Por ley, los campesinos presos políticos de la Unión Campesina Independiente: Domingo Melchi Santiago, Manuel Esteban Galindo, Austroberto Ortega Tellez, Mauro Ángel Soto y José Ángel Soto han cubierto la tercera parte de sus sentencias y sin embargo, a pesar de que tienen derecho a la preliberación, el gobierno del estado de Puebla, por consigna, no se las ha querido conceder.
Los compañeros de la UCI presos: Sebastían Santiago Antonio, José Santiago Antonio, Francisco Ayance Hernández, Primo Villaba Domínguez, Minervo Castro Pérez y Rogelio Cristobal Cañadero tienen sentencias largas, el gobernador se había comprometido hacer una revisión de los expedientes, sin que hasta la fecha lo haya hecho.
La Sierra norte de Puebla es una región en la que continuamente y bajo cualquier pretexto, las autoridades encarcelan, secuestran y matan a campesinos bajo acusaciones absurdas y abuso de autoridad. Los campesinos indígenas han venido luchando por sus derechos y por la defensa de la tierra, por lo que son víctima de injusticias y represión.
Los campesinos de la Unión Campesina Independiente han solicitado la intervención de instancias internacionales como la Comisón Interamericana de Derechos Humanos porque las autoridades mexicanas no resuelven las injusticias cometidas contra los campesinos.
Como parte de la campaña de denuncia y movilización en favor de los presos políticos y en contra del hostigamiento de grupos paramilitares como Antorcha Campesina, la Unión convoca al plantón indefinido que se hará frente a la Secretaría de Gobernación este 10 de abril de 2010, día de conmemoación de la muerte de Emiliano Zapata, el revolucionario agrarista del sur y en demanda por la liberación de los presos políticos encarcelados en Puebla.
La UCI convoca también a las organizaciones populares, civiles a solidarizarse política y económicamente para el sostenimiento de la lucha.
UNIÓN CAMPESINA INDEPENDIENTE.
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3/08/2010
11/11/2008
EJERCITO FUERA DE LAS CALLES.: PAN.... PLAN MÉXICO
Plan México: el contexto de la militarización, la violencia relacionada al narcotráfico, y los derechos humanos
Kristin Bricker
Narco News
El Plan México incluye así llamadas condiciones de derechos humanos. Son:
Policías y militares acusados de violaciones de derechos humanos deben ser investigados por fiscales civiles y juzgados en tribunales civiles por jueces civiles.
El gobierno Mexicano debe mejorar la transparencia en las fuerzas policíacas al nivel municipal, estatal, y federal. Eso incluye establecer comisiones policíacas para recibir e investigar y resolver quejas de violaciones de derechos humanos.
Que el gobierno Mexicano establezca un mecanismo para consultar organizaciones Mexicanas de derechos humanos y otras organizaciones de la sociedad civil Mexicana para que dichas organizaciones aconsejen sobre la implementación de la Iniciativa Mérida.
Aplicación de la prohibición del uso de testimonio obtenido por tortura o maltrato.
Todas las fuerzas que reciben fondos del Plan México deben ser sometidas a investigaciones llevadas a cabo por el Departamento del Estado gringo para asegurar que no cometen violaciones de derechos humanos. Las compañeras de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala van a entrar en detalles sobre este punto.
Muchas de esas condiciones ya son ley en México, pero el gobierno Mexicano no hace nada para que la ley se aplique de hecho.
Cuando el Congreso gringo aprobó la primera versión del Plan México, políticos mexicanos discreparon de las condiciones de derechos humanos, diciendo que quebraban la soberanía nacional de México. Y si, hasta un cierto punto tenían razón. Estados Unidos nunca permitiría que los países donde hay bases militares estadounidenses sometan los soldados gringos a investigaciones. Fíjense si el pueblo de Irak o Afganistán o el gobierno cubano pudieran someter soldados y contratistas gringos a investigaciones y rechazar soldados y contratistas que no cumplen con sus estándares de derechos humanos. De hecho, cuando contratistas de Blackwater hicieron una masacre en Irak en 2007, el gobierno de Irak anunció que los echaría de su país. Pocos días después se cambio su postura por presión de George Bush, y Blackwater sigue trabajando allá.
Sin embargo, los políticos mexicanos no se quejaron del despliegue de agentes y contratistas estadounidenses que entrenarían fiscales y jueces y policías mexicanos para seguir con la gringoizacion del sistema judicial mexicano y para que EE.UU. amplíen el alcance de sus servicios de inteligencia. A lo mejor EE.UU. desplegara’ agentes de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF por sus siglas en inglés) a México para vigilar el tráfico de armas ilegales como parte del Plan México y el Operativo Gunrunner.
Muchas organizaciones mexicanas de derechos humanos rechazaron la idea de que condiciones de derechos humanos quiebren la soberanía nacional de México. Dicen que los derechos humanos son una responsabilidad mundial, protegidos por tratados internacionales que el gobierno mexicano firmó. Por eso, dicen, cuestiones de la soberanía nacional no aplican cuando tiene que ver con los derechos humanos.
Sin embargo, la ironía que EE.UU. exija cumplimiento con condiciones de derechos humanos no se escapa en México. La Jornada, el periódico más leído en todo México, comentó: “la exigencia estadounidense de verificar el respeto a los derechos humanos en otras naciones constituye una pretensión grotesca y disparatada, habida cuenta de que, a escala planetaria, la superpotencia es la principal violadora de tales derechos. Abu Ghraib, Guantánamo, los vuelos secretos de la CIA, el severo recorte legal a las libertades ciudadanas y a las garantías individuales, así como los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Afganistán e Irak son referentes ineludibles de un gobierno que ha convertido el asesinato, el secuestro, el bombardeo de civiles y el terrorismo en general en política de Estado.”
Pero las condiciones de derechos humanos incluidas en el Plan México no fueron diseñadas para proteger o mejorar los derechos humanos en países afectados por el Plan México. Solo 15% de los fondos destinados a la seguridad pública y las fuerzas militares son condicionados. Eso significa que el gobierno de EE.UU. dará 85% de los fondos para la seguridad pública y el ejército aun si México no cumple con las condiciones de derechos humanos.
Además, la persona encargada de certificar el conforme de México a las condiciones de derechos humanos es la Secretaria de Estado, actualmente Condoleezza Rice. Es la misma Condoleezza Rice que sigue encubriendo al gobierno de Bush y sus crímenes de lesa humanidad. También es la misma Condoleezza Rice que llamó a todos los miembros del congreso gringo el día antes de la votación del Plan México para decirles que aprobaran la Iniciativa. No es muy probable que Condoleezza Rice no confirme el conforme de México a las condiciones de derechos humanos.
Al final, el debate sobre los derechos humanos fue una distracción. Washington se apropió del discurso de derechos humanos y quiere apropiar organizaciones de derechos humanos para impulsar su doctrina militar y de seguridad publica en México, Centroamérica, y el Caribe. La condición que la sociedad civil mexicana aconseje al gobierno mexicano sobre la implementación del Plan México significa que organizaciones que están en contra del Plan y dicen “no” a la militarización no tendrán lugar. Además, hay fondos en el Plan para entrenar las organizaciones de derechos humanos mexicanos a monitorear el Plan, a lo mejor de manera que les conviene a los gobiernos de EE.UU. y México.
El Plan México apoya la política fracasada de utilizar la seguridad pública y el ejército para combatir el narcotráfico y las maras. Esta política de mano dura ha resultado en una aumentación exponencial de violencia y violaciones de derechos humanos en México y Centroamérica, pero desde todo punto de vista fracasó en contener el narcotráfico y las maras. Ninguna cantidad de condiciones de derechos humanos cambiará el hecho de que es una política que no logró sus metas, y que es una política que aumenta la violencia y represión.
En México, el presidente Calderón desplegó cuarenta mil soldados militares y cinco mil policías federales a once estados a partir de hace un año y medio cuando declaró la guerra contra el crimen organizado. Eso ha convertido muchas partes del país en una verdadera zona de guerra.
° Convoyes militares con tanques patrullan las calles.
° Hay retenes militares en las carreteras y calles, y ha pasado que los militares han matado familias enteras en dichos retenes.
° Soldados revisan las casas sin órdenes de cateo.
° Soldados han violado mujeres y niñas.
° Mas que cinco mil muertes relacionadas al narcotráfico y la guerra contra el crimen organizado. ° Son torturados y ejecutados o son personas o niños atrapados en el fuego cruzado, y ahora también mueren por ataques terroristas, como lo que pasó en Morelia hace dos semanas.
° 87 quejas de crímenes en contra de los periodistas se han acumulado en la oficina del Procurador General de la República. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado 634 casos de abuso por militares
° La cifra nacional de homicidios se ha aumentado 47% del año anterior.
° Han sido por lo menos 223 desaparecidos durante el sexenio de Calderón hasta ahora. Entre 23 y 30 son desaparecidos políticos, y 200 fueron levantados por carteles.
° Encontraron contratistas privadas de EE.UU. entrenando policías en el estado de Guanajuato en tácticas de tortura. Fueron contratados por políticos locales del partido del presidente, el PAN. Y cuando salieron a luz los videos del entrenamiento, esos políticos defendieron el entrenamiento, diciendo que era necesario para preparar los policías para combatir el crimen organizado. Pero la pagina web de la empresa dice que entrenan “tortura sicológica” a policías. Entre los métodos enseñados, los contratistas enseñaron a los policías de Guanajuato waterboarding o el tehuacanazo. Es un método de tortura para simular ahogamiento, y ha sido un método muy popular dentro de las fuerzas policíacas mexicanas. En el video, policías meten agua mineral en la nariz de un policía mientras meten su cabeza en un hoyo lleno de ratas y heces. No es un método que utilizan los carteles. Los carteles te quitan un dedo o una oreja, pero su patrón no es hacer el tehuacanazo. Es el patrón de la policía. A pesar de que se han identificado los entrenadores de tortura, el gobierno Mexicano dice que los entrenadores no quebraron la ley porque los policías que torturaron eran voluntarios. Cabe mencionar que uno de los entrenadores es un líder de los Comandos F4, un grupo paramilitar con sede en Florida que dicen que quiere hacer un golpe de estado en contra del gobierno cubano. Ese grupo tiene vínculos con el gobierno estadounidense y entrena los militares que realizaron el golpe de estado en Venezuela. Es uno de los grupos paramilitares que los compañeros presos los cinco cubanos estaban vigilando.
Bush y Calderón dicen que el aumento de violencia y muertos vale la pena. Dicen que demuestra que la estrategia militar está funcionando bien. Sin embargo, índices de interdicción de las drogas que entran a EE.UU. por México han sido constantes en 10%. Solo parece que los índices de interdicción se han aumentado porque ahora cada vez que el gobierno mexicano confisca drogas, organiza una conferencia de prensa.
Represión de movimientos sociales también se ha aumentado bajo Calderón y su militarización del país.
En Chiapas, incursiones militares en comunidades en resistencia se han aumentado. Durante un plazo de siete semanas entre abril y junio de 2008, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas documentó 13 operativos militares o policíacos en comunidades indígenas en resistencia. Eso no solo ocurre en comunidades zapatistas, pero también en comunidades donde hay presencia de la Organización Campesino Emiliano Zapata (OCEZ) y aun comunidades del PRI, un partido político conocido por su dictadura de más que 70 años, y que todavía tiene mucho poder en el gobierno.
Los gobiernos estatales y federales colaboran en operativos militares-policíacos en estas comunidades. Muchas veces entran sin órdenes de aprensión, y actualmente su pretexto es casi siempre drogas y armas ilegales. No confiscaron ni siquiera una bolsita de marihuana ni una pistola en ninguno de los operativos en comunidades en resistencia. Su objetivo verdadero es obvio: reprimir comunidades en resistencia.
° El ejemplo más obvio es el operativo que intentaron realizar en La Garrucha, un caracol Zapatista: utilizaron el pretexto de drogas y armas ilegales para intentar entrar a la Garrucha, donde estuvo el Subcomandante Marcos pocos días antes.
° Hace muy pocos días, policías chiapanecas y agentes federales invadieron una comunidad que había tomado ruinas cerca de los Lagos de Montebello. Abrieron fuego, matando 6 campesinos. Tres de ellos fueron asesinados cuando los policías estatales pararon la camioneta que llevaba los campesinos heridos al hospital. Los policías los bajaron de la camioneta y los ejecutaron. ° También policías y agentes federales entraron la comunidad chiapaneca de San Jerónimo Tulijá con paramilitares como guías. Los paramilitares enseñaron las casas de las autoridades zapatistas a los militares y policías, donde entraron y amenazaron una mujer zapatista y su bebe con muerte. Cabe mencionar también que los militares en Chiapas entrenan y arman los grupos paramilitares.
Pero militarización y ocupaciones militares no son novedades en Chiapas. Las tácticas del gobierno y su pretexto de represión cambian tras los años, pero la represión sigue siendo constante.
Sin embargo, en el norte donde Calderón desplegó las tropas, ciudadanos ven que recursos para combatir el crimen organizado se utilizan contra líderes sociales y activistas. El 27 de marzo de este año, el gobierno federal emprendió el Operativo Chihuahua para, en sus palabras, “localizar, combatir, y desmantelar la redes del narcotráfico, el crimen organizado, y el blanqueo de dinero.” Bajo el Operativo Chihuahua, se desplegaron 2,000 soldados y 400 (cuatro cientos) policías federales a Ciudad Juárez. Dentro de la primera semana del operativo, seis activistas—3 de ellos muy destacados—fueron arrestados por agentes federales. Se arrestó una bajo un orden de aprensión que llevaba tres años. Cinco de ellos eran del Agro dinámica Nacional, líderes de movimientos sociales por tarifas justas de electricidad y en contra del TLC con EE.UU. La sexta era una activista que trabajaba contra los femicidios en Juárez. La arrestaron regresando de llevar una mama para identificar los restos de su hija.
Fondos para la ILEA
Plan México incluye fondos (pero no se sabe cuántos) para entrenar policías centroamericanos en la Academia Internacional Para la Aplicación de la Ley, en ingles conocida como Internacional Law Enforcement Academy (ILEA). Tiene mala fama como “La escuela de las Américas para policías.”
Una persona que colaboró en la fundación de la Academia es el policía gringo John Timonel. Es muy conocido en EE.UU. por ser experto en reprimir protestas y activistas. En protestas donde él dirigió las fuerzas policíacas y la represión, nos golpearon en las calles y nos torturaron en las cárceles. Por ser experto en represión, lo mandaron a Irak para entrenar la policía de Bagdad. Ahora trabaja en una ONG derechista en el gabacho donde aconseja en la aplicación de la ley, y la propuesta de cómo sería la Academia para la Aplicación de la Ley salió de esa ONG.
