dictadura en los años 70, cuando la compañía lideraba proyectos exorbitantes que se sumaban a la deuda nacional. A día de hoy, Skanska está involucrada en el gigantesco proyecto de gas y petróleo de Camisea (en partenariado con la escandalosamente corrupta empresa argentina Techint) en que Skanska construyó un oleoducto a través de los últimos remanentes de selva virgen que todavía quedaban en el país. Varios pueblos indígenas han perdido ya sus culturas, y muchos están perdiendo sus vidas como resultado de las desconsideradas y violentas compañías.
Hoy hay una importante resistencia local contra el pillaje y la destrucción llevada a cabo sobre toda la región amazónica y los territorios indígenas. Algunas de las redes que luchan conjuntamente con los pueblos indígenas son la internacional Oilwatch, la ecuatoriana Acción Ecológica y Survival Internacional.
Agneta Enström
Traducido por Oscar Francino
Yelah es un grupo independiente sueco de comunicación que da cobertura a al activismo y a la política alrededor del mundo. Recientemente ha estado trabajando en Ecuador, investigando a Skanska y la explotación petrolera en territorios indígenas. Contacto: nettila@hotmail.com
ENLACE A NOTA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario