EJERCITO FUERA DE LAS CALLES.: PAN.... PLAN MÉXICO

Plan México: el contexto de la militarización, la violencia relacionada al narcotráfico, y los derechos humanos

Kristin Bricker
Narco News

El Plan México incluye así llamadas condiciones de derechos humanos. Son:

Policías y militares acusados de violaciones de derechos humanos deben ser investigados por fiscales civiles y juzgados en tribunales civiles por jueces civiles.
El gobierno Mexicano debe mejorar la transparencia en las fuerzas policíacas al nivel municipal, estatal, y federal. Eso incluye establecer comisiones policíacas para recibir e investigar y resolver quejas de violaciones de derechos humanos.
Que el gobierno Mexicano establezca un mecanismo para consultar organizaciones Mexicanas de derechos humanos y otras organizaciones de la sociedad civil Mexicana para que dichas organizaciones aconsejen sobre la implementación de la Iniciativa Mérida.
Aplicación de la prohibición del uso de testimonio obtenido por tortura o maltrato.
Todas las fuerzas que reciben fondos del Plan México deben ser sometidas a investigaciones llevadas a cabo por el Departamento del Estado gringo para asegurar que no cometen violaciones de derechos humanos. Las compañeras de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala van a entrar en detalles sobre este punto.
Muchas de esas condiciones ya son ley en México, pero el gobierno Mexicano no hace nada para que la ley se aplique de hecho.

Cuando el Congreso gringo aprobó la primera versión del Plan México, políticos mexicanos discreparon de las condiciones de derechos humanos, diciendo que quebraban la soberanía nacional de México. Y si, hasta un cierto punto tenían razón. Estados Unidos nunca permitiría que los países donde hay bases militares estadounidenses sometan los soldados gringos a investigaciones. Fíjense si el pueblo de Irak o Afganistán o el gobierno cubano pudieran someter soldados y contratistas gringos a investigaciones y rechazar soldados y contratistas que no cumplen con sus estándares de derechos humanos. De hecho, cuando contratistas de Blackwater hicieron una masacre en Irak en 2007, el gobierno de Irak anunció que los echaría de su país. Pocos días después se cambio su postura por presión de George Bush, y Blackwater sigue trabajando allá.

Sin embargo, los políticos mexicanos no se quejaron del despliegue de agentes y contratistas estadounidenses que entrenarían fiscales y jueces y policías mexicanos para seguir con la gringoizacion del sistema judicial mexicano y para que EE.UU. amplíen el alcance de sus servicios de inteligencia. A lo mejor EE.UU. desplegara’ agentes de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF por sus siglas en inglés) a México para vigilar el tráfico de armas ilegales como parte del Plan México y el Operativo Gunrunner.

Muchas organizaciones mexicanas de derechos humanos rechazaron la idea de que condiciones de derechos humanos quiebren la soberanía nacional de México. Dicen que los derechos humanos son una responsabilidad mundial, protegidos por tratados internacionales que el gobierno mexicano firmó. Por eso, dicen, cuestiones de la soberanía nacional no aplican cuando tiene que ver con los derechos humanos.

Sin embargo, la ironía que EE.UU. exija cumplimiento con condiciones de derechos humanos no se escapa en México. La Jornada, el periódico más leído en todo México, comentó: “la exigencia estadounidense de verificar el respeto a los derechos humanos en otras naciones constituye una pretensión grotesca y disparatada, habida cuenta de que, a escala planetaria, la superpotencia es la principal violadora de tales derechos. Abu Ghraib, Guantánamo, los vuelos secretos de la CIA, el severo recorte legal a las libertades ciudadanas y a las garantías individuales, así como los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Afganistán e Irak son referentes ineludibles de un gobierno que ha convertido el asesinato, el secuestro, el bombardeo de civiles y el terrorismo en general en política de Estado.”

Pero las condiciones de derechos humanos incluidas en el Plan México no fueron diseñadas para proteger o mejorar los derechos humanos en países afectados por el Plan México. Solo 15% de los fondos destinados a la seguridad pública y las fuerzas militares son condicionados. Eso significa que el gobierno de EE.UU. dará 85% de los fondos para la seguridad pública y el ejército aun si México no cumple con las condiciones de derechos humanos.

Además, la persona encargada de certificar el conforme de México a las condiciones de derechos humanos es la Secretaria de Estado, actualmente Condoleezza Rice. Es la misma Condoleezza Rice que sigue encubriendo al gobierno de Bush y sus crímenes de lesa humanidad. También es la misma Condoleezza Rice que llamó a todos los miembros del congreso gringo el día antes de la votación del Plan México para decirles que aprobaran la Iniciativa. No es muy probable que Condoleezza Rice no confirme el conforme de México a las condiciones de derechos humanos.

Al final, el debate sobre los derechos humanos fue una distracción. Washington se apropió del discurso de derechos humanos y quiere apropiar organizaciones de derechos humanos para impulsar su doctrina militar y de seguridad publica en México, Centroamérica, y el Caribe. La condición que la sociedad civil mexicana aconseje al gobierno mexicano sobre la implementación del Plan México significa que organizaciones que están en contra del Plan y dicen “no” a la militarización no tendrán lugar. Además, hay fondos en el Plan para entrenar las organizaciones de derechos humanos mexicanos a monitorear el Plan, a lo mejor de manera que les conviene a los gobiernos de EE.UU. y México.

El Plan México apoya la política fracasada de utilizar la seguridad pública y el ejército para combatir el narcotráfico y las maras. Esta política de mano dura ha resultado en una aumentación exponencial de violencia y violaciones de derechos humanos en México y Centroamérica, pero desde todo punto de vista fracasó en contener el narcotráfico y las maras. Ninguna cantidad de condiciones de derechos humanos cambiará el hecho de que es una política que no logró sus metas, y que es una política que aumenta la violencia y represión.

En México, el presidente Calderón desplegó cuarenta mil soldados militares y cinco mil policías federales a once estados a partir de hace un año y medio cuando declaró la guerra contra el crimen organizado. Eso ha convertido muchas partes del país en una verdadera zona de guerra.

° Convoyes militares con tanques patrullan las calles.
° Hay retenes militares en las carreteras y calles, y ha pasado que los militares han matado familias enteras en dichos retenes.
° Soldados revisan las casas sin órdenes de cateo.
° Soldados han violado mujeres y niñas.
° Mas que cinco mil muertes relacionadas al narcotráfico y la guerra contra el crimen organizado. ° Son torturados y ejecutados o son personas o niños atrapados en el fuego cruzado, y ahora también mueren por ataques terroristas, como lo que pasó en Morelia hace dos semanas.
° 87 quejas de crímenes en contra de los periodistas se han acumulado en la oficina del Procurador General de la República. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado 634 casos de abuso por militares
° La cifra nacional de homicidios se ha aumentado 47% del año anterior.
° Han sido por lo menos 223 desaparecidos durante el sexenio de Calderón hasta ahora. Entre 23 y 30 son desaparecidos políticos, y 200 fueron levantados por carteles.
° Encontraron contratistas privadas de EE.UU. entrenando policías en el estado de Guanajuato en tácticas de tortura. Fueron contratados por políticos locales del partido del presidente, el PAN. Y cuando salieron a luz los videos del entrenamiento, esos políticos defendieron el entrenamiento, diciendo que era necesario para preparar los policías para combatir el crimen organizado. Pero la pagina web de la empresa dice que entrenan “tortura sicológica” a policías. Entre los métodos enseñados, los contratistas enseñaron a los policías de Guanajuato waterboarding o el tehuacanazo. Es un método de tortura para simular ahogamiento, y ha sido un método muy popular dentro de las fuerzas policíacas mexicanas. En el video, policías meten agua mineral en la nariz de un policía mientras meten su cabeza en un hoyo lleno de ratas y heces. No es un método que utilizan los carteles. Los carteles te quitan un dedo o una oreja, pero su patrón no es hacer el tehuacanazo. Es el patrón de la policía. A pesar de que se han identificado los entrenadores de tortura, el gobierno Mexicano dice que los entrenadores no quebraron la ley porque los policías que torturaron eran voluntarios. Cabe mencionar que uno de los entrenadores es un líder de los Comandos F4, un grupo paramilitar con sede en Florida que dicen que quiere hacer un golpe de estado en contra del gobierno cubano. Ese grupo tiene vínculos con el gobierno estadounidense y entrena los militares que realizaron el golpe de estado en Venezuela. Es uno de los grupos paramilitares que los compañeros presos los cinco cubanos estaban vigilando.

Bush y Calderón dicen que el aumento de violencia y muertos vale la pena. Dicen que demuestra que la estrategia militar está funcionando bien. Sin embargo, índices de interdicción de las drogas que entran a EE.UU. por México han sido constantes en 10%. Solo parece que los índices de interdicción se han aumentado porque ahora cada vez que el gobierno mexicano confisca drogas, organiza una conferencia de prensa.

Represión de movimientos sociales también se ha aumentado bajo Calderón y su militarización del país.

En Chiapas, incursiones militares en comunidades en resistencia se han aumentado. Durante un plazo de siete semanas entre abril y junio de 2008, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas documentó 13 operativos militares o policíacos en comunidades indígenas en resistencia. Eso no solo ocurre en comunidades zapatistas, pero también en comunidades donde hay presencia de la Organización Campesino Emiliano Zapata (OCEZ) y aun comunidades del PRI, un partido político conocido por su dictadura de más que 70 años, y que todavía tiene mucho poder en el gobierno.

Los gobiernos estatales y federales colaboran en operativos militares-policíacos en estas comunidades. Muchas veces entran sin órdenes de aprensión, y actualmente su pretexto es casi siempre drogas y armas ilegales. No confiscaron ni siquiera una bolsita de marihuana ni una pistola en ninguno de los operativos en comunidades en resistencia. Su objetivo verdadero es obvio: reprimir comunidades en resistencia.

° El ejemplo más obvio es el operativo que intentaron realizar en La Garrucha, un caracol Zapatista: utilizaron el pretexto de drogas y armas ilegales para intentar entrar a la Garrucha, donde estuvo el Subcomandante Marcos pocos días antes.
° Hace muy pocos días, policías chiapanecas y agentes federales invadieron una comunidad que había tomado ruinas cerca de los Lagos de Montebello. Abrieron fuego, matando 6 campesinos. Tres de ellos fueron asesinados cuando los policías estatales pararon la camioneta que llevaba los campesinos heridos al hospital. Los policías los bajaron de la camioneta y los ejecutaron. ° También policías y agentes federales entraron la comunidad chiapaneca de San Jerónimo Tulijá con paramilitares como guías. Los paramilitares enseñaron las casas de las autoridades zapatistas a los militares y policías, donde entraron y amenazaron una mujer zapatista y su bebe con muerte. Cabe mencionar también que los militares en Chiapas entrenan y arman los grupos paramilitares.

Pero militarización y ocupaciones militares no son novedades en Chiapas. Las tácticas del gobierno y su pretexto de represión cambian tras los años, pero la represión sigue siendo constante.