Los presidentes de EE.UU. y El Salvador hicieron un acuerdo secreto para fundar la escuela y evitar broncas con los movimientos sociales, así que activistas de Costa Rica ya habían logrado echar la Academia de su país antes de la primera clase. La Academia empezó a dar clases en El Salvador antes de que el presidente informara el Congreso gringo de sus planes, aunque la gran mayoría de los fondos y entrenadores de la Academia vienen del Congreso de EE.UU.
Es imposible monitorear cómo la Academia afecta los derechos humanos. Su trabajo es mas secreto que el de la Escuela de las Ameritas. Solo hay una organización de derechos humanos que tiene acceso al currículo de la Academia. Esa organización recibe fondos de la Academia para dar clases de derechos humanos a los estudiantes policías. Así que la ONG es empleada de la Academia, no está compartiendo la información muy importante que tiene con las demás organizaciones de derechos humanos.
Pero organizaciones de derechos humanos señalan a la Policía Nacional Civil de El Salvador como ejemplo de los efectos del entrenamiento de la Academia. La PNC manda más policías a la Academia que las demás fuerzas policíacas en América Latina. 40% de las quejas que recibe la comisión de derechos humanos en El Salvador se tratan de la PNC. Agentes de la PNC hacen asesinatos políticos, por ejemplo el del líder de la FMLN, Francisco Velis. También forman escuadrones de muerte como la Sombra Negra, que tortura y asesina a pandillas (o maras) sospechadas.
Ponencia de Kristin Bricker de Narco News en el Foro Social Américas en Guatemala como parte del taller “Plan México: Nueva ofensiva del Imperialismo.”
Kristin Bricker es corresponsal basada en México de Narco News También forma parte del colectivo Rebel Imports que vende textiles, café y miel de comercio justo de las cooperativas zapatistas. Para contactos con Kristin escriba a krisbricker@gmail.com. Su blog personal es http://mywordismyweapon.blogspot.com
7/23/2008
5,000 MUERTOS EN LA "LUCHA CONTRA EL NARCO"
Victimas del ejercito y del narcotrafico
Julen Nafarrete
Cuando el presidente mexicano Felipe Calderón ganó las elecciones en el año 2006, anunció que iniciaría «la guerra contra el narcotráfico», principalmente en los estados de Sinaloa, Sonora, Michoacán y Tamaulipas, plazas en las que el crimen organizado ha sentado sus bases. A día de hoy, las cifras hablan por si solas: más de 5.000 muertos relacionados con la lucha contra el tráfico de drogas desde el año 2006, de ellos 2.000 este mismo año. Al menos 500 personas han muerto en acciones violentas este año en el Estado de Sinaloa, donde la violencia se ha convertido para sus habitantes en algo rutinario.
Desde que el Ejecutivo de Calderón enviara a este Estado más de 3.000 efectivos militares y policiales, prácticamente todos los días se dan enfrentamientos entre las fuerzas armadas y las diversas mafias organizadas en torno al narcotráfico. Además, debemos sumar los continuos ataques entre las propias bandas que luchan por hacerse con el control del territorio y de la frontera con EEUU. En Sinaloa, que se encuentra completamente militarizada, se vive una sensación de inseguridad permanente, con secuestros diarios y con una cifra de muertos que casi a diario supera la decena.
El Gobierno mexicano, lejos de rectificar su política contra la delincuencia organizada, habla de «avances» supuestamente logrados por las fuerzas policiales y militares en su «enfrentamiento con la criminalidad». Mientras en el país mexicano varios medios denuncian que el operativo de 3.000 efectivos desplegado en Sinaloa es contraproducente, el Gobierno afirma que la ola de violencia se debe a que «los barones de la droga se sienten acorralados por la ofensiva del Gobierno». Además, el fiscal general de México, Eduardo Medina Mora, ha reconocido que «todavía no vemos el pico de la violencia, ya que habrá una etapa de violencia intensa antes de que la curva comience a bajar». Auguran mayor violencia en un país donde en los últimos tres años ya ha habido más víctimas mortales relacionadas con la lucha contra el narcotráfico que a lo largo de la dictadura de Pinochet en Chile durante 17 años.
Cuerpos decapitados
La capital del Estado de Sinaloa, Culiacán, viene de Colhuacán, que quiere decir «lugar donde los caminos se tuercen». Es precisamente aquí donde se encuentra el mayor despliegue militar y policial del Gobierno y donde operan las principales bandas del narcotráfico. El pasado día 10, enfrentamientos entre «grupos de delincuencia organizada» acabaron con la vida de 12 personas, tres de ellas agentes policiales. El resto, eran civiles que se encontraban en un taller y en sus inmediaciones, a los que hay que sumar la muerte de un comandante de la Policía Ministerial que murió frente a su propia institución. Los establecimientos cercanos al lugar de los hechos, cerraron por miedo a refriegas y al operativo policial y militar. Un episodio trágico más que ya se torna rutinario, donde civiles inocentes se convierten en víctimas, ya sea por el cruce de disparos entre bandas o por errores y abusos de policías y militares.
Sinaloa es uno de los estados mexicanos donde las redes del narcotráfico están más presentes. El tráfico de drogas comenzó aquí a principios del siglo XX, con la llegada de inmigrantes chinos que cultivaban la amapola. Tras su marcha, el negocio quedó en manos de familias locales que aprovecharon la demanda de heroína y morfina en EEUU. A día de hoy, es cuna de uno de los capos más buscados por el Gobierno mexicano y por EEUU, Joaquín «El Chapo» Guzmán.
De hecho, la enemistad que existe entre «El Chapo» y sus antiguos aliados, los hermanos Beltrán Leyva, es una de las causas de la oleada de muertes en Sinaloa.
Ambos grupos se disputan el mercado local y las rutas hacia Estados Unidos, en una guerra interna a la que hay que sumarle los enfrentamientos con las fuerzas del Estado. «El Chapo», que se «escapó» de una cárcel de máxima de seguridad en EEUU en 2001, cuenta con un amplio apoyo popular en las zonas rurales de Sinaloa.
Los sicarios de los hermanos Beltrán Leyba presuntamente mataron en mayo de este mismo año al hijo de «El Chapo» en la ciudad de Culiacán. Preveyendo ataques entre ambas bandas, el Gobierno federal puso en marcha un despliegue de 3.000 efectivos, que ha provocado el aumento de las víctimas en la ciudad. Sin ir más lejos, a principios de julio se encontraron en Culiacán siete cuerpos decapitados con mensajes cruzados entre ambas bandas. La atrocidad de la escena demuestra el nivel al que está llegando la violencia en Sinaloa, ya que un cuerpo decapitado tenía las dos piernas amputadas, una serpiente muerta encima y un mensaje que rezaba «pa que lo tengas presente Arturo Beltrán Leyva». Al mismo tiempo, el Gobierno de Calderón anuncia decomisos espectaculares de armas y drogas, así como capturas masivas de presuntos narcotraficantes. Los últimos acontecimientos de Sinaloa han dejado en entredicho estas redadas propagandísticas.
Abusos del Ejército
Pero no sólo las bandas de narcotraficantes son las que infligen la violencia en Sinaloa. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha denunciado que las tropas del Ejército mexicano han cometido graves violaciones contra los derechos humanos. Según su informe, las Fuerzas Armadas han cometido «homicidios, tortura, tratos crueles, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, atentados a la propiedad, incomunicación, ejercicio indebido de la función pública y violaciones a la legalidad y a la seguridad jurídica».
La comisión brinda varias recomendaciones a las autoridades mexicanas, como por ejemplo «dotar de mayor capacitación a los soldados», ya que algunos efectivos «realizan tareas que no les corresponden».
Además, nombra algunos casos en los que ciudadanos mexicanos han sido maltratados tanto por militares como por policías, entre los que destacan los casos de 14 personas que perdieron la vida cuando los soldados «accionaron sus armas de manera indebida». Sin ir más lejos, en el Estado de Michoacán el pasado 11 de enero, varios soldados dispararon contra los tripulantes de una furgoneta «sin motivo aparente», causando la muerte de dos jóvenes de 17 y 19 años. El 16 de febrero, en Tamaulipas, militares que hacían guardia intentaron detener un vehículo disparando contra él, matando a uno de los pasajeros.
Estos son tan sólo unos pequeños ejemplos que demuestran la situación de violencia permanente que se vive por parte de las bandas de narcotraficantes, pero también de las fuerzas armadas, que, lejos de proteger a la población de Sinaloa, protagonizan abusos «en nombre de la seguridad» y hacen que los caminos de Culiacán estén más torcidos todavía.
Legisladores mexicanos involucrados en el narcotráfico
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional mexicano (CISEN) ha advertido de que «no se puede descartar la posibilidad de que dinero del narcotráfico esté involucrado en las campañas de algunos legisladores». Asimismo, el CISEN ha reconocido que los cárteles de la droga han sobornado ya a varios integrantes de las policías regionales y del Poder Judicial «con el objeto de crear estructuras locales para proteger el negocio multimillonario del tráfico de estupefacientes».
De este modo, el representante del CISEN Guillermo Valdés aseguró que «el Congreso mexicano no está exento, ya que los narcotraficantes están tratando de hacerse con el poder».
Julen Nafarrete
Cuando el presidente mexicano Felipe Calderón ganó las elecciones en el año 2006, anunció que iniciaría «la guerra contra el narcotráfico», principalmente en los estados de Sinaloa, Sonora, Michoacán y Tamaulipas, plazas en las que el crimen organizado ha sentado sus bases. A día de hoy, las cifras hablan por si solas: más de 5.000 muertos relacionados con la lucha contra el tráfico de drogas desde el año 2006, de ellos 2.000 este mismo año. Al menos 500 personas han muerto en acciones violentas este año en el Estado de Sinaloa, donde la violencia se ha convertido para sus habitantes en algo rutinario.
Desde que el Ejecutivo de Calderón enviara a este Estado más de 3.000 efectivos militares y policiales, prácticamente todos los días se dan enfrentamientos entre las fuerzas armadas y las diversas mafias organizadas en torno al narcotráfico. Además, debemos sumar los continuos ataques entre las propias bandas que luchan por hacerse con el control del territorio y de la frontera con EEUU. En Sinaloa, que se encuentra completamente militarizada, se vive una sensación de inseguridad permanente, con secuestros diarios y con una cifra de muertos que casi a diario supera la decena.
El Gobierno mexicano, lejos de rectificar su política contra la delincuencia organizada, habla de «avances» supuestamente logrados por las fuerzas policiales y militares en su «enfrentamiento con la criminalidad». Mientras en el país mexicano varios medios denuncian que el operativo de 3.000 efectivos desplegado en Sinaloa es contraproducente, el Gobierno afirma que la ola de violencia se debe a que «los barones de la droga se sienten acorralados por la ofensiva del Gobierno». Además, el fiscal general de México, Eduardo Medina Mora, ha reconocido que «todavía no vemos el pico de la violencia, ya que habrá una etapa de violencia intensa antes de que la curva comience a bajar». Auguran mayor violencia en un país donde en los últimos tres años ya ha habido más víctimas mortales relacionadas con la lucha contra el narcotráfico que a lo largo de la dictadura de Pinochet en Chile durante 17 años.
Cuerpos decapitados
La capital del Estado de Sinaloa, Culiacán, viene de Colhuacán, que quiere decir «lugar donde los caminos se tuercen». Es precisamente aquí donde se encuentra el mayor despliegue militar y policial del Gobierno y donde operan las principales bandas del narcotráfico. El pasado día 10, enfrentamientos entre «grupos de delincuencia organizada» acabaron con la vida de 12 personas, tres de ellas agentes policiales. El resto, eran civiles que se encontraban en un taller y en sus inmediaciones, a los que hay que sumar la muerte de un comandante de la Policía Ministerial que murió frente a su propia institución. Los establecimientos cercanos al lugar de los hechos, cerraron por miedo a refriegas y al operativo policial y militar. Un episodio trágico más que ya se torna rutinario, donde civiles inocentes se convierten en víctimas, ya sea por el cruce de disparos entre bandas o por errores y abusos de policías y militares.
Sinaloa es uno de los estados mexicanos donde las redes del narcotráfico están más presentes. El tráfico de drogas comenzó aquí a principios del siglo XX, con la llegada de inmigrantes chinos que cultivaban la amapola. Tras su marcha, el negocio quedó en manos de familias locales que aprovecharon la demanda de heroína y morfina en EEUU. A día de hoy, es cuna de uno de los capos más buscados por el Gobierno mexicano y por EEUU, Joaquín «El Chapo» Guzmán.
De hecho, la enemistad que existe entre «El Chapo» y sus antiguos aliados, los hermanos Beltrán Leyva, es una de las causas de la oleada de muertes en Sinaloa.
Ambos grupos se disputan el mercado local y las rutas hacia Estados Unidos, en una guerra interna a la que hay que sumarle los enfrentamientos con las fuerzas del Estado. «El Chapo», que se «escapó» de una cárcel de máxima de seguridad en EEUU en 2001, cuenta con un amplio apoyo popular en las zonas rurales de Sinaloa.
Los sicarios de los hermanos Beltrán Leyba presuntamente mataron en mayo de este mismo año al hijo de «El Chapo» en la ciudad de Culiacán. Preveyendo ataques entre ambas bandas, el Gobierno federal puso en marcha un despliegue de 3.000 efectivos, que ha provocado el aumento de las víctimas en la ciudad. Sin ir más lejos, a principios de julio se encontraron en Culiacán siete cuerpos decapitados con mensajes cruzados entre ambas bandas. La atrocidad de la escena demuestra el nivel al que está llegando la violencia en Sinaloa, ya que un cuerpo decapitado tenía las dos piernas amputadas, una serpiente muerta encima y un mensaje que rezaba «pa que lo tengas presente Arturo Beltrán Leyva». Al mismo tiempo, el Gobierno de Calderón anuncia decomisos espectaculares de armas y drogas, así como capturas masivas de presuntos narcotraficantes. Los últimos acontecimientos de Sinaloa han dejado en entredicho estas redadas propagandísticas.
Abusos del Ejército
Pero no sólo las bandas de narcotraficantes son las que infligen la violencia en Sinaloa. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha denunciado que las tropas del Ejército mexicano han cometido graves violaciones contra los derechos humanos. Según su informe, las Fuerzas Armadas han cometido «homicidios, tortura, tratos crueles, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, atentados a la propiedad, incomunicación, ejercicio indebido de la función pública y violaciones a la legalidad y a la seguridad jurídica».
La comisión brinda varias recomendaciones a las autoridades mexicanas, como por ejemplo «dotar de mayor capacitación a los soldados», ya que algunos efectivos «realizan tareas que no les corresponden».
Además, nombra algunos casos en los que ciudadanos mexicanos han sido maltratados tanto por militares como por policías, entre los que destacan los casos de 14 personas que perdieron la vida cuando los soldados «accionaron sus armas de manera indebida». Sin ir más lejos, en el Estado de Michoacán el pasado 11 de enero, varios soldados dispararon contra los tripulantes de una furgoneta «sin motivo aparente», causando la muerte de dos jóvenes de 17 y 19 años. El 16 de febrero, en Tamaulipas, militares que hacían guardia intentaron detener un vehículo disparando contra él, matando a uno de los pasajeros.
Estos son tan sólo unos pequeños ejemplos que demuestran la situación de violencia permanente que se vive por parte de las bandas de narcotraficantes, pero también de las fuerzas armadas, que, lejos de proteger a la población de Sinaloa, protagonizan abusos «en nombre de la seguridad» y hacen que los caminos de Culiacán estén más torcidos todavía.
Legisladores mexicanos involucrados en el narcotráfico
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional mexicano (CISEN) ha advertido de que «no se puede descartar la posibilidad de que dinero del narcotráfico esté involucrado en las campañas de algunos legisladores». Asimismo, el CISEN ha reconocido que los cárteles de la droga han sobornado ya a varios integrantes de las policías regionales y del Poder Judicial «con el objeto de crear estructuras locales para proteger el negocio multimillonario del tráfico de estupefacientes».
De este modo, el representante del CISEN Guillermo Valdés aseguró que «el Congreso mexicano no está exento, ya que los narcotraficantes están tratando de hacerse con el poder».
DESGOBIERNO PANISTA EN CONTRA DE LOS INDÍGENAS
Congreso Nacional Indígena
“Para detener la siembra de tanta muerte”
Gloria Muñoz Ramírez
La Jornada
Representantes de los pueblos wixárika, nahua, purhépecha, zoque, cuicateco, mixteco, triqui, yaqui y yoreme, reunidos en la combativa Sierra Huichola del norte de Jalisco, hicieron un llamado al resto de los pueblos indios “a no creerse del mal gobierno y a continuar su lucha por el ejercicio de la autonomía y sus derechos por la vía de los hechos”.
En el marco de la vigésimo primera reunión ampliada de la Región Centro Pacífico del Congreso Nacional Indígena ( cni ), los 94 delegados advirtieron que en los últimos meses y días el gobierno “ha recrudecido la guerra de exterminio en contra de nuestros pueblos, tribus y naciones a través de la aplicación de diversos proyectos y políticas neoliberales que tienen como finalidad despojar nuestras tierras y territorios, robar y destruir nuestra cultura y provocar la migración y explotación despiadadas de nuestras comunidades”.
El CNI es un espacio de reflexión creado por los pueblos indios de México en octubre de 1996, durante la visita de la comandanta Ramona, representante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), a la ciudad de México. En noviembre de ese mismo año, durante su primera asamblea nacional, los pueblos indígenas acordaron no “reproducir las formas de dominación o de control con que durante tantos años nos han oprimido los grupos de poder en el país, sino por el contrario, establecer nuevas formas de vivir la democracia”, basados en los siguientes principios: servir y no servirse; construir y no destruir; obedecer y no mandar; proponer y no imponer; convencer y no vencer; bajar y no subir; y enlazar y no aislar. Siete lineamientos que fueron recordados durante esta reunión celebrada en la comunidad wixárika de Mesa del Tirador.
Las aulas de la escuela primaria de la comunidad abrieron sus puertas a las cuatro mesas de trabajo en las que se vertieron demandas, propuestas, luchas y resistencias de los pueblos indios de México, quienes advirtieron que en contra de la salvaje destrucción que el capitalismo neoliberal impone a toda la humanidad, ellos, los pueblos, tribus y naciones “sueñan, proponen y construyen un mundo distinto sobre las bases del respeto y la protección de la madre tierra y la continuidad de la vida, la preservación de nuestra identidad y el fortalecimiento de nuestra organización comunal opuesta a la organización capitalista de la sociedad que mercantiliza la vida”. Nuestra lucha, señalaron, “es para detener la siembra de tanta muerte”.
Las reflexiones de los días 5 y 6 de julio giraron alrededor de cuatro ejes temáticos: el impacto de las políticas gubernamentales en los pueblos indígenas, el fortalecimiento de la autonomía indígena por la vía de los hechos, la resistencia de la identidad indígena frente a la dominación de la cultura occidental y, al final de la jornada, el fortalecimiento del CNI. Se habló también de las actuales embestidas neoliberales dirigidas a despojar de sus recursos a las comunidades indígenas del país, de las resistencias concretas que hay como respuesta y de la represión ejercida por el Estado.
En concreto se habló del proyecto de la carretera Amatitán-Huejuquilla el Alto, actualmente paralizado por la lucha y la movilización de la comunidad wixárika de Tuapurie. Este proyecto, afirmaron, tiene como finalidad “fragmentar y privatizar el territorio wixárika con el propósito de propiciar el despojo de la madre tierra en la región occidental del país”. Los delegados apoyaron las demandas de la comunidad de Tuapurie, “en el sentido de cancelar la ejecución del proyecto carretero”.
El CNI se solidarizó también con la demanda wixárika de recuperar el territorio de la comunidad de Waut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán), actualmente invadida por ganaderos de los ejidos Puente de Camotlán y Huajimic, ambos del municipio de la Yesca, Nayarit. Se demandó también la salida de los ganaderos del paraje Cañón de Tlaxcala y se pronunciaron contra la contaminación del río Camotlán, que atraviesa su territorio. En el mismo sentido, se exigió “el reconocimiento legal a favor de la comunidad autónoma wixárika de Bancos de San Hipólito, Durango, sobre la superficie de 10 720 hectáreas correspondientes a las tierras comunales de su propiedad y posesión inmemorial, mismas que fueron ilegalmente tituladas a favor de la comunidad mestiza de San Lucas de Jalpa”.
Con la presencia de representantes yaquis y yoreme, de Sonora, el cni rechazó los megaproyectos conocidos como Mar de Cortés o Escalera Náutica, Fiderco y Plan Puebla Panamá, y exigió la restitución de los derechos territoriales y de agua de la tribu yaqui, la cancelación de los proyectos carreteros en el territorio de las tribus yaqui y mayo, en el estado de Sonora, en los territorios wixárika, cora y tepehuano de Jalisco, Durango y Nayarit, y en los territorios nahua y purhépecha de Michoacán. Se rechazó también el nuevo intento gubernamental de construir el aeropuerto internacional de la ciudad de México en la región de San Salvador Atenco; se pronunciaron por la cancelación de las concesiones mineras otorgadas en las regiones indígenas del sur de Jalisco, Costa de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
Nacido como fruto del Foro Nacional Indígena convocado por el EZLN en enero de 1996, en esta XXI reunión el CNI, como siempre, mantuvo presente a las comunidades indígenas zapatistas, actualmente asediadas por el ejército y grupos paramilitares: “Condenamos las provocaciones y amenazas en contra de la comunidad zapatista de La Garrucha y la reserva comunitaria zapatista El Huitepec, en Chiapas, por parte del gobierno de Felipe Calderón, el gobierno estatal de Juan Sabines y los gobiernos municipales involucrados, a quienes responsabilizamos de cualquier agresión o inicio de violencia en contra de nuestros hermanos zapatistas, haciendo nuestra su palabra y su denuncia y exigiendo la desmilitarización inmediata de los territorios zapatistas”.
Además de exigir la liberación inmediata de todos los presos políticos, indígenas y no indígenas, el CNI ratificó su carácter anticapitalista y su adhesión a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, así como su participación en La Otra Campaña.
Voces de la resistencia
Los partidos políticos cuando llegan a nuestras comunidades llegan partidos y también nos parten a nosotros, se van y nos dejan divididos. Cada día que pasa, los diputados y senadores tienen una ley lista que irá contra nuestras comunidades y la naturaleza, y por el lado de la comercialización. (Salvador Campanur, purhépecha de Cherán, Michoacán)
El turismo se está apoderando hasta de las zonas federales, las está reduciendo y privatizando, sólo a los extranjeros permiten entrar, a quienes tienen dólares. Donde yo vivo hay tres lagunas y el empresario extranjero las tiene privatizadas. Toda la agricultura se ha ido abajo. (Antonio Altamirano, comunidad en resistencia La Yerbabuena, Colima)
La resistencia no sólo debe ser por los hidrocarburos, sino además defender a todo México, en especial a nuestros pueblos indígenas. (Ztlalxochitzin, nahua de la Mixteca poblana)
La propiedad es un robo, es un invento legal. La propiedad verdadera es nuestro pensamiento, el mar, el aire y las plantas. Así como el cuerpo, sus obligaciones son tomar el aire o el néctar, sus derechos son el oír, hablar y testificar la palabra. Existe un solar, el cual es México, y es nuestro. No nos tienen que dar un escrito, nosotros somos los legítimos, y está escrito con la sangre de nuestros padres. Mi legitimidad está en mi sangre, desde la creación del primer indio, repito, nosotros como tribus somos las letras, no necesitamos de papel. El que se dice presidente de México, sólo recibe órdenes de otros organismos. Cuando llegan al poder, quieren con armas y fuego moldear el país, y cuando no pueden, siguen con el dinero, tratando de comprar voluntades. Cada tribu tiene su derecho de gobernarse por sí misma. (Alfredo Osuna Valenzuela, tribu yoreme, Sonora)
Las grandes estructuras del gobierno nos engañan con los certificados sobre la tierra, lo que provoca que se pueda vender como mercancía. También pasa con el agua, la quieren privatizar, quieren caer en ese error. Hasta la fecha nosotros tenemos el modo de vida comunal (Crisológo Calleja Hernández, cuicateco del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, cipo )
Mientras que los pueblos, naciones y tribus no pierdan su autonomía, su territorio, su libre determinación, sus culturas sus derechos, conocimientos, recursos y su identidad como sujetos de derecho, seguiremos existiendo. La tierra es la madre y no se vende. La tierra de la comunidad es de la comunidad. (Juan Chávez, purhépecha de Nurío, Michoacán)
Allá en nuestro pueblo tenemos graves problemas de integración, ahora tenemos la división en dos pueblos que ha originado una dualidad de poderes. La tribu yaqui esta conformada por ocho pueblos, pero actualmente tenemos problemas en Vícam y en Pótam. Esta problemática tiene mas de diez años, ha originando confusión en lo político y rebota en otros sectores como en los culturales, sociales y hasta en lo económico. (Juan Domingo Molina Valencia, tribu yaqui de Vícam, Sonora)
Ahora también sabemos que se atenta contra nuestra tierra, rentándola para su explotación con productos ajenos, como el caso del aguacate que en un plazo de veinte años deja la tierra pobre y deja de ser productiva. Ésta es la estrategia que hace el gobierno federal, estatal y municipal, para que las comunidades dejen sus tierras y con esto provocar la división para luego poder vender la tierra. Esta política es clara, así como la del Procede, la cual divide mucho a cambio de unos cuantos pesos que ofrece, pero los resultados del despojo no se pueden ocultar. (María de Jesús Patricio, nahua, Tuxpan, región Sur, Jalisco)
Con el levantamiento zapatista, en 1994, en Nurío se aceptan sus preceptos y desde entonces no se reconoce al municipio de Paracho y ahora ya no votamos más. Ellos dijeron que estamos locos y que el municipio no nos iba a dar nada, pero aún así impedimos las elecciones, y al siguiente año reclamamos nuestro derecho como pueblo y comunidad. Nosotros vemos que esto es un logro, aquí es el pueblo el que decide y no sólo unos dirigentes. Nosotros fuimos apoyados por otras comunidades, pero hoy ellos nos han traicionado y hoy sus dirigentes son parte del gobierno. (Agustín González, purhépecha, Nurío, Michoacán)
Espero que los que estamos aquí hagamos el análisis necesario sobre lo que hacen los partidos políticos contra nuestras comunidades y que aquí mismo debatamos las resoluciones para luchar en contra de estas acciones. (José Guadalupe Taizan Hernández, wixárika, Mesa del Tirador, Jalisco)
Oaxaca es el estado donde no ha entrado tan fuerte el Procede, es por ello que han aplicado estas acciones de represión. Nosotros no pedimos limosnas, sino justicia y que nos respeten como pueblo indígena, pero el gobierno se ha hecho de oídos sordos. (Pedro Bautista Rojas, mixteco del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, CIPO)
Nosotros desconfiamos del comisariato ejidal de nuestro ejido, pues él fue designado por el presidente municipal para que haga lo que él le ordene. Esto es muy malo, pues ellos sólo ven cómo sacar dinero y a nosotros nos tienen olvidados. (Ynocencio Jacobo, nahua, Lagunillas, Ayotitlán, Jalisco)
Con los yaquis nosotros nombramos a un comité, pero no es de ningún partido y ellos gestionan lo que se necesita. En todos lados se cuecen habas y allá también hemos detectado irregularidades, pero los sancionamos cuando descubrimos que se quieren meter cosas de partidos. (Fernando Jiménez, tribu yaqui, Sonora)
Recopilación: Gloria Muñoz Ramírez
“Para detener la siembra de tanta muerte”
Gloria Muñoz Ramírez
La Jornada
Representantes de los pueblos wixárika, nahua, purhépecha, zoque, cuicateco, mixteco, triqui, yaqui y yoreme, reunidos en la combativa Sierra Huichola del norte de Jalisco, hicieron un llamado al resto de los pueblos indios “a no creerse del mal gobierno y a continuar su lucha por el ejercicio de la autonomía y sus derechos por la vía de los hechos”.
En el marco de la vigésimo primera reunión ampliada de la Región Centro Pacífico del Congreso Nacional Indígena ( cni ), los 94 delegados advirtieron que en los últimos meses y días el gobierno “ha recrudecido la guerra de exterminio en contra de nuestros pueblos, tribus y naciones a través de la aplicación de diversos proyectos y políticas neoliberales que tienen como finalidad despojar nuestras tierras y territorios, robar y destruir nuestra cultura y provocar la migración y explotación despiadadas de nuestras comunidades”.