Sin embargo, en el norte donde Calderón desplegó las tropas, ciudadanos ven que recursos para combatir el crimen organizado se utilizan contra líderes sociales y activistas. El 27 de marzo de este año, el gobierno federal emprendió el Operativo Chihuahua para, en sus palabras, “localizar, combatir, y desmantelar la redes del narcotráfico, el crimen organizado, y el blanqueo de dinero.” Bajo el Operativo Chihuahua, se desplegaron 2,000 soldados y 400 (cuatro cientos) policías federales a Ciudad Juárez. Dentro de la primera semana del operativo, seis activistas—3 de ellos muy destacados—fueron arrestados por agentes federales. Se arrestó una bajo un orden de aprensión que llevaba tres años. Cinco de ellos eran del Agro dinámica Nacional, líderes de movimientos sociales por tarifas justas de electricidad y en contra del TLC con EE.UU. La sexta era una activista que trabajaba contra los femicidios en Juárez. La arrestaron regresando de llevar una mama para identificar los restos de su hija.

Fondos para la ILEA

Plan México incluye fondos (pero no se sabe cuántos) para entrenar policías centroamericanos en la Academia Internacional Para la Aplicación de la Ley, en ingles conocida como Internacional Law Enforcement Academy (ILEA). Tiene mala fama como “La escuela de las Américas para policías.”

Una persona que colaboró en la fundación de la Academia es el policía gringo John Timonel. Es muy conocido en EE.UU. por ser experto en reprimir protestas y activistas. En protestas donde él dirigió las fuerzas policíacas y la represión, nos golpearon en las calles y nos torturaron en las cárceles. Por ser experto en represión, lo mandaron a Irak para entrenar la policía de Bagdad. Ahora trabaja en una ONG derechista en el gabacho donde aconseja en la aplicación de la ley, y la propuesta de cómo sería la Academia para la Aplicación de la Ley salió de esa ONG.

Los presidentes de EE.UU. y El Salvador hicieron un acuerdo secreto para fundar la escuela y evitar broncas con los movimientos sociales, así que activistas de Costa Rica ya habían logrado echar la Academia de su país antes de la primera clase. La Academia empezó a dar clases en El Salvador antes de que el presidente informara el Congreso gringo de sus planes, aunque la gran mayoría de los fondos y entrenadores de la Academia vienen del Congreso de EE.UU.

Es imposible monitorear cómo la Academia afecta los derechos humanos. Su trabajo es mas secreto que el de la Escuela de las Ameritas. Solo hay una organización de derechos humanos que tiene acceso al currículo de la Academia. Esa organización recibe fondos de la Academia para dar clases de derechos humanos a los estudiantes policías. Así que la ONG es empleada de la Academia, no está compartiendo la información muy importante que tiene con las demás organizaciones de derechos humanos.

Pero organizaciones de derechos humanos señalan a la Policía Nacional Civil de El Salvador como ejemplo de los efectos del entrenamiento de la Academia. La PNC manda más policías a la Academia que las demás fuerzas policíacas en América Latina. 40% de las quejas que recibe la comisión de derechos humanos en El Salvador se tratan de la PNC. Agentes de la PNC hacen asesinatos políticos, por ejemplo el del líder de la FMLN, Francisco Velis. También forman escuadrones de muerte como la Sombra Negra, que tortura y asesina a pandillas (o maras) sospechadas.

Ponencia de Kristin Bricker de Narco News en el Foro Social Américas en Guatemala como parte del taller “Plan México: Nueva ofensiva del Imperialismo.”

Kristin Bricker es corresponsal basada en México de Narco News También forma parte del colectivo Rebel Imports que vende textiles, café y miel de comercio justo de las cooperativas zapatistas. Para contactos con Kristin escriba a krisbricker@gmail.com. Su blog personal es http://mywordismyweapon.blogspot.com

5,000 MUERTOS EN LA "LUCHA CONTRA EL NARCO"

Victimas del ejercito y del narcotrafico

Julen Nafarrete

Cuando el presidente mexicano Felipe Calderón ganó las elecciones en el año 2006, anunció que iniciaría «la guerra contra el narcotráfico», principalmente en los estados de Sinaloa, Sonora, Michoacán y Tamaulipas, plazas en las que el crimen organizado ha sentado sus bases. A día de hoy, las cifras hablan por si solas: más de 5.000 muertos relacionados con la lucha contra el tráfico de drogas desde el año 2006, de ellos 2.000 este mismo año. Al menos 500 personas han muerto en acciones violentas este año en el Estado de Sinaloa, donde la violencia se ha convertido para sus habitantes en algo rutinario.

Desde que el Ejecutivo de Calderón enviara a este Estado más de 3.000 efectivos militares y policiales, prácticamente todos los días se dan enfrentamientos entre las fuerzas armadas y las diversas mafias organizadas en torno al narcotráfico. Además, debemos sumar los continuos ataques entre las propias bandas que luchan por hacerse con el control del territorio y de la frontera con EEUU. En Sinaloa, que se encuentra completamente militarizada, se vive una sensación de inseguridad permanente, con secuestros diarios y con una cifra de muertos que casi a diario supera la decena.

El Gobierno mexicano, lejos de rectificar su política contra la delincuencia organizada, habla de «avances» supuestamente logrados por las fuerzas policiales y militares en su «enfrentamiento con la criminalidad». Mientras en el país mexicano varios medios denuncian que el operativo de 3.000 efectivos desplegado en Sinaloa es contraproducente, el Gobierno afirma que la ola de violencia se debe a que «los barones de la droga se sienten acorralados por la ofensiva del Gobierno». Además, el fiscal general de México, Eduardo Medina Mora, ha reconocido que «todavía no vemos el pico de la violencia, ya que habrá una etapa de violencia intensa antes de que la curva comience a bajar». Auguran mayor violencia en un país donde en los últimos tres años ya ha habido más víctimas mortales relacionadas con la lucha contra el narcotráfico que a lo largo de la dictadura de Pinochet en Chile durante 17 años.

Cuerpos decapitados

La capital del Estado de Sinaloa, Culiacán, viene de Colhuacán, que quiere decir «lugar donde los caminos se tuercen». Es precisamente aquí donde se encuentra el mayor despliegue militar y policial del Gobierno y donde operan las principales bandas del narcotráfico. El pasado día 10, enfrentamientos entre «grupos de delincuencia organizada» acabaron con la vida de 12 personas, tres de ellas agentes policiales. El resto, eran civiles que se encontraban en un taller y en sus inmediaciones, a los que hay que sumar la muerte de un comandante de la Policía Ministerial que murió frente a su propia institución. Los establecimientos cercanos al lugar de los hechos, cerraron por miedo a refriegas y al operativo policial y militar. Un episodio trágico más que ya se torna rutinario, donde civiles inocentes se convierten en víctimas, ya sea por el cruce de disparos entre bandas o por errores y abusos de policías y militares.

Sinaloa es uno de los estados mexicanos donde las redes del narcotráfico están más presentes. El tráfico de drogas comenzó aquí a principios del siglo XX, con la llegada de inmigrantes chinos que cultivaban la amapola. Tras su marcha, el negocio quedó en manos de familias locales que aprovecharon la demanda de heroína y morfina en EEUU. A día de hoy, es cuna de uno de los capos más buscados por el Gobierno mexicano y por EEUU, Joaquín «El Chapo» Guzmán.

De hecho, la enemistad que existe entre «El Chapo» y sus antiguos aliados, los hermanos Beltrán Leyva, es una de las causas de la oleada de muertes en Sinaloa.

Ambos grupos se disputan el mercado local y las rutas hacia Estados Unidos, en una guerra interna a la que hay que sumarle los enfrentamientos con las fuerzas del Estado. «El Chapo», que se «escapó» de una cárcel de máxima de seguridad en EEUU en 2001, cuenta con un amplio apoyo popular en las zonas rurales de Sinaloa.

Los sicarios de los hermanos Beltrán Leyba presuntamente mataron en mayo de este mismo año al hijo de «El Chapo» en la ciudad de Culiacán. Preveyendo ataques entre ambas bandas, el Gobierno federal puso en marcha un despliegue de 3.000 efectivos, que ha provocado el aumento de las víctimas en la ciudad. Sin ir más lejos, a principios de julio se encontraron en Culiacán siete cuerpos decapitados con mensajes cruzados entre ambas bandas. La atrocidad de la escena demuestra el nivel al que está llegando la violencia en Sinaloa, ya que un cuerpo decapitado tenía las dos piernas amputadas, una serpiente muerta encima y un mensaje que rezaba «pa que lo tengas presente Arturo Beltrán Leyva». Al mismo tiempo, el Gobierno de Calderón anuncia decomisos espectaculares de armas y drogas, así como capturas masivas de presuntos narcotraficantes. Los últimos acontecimientos de Sinaloa han dejado en entredicho estas redadas propagandísticas.

Abusos del Ejército

Pero no sólo las bandas de narcotraficantes son las que infligen la violencia en Sinaloa. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha denunciado que las tropas del Ejército mexicano han cometido graves violaciones contra los derechos humanos. Según su informe, las Fuerzas Armadas han cometido «homicidios, tortura, tratos crueles, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, atentados a la propiedad, incomunicación, ejercicio indebido de la función pública y violaciones a la legalidad y a la seguridad jurídica».

La comisión brinda varias recomendaciones a las autoridades mexicanas, como por ejemplo «dotar de mayor capacitación a los soldados», ya que algunos efectivos «realizan tareas que no les corresponden».

Además, nombra algunos casos en los que ciudadanos mexicanos han sido maltratados tanto por militares como por policías, entre los que destacan los casos de 14 personas que perdieron la vida cuando los soldados «accionaron sus armas de manera indebida». Sin ir más lejos, en el Estado de Michoacán el pasado 11 de enero, varios soldados dispararon contra los tripulantes de una furgoneta «sin motivo aparente», causando la muerte de dos jóvenes de 17 y 19 años. El 16 de febrero, en Tamaulipas, militares que hacían guardia intentaron detener un vehículo disparando contra él, matando a uno de los pasajeros.

Estos son tan sólo unos pequeños ejemplos que demuestran la situación de violencia permanente que se vive por parte de las bandas de narcotraficantes, pero también de las fuerzas armadas, que, lejos de proteger a la población de Sinaloa, protagonizan abusos «en nombre de la seguridad» y hacen que los caminos de Culiacán estén más torcidos todavía.

Legisladores mexicanos involucrados en el narcotráfico

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional mexicano (CISEN) ha advertido de que «no se puede descartar la posibilidad de que dinero del narcotráfico esté involucrado en las campañas de algunos legisladores». Asimismo, el CISEN ha reconocido que los cárteles de la droga han sobornado ya a varios integrantes de las policías regionales y del Poder Judicial «con el objeto de crear estructuras locales para proteger el negocio multimillonario del tráfico de estupefacientes».

De este modo, el representante del CISEN Guillermo Valdés aseguró que «el Congreso mexicano no está exento, ya que los narcotraficantes están tratando de hacerse con el poder».

LAS PROMESAS BALINES DEL ESPURIO

¿Tú le Crees a Felipe Calderón?.... YO TAMPOCO!!!

Felipe Calderón Te Prometió en Campaña "Caiga Quien Caiga"

DESGOBIERNO PANISTA EN CONTRA DE LOS INDÍGENAS

Congreso Nacional Indígena

“Para detener la siembra de tanta muerte”

Gloria Muñoz Ramírez
La Jornada

Representantes de los pueblos wixárika, nahua, purhépecha, zoque, cuicateco, mixteco, triqui, yaqui y yoreme, reunidos en la combativa Sierra Huichola del norte de Jalisco, hicieron un llamado al resto de los pueblos indios “a no creerse del mal gobierno y a continuar su lucha por el ejercicio de la autonomía y sus derechos por la vía de los hechos”.