El CNI es un espacio de reflexión creado por los pueblos indios de México en octubre de 1996, durante la visita de la comandanta Ramona, representante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), a la ciudad de México. En noviembre de ese mismo año, durante su primera asamblea nacional, los pueblos indígenas acordaron no “reproducir las formas de dominación o de control con que durante tantos años nos han oprimido los grupos de poder en el país, sino por el contrario, establecer nuevas formas de vivir la democracia”, basados en los siguientes principios: servir y no servirse; construir y no destruir; obedecer y no mandar; proponer y no imponer; convencer y no vencer; bajar y no subir; y enlazar y no aislar. Siete lineamientos que fueron recordados durante esta reunión celebrada en la comunidad wixárika de Mesa del Tirador.
Las aulas de la escuela primaria de la comunidad abrieron sus puertas a las cuatro mesas de trabajo en las que se vertieron demandas, propuestas, luchas y resistencias de los pueblos indios de México, quienes advirtieron que en contra de la salvaje destrucción que el capitalismo neoliberal impone a toda la humanidad, ellos, los pueblos, tribus y naciones “sueñan, proponen y construyen un mundo distinto sobre las bases del respeto y la protección de la madre tierra y la continuidad de la vida, la preservación de nuestra identidad y el fortalecimiento de nuestra organización comunal opuesta a la organización capitalista de la sociedad que mercantiliza la vida”. Nuestra lucha, señalaron, “es para detener la siembra de tanta muerte”.
Las reflexiones de los días 5 y 6 de julio giraron alrededor de cuatro ejes temáticos: el impacto de las políticas gubernamentales en los pueblos indígenas, el fortalecimiento de la autonomía indígena por la vía de los hechos, la resistencia de la identidad indígena frente a la dominación de la cultura occidental y, al final de la jornada, el fortalecimiento del CNI. Se habló también de las actuales embestidas neoliberales dirigidas a despojar de sus recursos a las comunidades indígenas del país, de las resistencias concretas que hay como respuesta y de la represión ejercida por el Estado.
En concreto se habló del proyecto de la carretera Amatitán-Huejuquilla el Alto, actualmente paralizado por la lucha y la movilización de la comunidad wixárika de Tuapurie. Este proyecto, afirmaron, tiene como finalidad “fragmentar y privatizar el territorio wixárika con el propósito de propiciar el despojo de la madre tierra en la región occidental del país”. Los delegados apoyaron las demandas de la comunidad de Tuapurie, “en el sentido de cancelar la ejecución del proyecto carretero”.
El CNI se solidarizó también con la demanda wixárika de recuperar el territorio de la comunidad de Waut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán), actualmente invadida por ganaderos de los ejidos Puente de Camotlán y Huajimic, ambos del municipio de la Yesca, Nayarit. Se demandó también la salida de los ganaderos del paraje Cañón de Tlaxcala y se pronunciaron contra la contaminación del río Camotlán, que atraviesa su territorio. En el mismo sentido, se exigió “el reconocimiento legal a favor de la comunidad autónoma wixárika de Bancos de San Hipólito, Durango, sobre la superficie de 10 720 hectáreas correspondientes a las tierras comunales de su propiedad y posesión inmemorial, mismas que fueron ilegalmente tituladas a favor de la comunidad mestiza de San Lucas de Jalpa”.
Con la presencia de representantes yaquis y yoreme, de Sonora, el cni rechazó los megaproyectos conocidos como Mar de Cortés o Escalera Náutica, Fiderco y Plan Puebla Panamá, y exigió la restitución de los derechos territoriales y de agua de la tribu yaqui, la cancelación de los proyectos carreteros en el territorio de las tribus yaqui y mayo, en el estado de Sonora, en los territorios wixárika, cora y tepehuano de Jalisco, Durango y Nayarit, y en los territorios nahua y purhépecha de Michoacán. Se rechazó también el nuevo intento gubernamental de construir el aeropuerto internacional de la ciudad de México en la región de San Salvador Atenco; se pronunciaron por la cancelación de las concesiones mineras otorgadas en las regiones indígenas del sur de Jalisco, Costa de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
Nacido como fruto del Foro Nacional Indígena convocado por el EZLN en enero de 1996, en esta XXI reunión el CNI, como siempre, mantuvo presente a las comunidades indígenas zapatistas, actualmente asediadas por el ejército y grupos paramilitares: “Condenamos las provocaciones y amenazas en contra de la comunidad zapatista de La Garrucha y la reserva comunitaria zapatista El Huitepec, en Chiapas, por parte del gobierno de Felipe Calderón, el gobierno estatal de Juan Sabines y los gobiernos municipales involucrados, a quienes responsabilizamos de cualquier agresión o inicio de violencia en contra de nuestros hermanos zapatistas, haciendo nuestra su palabra y su denuncia y exigiendo la desmilitarización inmediata de los territorios zapatistas”.
Además de exigir la liberación inmediata de todos los presos políticos, indígenas y no indígenas, el CNI ratificó su carácter anticapitalista y su adhesión a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, así como su participación en La Otra Campaña.
Voces de la resistencia
Los partidos políticos cuando llegan a nuestras comunidades llegan partidos y también nos parten a nosotros, se van y nos dejan divididos. Cada día que pasa, los diputados y senadores tienen una ley lista que irá contra nuestras comunidades y la naturaleza, y por el lado de la comercialización. (Salvador Campanur, purhépecha de Cherán, Michoacán)
El turismo se está apoderando hasta de las zonas federales, las está reduciendo y privatizando, sólo a los extranjeros permiten entrar, a quienes tienen dólares. Donde yo vivo hay tres lagunas y el empresario extranjero las tiene privatizadas. Toda la agricultura se ha ido abajo. (Antonio Altamirano, comunidad en resistencia La Yerbabuena, Colima)
La resistencia no sólo debe ser por los hidrocarburos, sino además defender a todo México, en especial a nuestros pueblos indígenas. (Ztlalxochitzin, nahua de la Mixteca poblana)
La propiedad es un robo, es un invento legal. La propiedad verdadera es nuestro pensamiento, el mar, el aire y las plantas. Así como el cuerpo, sus obligaciones son tomar el aire o el néctar, sus derechos son el oír, hablar y testificar la palabra. Existe un solar, el cual es México, y es nuestro. No nos tienen que dar un escrito, nosotros somos los legítimos, y está escrito con la sangre de nuestros padres. Mi legitimidad está en mi sangre, desde la creación del primer indio, repito, nosotros como tribus somos las letras, no necesitamos de papel. El que se dice presidente de México, sólo recibe órdenes de otros organismos. Cuando llegan al poder, quieren con armas y fuego moldear el país, y cuando no pueden, siguen con el dinero, tratando de comprar voluntades. Cada tribu tiene su derecho de gobernarse por sí misma. (Alfredo Osuna Valenzuela, tribu yoreme, Sonora)
Las grandes estructuras del gobierno nos engañan con los certificados sobre la tierra, lo que provoca que se pueda vender como mercancía. También pasa con el agua, la quieren privatizar, quieren caer en ese error. Hasta la fecha nosotros tenemos el modo de vida comunal (Crisológo Calleja Hernández, cuicateco del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, cipo )
Mientras que los pueblos, naciones y tribus no pierdan su autonomía, su territorio, su libre determinación, sus culturas sus derechos, conocimientos, recursos y su identidad como sujetos de derecho, seguiremos existiendo. La tierra es la madre y no se vende. La tierra de la comunidad es de la comunidad. (Juan Chávez, purhépecha de Nurío, Michoacán)
Allá en nuestro pueblo tenemos graves problemas de integración, ahora tenemos la división en dos pueblos que ha originado una dualidad de poderes. La tribu yaqui esta conformada por ocho pueblos, pero actualmente tenemos problemas en Vícam y en Pótam. Esta problemática tiene mas de diez años, ha originando confusión en lo político y rebota en otros sectores como en los culturales, sociales y hasta en lo económico. (Juan Domingo Molina Valencia, tribu yaqui de Vícam, Sonora)
Ahora también sabemos que se atenta contra nuestra tierra, rentándola para su explotación con productos ajenos, como el caso del aguacate que en un plazo de veinte años deja la tierra pobre y deja de ser productiva. Ésta es la estrategia que hace el gobierno federal, estatal y municipal, para que las comunidades dejen sus tierras y con esto provocar la división para luego poder vender la tierra. Esta política es clara, así como la del Procede, la cual divide mucho a cambio de unos cuantos pesos que ofrece, pero los resultados del despojo no se pueden ocultar. (María de Jesús Patricio, nahua, Tuxpan, región Sur, Jalisco)
Con el levantamiento zapatista, en 1994, en Nurío se aceptan sus preceptos y desde entonces no se reconoce al municipio de Paracho y ahora ya no votamos más. Ellos dijeron que estamos locos y que el municipio no nos iba a dar nada, pero aún así impedimos las elecciones, y al siguiente año reclamamos nuestro derecho como pueblo y comunidad. Nosotros vemos que esto es un logro, aquí es el pueblo el que decide y no sólo unos dirigentes. Nosotros fuimos apoyados por otras comunidades, pero hoy ellos nos han traicionado y hoy sus dirigentes son parte del gobierno. (Agustín González, purhépecha, Nurío, Michoacán)
Espero que los que estamos aquí hagamos el análisis necesario sobre lo que hacen los partidos políticos contra nuestras comunidades y que aquí mismo debatamos las resoluciones para luchar en contra de estas acciones. (José Guadalupe Taizan Hernández, wixárika, Mesa del Tirador, Jalisco)
Oaxaca es el estado donde no ha entrado tan fuerte el Procede, es por ello que han aplicado estas acciones de represión. Nosotros no pedimos limosnas, sino justicia y que nos respeten como pueblo indígena, pero el gobierno se ha hecho de oídos sordos. (Pedro Bautista Rojas, mixteco del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, CIPO)
Nosotros desconfiamos del comisariato ejidal de nuestro ejido, pues él fue designado por el presidente municipal para que haga lo que él le ordene. Esto es muy malo, pues ellos sólo ven cómo sacar dinero y a nosotros nos tienen olvidados. (Ynocencio Jacobo, nahua, Lagunillas, Ayotitlán, Jalisco)
Con los yaquis nosotros nombramos a un comité, pero no es de ningún partido y ellos gestionan lo que se necesita. En todos lados se cuecen habas y allá también hemos detectado irregularidades, pero los sancionamos cuando descubrimos que se quieren meter cosas de partidos. (Fernando Jiménez, tribu yaqui, Sonora)
Recopilación: Gloria Muñoz Ramírez
7/16/2008
INTOLERANCIA PANAZI A LA PROTESTA SOCIAL
Los gobiernos panistas estan asumiendo actitudes fascistas en contra de la protesta social ya que debido a sus prácticas políticas y económicas han llevasdo al país al borde una crísis que puede terminar en un levantamiento social
CRIMINALIZANDO LA PROTESTA SOCIAL
La protesta social: un derecho reprimido
Abel Barrera Hernández*
En Guerrero, la protesta social ha sido uno de los recursos más eficaces que legítimamente han utilizado los ciudadanos para exigir a las autoridades el respeto y el cumplimiento de sus derechos humanos. Los movimientos sociales se han transformado en movimientos antisistémicos que luchan y resisten la violencia estatal. En situaciones tan adversas como en la región de La Montaña, donde los rezagos sociales nos colocan en el sótano de la historia contemporánea, a los pueblos indígenas no les han dejado otro camino que la acción directa y la protesta pública.
Las instituciones públicas del estado son obsoletas e ineficientes, no resuelven las necesidades básicas de la población; más bien, se empeñan en hacer la vida difícil a los más pobres. No sólo les niegan los servicios, sino que los maltratan, los discriminan y hasta los reprimen.
Es muy ilustrativa la forma como actúan las autoridades educativas de la entidad: en lugar de ampliar este derecho a las regiones empobrecidas, lo restringen y con una postura inflexible e intransigente se confrontan con los pueblos y las organizaciones que luchan para que haya escuelas y maestros en su comunidad. En noviembre de 2007, las autoridades educativas reprimieron a los estudiantes y egresados de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en la caseta de cobro La Venta de la Autopista del Sol, por hacer valer su derecho a contar con una plaza de maestro. El saldo de esta represión fue de 56 estudiantes detenidos y 28 sujetos a proceso.
En Guerrero, la protesta social constituye la posibilidad para que los ciudadanos puedan recuperar sus derechos. El derecho a la protesta es el primer derecho, que es capaz de contener el abuso del poder para obligar a las autoridades, a través de la acción directa, a que se respete y valore los planteamientos legítimos de los excluidos.
A los luchadores sociales, el gobernador Zeferino Torreblanca los ha calificado de lucradores sociales. Por ejercer su derecho a la protesta, los ha catalogado como delincuentes y los han sometido a procesos penales. Ante el crecimiento de la protesta social en casi todas las regiones del estado, el gobernador ha impuesto su línea política de transformar los conflictos sociales en litigios judiciales, de leer e interpretar la realidad de los pobres que protestan, bajo la lupa del código penal. La corta visión del poder es, por desgracia, el criterio y la medida para juzgar los actos de una sociedad que se moviliza en defensa de sus derechos. La tendencia del gobierno es criminalizar las manifestaciones públicas y sacar de contexto a los conflictos sociales, para poder colocar a los luchadores en el banquillo de los acusados.
Al gobierno, atrincherado en su búnker privado, en nada le afecta el sufrimiento de los pueblos; por el contrario, endurece más su postura para demostrar su poder y hacer sentir su fuerza represiva. La mano dura en una democracia en ciernes no es sino la expresión de la incapacidad de las autoridades para generar consensos sociales y resolver por la vía del diálogo los conflictos. Tenemos un gobierno esquizofrénico que se siente rodeado de enemigos que lo asechan y que supuestamente ponen en riesgo su estabilidad.
Con el hecho de que los ciudadanos que protestan hablen una lengua diferente, como sucede con los pueblos indígenas, la figura del enemigo se agiganta. Cuando la autoridad constata que hay ciudadanos que hablan otras lenguas, se alimenta la idea entre los mismos funcionarios de que no pueden dialogar con rijosos, con gente de costumbres raras, por eso le dan un trato diferente, de no tolerar sus desplantes de fuerza y más bien desarrollar un modelo de guerra preventiva; es decir, de hacerle la guerra a la sociedad para que no se atreva a responder con la misma moneda.
Esta idea central incrustada entre las autoridades estatales sobre la imagen del enemigo y materializada en los movimientos sociales y en sus líderes, se empeña en castigar más a los pobres que se rebelan. Se da un giro hacia el autoritarismo, que pone en riesgo el mismo estado de derecho, porque banaliza la importancia de los derechos humanos y se desentiende de sus responsabilidades constitucionales, situación que empobrece el ejercicio de la política.
Las cifras de la criminalización de la protesta social en Guerrero nos arroja los siguientes datos que van de mayo de 2007 a junio de 2008:
Número de casos
Situación jurídica
73 Procesos penales instaurados en contra de líderes sociales
75 Órdenes pendientes de ejecutarse
9 Expedientes cerrados por resoluciones favorables
44 Averiguaciones previas en integración contra líderes sociales
201 Total de acciones penales emprendidas contra líderes sociales
En este recuento es importante resaltar que de los 201 casos, 97 pertenecen a los cuatro pueblos indígenas y 19 a campesinos que luchan contra la presa hidroeléctrica La Parota. La totalidad de estos casos están relacionados con los delitos de ataques a las vías de comunicación y la privación ilegal de la libertad. Se trata de líderes indígenas que se han organizado para defender su sistema de justicia y seguridad comunitaria, como es el caso de la policía comunitaria; para hacer realidad el proyecto de una radio comunitaria en Xochistlahuaca; para exigir maestros que hablen la variante dialectal de la lengua materna del me’phaa, con el fin de asegurar una educación culturalmente apropiada. Otra causa de la protesta social es la demanda de obras comunitarias y la entrega de fertilizante para poblaciones indígenas, quienes siempre han sido objeto de manipulación política y de muchos engaños por parte de las autoridades municipales.
El gobierno de Guerrero, en lugar de dialogar y atender de manera progresiva las demandas de la sociedad, le apuesta a un mayor escalamiento de los conflictos sociales, luego los traslada al campo judicial, para que los líderes se desmovilicen y claudiquen ante la inminente amenaza de pisar la cárcel. Son las corporaciones policiacas y el mismo Ejército Mexicano los que están enfrentando con las armas en las manos las luchas de resistencia de los pobres y son los ministerios públicos a quienes se les ha asignado la tarea de atender los conflictos sociales, con la integración de averiguaciones previas. Nuevamente, en Guerrero, la política se rige por el criterio policiaco.
*Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Abel Barrera Hernández*
En Guerrero, la protesta social ha sido uno de los recursos más eficaces que legítimamente han utilizado los ciudadanos para exigir a las autoridades el respeto y el cumplimiento de sus derechos humanos. Los movimientos sociales se han transformado en movimientos antisistémicos que luchan y resisten la violencia estatal. En situaciones tan adversas como en la región de La Montaña, donde los rezagos sociales nos colocan en el sótano de la historia contemporánea, a los pueblos indígenas no les han dejado otro camino que la acción directa y la protesta pública.
Las instituciones públicas del estado son obsoletas e ineficientes, no resuelven las necesidades básicas de la población; más bien, se empeñan en hacer la vida difícil a los más pobres. No sólo les niegan los servicios, sino que los maltratan, los discriminan y hasta los reprimen.
Es muy ilustrativa la forma como actúan las autoridades educativas de la entidad: en lugar de ampliar este derecho a las regiones empobrecidas, lo restringen y con una postura inflexible e intransigente se confrontan con los pueblos y las organizaciones que luchan para que haya escuelas y maestros en su comunidad. En noviembre de 2007, las autoridades educativas reprimieron a los estudiantes y egresados de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en la caseta de cobro La Venta de la Autopista del Sol, por hacer valer su derecho a contar con una plaza de maestro. El saldo de esta represión fue de 56 estudiantes detenidos y 28 sujetos a proceso.
En Guerrero, la protesta social constituye la posibilidad para que los ciudadanos puedan recuperar sus derechos. El derecho a la protesta es el primer derecho, que es capaz de contener el abuso del poder para obligar a las autoridades, a través de la acción directa, a que se respete y valore los planteamientos legítimos de los excluidos.
A los luchadores sociales, el gobernador Zeferino Torreblanca los ha calificado de lucradores sociales. Por ejercer su derecho a la protesta, los ha catalogado como delincuentes y los han sometido a procesos penales. Ante el crecimiento de la protesta social en casi todas las regiones del estado, el gobernador ha impuesto su línea política de transformar los conflictos sociales en litigios judiciales, de leer e interpretar la realidad de los pobres que protestan, bajo la lupa del código penal. La corta visión del poder es, por desgracia, el criterio y la medida para juzgar los actos de una sociedad que se moviliza en defensa de sus derechos. La tendencia del gobierno es criminalizar las manifestaciones públicas y sacar de contexto a los conflictos sociales, para poder colocar a los luchadores en el banquillo de los acusados.
Al gobierno, atrincherado en su búnker privado, en nada le afecta el sufrimiento de los pueblos; por el contrario, endurece más su postura para demostrar su poder y hacer sentir su fuerza represiva. La mano dura en una democracia en ciernes no es sino la expresión de la incapacidad de las autoridades para generar consensos sociales y resolver por la vía del diálogo los conflictos. Tenemos un gobierno esquizofrénico que se siente rodeado de enemigos que lo asechan y que supuestamente ponen en riesgo su estabilidad.
Con el hecho de que los ciudadanos que protestan hablen una lengua diferente, como sucede con los pueblos indígenas, la figura del enemigo se agiganta. Cuando la autoridad constata que hay ciudadanos que hablan otras lenguas, se alimenta la idea entre los mismos funcionarios de que no pueden dialogar con rijosos, con gente de costumbres raras, por eso le dan un trato diferente, de no tolerar sus desplantes de fuerza y más bien desarrollar un modelo de guerra preventiva; es decir, de hacerle la guerra a la sociedad para que no se atreva a responder con la misma moneda.
Esta idea central incrustada entre las autoridades estatales sobre la imagen del enemigo y materializada en los movimientos sociales y en sus líderes, se empeña en castigar más a los pobres que se rebelan. Se da un giro hacia el autoritarismo, que pone en riesgo el mismo estado de derecho, porque banaliza la importancia de los derechos humanos y se desentiende de sus responsabilidades constitucionales, situación que empobrece el ejercicio de la política.
Las cifras de la criminalización de la protesta social en Guerrero nos arroja los siguientes datos que van de mayo de 2007 a junio de 2008:
Número de casos
Situación jurídica
73 Procesos penales instaurados en contra de líderes sociales
75 Órdenes pendientes de ejecutarse
9 Expedientes cerrados por resoluciones favorables
44 Averiguaciones previas en integración contra líderes sociales
201 Total de acciones penales emprendidas contra líderes sociales
En este recuento es importante resaltar que de los 201 casos, 97 pertenecen a los cuatro pueblos indígenas y 19 a campesinos que luchan contra la presa hidroeléctrica La Parota. La totalidad de estos casos están relacionados con los delitos de ataques a las vías de comunicación y la privación ilegal de la libertad. Se trata de líderes indígenas que se han organizado para defender su sistema de justicia y seguridad comunitaria, como es el caso de la policía comunitaria; para hacer realidad el proyecto de una radio comunitaria en Xochistlahuaca; para exigir maestros que hablen la variante dialectal de la lengua materna del me’phaa, con el fin de asegurar una educación culturalmente apropiada. Otra causa de la protesta social es la demanda de obras comunitarias y la entrega de fertilizante para poblaciones indígenas, quienes siempre han sido objeto de manipulación política y de muchos engaños por parte de las autoridades municipales.
El gobierno de Guerrero, en lugar de dialogar y atender de manera progresiva las demandas de la sociedad, le apuesta a un mayor escalamiento de los conflictos sociales, luego los traslada al campo judicial, para que los líderes se desmovilicen y claudiquen ante la inminente amenaza de pisar la cárcel. Son las corporaciones policiacas y el mismo Ejército Mexicano los que están enfrentando con las armas en las manos las luchas de resistencia de los pobres y son los ministerios públicos a quienes se les ha asignado la tarea de atender los conflictos sociales, con la integración de averiguaciones previas. Nuevamente, en Guerrero, la política se rige por el criterio policiaco.
*Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
DESGOBIERNO PANISTA: CRIMINALIZANDO LA PROTESTA
Tolerancia social en el límite
Se avecina una movilización social que no podrá ser contenida por la administración calderonista, consideran sociólogos, politólogos, historiadores y luchadores sociales. Pobreza, despojo, desempleo y crisis de legitimidad del actual régimen, las causas. La respuesta de los gobiernos federal y estatales ha sido la criminalización de más de 60 movimientos sociales en los dos años recientes
Paulina Monroy
La crisis alimentaria, el deterioro económico, la violencia institucionalizada, la fragmentación social y las reformas estructurales son “caldo de cultivo” para una escalada de movilizaciones que cuestionará la estabilidad de Felipe Calderón en el poder. Especialistas advierten que, como sucedió en Argentina, Bolivia y Ecuador, en México el estallido social se avecina.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en México el 42 por ciento de la población vive en la pobreza y casi el 14 por ciento, en pobreza extrema. El Banco Mundial asegura que el 50 por ciento de mexicanos está en condiciones de miseria.
En tanto que Carlos Slim –considerado el segundo hombre más rico del mundo– concentra el 8 por ciento del producto interno del país (PIB) y las 38 familias más ricas, el 14.4 por ciento, el capital del 10 por ciento de los más pobres representa sólo 1.6 por ciento del PIB.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, desde que Calderón asumió la Presidencia y hasta septiembre de 2007, la tasa de desocupación se incrementó de 4.6 a 4.9 por ciento. Para ese año se contaban 1 millón 616 mil mexicanos desempleados y el 50 por ciento de los trabajadores ganaban de uno a tres salarios mínimos, el cual perdió casi 24 por ciento de su poder adquisitivo (Contralínea 101).
Según los especialistas, el gasto social es deficitario, no hay política económica que revierta la crisis en el campo y tampoco una visión de desarrollo. Diputados, especialistas y defensores de derechos humanos coinciden en que la tolerancia de los mexicanos está en el límite.
Carlos Antonio Aguirre Rojas, historiador e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), observa que el país camina, como en la última etapa del Porfiriato, hacia un estallido social similar al ocurrido en la Revolución de 1910. Advierte que las condiciones de vida de los mexicanos se deterioran y pierden referentes de cohesión: “Hay un país que ve la administración de Felipe Calderón y el que existe”.
Politólogo y sociólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Carlos Lozano Ángeles considera que el cierre de 2008 será conflictivo. Anuncia que las condiciones serán tan deplorables que proyecten un posible estallido social, pues se avecina una crisis económica aguda.
Descontento social
Edgar Cortez Morales –secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos (Red TDT)– dice que las pequeñas movilizaciones en la vía pública son expresión de un enorme y diverso descontento social en el país, que puede aumentar.
La Secretaría de Gobierno del Distrito Federal apunta que en 2007 12.5 millones de personas realizaron 2 mil 93 movilizaciones en la vía pública: 892 en el ámbito local y 1 mil 582 en el federal, a las que asistieron 882 mil 525 personas. Durante ese año se contaron 1 mil 58 concentraciones, 466 bloqueos, 368 marchas, 336 mítines, 48 caravanas, 37 reuniones agendadas, 35 plantones, 22 tomas de instalaciones, tres huelgas de hambre y una protesta individual.
Sólo en enero de 2008 se registraron 194 movilizaciones: 91 concentraciones, 18 marchas, cinco mítines, 10 plantones, 48 bloqueos viales, 10 bloqueos de acceso a instalaciones y 12 caravanas. Del total de movilizaciones, 107 fueron manifestaciones contra el gobierno federal y 87, contra el local. Del 31 de diciembre al 3 de febrero, las dependencias federales atendieron a los inconformes en un promedio de 10 horas, mientras que el gobierno capitalino lo hizo en tres horas.
En su Primer informe de labores 2007, la secretaría enuncia que del 5 de diciembre de 2006 al 31 de julio de 2007 protestaron 14 millones 892 mil 300 personas en 1 mil 779 actos; 931 de ellos fueron de carácter federal con la participación de 643 mil 50 personas, y 513 de carácter local con la intervención de 66 mil 191 ciudadanos. Agrega que de los 1 mil 444 actos políticos realizados, 516 fueron concentraciones, 251 marchas, 303 bloqueos, 262 mítines, 26 plantones y 86 en el rubro de otros.
Represión, la respuesta
del Estado
Sesenta protestas sociales han sido criminalizadas desde 2005 hasta la fecha. Según la Red TDT, en 17 entidades federativas se registraron 32 proyectos económicos impuestos y a 28 expresiones de inconformidad se les imputó carácter delictivo. De éstas, 14 tenían como objetivo exigir el respeto a derechos, y el resto, la defensa y acceso a recursos naturales.
Organizaciones y ciudadanos en resistencia –apunta la Red TDT en el documento Sistematización de casos de criminalización de la protesta social– se defienden y protestan mediante el diálogo, la negociación y la realización de denuncias públicas, plantones, misas, tomas de instalaciones, campañas de difusión, foros, mítines, bloqueos y acciones jurídicas.
“Como respuesta –indica la Red TDT, compuesta por 58 organizaciones civiles– encuentran represión, militarización y criminalización de la protesta social”. Advierte que en la intención de imponer proyectos –que implican despojo de tierras y recursos naturales en su mayoría a pueblos indígenas– se recurre a la violencia policiaca, detenciones arbitrarias, asesinatos, enfrentamientos, amenazas y hostigamientos.
De 2005 a la fecha, se documentó el uso de la represión en dos casos: en los retenes para acceder a la zona wixárica en Jalisco y en el conflicto en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila.
Once se criminalizaron: el arresto de migrantes en Chiapas; las protestas contra el proyecto de desarrollo social en Chihuahua; la disputa sindical en la empresa La Estrella en Coahuila; la construcción de una regasificadora y la ampliación del puerto de Manzanillo en Colima; la detención de Pedro Alvarado Delgado como observador del conflicto de San Salvador Atenco en el Estado de México; la titularidad del contrato colectivo de trabajo en el DIF y el despido de trabajadores del Sistema Avanzado de Videobachillerato y Educación en Guanajuato; la exigencia de una educación en lengua me’phaa batá y la aprehensión del nan’cue o amuzgo David Valtierra, coordinador de la radio La Palabra de Agua en Guerrero; la protestas contra Minera San Xavier en San Luis Potosí, y la detención de cuatro indígenas otomíes en Veracruz.
Además, se reprimieron y criminalizaron otros 11: el operativo policiaco de Bochil en Chiapas; la intervención policial en San Salvador Atenco, en el Estado de México; la oposición a un desarrollo habitacional en Morelos; la represión a miembros de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca, del Movimiento Ciudadano Juquileño y el desalojo de los miembros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca; la inconformidad al Plan de Desarrollo Municipal en Puebla; la manifestación en contra del presidente estadunidense George Bush y las detenciones arbitrarias en Ciudad Caucel en Yucatán.