En el marco de la vigésimo primera reunión ampliada de la Región Centro Pacífico del Congreso Nacional Indígena ( cni ), los 94 delegados advirtieron que en los últimos meses y días el gobierno “ha recrudecido la guerra de exterminio en contra de nuestros pueblos, tribus y naciones a través de la aplicación de diversos proyectos y políticas neoliberales que tienen como finalidad despojar nuestras tierras y territorios, robar y destruir nuestra cultura y provocar la migración y explotación despiadadas de nuestras comunidades”.

El CNI es un espacio de reflexión creado por los pueblos indios de México en octubre de 1996, durante la visita de la comandanta Ramona, representante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), a la ciudad de México. En noviembre de ese mismo año, durante su primera asamblea nacional, los pueblos indígenas acordaron no “reproducir las formas de dominación o de control con que durante tantos años nos han oprimido los grupos de poder en el país, sino por el contrario, establecer nuevas formas de vivir la democracia”, basados en los siguientes principios: servir y no servirse; construir y no destruir; obedecer y no mandar; proponer y no imponer; convencer y no vencer; bajar y no subir; y enlazar y no aislar. Siete lineamientos que fueron recordados durante esta reunión celebrada en la comunidad wixárika de Mesa del Tirador.

Las aulas de la escuela primaria de la comunidad abrieron sus puertas a las cuatro mesas de trabajo en las que se vertieron demandas, propuestas, luchas y resistencias de los pueblos indios de México, quienes advirtieron que en contra de la salvaje destrucción que el capitalismo neoliberal impone a toda la humanidad, ellos, los pueblos, tribus y naciones “sueñan, proponen y construyen un mundo distinto sobre las bases del respeto y la protección de la madre tierra y la continuidad de la vida, la preservación de nuestra identidad y el fortalecimiento de nuestra organización comunal opuesta a la organización capitalista de la sociedad que mercantiliza la vida”. Nuestra lucha, señalaron, “es para detener la siembra de tanta muerte”.

Las reflexiones de los días 5 y 6 de julio giraron alrededor de cuatro ejes temáticos: el impacto de las políticas gubernamentales en los pueblos indígenas, el fortalecimiento de la autonomía indígena por la vía de los hechos, la resistencia de la identidad indígena frente a la dominación de la cultura occidental y, al final de la jornada, el fortalecimiento del CNI. Se habló también de las actuales embestidas neoliberales dirigidas a despojar de sus recursos a las comunidades indígenas del país, de las resistencias concretas que hay como respuesta y de la represión ejercida por el Estado.

En concreto se habló del proyecto de la carretera Amatitán-Huejuquilla el Alto, actualmente paralizado por la lucha y la movilización de la comunidad wixárika de Tuapurie. Este proyecto, afirmaron, tiene como finalidad “fragmentar y privatizar el territorio wixárika con el propósito de propiciar el despojo de la madre tierra en la región occidental del país”. Los delegados apoyaron las demandas de la comunidad de Tuapurie, “en el sentido de cancelar la ejecución del proyecto carretero”.

El CNI se solidarizó también con la demanda wixárika de recuperar el territorio de la comunidad de Waut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán), actualmente invadida por ganaderos de los ejidos Puente de Camotlán y Huajimic, ambos del municipio de la Yesca, Nayarit. Se demandó también la salida de los ganaderos del paraje Cañón de Tlaxcala y se pronunciaron contra la contaminación del río Camotlán, que atraviesa su territorio. En el mismo sentido, se exigió “el reconocimiento legal a favor de la comunidad autónoma wixárika de Bancos de San Hipólito, Durango, sobre la superficie de 10 720 hectáreas correspondientes a las tierras comunales de su propiedad y posesión inmemorial, mismas que fueron ilegalmente tituladas a favor de la comunidad mestiza de San Lucas de Jalpa”.

Con la presencia de representantes yaquis y yoreme, de Sonora, el cni rechazó los megaproyectos conocidos como Mar de Cortés o Escalera Náutica, Fiderco y Plan Puebla Panamá, y exigió la restitución de los derechos territoriales y de agua de la tribu yaqui, la cancelación de los proyectos carreteros en el territorio de las tribus yaqui y mayo, en el estado de Sonora, en los territorios wixárika, cora y tepehuano de Jalisco, Durango y Nayarit, y en los territorios nahua y purhépecha de Michoacán. Se rechazó también el nuevo intento gubernamental de construir el aeropuerto internacional de la ciudad de México en la región de San Salvador Atenco; se pronunciaron por la cancelación de las concesiones mineras otorgadas en las regiones indígenas del sur de Jalisco, Costa de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Nacido como fruto del Foro Nacional Indígena convocado por el EZLN en enero de 1996, en esta XXI reunión el CNI, como siempre, mantuvo presente a las comunidades indígenas zapatistas, actualmente asediadas por el ejército y grupos paramilitares: “Condenamos las provocaciones y amenazas en contra de la comunidad zapatista de La Garrucha y la reserva comunitaria zapatista El Huitepec, en Chiapas, por parte del gobierno de Felipe Calderón, el gobierno estatal de Juan Sabines y los gobiernos municipales involucrados, a quienes responsabilizamos de cualquier agresión o inicio de violencia en contra de nuestros hermanos zapatistas, haciendo nuestra su palabra y su denuncia y exigiendo la desmilitarización inmediata de los territorios zapatistas”.

Además de exigir la liberación inmediata de todos los presos políticos, indígenas y no indígenas, el CNI ratificó su carácter anticapitalista y su adhesión a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, así como su participación en La Otra Campaña.

Voces de la resistencia

Los partidos políticos cuando llegan a nuestras comunidades llegan partidos y también nos parten a nosotros, se van y nos dejan divididos. Cada día que pasa, los diputados y senadores tienen una ley lista que irá contra nuestras comunidades y la naturaleza, y por el lado de la comercialización. (Salvador Campanur, purhépecha de Cherán, Michoacán)

El turismo se está apoderando hasta de las zonas federales, las está reduciendo y privatizando, sólo a los extranjeros permiten entrar, a quienes tienen dólares. Donde yo vivo hay tres lagunas y el empresario extranjero las tiene privatizadas. Toda la agricultura se ha ido abajo. (Antonio Altamirano, comunidad en resistencia La Yerbabuena, Colima)

La resistencia no sólo debe ser por los hidrocarburos, sino además defender a todo México, en especial a nuestros pueblos indígenas. (Ztlalxochitzin, nahua de la Mixteca poblana)

La propiedad es un robo, es un invento legal. La propiedad verdadera es nuestro pensamiento, el mar, el aire y las plantas. Así como el cuerpo, sus obligaciones son tomar el aire o el néctar, sus derechos son el oír, hablar y testificar la palabra. Existe un solar, el cual es México, y es nuestro. No nos tienen que dar un escrito, nosotros somos los legítimos, y está escrito con la sangre de nuestros padres. Mi legitimidad está en mi sangre, desde la creación del primer indio, repito, nosotros como tribus somos las letras, no necesitamos de papel. El que se dice presidente de México, sólo recibe órdenes de otros organismos. Cuando llegan al poder, quieren con armas y fuego moldear el país, y cuando no pueden, siguen con el dinero, tratando de comprar voluntades. Cada tribu tiene su derecho de gobernarse por sí misma. (Alfredo Osuna Valenzuela, tribu yoreme, Sonora)

Las grandes estructuras del gobierno nos engañan con los certificados sobre la tierra, lo que provoca que se pueda vender como mercancía. También pasa con el agua, la quieren privatizar, quieren caer en ese error. Hasta la fecha nosotros tenemos el modo de vida comunal (Crisológo Calleja Hernández, cuicateco del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, cipo )

Mientras que los pueblos, naciones y tribus no pierdan su autonomía, su territorio, su libre determinación, sus culturas sus derechos, conocimientos, recursos y su identidad como sujetos de derecho, seguiremos existiendo. La tierra es la madre y no se vende. La tierra de la comunidad es de la comunidad. (Juan Chávez, purhépecha de Nurío, Michoacán)

Allá en nuestro pueblo tenemos graves problemas de integración, ahora tenemos la división en dos pueblos que ha originado una dualidad de poderes. La tribu yaqui esta conformada por ocho pueblos, pero actualmente tenemos problemas en Vícam y en Pótam. Esta problemática tiene mas de diez años, ha originando confusión en lo político y rebota en otros sectores como en los culturales, sociales y hasta en lo económico. (Juan Domingo Molina Valencia, tribu yaqui de Vícam, Sonora)

Ahora también sabemos que se atenta contra nuestra tierra, rentándola para su explotación con productos ajenos, como el caso del aguacate que en un plazo de veinte años deja la tierra pobre y deja de ser productiva. Ésta es la estrategia que hace el gobierno federal, estatal y municipal, para que las comunidades dejen sus tierras y con esto provocar la división para luego poder vender la tierra. Esta política es clara, así como la del Procede, la cual divide mucho a cambio de unos cuantos pesos que ofrece, pero los resultados del despojo no se pueden ocultar. (María de Jesús Patricio, nahua, Tuxpan, región Sur, Jalisco)

Con el levantamiento zapatista, en 1994, en Nurío se aceptan sus preceptos y desde entonces no se reconoce al municipio de Paracho y ahora ya no votamos más. Ellos dijeron que estamos locos y que el municipio no nos iba a dar nada, pero aún así impedimos las elecciones, y al siguiente año reclamamos nuestro derecho como pueblo y comunidad. Nosotros vemos que esto es un logro, aquí es el pueblo el que decide y no sólo unos dirigentes. Nosotros fuimos apoyados por otras comunidades, pero hoy ellos nos han traicionado y hoy sus dirigentes son parte del gobierno. (Agustín González, purhépecha, Nurío, Michoacán)

Espero que los que estamos aquí hagamos el análisis necesario sobre lo que hacen los partidos políticos contra nuestras comunidades y que aquí mismo debatamos las resoluciones para luchar en contra de estas acciones. (José Guadalupe Taizan Hernández, wixárika, Mesa del Tirador, Jalisco)

Oaxaca es el estado donde no ha entrado tan fuerte el Procede, es por ello que han aplicado estas acciones de represión. Nosotros no pedimos limosnas, sino justicia y que nos respeten como pueblo indígena, pero el gobierno se ha hecho de oídos sordos. (Pedro Bautista Rojas, mixteco del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, CIPO)

Nosotros desconfiamos del comisariato ejidal de nuestro ejido, pues él fue designado por el presidente municipal para que haga lo que él le ordene. Esto es muy malo, pues ellos sólo ven cómo sacar dinero y a nosotros nos tienen olvidados. (Ynocencio Jacobo, nahua, Lagunillas, Ayotitlán, Jalisco)

Con los yaquis nosotros nombramos a un comité, pero no es de ningún partido y ellos gestionan lo que se necesita. En todos lados se cuecen habas y allá también hemos detectado irregularidades, pero los sancionamos cuando descubrimos que se quieren meter cosas de partidos. (Fernando Jiménez, tribu yaqui, Sonora)


Recopilación: Gloria Muñoz Ramírez

SAQUEO, DESGOBIERNO, TERRORISMO DE ESTADO E INEPTITUD LAS CONSTANTES DEL GOBIERNO PANAZI

Ingobernabilidad política y administrativa

Álvaro Cepeda Neri

A dos años de ilegitimidad, tras la toma de posesión por la puerta trasera de la sede del Congreso, los calderonistas, de una de las facciones derechistas del Partido Acción Nacional (con el motín a bordo de los ultras de El Yunque, comandados por el provocador Manuel Espino) no atinan a conducir la nave del presidencialismo.