En el marco de su campaña “La protesta es un derecho, la represión, un delito”, la Red TDT anota que, pese a la alternancia en el poder, se siguen cometiendo casos graves de represión contra los movimientos y la protesta social.
Expone que con Felipe Calderón ha continuado esta política represiva, que tiende a institucionalizarse mediante el incremento de la militarización y las reformas a la seguridad pública que originan un estado policial.
Así, en la Agenda de Inteligencia para la Seguridad Nacional en México, publicada por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional en su página electrónica, se incluye a los movimientos sociales como uno de los componentes sobre los que se recopila, procesa y difunde información junto con grupos armados, delincuencia organizada y terrorismo.
El artículo 139 del nuevo Código Penal Federal, respecto al delito de terrorismo, establece penas de seis a 40 años y hasta 1 mil 200 días de multa a “todo aquel que utilice medios violentos y realice actos en contra de personas o servicios públicos, que produzcan alarma y terror en la población, atenten contra la seguridad nacional o presionen a la autoridad para que tome una determinación”.
La Red TDT señala que es tan ambiguo que puede ser utilizado contra los movimientos sociales. Para la Unidad Obrera Socialista (Unios) con estas modificaciones se condena cualquier intento de coacción para que el gobierno cumpla las demandas de la población: “El régimen reafirma su carácter autoritario y adopta medidas de corte fascista, pues quiere contener todo el descontento popular acumulado en más de 30 años de despojo neoliberal”.
Cortez Morales, secretario ejecutivo de la Red TDT, explica que las realidades de necesidad y lucha se tratan como hechos criminales y no como realidades originadas por el modelo económico de empobrecimiento y devastación.
“Los conflictos sociales –observa– son sacados del ámbito político y llevados al jurídico, se les somete a toda la complejidad que supone nuestro sistema de justicia para desgastarlos”.
Aunado al uso de la fuerza, las autoridades recurren a la detención y acusación a líderes sociales en delitos como robo, portación de armas, daño a propiedad ajena, obstrucción de las vías de comunicación o incitación a la violencia. También se les imputan delitos agravados, como los relacionados con la seguridad nacional, o se equiparan figuras delictivas para penalizarlos, como la retención de funcionarios con el secuestro.
El activista anota que así se determinan penas desproporcionadas y se imposibilita que continúen su proceso en libertad, además de ser encarcelados en prisiones de alta seguridad y obstruir su derecho al debido proceso: “La justicia en México se usa como un instrumento para castigar y presionar a la movilización social”.
Al ser criminalizadas, las organizaciones postergan sus demandas principales: su prioridad es la libertad de sus presos. A su parecer las instancias en procuración de justicia no garantizan imparcialidad en dichos procesos judiciales, pues son ellas mismas quienes están involucradas en las acciones represivas.
“El estado de derecho al que alude el gobierno federal –opina– es faccioso y selectivo. Se usa el derecho mafioso que se ensaña con quienes debería proteger y favorece a quienes debería vigilar, es decir, daña y ataca a los más débiles y se alía a los más poderosos”.
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, restringir el ejercicio de reunión y libertad de asociación son graves obstáculos a la posibilidad que tienen las personas de reivindicar sus derechos. Cortez Morales observa que los derechos a la libertad de expresión, de manifestación y de asociación, contenidos en la Constitución, contribuyen a la calidad de la democracia.
Se difama la lucha social, agrega, cuando se dice que afecta derechos de terceros, como el intento de la fracción panista para regular las marchas en el Distrito Federal: “Los espacios públicos no sólo son vías de tránsito, también son foros donde se debaten los asuntos de interés de la sociedad y son importantes, sobre todo, en una sociedad tan inequitativa donde los más pobres tienen menos posibilidades de ser escuchados”.
Guerra contra La Otra Campaña
El 19 de enero de 2008, Felipe Calderón se anunció como un presidente cercano a las fuerzas armadas y advirtió que no toleraría los desafíos a la autoridad del Estado.
El subcomandante insurgente Marcos ya advertía que tambores de guerra seguían sonando. Y es que, calificado por especialistas como el movimiento nacional más relevante, La Otra Campaña también sufre una guerra frontal con el Ejército. Su presencia en las 32 entidades de la República, con sus alrededor de 15 mil organizaciones e individuos adherentes, representa un reto para el gobierno federal, consideran los especialistas.
Lozano Ángeles explica: “La posibilidad del cambio ya no se ve en los partidos políticos, sino en la movilización organizada desde abajo”. Asegura que es por la vía de la organización y la participación donde habrá un cambio y es en las calles donde se ganará. “A eso le apuesta La Otra Campaña”.
Nacido a iniciativa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de 2006, es el “movimiento civil y pacífico de los de abajo y a la izquierda”, dice. Ese año, el subcomandante Marcos, como “delegado zero” de los zapatistas, recorrió 50 mil kilómetros por el país escuchando y recogiendo demandas. Contraria al paternalismo del gobierno, la visión del movimiento es que la gente del pueblo sea responsable de su futuro, explica Alejandro Varas, dirigente de Unios, organización adherente a La Otra.
Para Varas, el sistema explota, reprime y criminaliza a las víctimas: “No soportan el debate de ideas, no dialogan y engañan a la gente. Los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática (PRD), cualquier partido en el poder lleva al país al declive por su desmesura y ambición”.
Aguirre Rojas señala que un movimiento con claridad en sus demandas puede derrocar a un presidente de una manera totalmente pacífica. Por ello, el cerco militar ceñido sobre Chiapas y el silencio respecto a esa militarización. El historiador indica que entre 6 y 7 de cada 10 militares están en territorio chiapaneco.
El 4 de junio, la Junta de Buen Gobierno (JBG) El Camino al Futuro denunció la incursión de 200 militares y elementos de la policía judicial y municipal a los pueblos zapatistas de Hermenegildo Galeana y San Alejandro del Caracol de La Garrucha. El gobierno autónomo advirtió que rodearon La Garrucha tres convoyes, nueve vehículos militares y de seguridad pública. Las bases de apoyo zapatista apuntan que fueron intimidados y acusados de tener sembradíos de marihuana.
Guiados por la policía municipal de Ocosingo, policías y militares se internaron a Galeana, donde la población se armó con machetes, piedras y hondas para impedirles el paso. Lo situación se repitió en San Alejandro, con soldados de Toniná, Patiwitz y San Quintín. Los castrenses advirtieron que regresarían en 15 días.
“Toda la zona zapatista de Garrucha –aclaran– y sus autoridades autónomas somos testigos que no existe plantíos, sólo hay zapatistas y hay trabajador de milpa y platanar. Estamos dispuestos a luchar por libertad, justicia y democracia y rechazamos cualquier provocación”.
Además de la irrupción del Ejército, los zapatistas en Chiapas también sufren otros embates. Casi un mes antes, el 26 de mayo, también la JBG de Oventic denunció el secuestro de Manuel Hilario Gómez, base de apoyo zapatista, por perredistas de la comunidad de Chactoj, en el municipio de Zinacantán. Después de ser privado de su libertad por 34 horas, se le dijo que de no pagar una multa por 2 mil pesos sería nuevamente detenido.
Señala que desde 2002 en la comunidad de Sok’on los caciques perredistas privan de agua a familias base de apoyo zapatista. Además anota que en Zinacantán se hostiga a zapatistas para que se unan al PRD y así asegurar votos a favor de la presidencia municipal.
El 27 de mayo de 2008 el cuerpo policial Grupo Lobo golpeó y trasladó a miembros de la Voz del Amate –grupo de reclusos que se definen como presos políticos por apoyar al ELZN y a La Otra Campaña–, del Centro de Rehabilitación Social número 14, a diferentes reclusorios en el estado.
Desde que el grupo comenzó su protesta –alude el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria en una acción urgente emitida el 24 de julio de 2006– las autoridades carcelarias animan a otros presos para que hostiguen y amenacen al grupo. Según Enlace Zapatista –la bitácora en línea de la Comisión Sexta del EZLN– se les tiene prohibido ayunar y realizar huelgas de hambre o protestar de cualquier forma.
Debido al despliegue de las fuerzas armadas en Chiapas, La Otra Campaña interrumpió su segunda etapa en septiembre del año pasado. El cierre estaba previsto para junio, cuando se cumplieran tres años de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.
Aún así se trabaja en la estructuración del Programa Nacional de Lucha, del que ha dicho el subcomandante Marcos se pasará entonces a la agitación y la difusión. El dirigente de Unios advierte que el gobierno federal está jugando con una bomba de tiempo y habrá respuestas más concluyentes. “El movimiento será explosivo, pero pacífico”.
El lopezobradorismo
Autodenominado presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador llamó a la resistencia civil y a la movilización social para oponerse al fraude electoral y defender el petróleo. El sociólogo y politólogo Carlos Lozano Ángeles sostiene que el PRD, si quisiera encabezar el cambio social, tendría que olvidarse de las confrontaciones electorales. Además, las disputas internas desgastan la institucionalidad del partido y la figura de López Obrador.
Observa que de unirse a otros movimientos sociales, se podría generar un pacto social novedoso que obligara al gobierno de Calderón a llegar a un acuerdo nacional para impulsar temas desde una reforma política. Advierte que tendría que ser una movilización que rebase la influencia partidista.
Sin embargo, Aguirre Rojas encuentra como limitante que de origen dichas movilizaciones hubiesen nacido para defender a López Obrador, luego de los comicios de 2006.
La diputada perredista y secretaria de la Comisión de Gobernación, Valentina Batres, asegura que el “gobierno legítimo” de López Obrador tendrá como sostén “al pueblo organizado”. Señala que 2 millones y medio de personas manifestaron su oposición al fraude electoral. Además de que 2 millones de ciudadanos se mueven en defensa del petróleo. Agrega que como parte del Frente Amplio Progresista, el PRD sumará esfuerzos con la iniciativa civil para defender los temas nacionales.
Falta de gobernanza, el otro factor
Para Alberto Amador Leal, secretario de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, la polarización política –agravada tras las elecciones del 2 de julio de 2006– es también factor para que aumente la movilización social.
En la administración calderonista observa que no hay gobernanza, que –según la Real Academia Española– es el arte de gobernar para lograr el desarrollo económico, social e institucional promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado.
Agrega que la relación entre el gobierno federal con los poderes de la Unión no alcanza a ser institucional, como tampoco lo es el trato con legisladores ni con gobiernos locales. Apunta que también la administración de Felipe Calderón está desvinculada de sectores sociales, sindicales y campesinos, a los que ha excluido y desconoce su papel de intermediarios sociales.
Considera que otro factor de riesgo es la pugna electoral de 2009, en la que se renovará la Cámara de Diputados.
En opinión del diputado priísta, Calderón debe asumir su papel de jefe del Ejecutivo y no de partido.
Valentina Batres, secretaria de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados, considera que el costo de tener un presidente ilegítimo es mayor que el de haber repetido las elecciones. “Al frente está un partido con visión pequeña de lo que significa gobernar y está ausente de su obligación de escuchar las demandas populares”. Advierte que el ciudadano está desamparado porque “prevalece la ley de la selva, donde gobierna el más fuerte”.
7/10/2008
CHIAPAS: SEDENA EN PIE DE GUERRA CONTRA EL ZAPATISNMO
SEDENA: Vientos de Guerra
Después del operativo militar realizado por el Ejército Federal mexicano del pasado día 4 de junio dentro del poblado de La Garrucha, corazón del Caracol del mismo nombre y en los poblados de Hermenegildo Galeana y San Alejandro, las acciones castrenses no se han detenido, de hecho, los patrullajes se han intensificado por toda la Selva Lacandona y la zona Norte del estado de Chiapas, con la novedad que algunos de los patrullajes se desarrollan como Operativos Mixtos, esto es, que se incluye policía Federal y/o Estatal.
El pasado 7 de junio, este Centro publicó un informe intitulado La SEDENA: operación Garrucha, el informe presentaba detalles sobre el operativo militar del día 4 de junio realizado dentro del Caracol de La Garrucha, refería también sobre otros operativos militares llevados a cabo dentro del territorio indígena en los últimos dos meses y señalaba la ubicación e identificación militar dentro algunas cañadas de la Selva Lacandona.
El presente informe presenta más piezas del rompecabezas de esta nueva ofensiva militar centrada de manera muy concreta contra: 1) el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); 2) las autoridades civiles zapatistas y sus bases de apoyo; 3) el proyecto integral que desarrollan los pueblos zapatistas en el marco de su libre determinación como pueblos indígenas y; 4) contra el movimiento nacional en construcción de la Otra Campaña.
Queremos hacer alguna precisión, existen especialistas de tiempo completo que centran su investigación en las acciones, operaciones y funciones de las instancias castrenses, , el CAPISE no es un organismo civil especializado en fuerzas armadas, nosotros hacemos en la medida de nuestras posibilidades y limitaciones, investigación, documentación, denuncia y defensa de los Derechos Colectivos de Pueblos Indígenas, la fuerte ocupación militar en el territorio indígena de Chiapas y sus terribles impactos en las poblaciones civiles y en sus derechos humanos y colectivos, nos ha obligado de hacer un intento por entender quién es esta institución, dónde esta (posición por posición), cómo identificarla en campo, que hace, qué lógica tiene su despliegue táctico-militar dentro de un territorio civil indígena y las afectaciones que padecen las poblaciones civiles en sus comunidades, entre otras. Nos hemos apoyado en manuales y Web de la SEDENA, en el IFAI, en la investigación documental y en la investigación de campo.
Evidentemente tenemos vacíos de información y de comprensión del mundo castrense, por tanto, presentamos lo que sí observamos y documentamos, la lectura que le damos a la información concreta documentada y presentamos también lo que no entendemos de los hechos y datos documentados in situ y del material bibliográfico.
La Ofensiva
Los constantes patrullajes castrenses y los recientes operativos militares que tejen la ofensiva en la Selva Lacandona y en una parte importante de la zona Norte del estado de Chiapas son coordinados desde cinco grandes instalaciones militares estratégicas.
Ubicación
Instalación Militar
Unidad
Militar
Zona
Militar
Predio Tonina, Ocosingo.
Campo Militar 39-A. Cuartel General de 39ª Zona Militar.
Cuartel General del 31º Batallón de Infantería (31 BI).
31º Batallón de Infantería (31 BI).
Policía Militar (PM)
39ª ZM
San Quintín, Ocosingo.
Campo Militar 39-D.
Cuartel General del 38º Batallón de Infantería (38 BI).
38º Batallón de Infantería (38 BI). Policía Militar (PM)
39ª ZM
Ciudad Comitán, Comitán.
Guarnición Militar
Cuartel General de 15º Regimiento de Caballería Motorizada (15 RCM).
15º Regimiento de Caballería Motorizada (15 RCM).
39ª ZM
Palenque
Guarnición Militar1
Cuartel Militar del 18 Batallón de Infantería (18 BI).
18º Batallón de Infantería (18 BI).
38ª ZM
Tenosique, Tabasco
Cuartel General de 38º Zona Militar
18º BI / 18º RCM,
3er. CIC / 09º RCM, 11º RCM.
38ª ZM
Como mencionamos en el informe SEDENA: Operación Garrucha, los operativos militares del 4 de junio habían sido ejecutados no sólo por el 38º Batallón de Infantería (38 BI), también había actuado el 15º Regimiento de Caballería Motorizada (15º RCM), esta ultima, con Cuartel General en la Guarnición Militar de Comitán, teniendo también posición permanente desde hace varios años en zonas fronterizas con Guatemala y en la Base de Operaciones destacamentada en Amparo Aguatinta, municipio Maravilla Tenejapa.
El Ejército Federal mexicano ya hizo ajustes, 15º Regimiento de Caballería Motorizada (15º RCM) destacamentado en Amparo Aguatinta salió de esa posición y en su lugar entró la 11ª Compañía de Infantería No Encuadrada (11 CINE), este Centro desconoce si el 15º Regimiento de Caballería Motorizada (15º RCM) y la 11ª Compañía de Infantería No Encuadrada (11 CINE) se alternan esta posición o si el posicionamiento de la 11ª Compañía de Infantería No Encuadrada (11 CINE) pasó a ser permanente en Amparo Aguatinta.
Región Tojolabal de la Selva Lacandona
El Ejército Federal mexicano hizo también dos ajustes en esta región de la Selva Lacandona.
Sobre el ajuste que se hizo en Amparo Aguatinta. El Cuartel General de la 11ª Compañía de Infantería No Encuadrada (11 CINE) esta ubicado en el Campo Militar 39-F en la cabecera municipal de Altamirano, esta Unidad también tenía posición en El Eden, municipio oficial de Las Margaritas, en la cañada que camina desde Nuevo Momón hasta Francisco Villa.
Las posiciones militares destacamentadas en la región Tojolabal que comprende el Caracol de La Realidad, verificadas en este mes de junio quedan de la siguiente manera:
1) Rizo de Oro. 91º Batallón de Infantería (91 BI).
El año pasado, esta Unidad (91 BI) y posición militar se compartía con el 101º Batallón de Infantería (101 BI).
2) Vicente Guerrero. 91º Batallón de Infantería (91 BI).
El año pasado, esta Unidad (91 BI) y posición militar se compartía con el 101º Batallón de Infantería (101 BI).
3) El Eden. 91º Batallón de Infantería (91 BI).
El año pasado, esta Unidad (91 BI) y posición militar se compartía con la 11ª Compañía de Infantería No Encuadrada (11 CINE).
4) Nuevo Momón. 31º Batallón de Infantería (31 BI).
Esta Unidad militar (31 BI), tiene su Cuartel General en el Cuartel General de la 39ª Zona Militar. El año pasado, esta posición (Nuevo Momón) se compartía entre el 20º Batallón de Infantería (20 BI) y el 91º Batallón de Infantería (91 BI).
5) Aeropuerto Copalar, Comitán. Base Aérea Militar Núm. 17 (BAM 17). Campo Militar 39-C. Cuartel General del 91º Batallón de Infantería (91 BI).
Como lo mencionamos en el informe intitulado Cara de Guerra2, el 91º Batallón de Infantería (91º BI) no es una simple Unidad Convencional de combate, la propia SEDENA los reconoció como una Unidad de Fuerzas Especiales: “Las Fuerzas Especiales se iniciaron en nuestro Ejército en 1986, con la creación de un Grupo Especial que se denominó Fuerza de Intervención Rápida (FIR), cambiando posteriormente su denominación a Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE)”.3. “El 1º de abril de 1997, el 1er Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) jurisdiccionado en la III Región Militar, en Sinaloa, pasó su revista de entrada como Fuerza de Intervención Rápida en Copalar, Chiapas”.4
En enero de 2002 se reorganizaron 56 Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (GAFEs) de Región y Zona Militar, integrando tres Cuarteles Generales de Brigada y Nueve Batallones de Fuerzas Especiales5. La FIR de Copalar pertenecía a la Tercera Brigada de Fuerzas Especiales.
6) Ciudad de Comitán. Alberga la Guarnición militar. Cuartel Militar del 15º Regimiento de Caballería Motorizada (15 RCM).
La Guarnición Militar de Comitán y el 15º Regimiento de Caballería Motorizada (15º RCM) pertenece también a la 39ª Zona Militar. Esta Unidad militar de avanzada también participó en los operativos militares del 4 de junio en el territorio de La Garrucha. Tiene una particularidad especial, opera en dos Zonas Militares distintas, en la 39ª y 38ª Zonas Militares, su posición militar en esta última Zona es Puente Boca Lacantún.
Mapa Región Tojolabal de la Selva Lacandona
El 38 BI: Cañadas de Taniperlas, Monte Libano y La Garrucha
Como mencionamos en el informe SEDENA: Operación Garrucha, las posiciones y operativos militares desarrollados en esta región han sido coordinados en gran medida por el 38º Batallón de Infantería (38 BI), esta Unidad militar se despliega en 7 posiciones militares, cinco de estas posiciones son de carácter permanente, dos más se alternan con el 31º Batallón de Infantería (31 BI).
I- Monte Líbano. 38º Batallón de Infantería (38º BI). Cañada de Taniperlas.
II- Taniperlas. 38º Batallón de Infantería (38º BI). Cañada de Taniperlas.
Las posiciones militares de Monte Líbano y Taniperla se alternan entre el 38º Batallón de Infantería (38º BI) y el 31º Batallón de Infantería (31º BI) cada 4 meses.
III- Racho Península6. 38º Batallón de Infantería (38º BI). Cañada de las Placido Flores.
IV- Río Jordán. 38º Batallón de Infantería (38º BI). Cañada de las Tacitas.
V- Patihuitz. 38º Batallón de Infantería (38º BI). Cañada de La Garrucha hasta San Quintín.
VI- La Sultana. 38º Batallón de Infantería (38º BI). Cañada de La Garrucha hasta San Quintín.
VII- San Quintín. 38º Batallón de Infantería (38º BI). Policía Militar (PM).
Las posiciones militares de Racho Península, Río Jordán, Patihuitz, La Sultana y San Quintín son permanentemente operadas por el 38º. Batallón de Infantería (38º BI).
El Cuartel General del 38º Batallón de Infantería (38 BI) es San Quintín.
Mapa 38 BI: Cañadas de Taniperlas, Monte Libano y La Garrucha
El pueblo de San Quintín padece una de las instalaciones militares más poderosas que ocupa el Ejército Federal mexicano dentro de la 39ª Zona Militar. Esta base es el Campo Militar 39-D, tiene Policía Militar (PM), tiene una Unidad Habitacional (UH) militar, tiene pista aérea para helicópteros, avionetas y aviones. Actualmente concentra el Cuartel General del 38º Batallón de Infantería (38 BI).
Los impactos que padecen los pobladores de San Quintín debido la fuerte ocupación militar saltan a la vista, la cantidad de cantinas, el alcoholismo, la importación de prostitutas y la prostitución que alcanzó a mujeres indígenas del pueblo ha conllevado una brutal descomposición del tejido social y comunitario en niveles lamentables e indignos para pueblos indígenas. San Quintín y Monte Líbano son la muestra más elocuente de por qué nunca el Ejército Federal mexicano debe habitar tierras y territorio civil en el país.
Como lo mencionamos anteriormente, el CAPISE tiene vacíos en la comprensión de la identificación de Unidades No Convencionales, por ejemplo, sabemos que el 38º Batallón de Infantería (38 BI) no es una Unidad Convencional. Por la cantidad de tropa, por su ubicación, por su despliegue táctico-militar, por la complexión física de los elementos de su tropa, por el tipo de operaciones y por el sentido de profundidad que tiene dentro de un Teatro de Operaciones, sabemos que esta Unidad militar tiene características de Gran Unidad Elemental, de Gran Unidad Superior y de Fuerza Especial, pero no tenemos la suficiente información para determinar con precisión la identidad especial que tiene, lo que sí es de nuestro conocimiento, es que esta Unidad militar esta preparada para accionar en tiempos de guerra.
La Región Fronteriza con Guatemala
La Ubicación y la Identificación militar documentada por este Centro en este mismo mes de junio se encuentra de la siguiente manera:
a) Amparo Aguatinta. 11ª Compañía de Infantería No Encuadrada (11 CINE)
La 11ª Compañía de Infantería No Encuadrada (11ª CINE) tiene su Cuartel General en el Campo militar 39-F, en la cabecera municipal de Altamirano, Altamirano. Esta Unidad militar tuvo por varios años también posición en El Vergelito, municipio de Margaritas, posteriormente tuvo dos nuevos movimientos en coordenada sur: uno, a la posición de El Eden, municipio del mismo municipio, en la cañada que camina de Nuevo Momón a Francisco Villa; dos, bajó aún más en el mismo sentido de la coordenada, instalándose ahora en Amparo Aguatinta.
b) Maravilla Tenejapa. 12ª Compañía de Infantería No Encuadrada (12 CINE)
c) Puente Río Ixcan. 12ª Compañía de Infantería No Encuadrada (12 CINE)
Amparo Aguatinta, Maravilla Tenejapa y Puente Río Ixcan están ubicados en la región fronteriza con Guatemala y pertenecen a la 39ª Zona Militar.
38ª Zona Militar
d) Nuevo Orizaba 8ª Compañía de Infantería No Encuadrada (8 CINE) y,
18º Regimiento de Caballería Motorizada (18 RCM)
e) Benemérito de las Américas. 15ª Compañía de Infantería No Encuadrada (15 CINE)
f) Boca Lacantún. 15ª Compañía de Infantería No Encuadrada (15 CINE) y,
15º Regimiento de Caballería Motorizada (15 RCM)
Crucero Frontera Corozal. 18º Batallón de Infantería (18 BI)
Frontera Corozal. 18º Batallón de Infantería (18 BI)
18º Regimiento de Caballería Motorizada (18 RCM)
Crucero Nueva Palestina. 18º Batallón de Infantería (18 BI)
Crucero Chancalá. 18º Batallón de Infantería (18 BI)
Palenque. 18º Batallón de Infantería (18 BI)
Tenosique, Tabasco. 18º Batallón de Infantería (18 BI)
18º Regimiento de Caballería Motorizada (18 RCM)
3ª Compañía de Ingenieros de Combate (3 CIC)
9º Regimiento de Caballería Motorizada (9 RCM)
11º Regimiento de Caballería Motorizada (11 RCM)
30º Batallón de Ingenieros de Combate (30 BIC)
Todas estas posiciones pertenecen al 38ª Zona Militar. Tenosique, Tabasco alberga el Campo Militar 38-A y es el Cuartel General de la 38ª Zona Militar, esta zona opera la parte sur del estado de Tabasco, la región fronteriza de Chiapas con Guatemala y parte colindante con el propio estado de Tabasco.
Ver mapa en siguiente página.
Mapa: Región Fronteriza con Guatemala
18º Batallón de Infantería (18 BI)
La Unidad militar perteneciente a la 38ª Zona Militar que ha tenido y tiene un papel relevante y beligerante en el territorio indígena de la Selva Lacandona y que ha jugado un papel protagónico en los operativos militares de los supuestos sembradíos de marihuana en supuestas tierras de pueblos zapatistas, es el 18º Batallón de Infantería (18 BI), esta Unidad militar esta destacamenda en:
1- Crucero Frontera Corozal.
2- Frontera Corozal.
3- Crucero Nueva Palestina.
4- Crucero Chancalá.
5- Palenque.
6- Tenosique, Tabasco.
Mapa del 18º Batallón de Infantería (18 BI) en Región Fronteriza
La línea roja atraviesa cinco posiciones militares permanentes destacamentadas dentro de la 38ª Zona Militar, estas cinco posiciones son del 18º Batallón de Infantería (18 BI).
El 18º Batallón de Infantería (18 BI) tiene su Cuartel General en la Guarnición militar de Palenque, municipio de Palenque.
31º Batallón de Infantería (31 BI)
El 31º Batallón de Infantería (31º BI) tiene su Cuartel General en el predio Tonina, Ocosingo, a su vez, Cuartel General de toda la 39ª Zona militar.
La Unidad militar que coordina la Zona Norte lleva por identidad el 31º Batallón de Infantería (31º BI).
1- Sabanilla. 31º Batallón de Infantería (31º BI).
2- Tila. 31º Batallón de Infantería (31º BI).
3- Yajalón. 31º Batallón de Infantería (31º BI).
El 23 de mayo pasado, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (FRAY BART), emitió un boletín de prensa donde denunciaba:
“El día de hoy, este Centro de Derechos Humanos recibió comunicación, vía telefónica, de pobladores de las comunidades Cruz Palenque, Usipá, Retorno Miguel Alemán y Nuevo Limar, del Municipio de Tila, para manifestar su preocupación por la presencia armada de elementos del Ejército Mexicano en el crucero de Cruz Palenque y Usipá, ya que al parecer realizarían incursiones en las comunidades de Jolaco, Usipá, Cruz Palenque y Nuevo Limar con motivos desconocidos”.
“El temor de las comunidades se debe a que el Ejército Mexicano ha comenzado a tomar posiciones en distintos puntos del estado, además de una constante movilización vía terrestre en las comunidades mencionadas, como no se había visto en varios años. Estos hechos nos remiten a la reciente incursión militar efectuada en San Jerónimo Tulijá, Chilón, el pasado 19 de mayo y en comunidades de Venustiano Carranza, el pasado 22 de mayo”7. (…).
Las movilizaciones militares que refiere el FRAY BART fueron realizados por el 31º Batallón de Infantería (31 BI) destacamentado en las posiciones de Sabanilla, Tila y Yajalón, siendo esta Unidad militar la responsable de los operativos militares que se presentaron amenazantes en la zona Norte del estado de Chiapas.
4- La Cumbre. 31º Batallón de Infantería (31º BI).
Esta posición por muchos años estuvo en el Crucero Temo, ahora mudó unos kilómetros más cercano ha Ocosingo, esto es, La Cumbre.
5- Predio Tonina. 31º Batallón de Infantería (31º BI).