Su pírrica y dudosa victoria apesta a fraude conforme aparecen más investigaciones y llega el turno del acceso a la información de la paquetería electoral (José Antonio Crespo, 2006: hablan las actas, editorial Debate), desembocando en la continuidad de la crisis política y la ineficacia administrativa de Calderón como jefe de gobierno, mientras se fuga a giras internacionales como jefe de Estado.


Los calderonistas, encabezados por Juan Camilo Mouriño Terrazo, naturalizado campechano-mexicano (hijo de padre gallego y madre española) sobresalen, pillados con “las manos en la masa” petrolera, “en el reparto del botín y, de modo especial, en la ocupación de cargos públicos” (Alejandro Nieto, El desgobierno de lo público, editorial Ariel).


Despidieron a Francisco Ramírez Acuña, destapado para la sucesión presidencial con el apoyo de los yunquistas y el góber piadoso Emilio González Márquez, tirador a esa candidatura si Ramírez se desinfla. Sólo hay mediocridad en los secretarios del despacho, llevando a su nivel de incompetencia a Mouriño que cava su tumba mientras espía con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional a los adversarios, (y comparte chismes con Calderón y César Nava, con pequeñas dosis a Germán Martínez) sobre todo a los diputados federales y senadores, para ver si los doblega y les llega al precio al enterarse de sus debilidades.


El presidente aparente del PAN, Germán Martínez, sale de la Secretaría de la Función Pública, para sustituir a Manuel Espino, con la aureola de doctrinario, inteligente, discípulo de Carlos Castillo y leal a Calderón. Hasta ahora Martínez es el peor dirigente panista y lleva a pique al PAN, no por sus militantes (no más de 1 millón) sino porque sus simpatizantes están desilusionados. Resultaron más corruptos e ineficaces que sus antecesores (pero menos que los foxistas, hasta ahora).


Calderón no gobierna, por miedo... y flojera. Está flotando, mientras su manu militari, desde las secretarías de la Defensa y Marina (ésta con un marinero locuaz de titular), no resuelven el problema del narcotráfico y sus cárteles, mientras el país sobrevive en el terror y la angustia del baño de sangre: decapitados, fusilados... homicidios todos los días (como en Irak y Afganistán) con la apreciación del procurador Medina Mora, entre cínica e importamadrista, de “parece que vamos perdiendo... pero vamos ganando”.


Mientras, el exbaterista de Timbiriche Maximiliano Cortázar Lara, alias Max, atrincherado en Los Pinos, conspirando contra las libertades de prensa y ordenando a sus cómplices en las direcciones de comunicación de las secretarías, que por ningún motivo den publicidad a la prensa que asume su papel de contrapoder (señalando con índice de fuego a las revistas Proceso y Contralínea).


Cortázar habla a la oreja de Calderón, quien mantiene su odio-venganza contra Gutiérrez Vivó, favoreciendo al Grupo Radio-Centro y manipulando al sistema judicial para que por ningún motivo se ejecute la sentencia que conforma el laudo internacional a favor de lo que fue la empresa Monitor. Y la otra parte de Cortázar: Irma Pía, la de normatividad de Gobernación, amenazando a la prensa que no es complaciente con el desastre calderonista.
El expriista Javier Lozano Alarcón, provocador y enemigo de los trabajadores, pero amigo de los patrones, dispuesto a cortarle la cabeza al seudolíder minero fugado a Canadá y cómplice del empresario Germán Larrea. Lozano es uno de los kamikazes de Calderón, aspirante a gobernador de Puebla, a jefe de gobierno de la Ciudad de México y para sustituir a Mouriño en Gobernación, mientras predica su derecho natural en la Escuela Libre de Derecho, adonde llega en lujoso automóvil, cuatro carros de guaruras y con su despotismo para “apantallar” a los alumnos.


Y qué decir del salinista precapitalista salvaje y proestadunidense (cómplice, compadre y socio del desgobernador sonorense Robinson-Bours, éste, también, en iguales términos de Medina Mora) Luis Téllez. Mosquita muerta del calderonismo, se moría por ser director de Petróleos Mexicanos para de una vez por todas y sin reforma energética privatizarlo. Está vendiendo las carreteras, y la “cuatro caminos”, en Sonora, se la rematará a Bours.


Y sigue la mediocridad de la desdibujada Patricia Espinosa Cantellano, en Relaciones Exteriores, apenas para España y los reyecitos Juan Carlos y Sofía con sus pretensiones de que seguimos siendo la Nueva España.
El secretario de Salud, con su jefe de Relaciones Públicas, encaminado a candidatearse para la presidenciable, pues su desempeño exitoso en los hechos y en su protagonismo mediático le ha permitido estar en el primer plano.


La secretaria de Energía, Georgina Kessel Martínez (con Jesús Reyes Heroles González Garza, director de Pemex, y su prepotente jefe de prensa, Carlos Ramírez) más que dispuesta a entregar a la iniciativa privada de los Mouriño, estadunidenses y españoles –ya metidos en el gas– la explotación y comercialización petrolera. Y con las manos en el fuego por Calderón, cuando todo apunta a que su contrarreforma será decapitada por un PRI que no quiere cargar con la contraexpropiación petrolera.


¿Y Carstens? El peso pesado, impuesto por el FMI en la Secretaría de Hacienda (su cuñado litiga asuntos fiscales con el visto bueno tierra adentro del SAT, donde despacha el nieto de Ortiz Mena) cobrando impuestos hasta por respirar, lo tiene sin cuidado su obesidad frente a la anemia del subdesarrollo y el congelado crecimiento económico del país.


Y esto lo hermana con esa nulidad de Eduardo Sojo, el titular de Economía (dizque keynesiano, porque fue amigo de Lawrence R. Klein, autor del libro La revolución keynesiana, editorial Trillas). Sojo es la herencia directa de Fox, su medianía es la medida del resto de los secretarios calderonistas.


Está Bebeto, Alberto Cárdenas Jiménez, de la Sagarpa. Ni ata ni desata. No cumple sus obligaciones para con el campo. Eso sí, anda en el protagonismo y la provocación. Es otro de los jaliscienses (paisanos de Victoriano Huerta) dispuestos al golpismo para apoderarse de la Presidencia de la República.
Josefina Vázquez Mota es la otra cara de la moneda donde aparece la perversa (amiga-enemiga) Elba Esther Gordillo. Chepina quiere la Secretaría de Gobernación, para la que se creyó destinada desde un principio, y así ser la candidata del PAN (donde nadie la acepta) para la sucesión de Calderón.
Sentada en el escritorio que fue de Vasconcelos, supone que por ese hecho ya tiene ganada reputación de educadora nacional, cuando se la lleva en permanente tour de force con la Gordillo que primero quiere ser secretaria de Educación Pública y luego candidata a la Presidencia de la República, como la abeja reina del Panal.


Por otra parte García Luna, un fracaso en Seguridad Pública federal y ninguneado en la batalla militar contra el narcotráfico, mientras paga facturas con las ejecuciones de sus más altos mandos policiacos. Restan, del primer círculo calderonista, Ernesto Cordero, sustituto de su igual en incompetencia María Beatriz Zavala Peniche, pero dispuesto a seguir usando a Sedesol para llevar votos a la causa azul.


Juan Elvira Quesada, de Semarnat, sembrador de campañas Proárbol, sin un programa mínimo que pare la tala en el centro y sur del territorio mexicano. En lo del calentamiento global, a su jefe Calderón lo tiene enganchado con una campaña internacional que ningún país le hace eco.
Y Abelardo Escobar, de la muerta Secretaría de la Reforma Agraria, donde cobran sus fabulosos sueldos él y su grupo, sin hacer absolutamente nada; mientras, la corrupción aumenta en perjuicio de los campesinos que sobreviven en un campo desahuciado.


Faltan los calderonistas de los órganos descentralizados: Pronósticos Deportivos, donde un seudo-panista, Adolfo Blanco, maneja la publicidad con agujeros negros de corrupción, al darla a sus cuates con la consigna de “te doy, pero das”.


La CFE y Luz y Fuerza del Centro (en la orilla de la privatización), con sus jefes de prensa al servicio de Cortázar. Hay materia para otra columna, donde estarán, con pelos y señales, como la continuación de la ingobernabilidad política y administrativa del calderonismo.

DESGOBIERNO PANISTA: POLÍTICAS NEOLIBERALES PRIANISTAS PROVOCAN KAOS ECÓNOMICO

Gobierno incapaz de revertir caos económico

Desempleo, incremento de la inflación, disminución de la inversión extranjera directa y caída de remesas: factores que encaminan a la economía mexicana a la recesión. El gobierno federal, incapaz de revertir el “caos económico” que se avecina, según especialistas

Érika Ramírez

La política económica que dirige Felipe Calderón es incapaz de controlar el aumento de la inflación, el desempleo, la elevación en los precios de los alimentos, la disminución de la inversión extranjera directa y la caída de remesas. Éstos son algunos de los factores que provocan inestabilidad en el sistema financiero del país.

Pese a que las expectativas del Banco de México (Banxico) –registradas en el documento Política económica. Informe sobre el primer semestre de 2007– anticipaban los “riesgos” económicos del país, el gobierno federal reaccionó hasta inicios de este año. Además, las políticas implantadas (la apertura total a las importaciones y la fijación de precios en 150 productos de alimentos) no otorgan ningún tipo de certidumbre a la sociedad, consideran investigadores y legisladores.
De acuerdo con el documento del banco central, desde septiembre pasado el crecimiento económico en México registró un incremento “moderado” anual del producto interno bruto (PIB) de apenas 2.7 por ciento, cifra inferior en más de dos puntos porcentuales a la registrada en 2006: 4.8 por ciento.

El “menor” dinamismo de la actividad económica en ese periodo “fue influido de manera desfavorable por varios aspectos del entorno externo”, indica el informe: la expansión de los dos componentes de la demanda –el interno y el proveniente del exterior– fue moderada; la desaceleración del gasto de consumo, iniciada en el cuarto trimestre de 2006, persistió en la primera mitad de 2007; el incremento anual de la inversión resultó menor que el año anterior, y la tasa de crecimiento anual de las exportaciones de bienes y servicios (particularmente de las correspondientes a bienes manufacturados) fue “modesta”.

Dependiente de la economía estadunidense, México resiente los efectos de la crisis hipotecaria que prevalece hasta ahora en el país vecino, pues tuvo un impacto “adverso” en el gasto interno y la producción nacional.

Banxico destaca que se “mantuvo una desaceleración de la demanda proveniente de Estados Unidos, que es el principal mercado para las exportaciones mexicanas. La variación de las exportaciones del sector automotriz resultó negativa; el ingreso de recursos por concepto de remesas familiares apenas subió el 0.6 por ciento, mientras que en años previos dicho rubro había presentado un importante dinamismo que, consecuentemente, había coadyuvado a la expansión del gasto de consumo privado, y disminuyó el saldo superficiario de la balanza comercial de productos petroleros”.

Tales resultados, dice Patricia Rodríguez López, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas (Iiec) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), son consecuencia de que en el país no hay ningún sector productivo que esté protegido por el Estado; la industria manufacturera y el sector agropecuario, otrora fuentes de producción para el consumo interno, quedaron totalmente liberalizados desde hace más de 25 años. Además falta regular el sistema bancario, el cobro de comisiones a los usuarios y el otorgamiento de créditos para fortalecer el mercado nacional.

La especialista explica que con la aplicación de políticas neoliberales puestas en marcha en 1982, durante la administración de Miguel de la Madrid, el país se ha basado en un modelo exportador que ha fracasado: “Se pretendía que este sector encadenara toda su producción y eslabonara toda la economía, pero no ha ocurrido así; por el contrario, se rompieron los lazos que había entre los sectores productivos y no se ha generado la riqueza necesaria para un mayor crecimiento del país”.

Eduardo Loria Francisco, fundador y coordinador del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos, de la Facultad de Economía de la UNAM, explica que en México se implantó una “liberalización a ultranza, sin haber compensado con medidas microeconómicas: un país siempre debe tener sectores protegidos o apoyados con políticas industriales, subsidios o estímulos fiscales para generar empleos y divisas. En nuestro caso se desgravó todo sin políticas compensatorias”.

Aumento de precios en alimentos
El estudio El impacto en los hogares del país por el incremento en los precios de los productos alimenticios, diciembre de 2005 a mayo de 2008 –elaborado por los investigadores parlamentarios Reyes Témpach y Román Martín Aguilar, del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados– indica que: “La crisis mundial de los precios de las materias primas agrícolas ha encarecido los productos alimenticios en México”.
Agrega que este incremento de los precios se está trasladando a nuestro país a través de las importaciones de cereales y granos básicos, que se están adquiriendo en el mercado mundial con precios altos. Esto se debe, dice, a que la producción interna es incapaz de cubrir la demanda local.

Los investigadores, adscritos a la dirección de economía del centro de investigación, precisan que “el encarecimiento de los artículos alimenticios fue superior al resto de los bienes y servicios que componen el consumo de los hogares en México”. Esto perjudicó a las familias con menores ingresos, pues el aumento se dio en más del 25 por ciento.

Las cifras de los analistas, basadas en los datos oficiales del Banxico, señalan que de mayo de 2007 a mayo de 2008, los precios de los alimentos se incrementaron 8.80 por ciento, que se suma al aumento del 16.46 por ciento, registrado a partir de diciembre de 2005 a mayo de este año.

El impacto se registró mayormente entre las familias que perciben hasta un salario mínimo general, es decir 52.59 pesos, pues fue de 18.27 por ciento; entre los que obtienen entre uno y tres salarios, la repercusión fue de 17.23 por ciento; los que ingresan de tres a seis salarios mínimos tuvieron una afectación del 16.51; y en aquellos que ingresan más de seis salarios mínimos fue del 15.60 por ciento, indican los cálculos de diciembre de 2006 a mayo de este año.
Entre los productos que sufrieron mayor incremento, de diciembre de 2005 a mayo de 2008, se encuentran los aceites, grasas y combustibles en 60.57 por ciento. Le siguen: pan, tortillas y cereales con el 26.65 por ciento; lácteos y huevos, 21.61 por ciento; pescados y mariscos, 11.44 por ciento; frutas y hortalizas, 11.28 por ciento; azúcares, café y refrescos envasados, 10.84, y carnes, en 10.58 por ciento.

Pablo Trejo Pérez, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, acepta que México está ante una situación “muy complicada”, porque no se han tomado medidas preventivas en la producción de alimentos para sustituir importaciones, realizar inversiones que nos lleven a un encadenamiento productivo.

De acuerdo con el Informe de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2006, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, el país tiene una dependencia alimentaria del 42.5 por ciento y dejó de ser autosuficiente en la producción de sus granos básicos: pese a la suficiencia de maíz, principal producto en la canasta básica de los mexicanos, en el sexenio foxista las importaciones de éste se incrementaron en 157 por ciento (Contralínea 104).

El legislador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) dice que México no puede combatir el alza de los precios: “Es urgente dotar de recursos efectivos al campo, porque las políticas que tenemos aplicadas en el país son asistenciales; necesitamos, además, fortalecer la comercialización, colocar sistemas de riego, dotar de semillas mejoradas, fertilizantes, incluso, sistemas de cultivo más provechosos que nos permitan tener una mayor producción alimentaria”.

Desempleo acelerado
El desempleo, expone la investigadora Patricia Rodríguez López, es una de las principales afectaciones que sufre la sociedad mexicana. Para los 45 millones 621 mil 687 trabajadores que conforman la población económicamente activa (PEA), sólo se ofrecen trabajos mal pagados. Anualmente, 550 mil personas emigran al extranjero, principalmente a Estados Unidos, y apenas 16 millones de trabajadores cuentan con salario y prestaciones que marca la ley (Contralínea 101).

Datos de la Encuesta nacional de ocupación y empleo, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, indican que de enero a mayo de 2008 la tasa de desempleo se ubicó de 4.06 a 3.23 por ciento de la PEA.

Esta situación, prevé la especialista universitaria, podría ir en aumento, pues con un crecimiento del 2.7 del PIB no se pueden generar nuevas fuentes de empleo formal. “En esta política económica han prevalecido las negociaciones económicas, no se tienen visiones a mediano y largo plazo, como el derecho al empleo”.

El legislador del PRD, Pablo Trejo, critica que los recursos que está manejando el gobierno, con la intención de generar nuevos proyectos productivos a través de las micro, pequeñas y medianas empresas, queden en manos de asociaciones civiles, fundaciones y fideicomisos, incluso de empresas trasnacionales. “No hay ninguna política en donde el micro y pequeño empresario pueda acceder a créditos blandos para hacer más productivo su negocio. En la medida en que no tenemos empresas, no tenemos producción ni empleos ni valor agregado; sólo dependemos del recurso que genera el petróleo”.

En febrero de este año, la revista Fortuna, Negocios y Finanzas documentó que la Secretaría de Economía entregó a la trasnacional Ford Motor Company más de 1 mil millones de pesos del Fondo para las Pequeñas y Medianas Empresas, durante los ejercicios fiscales 2005 y 2006. Mientras, el 80 por ciento de pequeños comercios fracasan cada año por falta de apoyos económicos. Además de la polarización de las fuentes de empleo.

Inflación al alza, IED y remesas a la baja
Otros dos factores que han afectado la economía mexicana, consideran los especialistas, es el incontrolable aumento de la inflación y la baja en la inversión extranjera directa (IED). De la primera, el Banxico muestra un incremento de 0.31 puntos de mayo a junio de este año.
En mayo la inflación general anual aumentó a 5.26 por ciento, en contraste con los 4.95 de un mes anterior. El incremento se debió, explica Banxico, a que los precios de los alimentos han mantenido su trayectoria alcista, sobre todo en las cotizaciones de los aceites, grasas vegetales comestibles, arroz, tortilla de maíz y los productos derivados del trigo. El segundo factor fueron los incrementos registrados en los precios de vivienda propia, transporte aéreo, restaurantes y consulta médica.

Además, la IED total reportada el primer trimestre de este año, indican datos de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, dependiente de la Secretaría de Economía, asciende a 4 mil 194 millones de dólares, cifra 36 por ciento menor a la reportada durante el mismo periodo de 2007: 6 mil 553 millones de pesos.

De los más de 4 mil millones de dólares, apenas el 26.4 por ciento fue de nuevas inversiones, es decir, 1 mil 106 millones de dólares; el 48.1 por ciento (2 mil 19 millones de dólares) fueron de reinversión de utilidades; y 1 mil 69, 25.5 por ciento, de cuentas entre compañías, reporta la comisión.

La baja del 36 por ciento en la IED, que significó una caída de 2 mil 358 millones de dólares, se desglosa de la siguiente manera: 811.7 millones de dólares en nuevas inversiones; 402 millones de dólares en reinversiones; y 1 mil 145 millones de dólares en cuentas entre compañías.
Según la información de la Secretaría de Economía, la mayor inversión fue realizada por Estados Unidos, con el 69.7 por ciento; Alemania, 8.2 por ciento; Canadá, 6.3 por ciento; España, 5.8 por ciento; Luxemburgo, 4.4 por ciento; Holanda, 2.7 por ciento; Japón, 0.7 por ciento; y otros países, 2.2 por ciento.

Mientras, las remesas que dejan los migrantes mexicanos en Estados Unidos pasaron de 7 mil 513 millones de dólares a 7 mil 335 millones de dólares, según cálculos del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos de la UNAM, basados en información del primer cuatrimestre de 2007 y 2008.

Enrique Serrano Escobar, secretario de la Comisión de Economía en la Cámara de Diputados, asegura que el gobierno federal no ha hecho su papel de ir a las raíces del sistema económico del país “sino que ha dado sólo aspirinas a los problemas que estamos viviendo. No ha acabado de consolidar su toma de posesión, quizá la inseguridad le agobie y bloqueé la capacidad de pensar en el crecimiento económico que necesitamos en el país”.

Serrano Escobar advierte que el panorama que afectará a México “se está complicando, principalmente, por la baja en la disponibilidad de alimentos. Los escenarios no son halagüeños: países que están en completo estado de hambruna no ven salida y eso también va a provocar problemas en el entorno político mundial.

“El gobierno tiene que abrir espacios de actuación, darle facilidades al inversionista, analizar toda la serie de trabas burocráticas de simplificación administrativa en todos los niveles de gobierno, e invertir en el campo, tenemos que ser más agresivos para enfrentar esta inestabilidad”, dice el diputado.

DESGOBIERNO PANISTA: FRACASO TOTAL LA "GUERRA CONTRA EL NARCO"

Narcotráfico, desestabilización y guerra perdida

Información oficial da cuenta del estrepitoso fracaso de la lucha contra el narcotráfico, la principal oferta del calderonismo: 5 mil muertos –10 por ciento de ellos del Ejército Mexicano, la Marina o alguna de las corporaciones policiacas–; caída en las tasas de erradicación del cultivo de marihuana y amapola, e incapacidad para superar los niveles de incautación de la droga que se trasiega en México. La DEA, inconforme con el desempeño de la Sedena en la erradicación de cultivos de enervantes

Más de 5 mil personas han perdido la vida en hechos relacionados con el combate al narcotráfico. Alrededor de 500 estaban adscritas al Ejército Mexicano, la Marina Armada de México o las policías federales, estatales y municipales.

Las muertes, como toda la ola de violencia en el país desatada con la “guerra al narcotráfico” emprendida por Felipe Calderón desde que se hizo de la Presidencia de la República, han servido de poco: la erradicación de cultivos de marihuana y amapola disminuyó y la incautación de drogas se mantiene en el 10 por ciento del total de la que circula en el país.

Infiltradas por el crimen organizado y la corrupción, las instituciones del Estado mexicano que supuestamente combaten el narcotráfico no logran coordinar un embate frontal. A decir del especialista Guillermo Garduño, “pareciera que el Ejército combate solo, porque jueces y funcionarios de Hacienda no están en la misma línea; hay esferas del propio gobierno que defienden a los delincuentes”. Y es que la “saturación militar” del país tendría como principal objetivo el “control social” y no el combate al trasiego de enervantes, completa el investigador Jorge Luis Sierra.

Los saldos de la supuesta guerra contra el narcotráfico han dejado de ser publicitados por los funcionarios. En Hidalgo, el 5 de julio pasado, el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño dijo que en el combate al crimen organizado “no se trata de quién gana o pierde, sino de ver que se ha reducido el poder de los grupos de delincuentes”.

Enseguida, vertió los “logros” de la administración calderonista: 23 mil personas detenidas, 55 toneladas de cocaína decomisadas y aseguramiento de 4 mil 500 millones de dólares.

Ejército, reprobado por la DEA
Sin embargo, la Drug Enforcement Administration o Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) descalifica el papel del Ejército Mexicano en la lucha contra el cultivo de drogas.

De acuerdo con el International narcotics control strategy report 2008, informe de la DEA elaborado con datos de 2007, la eficiencia de las autoridades mexicanas en la erradicación de cultivos de marihuana y amapola descendió desde la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia de la República en diciembre de 2006.

Según la DEA, luego de que el Ejército Mexicano asumiera la responsabilidad exclusiva de erradicar los cultivos de drogas, “los niveles de erradicación de marihuana se redujeron en 21 mil 357 hectáreas”; y los de amapola, en “11 mil 46 hectáreas respecto de los niveles de 2006”.

En el documento se asienta que “la disminución en las tasas de erradicación se debe, en parte, a la realineación de las responsabilidades de erradicación aérea. La PGR (Procuraduría General de la República) dejó sus vuelos de erradicación en diciembre de 2006, y la posterior tasa de erradicación de los militares ha sido lenta”.

La oficina estadunidense de combate al trasiego de drogas también advierte que, “pese a los esfuerzos realizados por el gobierno mexicano para restringir la entrada ilícita de precursores de droga a Estados Unidos, la fabricación y el tráfico de metanfetaminas en México sigue siendo significativa en 2007”. Reporta un aumento de apenas 278 kilos en las incautaciones respecto a 2006.

De acuerdo con el especialista Jorge Luis Sierra, posgraduado en política y economía de la defensa por la Universidad de la Defensa Nacional en Washington, “el flujo general de drogas persiste en las mismas características de siempre. El nivel de decomiso no ha cambiado: sigue siendo del 10 por ciento de la cantidad de droga que se estima que pasa por México y llega a Estados Unidos”.

En la evaluación del gobierno mexicano, la DEA celebra el “récord” de extradiciones del gobierno de Calderón a Estados Unidos en 2007 (83); las detenciones de Zhenli Ye Gon, dos hermanos Beltrán Leyva, y la Reina del Pacífico, Sandra Ávila; así como la aceptación de cursos de capacitación impartidos por estadunidenses: “El gobierno de Estados Unidos capacitó a miles de mexicanos en 2007”.

El “personal capacitado” depende de la Administración General de Aduanas, la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México. Entre los cursos impartidos se encuentra el de “aplicación de la ley”.

Enemigo desconocido
El Ejército Mexicano dice desconocer al enemigo que combate. En respuesta a la solicitud de información de 0000700070908 presentada por Contralínea, por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), la Unidad de Enlace de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señala que la información relacionada con las bandas del narcotráfico “queda fuera del ámbito de la competencia de esta secretaría”.

La información requerida: estados de la república donde operan las bandas del narcotráfico, nombres con los que se les identifica, líderes, número aproximado de integrantes, droga que trafican. La Sedena sólo atina a decir: “Sobre el operativo vigente para el combate al narcotráfico, esta secretaría se encuentra aplicando actualmente la ‘directiva para el combate integral al narcotráfico 2007-2012’ y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”.

A este respecto, Jorge Luis Sierra, quien ha sido consultor de The Washington Office on Latin America, señala que “no existe una política integral de Estado para combatir al narcotráfico y sus causas; parece que lo único que importa es la imagen”.

A decir del investigador, la “guerra contra el narcotráfico” emprendida por el gobierno de Felipe Calderón se resume en “un gasto de dinero de manera irracional que la gente está pagando con sus impuestos”. La consecuencia “de que se estén utilizando los recursos militares en un guerra que aparentemente no tiene fin y que carece de sentido de victoria, será la desmoralización de las fuerzas armadas. Además, el otro gran costo que se está pagando es la vida de los propios soldados, a quienes se les está dando la orden de combatir a un enemigo que está protegido por otras partes del propio gobierno”.

El especialista en fuerzas armadas, Guillermo Garduño, explica que en México se ha desatado una guerra que se libra en cinco frentes: entre las mismas bandas del narcotráfico; entre el Ejército y los cárteles de la droga; entre las policías y los narcotraficantes; en las calles de distribución menudista y en las esferas políticas.

Para Garduño, la única institución que combate frontalmente al narcotráfico “y con estrategia” es el Ejército Mexicano. Sin embargo, se trata de una guerra que de antemano está perdida.

El investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y catedrático invitado del Colegio de la Defensa Nacional –institución de la Sedena encargada de formar a los altos mandos del Ejército– señala que el primero de los seis ejes de la estrategia castrense es la captura de los jefes de las organizaciones delincuenciales.

“Pero cada vez que se captura a un capo importante, éste es sustituido inmediatamente en la estructura de la mafia. Así, resulta muy poco significativa cualquier detención.”

El segundo eje es penetrar los territorios ocupados por el narcotráfico para recuperar espacios. “Sin embargo, con la salida de las tropas, los narcotraficantes vuelven a ocupar el territorio; además, casi siempre el Ejército termina por tener roces con la población civil de los lugares que ocupa”.

El tercer eje, a decir de Garduño, es la afectación a la capacidad de aprovisionamiento del narcotráfico. “Pero un kilogramo de heroína tiene un valor en el mercado de aproximadamente 32 mil 850 dólares; el de cocaína, 7 mil 280 dólares. Y el costo real de la heroína es de 500 dólares y el de la cocaína 300 dólares: el nivel de utilidad es monstruoso y no hay ningún producto que pueda tener esa ganancia. Para un campesino, una cosecha de amapola equivale a 10 años de buenas cosechas de maíz. Poco realmente se puede hacer en este eje”.

El cuarto eje es el ámbito financiero de lavado de dinero. “Sin embargo éste casi no se ataca. Mientras el narcotráfico tenga estos recursos, seguirá reproduciéndose”.

El quinto eje de la estrategia del Ejército es doblegar con la capacidad de fuego. “Pero las bandas del narcotráfico ya demostraron también una capacidad de fuego equiparable al de su oponente: armamento moderno y personal capacitado en su uso”.

El último eje de la estrategia contra el narcotráfico señalado por Garduño es la infiltración del narcotráfico a través de la inteligencia. “Sin embargo, vemos que ha ocurrido lo contrario: es realmente el narcotráfico el que ha tenido una capacidad impresionante para infiltrar al Ejército, a las policías, al Poder Judicial y a la clase política”.

Por todo ello, el especialista dice que “se está librando una guerra en la que hay muy poco que hacer; así como está planteada, no conduce a otro lado que al fracaso”.

Los muertos y la violencia en vano
La PGR reconoce que, desde el inicio del sexenio de Felipe Calderón hasta el 4 de junio de 2008, han sido ejecutados 472 elementos policiales y militares y 4 mil 313 civiles.

Aún no ocurría el “récord” de asesinatos en un día: 38 personas fueron ultimadas tan sólo el 23 de junio pasado. De entonces a la fecha, al menos 10 personas mueren diariamente en hechos relacionados con la “guerra contra el narcotráfico”. Los policías y militares asesinados ascenderían a alrededor de 500 y los civiles a 4 mil 500 desde el 1 de diciembre de 2006.

En el oficio DGPDSC/UEAI/2631/2008 –elaborado por la Unidad de Enlace de la PGR en respuesta a la solicitud de acceso a la información 0001700083108 presentada por Contralínea, a través de la LFTAPG– se establece que las cifras proporcionadas por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de la PGR “no sólo son validadas periódicamente con otras áreas sustantivas de esta procuraduría, sino que (…) provienen de las dependencias involucradas en el Esfuerzo Nacional (…)”.

Sin embargo, la dependencia se niega a especificar en qué entidades federativas perdieron la vida las casi 5 mil personas; tampoco detalla cuántas pertenecían al Ejército Mexicano, a la Marina Armada de México y a las policías federales, estatales y municipales. Reserva por seis años esos datos.
La Sedena reporta 54 militares asesinados en hechos relacionados con la lucha contra el narcotráfico entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de abril de 2008. Se trata de “cuatro jefes, 13 oficiales y 37 de tropa”.

Según la información proporcionada por la Unidad de Enlace de la Sedena –en respuesta a la solicitud de información 0000700071508–, dos militares perdieron la vida en diciembre de 2006: uno el día 12 en Michoacán y otro el 16 en Oaxaca.

Durante 2007 resultaron muertos 34 efectivos militares: uno el 10 de enero en Tamaulipas; uno el 31 de enero en Baja California; dos el 2 de febrero en Sinaloa; tres el 27 de febrero en Tamaulipas; uno el 7 de marzo en Guerrero; tres el 30 de marzo en Oaxaca; dos el 23 de abril en Guerrero; cinco el 1 de mayo en Michoacán; tres el 17 de mayo en Sinaloa; uno el 31 de mayo en Sinaloa; tres el 31 de mayo en Chihuahua; tres el 24 de junio en Sonora; uno el 29 de julio en Baja California; uno el 3 de agosto en Michoacán; uno el 22 de agosto en Sinaloa; uno el 11 de septiembre en Sinaloa; uno el 28 de octubre en Sonora, y uno el 1 de diciembre en Sonora.

Respecto a los militares asesinados de enero a abril de 2008, la Sedena informa que se trató de uno el 6 de febrero en Michoacán; uno el 7 de marzo en Chihuahua; uno el 39 de marzo en Veracruz; dos el 26 de marzo en Sinaloa; 11 el 18 de abril en Michoacán; uno el 19 de abril en Michoacán, y uno el 30 de abril en Tamaulipas.

Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informa a Contralínea que el número de policías federales, estatales y municipales “fallecidos en cumplimiento de su deber” desde el 1 de diciembre de 2006 y hasta octubre de 2007 ascendía a 57.

En su mayoría, los policías asesinados estaban adscritos a la Policía Federal Preventiva (31) o eran parte de la policía judicial (11). Además, los estados del norte de la república fueron los más inseguros para los policías: Nuevo León, Sonora y Durango.

Para el especialista en seguridad nacional, José Luis Piñeyro, “con el despliegue militar lo único que se puede lograr es el control de ciertos espacios territoriales y ahí dictar las reglas del juego. Eliminar el tráfico de drogas es imposible”.

De acuerdo con el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, lo único que las autoridades intentan hacer es “restablecer acuerdos implícitos o explícitos de lo que se puede y no se puede permitir”.

Contralínea solicitó entrevista con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. Sin embargo, la dependencia gubernamental declinó otorgar la entrevista porque “lo que se tiene que decir está en la página electrónica de la secretaría”.

DESGOBIERNO PANISTA: CRIMINALIZANDO LA PROTESTA

Tolerancia social en el límite

Se avecina una movilización social que no podrá ser contenida por la administración calderonista, consideran sociólogos, politólogos, historiadores y luchadores sociales. Pobreza, despojo, desempleo y crisis de legitimidad del actual régimen, las causas. La respuesta de los gobiernos federal y estatales ha sido la criminalización de más de 60 movimientos sociales en los dos años recientes

Paulina Monroy

La crisis alimentaria, el deterioro económico, la violencia institucionalizada, la fragmentación social y las reformas estructurales son “caldo de cultivo” para una escalada de movilizaciones que cuestionará la estabilidad de Felipe Calderón en el poder. Especialistas advierten que, como sucedió en Argentina, Bolivia y Ecuador, en México el estallido social se avecina.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en México el 42 por ciento de la población vive en la pobreza y casi el 14 por ciento, en pobreza extrema. El Banco Mundial asegura que el 50 por ciento de mexicanos está en condiciones de miseria.
En tanto que Carlos Slim –considerado el segundo hombre más rico del mundo– concentra el 8 por ciento del producto interno del país (PIB) y las 38 familias más ricas, el 14.4 por ciento, el capital del 10 por ciento de los más pobres representa sólo 1.6 por ciento del PIB.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, desde que Calderón asumió la Presidencia y hasta septiembre de 2007, la tasa de desocupación se incrementó de 4.6 a 4.9 por ciento. Para ese año se contaban 1 millón 616 mil mexicanos desempleados y el 50 por ciento de los trabajadores ganaban de uno a tres salarios mínimos, el cual perdió casi 24 por ciento de su poder adquisitivo (Contralínea 101).
Según los especialistas, el gasto social es deficitario, no hay política económica que revierta la crisis en el campo y tampoco una visión de desarrollo. Diputados, especialistas y defensores de derechos humanos coinciden en que la tolerancia de los mexicanos está en el límite.
Carlos Antonio Aguirre Rojas, historiador e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), observa que el país camina, como en la última etapa del Porfiriato, hacia un estallido social similar al ocurrido en la Revolución de 1910. Advierte que las condiciones de vida de los mexicanos se deterioran y pierden referentes de cohesión: “Hay un país que ve la administración de Felipe Calderón y el que existe”.
Politólogo y sociólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Carlos Lozano Ángeles considera que el cierre de 2008 será conflictivo. Anuncia que las condiciones serán tan deplorables que proyecten un posible estallido social, pues se avecina una crisis económica aguda.
Descontento social
Edgar Cortez Morales –secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos (Red TDT)– dice que las pequeñas movilizaciones en la vía pública son expresión de un enorme y diverso descontento social en el país, que puede aumentar.
La Secretaría de Gobierno del Distrito Federal apunta que en 2007 12.5 millones de personas realizaron 2 mil 93 movilizaciones en la vía pública: 892 en el ámbito local y 1 mil 582 en el federal, a las que asistieron 882 mil 525 personas. Durante ese año se contaron 1 mil 58 concentraciones, 466 bloqueos, 368 marchas, 336 mítines, 48 caravanas, 37 reuniones agendadas, 35 plantones, 22 tomas de instalaciones, tres huelgas de hambre y una protesta individual.
Sólo en enero de 2008 se registraron 194 movilizaciones: 91 concentraciones, 18 marchas, cinco mítines, 10 plantones, 48 bloqueos viales, 10 bloqueos de acceso a instalaciones y 12 caravanas. Del total de movilizaciones, 107 fueron manifestaciones contra el gobierno federal y 87, contra el local. Del 31 de diciembre al 3 de febrero, las dependencias federales atendieron a los inconformes en un promedio de 10 horas, mientras que el gobierno capitalino lo hizo en tres horas.
En su Primer informe de labores 2007, la secretaría enuncia que del 5 de diciembre de 2006 al 31 de julio de 2007 protestaron 14 millones 892 mil 300 personas en 1 mil 779 actos; 931 de ellos fueron de carácter federal con la participación de 643 mil 50 personas, y 513 de carácter local con la intervención de 66 mil 191 ciudadanos. Agrega que de los 1 mil 444 actos políticos realizados, 516 fueron concentraciones, 251 marchas, 303 bloqueos, 262 mítines, 26 plantones y 86 en el rubro de otros.
Represión, la respuesta
del Estado
Sesenta protestas sociales han sido criminalizadas desde 2005 hasta la fecha. Según la Red TDT, en 17 entidades federativas se registraron 32 proyectos económicos impuestos y a 28 expresiones de inconformidad se les imputó carácter delictivo. De éstas, 14 tenían como objetivo exigir el respeto a derechos, y el resto, la defensa y acceso a recursos naturales.
Organizaciones y ciudadanos en resistencia –apunta la Red TDT en el documento Sistematización de casos de criminalización de la protesta social– se defienden y protestan mediante el diálogo, la negociación y la realización de denuncias públicas, plantones, misas, tomas de instalaciones, campañas de difusión, foros, mítines, bloqueos y acciones jurídicas.
“Como respuesta –indica la Red TDT, compuesta por 58 organizaciones civiles– encuentran represión, militarización y criminalización de la protesta social”. Advierte que en la intención de imponer proyectos –que implican despojo de tierras y recursos naturales en su mayoría a pueblos indígenas– se recurre a la violencia policiaca, detenciones arbitrarias, asesinatos, enfrentamientos, amenazas y hostigamientos.
De 2005 a la fecha, se documentó el uso de la represión en dos casos: en los retenes para acceder a la zona wixárica en Jalisco y en el conflicto en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila.
Once se criminalizaron: el arresto de migrantes en Chiapas; las protestas contra el proyecto de desarrollo social en Chihuahua; la disputa sindical en la empresa La Estrella en Coahuila; la construcción de una regasificadora y la ampliación del puerto de Manzanillo en Colima; la detención de Pedro Alvarado Delgado como observador del conflicto de San Salvador Atenco en el Estado de México; la titularidad del contrato colectivo de trabajo en el DIF y el despido de trabajadores del Sistema Avanzado de Videobachillerato y Educación en Guanajuato; la exigencia de una educación en lengua me’phaa batá y la aprehensión del nan’cue o amuzgo David Valtierra, coordinador de la radio La Palabra de Agua en Guerrero; la protestas contra Minera San Xavier en San Luis Potosí, y la detención de cuatro indígenas otomíes en Veracruz.
Además, se reprimieron y criminalizaron otros 11: el operativo policiaco de Bochil en Chiapas; la intervención policial en San Salvador Atenco, en el Estado de México; la oposición a un desarrollo habitacional en Morelos; la represión a miembros de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca, del Movimiento Ciudadano Juquileño y el desalojo de los miembros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca; la inconformidad al Plan de Desarrollo Municipal en Puebla; la manifestación en contra del presidente estadunidense George Bush y las detenciones arbitrarias en Ciudad Caucel en Yucatán.
En el marco de su campaña “La protesta es un derecho, la represión, un delito”, la Red TDT anota que, pese a la alternancia en el poder, se siguen cometiendo casos graves de represión contra los movimientos y la protesta social.
Expone que con Felipe Calderón ha continuado esta política represiva, que tiende a institucionalizarse mediante el incremento de la militarización y las reformas a la seguridad pública que originan un estado policial.
Así, en la Agenda de Inteligencia para la Seguridad Nacional en México, publicada por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional en su página electrónica, se incluye a los movimientos sociales como uno de los componentes sobre los que se recopila, procesa y difunde información junto con grupos armados, delincuencia organizada y terrorismo.
El artículo 139 del nuevo Código Penal Federal, respecto al delito de terrorismo, establece penas de seis a 40 años y hasta 1 mil 200 días de multa a “todo aquel que utilice medios violentos y realice actos en contra de personas o servicios públicos, que produzcan alarma y terror en la población, atenten contra la seguridad nacional o presionen a la autoridad para que tome una determinación”.
La Red TDT señala que es tan ambiguo que puede ser utilizado contra los movimientos sociales. Para la Unidad Obrera Socialista (Unios) con estas modificaciones se condena cualquier intento de coacción para que el gobierno cumpla las demandas de la población: “El régimen reafirma su carácter autoritario y adopta medidas de corte fascista, pues quiere contener todo el descontento popular acumulado en más de 30 años de despojo neoliberal”.
Cortez Morales, secretario ejecutivo de la Red TDT, explica que las realidades de necesidad y lucha se tratan como hechos criminales y no como realidades originadas por el modelo económico de empobrecimiento y devastación.
“Los conflictos sociales –observa– son sacados del ámbito político y llevados al jurídico, se les somete a toda la complejidad que supone nuestro sistema de justicia para desgastarlos”.
Aunado al uso de la fuerza, las autoridades recurren a la detención y acusación a líderes sociales en delitos como robo, portación de armas, daño a propiedad ajena, obstrucción de las vías de comunicación o incitación a la violencia. También se les imputan delitos agravados, como los relacionados con la seguridad nacional, o se equiparan figuras delictivas para penalizarlos, como la retención de funcionarios con el secuestro.
El activista anota que así se determinan penas desproporcionadas y se imposibilita que continúen su proceso en libertad, además de ser encarcelados en prisiones de alta seguridad y obstruir su derecho al debido proceso: “La justicia en México se usa como un instrumento para castigar y presionar a la movilización social”.
Al ser criminalizadas, las organizaciones postergan sus demandas principales: su prioridad es la libertad de sus presos. A su parecer las instancias en procuración de justicia no garantizan imparcialidad en dichos procesos judiciales, pues son ellas mismas quienes están involucradas en las acciones represivas.
“El estado de derecho al que alude el gobierno federal –opina– es faccioso y selectivo. Se usa el derecho mafioso que se ensaña con quienes debería proteger y favorece a quienes debería vigilar, es decir, daña y ataca a los más débiles y se alía a los más poderosos”.
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, restringir el ejercicio de reunión y libertad de asociación son graves obstáculos a la posibilidad que tienen las personas de reivindicar sus derechos. Cortez Morales observa que los derechos a la libertad de expresión, de manifestación y de asociación, contenidos en la Constitución, contribuyen a la calidad de la democracia.
Se difama la lucha social, agrega, cuando se dice que afecta derechos de terceros, como el intento de la fracción panista para regular las marchas en el Distrito Federal: “Los espacios públicos no sólo son vías de tránsito, también son foros donde se debaten los asuntos de interés de la sociedad y son importantes, sobre todo, en una sociedad tan inequitativa donde los más pobres tienen menos posibilidades de ser escuchados”.
Guerra contra La Otra Campaña
El 19 de enero de 2008, Felipe Calderón se anunció como un presidente cercano a las fuerzas armadas y advirtió que no toleraría los desafíos a la autoridad del Estado.
El subcomandante insurgente Marcos ya advertía que tambores de guerra seguían sonando. Y es que, calificado por especialistas como el movimiento nacional más relevante, La Otra Campaña también sufre una guerra frontal con el Ejército. Su presencia en las 32 entidades de la República, con sus alrededor de 15 mil organizaciones e individuos adherentes, representa un reto para el gobierno federal, consideran los especialistas.
Lozano Ángeles explica: “La posibilidad del cambio ya no se ve en los partidos políticos, sino en la movilización organizada desde abajo”. Asegura que es por la vía de la organización y la participación donde habrá un cambio y es en las calles donde se ganará. “A eso le apuesta La Otra Campaña”.
Nacido a iniciativa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de 2006, es el “movimiento civil y pacífico de los de abajo y a la izquierda”, dice. Ese año, el subcomandante Marcos, como “delegado zero” de los zapatistas, recorrió 50 mil kilómetros por el país escuchando y recogiendo demandas. Contraria al paternalismo del gobierno, la visión del movimiento es que la gente del pueblo sea responsable de su futuro, explica Alejandro Varas, dirigente de Unios, organización adherente a La Otra.
Para Varas, el sistema explota, reprime y criminaliza a las víctimas: “No soportan el debate de ideas, no dialogan y engañan a la gente. Los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática (PRD), cualquier partido en el poder lleva al país al declive por su desmesura y ambición”.
Aguirre Rojas señala que un movimiento con claridad en sus demandas puede derrocar a un presidente de una manera totalmente pacífica. Por ello, el cerco militar ceñido sobre Chiapas y el silencio respecto a esa militarización. El historiador indica que entre 6 y 7 de cada 10 militares están en territorio chiapaneco.
El 4 de junio, la Junta de Buen Gobierno (JBG) El Camino al Futuro denunció la incursión de 200 militares y elementos de la policía judicial y municipal a los pueblos zapatistas de Hermenegildo Galeana y San Alejandro del Caracol de La Garrucha. El gobierno autónomo advirtió que rodearon La Garrucha tres convoyes, nueve vehículos militares y de seguridad pública. Las bases de apoyo zapatista apuntan que fueron intimidados y acusados de tener sembradíos de marihuana.
Guiados por la policía municipal de Ocosingo, policías y militares se internaron a Galeana, donde la población se armó con machetes, piedras y hondas para impedirles el paso. Lo situación se repitió en San Alejandro, con soldados de Toniná, Patiwitz y San Quintín. Los castrenses advirtieron que regresarían en 15 días.
“Toda la zona zapatista de Garrucha –aclaran– y sus autoridades autónomas somos testigos que no existe plantíos, sólo hay zapatistas y hay trabajador de milpa y platanar. Estamos dispuestos a luchar por libertad, justicia y democracia y rechazamos cualquier provocación”.
Además de la irrupción del Ejército, los zapatistas en Chiapas también sufren otros embates. Casi un mes antes, el 26 de mayo, también la JBG de Oventic denunció el secuestro de Manuel Hilario Gómez, base de apoyo zapatista, por perredistas de la comunidad de Chactoj, en el municipio de Zinacantán. Después de ser privado de su libertad por 34 horas, se le dijo que de no pagar una multa por 2 mil pesos sería nuevamente detenido.
Señala que desde 2002 en la comunidad de Sok’on los caciques perredistas privan de agua a familias base de apoyo zapatista. Además anota que en Zinacantán se hostiga a zapatistas para que se unan al PRD y así asegurar votos a favor de la presidencia municipal.
El 27 de mayo de 2008 el cuerpo policial Grupo Lobo golpeó y trasladó a miembros de la Voz del Amate –grupo de reclusos que se definen como presos políticos por apoyar al ELZN y a La Otra Campaña–, del Centro de Rehabilitación Social número 14, a diferentes reclusorios en el estado.
Desde que el grupo comenzó su protesta –alude el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria en una acción urgente emitida el 24 de julio de 2006– las autoridades carcelarias animan a otros presos para que hostiguen y amenacen al grupo. Según Enlace Zapatista –la bitácora en línea de la Comisión Sexta del EZLN– se les tiene prohibido ayunar y realizar huelgas de hambre o protestar de cualquier forma.
Debido al despliegue de las fuerzas armadas en Chiapas, La Otra Campaña interrumpió su segunda etapa en septiembre del año pasado. El cierre estaba previsto para junio, cuando se cumplieran tres años de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.
Aún así se trabaja en la estructuración del Programa Nacional de Lucha, del que ha dicho el subcomandante Marcos se pasará entonces a la agitación y la difusión. El dirigente de Unios advierte que el gobierno federal está jugando con una bomba de tiempo y habrá respuestas más concluyentes. “El movimiento será explosivo, pero pacífico”.
El lopezobradorismo
Autodenominado presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador llamó a la resistencia civil y a la movilización social para oponerse al fraude electoral y defender el petróleo. El sociólogo y politólogo Carlos Lozano Ángeles sostiene que el PRD, si quisiera encabezar el cambio social, tendría que olvidarse de las confrontaciones electorales. Además, las disputas internas desgastan la institucionalidad del partido y la figura de López Obrador.
Observa que de unirse a otros movimientos sociales, se podría generar un pacto social novedoso que obligara al gobierno de Calderón a llegar a un acuerdo nacional para impulsar temas desde una reforma política. Advierte que tendría que ser una movilización que rebase la influencia partidista.
Sin embargo, Aguirre Rojas encuentra como limitante que de origen dichas movilizaciones hubiesen nacido para defender a López Obrador, luego de los comicios de 2006.
La diputada perredista y secretaria de la Comisión de Gobernación, Valentina Batres, asegura que el “gobierno legítimo” de López Obrador tendrá como sostén “al pueblo organizado”. Señala que 2 millones y medio de personas manifestaron su oposición al fraude electoral. Además de que 2 millones de ciudadanos se mueven en defensa del petróleo. Agrega que como parte del Frente Amplio Progresista, el PRD sumará esfuerzos con la iniciativa civil para defender los temas nacionales.
Falta de gobernanza, el otro factor
Para Alberto Amador Leal, secretario de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, la polarización política –agravada tras las elecciones del 2 de julio de 2006– es también factor para que aumente la movilización social.
En la administración calderonista observa que no hay gobernanza, que –según la Real Academia Española– es el arte de gobernar para lograr el desarrollo económico, social e institucional promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado.
Agrega que la relación entre el gobierno federal con los poderes de la Unión no alcanza a ser institucional, como tampoco lo es el trato con legisladores ni con gobiernos locales. Apunta que también la administración de Felipe Calderón está desvinculada de sectores sociales, sindicales y campesinos, a los que ha excluido y desconoce su papel de intermediarios sociales.
Considera que otro factor de riesgo es la pugna electoral de 2009, en la que se renovará la Cámara de Diputados.
En opinión del diputado priísta, Calderón debe asumir su papel de jefe del Ejecutivo y no de partido.
Valentina Batres, secretaria de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados, considera que el costo de tener un presidente ilegítimo es mayor que el de haber repetido las elecciones. “Al frente está un partido con visión pequeña de lo que significa gobernar y está ausente de su obligación de escuchar las demandas populares”. Advierte que el ciudadano está desamparado porque “prevalece la ley de la selva, donde gobierna el más fuerte”.

SE PROHIBE SER LEGITIMO, PERO NO SER ESPURIO

Se prohíbe ser legítimo

Por: Gerardo Fernández Casanova

El Consejo del Instituto Federal Electoral dio cabida a una protesta del PAN, relativa al uso del título de “Presidente Legítimo” con que la Convención Nacional Democrática invistió a Andrés Manuel López Obrador, habida cuenta de la ilegitimidad del gobierno surgido del fraude electoral. En su resolutivo el referido Consejo prohibió a los partidos del Frente Amplio Progresista aplicar tal título, por lo menos en las cápsulas promocionales que emplean los tiempos oficiales, con lo que los atildados panistas se sienten muy orondos. El asunto es relevante, no tanto por la prohibición misma, sino por lo que manifiesta: el pánico de los conspicuos miembros de la burbuja que dice gobernar, ante la fuerza de la movilización popular lopezobradorista. Pretendieron desconocerla y dieron por agotado el capital político de AMLO, cayeron en el error de tomar en serio las consignas de sus aduladores y merolicos mediáticos; no aprendieron la lección del desafuero y, afortunadamente, contribuyen con sus diatribas a engrandecer a quien pretenden minimizar. Me parece perfecto.

La desgracia es que el país está pagando muy cara la ilegitimidad del gobierno formal; la irresponsabilidad criminal de quien cometió fraude para hacerse de la presidencia “haiga sido como haiga sido”. Apostaron a la desmemoria popular y a legitimarse por el acto de gobernar. El caso es que el fraude no se olvida y los actos de gobierno, todos antipopulares, lo traen a la memoria constantemente. La realidad cotidiana hace evidentes las mentiras, por más que las repitan por radio y televisión. La gente no necesita mucha ciencia política para explicarse la penuria de su bolsillo o el reclamo de comida de sus hijos; ni siquiera el Mago Merlín podría hacer desaparecer la responsabilidad del gobierno de Calderón (suyo de él) como causante de la crisis. Hasta los acostumbrados panegiristas de sesuda y expensada pluma comienzan a tomar distancia; no pueden negar la carestía y, por mucho que quisieran, no pueden ocultar la inanidad de la operación gubernamental para resolverla. Los apoyadores de la privatización petrolera, otrora enrolados en la propaganda del tesorito, muestran insuficiencia argumental a la luz, más que clara, de las razones expuestas por quienes la rechazan en los debates del Senado. El barquito de Calderón hace agua y anuncia naufragio.

El caso es que el gobierno formal, además de ilegítimo, está resultando incapaz. El régimen de la competitividad está resultando incompetente. Por mucho que argumente el carácter exógeno de la crisis económica y la carestía, la incapacidad para formular un programa emergente de aliento a la producción nacional, que dinamice el mercado interno, está llevando al país a la parálisis; insiste en la venta del país a la inversión extranjera, no obstante que ha quedado claro, en todos estos años, que solamente sirve para equilibrar la balanza de pagos y para mantener la paridad monetaria, pero no para generar producción y empleos nuevos; por el contrario, su presencia ha sido extremadamente desempleadora. La pretensión de abatir los precios mediante la importación es ridícula, por decir lo menos, cuando la mínima lógica recomienda el apoyo amplio al aumento de la producción local.

Se junta el hambre con las ganas de comer. A los muchos que rechazamos al tal Calderón por fraudulento, hoy se suman otros muchos que lo repudian por incapaz, cuando apenas lleva 18 meses de gobierno. La situación es inédita; ni siquiera Fox registró tal descrédito, lo cual ya es mucho decir. Lo grave del caso es que el sistema político mexicano no dispone de instrumentos válidos para procesar la crisis. El riesgo es caer en una escalada de protestas y represiones sin fin. El escenario de la renuncia de Calderón, por más deseable que sea, implicaría un mínimo de patriotismo del cual carece el sujeto; tampoco es distintivo de la clase política en el poder. La elite privilegiada, aún estando insatisfecha por la inoperancia del régimen, no va a permitir un quiebre que abra la puerta al poder popular; menos aún los dueños del destino manifiesto, independientemente del resultado de su proceso electoral.

La soberbia panista hace que tampoco tenga viabilidad una corrección del rumbo y una convocatoria incluyente que, en todo caso, tendría que pasar por incorporar a López Obrador y atender su proyecto alternativo, quien con justicia reclamaría una legitimidad inexistente. Hay un problema grave de incompatibilidad. El país está fracturado; la campaña sucia y el fraude electoral lo fracturaron.

La lucha por la defensa del petróleo, en adición a su valor intrínseco, está contribuyendo a la construcción de nuevos instrumentos democráticos, diferentes a los ya anquilosados del sistema tradicional. La consulta popular a realizarse en el Distrito Federal y varios otros estados y municipios, no tendrá validez legal para imponer su resultado, pero tendrá el carácter legitimador de la movilización de protesta en el caso de que, por la terquedad del régimen, se aprobaran en el Congreso las iniciativas privatizadoras. El México bronco está despierto y no va a haber quien lo detenga. El pueblo soberano lucha por recuperar la dignidad y sabrá como hacerlo.