Es el Campo Militar 39-A, el Cuartel Militar de toda la 39ª Zona Militar y del 31º Batallón de Infantería (31 BI). Diversos elementos de esta Unidad militar son también Policía Militar (PM).
6- Predio Momón (Nuevo Momón). 31º Batallón de Infantería (31º BI).
Esta posición militar fue ocupada por lo menos de 1997 al 2006 por la Unidad de Fuerzas Especiales denominada Fuerzas de Intervención Rápida (FIR), esta Unidad fue transformada a Grupo Aeromóvil de Fuerza Especial (GAFE), era operada por el 91º Batallón de Infantería (91 BI). En el 2007 cambió por el 20º Batallón de Infantería (BI), esa Unidad también operaba simultáneamente en una zona militar distinta, la 31ª Zona Militar, tenía posición en la zona Altos de Chiapas y en Tuxtla Gutiérrez, según fuentes castrenses consultadas, una Unidad militar que opera en dos zonas militares distintas no es una Unidad Convencional de Combate, más bien, reviste características de Fuerzas Especiales. Ahora, esta Unidad es operada por el 31º Batallón de Infantería (31 BI), Unidad militar coordinada desde el Cuartel General de la 39 ª Zona Militar en el Predio Tonina.
Mapa del 31º Batallón de Infantería (31 BI)
La Policía Militar
En diversas ocasiones y posiciones el CAPISE ha identificado la presencia de Policía Militar (PM), una de esas posiciones es en el Predio Tonina en Ocosingo, Cuartel General de toda la 39ª Zona militar y del 31º Batallón de Infantería (31 BI).
Según la propia SEDENA, la Policía Militar (PM), el Ejército Federal mexicano, como cualquier otro Ejército del mundo, precisa de un Cuerpo Especial para el control del orden, la seguridad interna y externa de las Unidades de combate y disciplina interna, para esto, existe un adiestramiento del más alto nivel para conformar Tropas de Policía Militar (TPM) que les permite desarrollar diversas acciones y actividades, entre estas:
a)Mantienen el orden en las Unidades de combate;
b)Custodia de prisioneros de guerra;
c)Funciones de Policía Preventiva y Judicial;
d)Control de disturbios civiles, entre otras8.
“La Misión General de la Policía Militar consiste en auxiliar a los mandos territoriales, de Grandes Unidades o de Instalaciones y Dependencias, en la vigilancia y el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la seguridad, la disciplina y el orden (…)”.9
“Todas las Grandes Unidades10 deben de contar con el Servicio de Policía Militar en multipropósito o de aplicación general con respecto a sus facultades, atribuciones, responsabilidades y funciones que desempeña”. (…)11.
Durante varios años hemos documentado la presencia de la Policía Militar (PM) dentro del territorio indígena y hemos tenido varias dudas, una de ellas es la proporción de elementos de una Policía Militar dentro de una Unidad castrense, por ejemplo, documentamos la presencia de la Policía Militar (PM) dentro del Cuartel General de la 39ª Zona Militar en el Predio Tonina, en Ocosingo. Esa Policía Militar (PM) es el 31º Batallón de Infantería (31 BI), esa Unidad militar tiene posiciones permanentes en Sabanilla, Tila, Yajalón, La Cumbre, Predio Tonina y Predio Momón, en principio suponíamos que toda la tropa de esa Unidad militar (31 BI) estaba adiestrada y formaba parte de la Policía Militar, en la presente investigación hemos descubierto que estábamos equivocados, no toda esa Unidad militar (31 BI) tiene ese adiestramiento, pero sí es una Gran Unidad.
Grandes Unidades
El Manual de Operaciones en Campaña de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), las grandes Unidades de clasifican en Grandes Unidades Elementales y Grandes Unidades Superiores.
“79. Grandes Unidades Elementales. Las de organización y existencia permanente; sujetas a planilla orgánica, que bajo un cuartel general agrupa a un cierto número de pequeñas unidades de combate de las diversas armas y de apoyo a los diversos servicios. Las Grandes Unidades Elementales son las Brigadas Independientes y las Divisiones (…)”.12
Según el Manual referido:
82. Son Grandes Unidades Superiores, las que bajo un cuartel general común, agrupan dos o más grandes unidades elementales o bien dos o más unidades superiores de menor nivel. Se denominan de la siguiente manera13:
A- Cuerpo de Ejército. Es la Gran Unidad Superior que agrupa dos o más Divisiones, del mismo o diferente tipo; también se denomina Cuerpo de Ejército a la integración, bajo un cuartel general, de dos o más Brigadas Independientes iguales o diversas entre sí; pueden así mismo, haber Cuerpos de Ejército que agrupen Divisiones y Brigadas Independientes simultáneamente. El Cuerpo del Ejército, además de las Divisiones o Brigadas Independientes que lo integran, debe disponer de elementos no endivisionados consistentes en Unidades de apoyo de combate y de servicio14s.
83. Las Grandes Unidades Superiores no responden a planilla orgánica definida y se crean para la guerra, en cada caso de acuerdo con los planes correspondientes15.
En enero 2004, este Centro publicó el informe La Ocupación Militar en Chiapas: el Dilema del Prisionero, la investigación documentó la presencia de Grandes Unidades Superiores y Elementales. Además de la descripción que hace el numeral 83 (párrafo anterior) del Manual de Operaciones en Campaña de la SEDENA, el numeral 82 refiere que “las Grandes Unidades Superiores tienen un Cuartel General común, agrupan dos o más Unidades Elementales o bien dos o más Unidades Superiores de menor nivel (…)”, una de las Unidades Superiores documentadas en ese entonces era el 1er. Cuerpo del Ejército (ICE).
El 1er. Cuerpo del Ejército (ICE) no era una Unidad jurisdiccionada en la 39ª Zona Militar, tampoco estaba jusdiccionada a la VII Región Militar, estaba jurisdiccionada al Campo Militar número 1 de la ciudad de México. Durante la investigación de campo realizada en ese entonces, se documentó la presencia del 65º. Batallón de Infantería (65 BI), perteneciente a la 1ª Brigada de Infantería Independiente (1ªBda. Inf. Indp) del 1er. Cuerpo del Ejército (ICE) en 8 posiciones militares, esta Unidad mudaba por otra cada 4 meses, el distinvo militar en la manga izquierda de su uniforme se miraba como se ilustra en la siguiente la imagen.
Visto en mapa, el despliegue táctico-Militar del 1er Cuerpo del Ejército (ICE) por lo menos durante el periodo de 2002 a principios de 2006 era el siguiente:
1er Cuerpo del Ejército (ICE)
Mapa elaborado en el año 2005
En ese entonces y a través del IFAI, se le consultó a la SEDENA sobre las funciones del 1er. Cuerpo del Ejército (ICE), esta explicó que dicha Unidad no tenía responsabilidad territorial especifica y que tenía la flexibilidad de operar en cualquier parte del territorio nacional, añadiendo que tanto funciones como misiones eran las mismas que desarrollan las Unidades adscritas en el mando territorial16.
Las posiciones de Ocotalito, San Caralampio, Ibarra, Río Corozal y Santo Tomas se retiraron en febrero de 2006, Monte Libano y Taniperlas se mantienen. Existe una organización que gradual y paulatinamente fue mutando en grupo paramilitar —por lo menos una parte de sus miembros, no todos—, es la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos A.C. (OPDDIC) que nació la cañada de Taniperlas, precisamente donde se mantienen las posiciones de Monte Liabano y Taniperlas y donde durante años operó el 1er. Cuerpo del Ejército ICE. Son precisamente este par posiciones las que se intercalan entre dos Unidades militares de combate, el 31º Batallón de Infantería (31 BI) con Cuartel General en el Predio Tonina y el 38º Batallón de Infantería (38 BI) con Cuartel General en San Quintín.
Las Fuerzas Especiales y Convencionales han estado destacamentadas por años dentro del territorio indígena con dedicatoria al EZLN y a los pueblos zapatistas, el Ejército Federal mexicano y la Fuerza Aérea de hoy llevan años en tiempo de ocupación, tienen un adiestramiento más especializado, tienen modernización de armas y equipo militar con tecnologia de punta, este es el Ejército que actualmente agrede, provoca y amenaza al EZLN y a las bases de apoyo zapatistas.
La lógica de los Agrupamientos militares desplegados dentro de un Teatro de Operaciones ubica sus posiciones militares en forma escalonada, cada Unidad militar despliega un escalón castrense con un amenazante sentido de profundida que ahora acompaña con operativos militares dentro del corazón de los caracoles zapatistas. El despliegue táctico militar corresponde a una lógica de guerra regular e irregular. Para muestra… un mapa.
a) Los recuadros por donde pasa la línea rosa pertenecen al 31º Batallón de Infantería (31 BI) cuyo Cuartel General es el Campo Militar 39-A, Cuartel General de toda la 39ª Zona Militar. Esta Unidad de combate contiene Policía Militar (PM). Esta Unidad militar atraviesa la zona Norte y la selva Lacandona.
b) Los recuadros por donde pasa la línea amarilla pertenecen al 91º Batallón de Infantería (91 BI), Grupo Aeromovil de Fuerza Especial (GAFE), tiene su Cuartel General en la Base Aérea Militar Núm. 17 (BAM 17), Campo Militar 39-C. Esa instalación esta marcada con circulo amarillo.
c) Los recuadros por donde pasa la línea roja pertenecen al 38º Batallón de Infantería (38 BI) cuyo Cuartel General esta ubicado en el Campo Militar 39-D en San Quintín, ubicado en la punta de la tercera flecha roja, a la izquierda. Esta Unidad de combate contiene Policía Militar (PM).
d) Los recuadros por donde pasa la línea verde pertenecen al 18º Batallón de Infantería (18 BI) cuyo Cuartel General esta ubicado en la Guarnición Militar de Paelnque.
En resumen, este Centro observa grupos de Fuerzas Especiales, Policía Militar (PM), Agrupamientos, Batallones de Infantería (BI), Regimientos de Caballería Motorizadas (RCM), Regimientos de Artillería (RA), Compañias de Infantería No Encuadradas (CINE), Batallones de Ingenieros de Combate (BIC), Compañias de Ingenieros de Combate (CIC), entre otros, dentro del territorio indígena zapatista. El sentido de profundidad de las Unidades castrenses y las operaciones recientes que se observan dentro de un gran Teatro de Operaciones militares es por demás alarmante, como antes lo fue, el despliegue táctico-militar corresponde a una lógica de guerra regular e irregular, pero hay un detalle más, dentro de este ofensivo Teatro de Operaciones militares, el Ejército Federal mexicano de Felipe Calderon ahora penetra zonas francas donde supone que un “supuesto enemigo” se mueve.
Si las fuerzas armadas oficiales violentan las zonas francas, se cierra el espacio de libre movimiento que debe existir en tiempos de tregua y de paz, se cierra el espacio de lucha civil y pacifica propuesto por los pueblos zapatistas, se muestra la intransigencia contra unos pueblos que construyen a sol y sombra un proyecto integral en materia de libre determinación de pueblos indígenas, se muestra pues, el rostro intransigente de un gobierno impuesto que reprime y despoja dentro de una escandalosa impunidad.
No muy se sabe de cierto, sólo se mira y se siente de cierto, es un viento que ruge dasafiante, es un viento otro… viento de guerra.
Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas A.C.
(CAPISE)
http://www.capise.org.mx/
Después del operativo militar realizado por el Ejército Federal mexicano del pasado día 4 de junio dentro del poblado de La Garrucha, corazón del Caracol del mismo nombre y en los poblados de Hermenegildo Galeana y San Alejandro, las acciones castrenses no se han detenido, de hecho, los patrullajes se han intensificado por toda la Selva Lacandona y la zona Norte del estado de Chiapas, con la novedad que algunos de los patrullajes se desarrollan como Operativos Mixtos, esto es, que se incluye policía Federal y/o Estatal.
El pasado 7 de junio, este Centro publicó un informe intitulado La SEDENA: operación Garrucha, el informe presentaba detalles sobre el operativo militar del día 4 de junio realizado dentro del Caracol de La Garrucha, refería también sobre otros operativos militares llevados a cabo dentro del territorio indígena en los últimos dos meses y señalaba la ubicación e identificación militar dentro algunas cañadas de la Selva Lacandona.
El presente informe presenta más piezas del rompecabezas de esta nueva ofensiva militar centrada de manera muy concreta contra: 1) el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); 2) las autoridades civiles zapatistas y sus bases de apoyo; 3) el proyecto integral que desarrollan los pueblos zapatistas en el marco de su libre determinación como pueblos indígenas y; 4) contra el movimiento nacional en construcción de la Otra Campaña.
Queremos hacer alguna precisión, existen especialistas de tiempo completo que centran su investigación en las acciones, operaciones y funciones de las instancias castrenses, , el CAPISE no es un organismo civil especializado en fuerzas armadas, nosotros hacemos en la medida de nuestras posibilidades y limitaciones, investigación, documentación, denuncia y defensa de los Derechos Colectivos de Pueblos Indígenas, la fuerte ocupación militar en el territorio indígena de Chiapas y sus terribles impactos en las poblaciones civiles y en sus derechos humanos y colectivos, nos ha obligado de hacer un intento por entender quién es esta institución, dónde esta (posición por posición), cómo identificarla en campo, que hace, qué lógica tiene su despliegue táctico-militar dentro de un territorio civil indígena y las afectaciones que padecen las poblaciones civiles en sus comunidades, entre otras. Nos hemos apoyado en manuales y Web de la SEDENA, en el IFAI, en la investigación documental y en la investigación de campo.
Evidentemente tenemos vacíos de información y de comprensión del mundo castrense, por tanto, presentamos lo que sí observamos y documentamos, la lectura que le damos a la información concreta documentada y presentamos también lo que no entendemos de los hechos y datos documentados in situ y del material bibliográfico.
La Ofensiva
Los constantes patrullajes castrenses y los recientes operativos militares que tejen la ofensiva en la Selva Lacandona y en una parte importante de la zona Norte del estado de Chiapas son coordinados desde cinco grandes instalaciones militares estratégicas.
Ubicación
Instalación Militar
Unidad
Militar
Zona
Militar
Predio Tonina, Ocosingo.
Campo Militar 39-A. Cuartel General de 39ª Zona Militar.
Cuartel General del 31º Batallón de Infantería (31 BI).
31º Batallón de Infantería (31 BI).
Policía Militar (PM)
39ª ZM
San Quintín, Ocosingo.
Campo Militar 39-D.
Cuartel General del 38º Batallón de Infantería (38 BI).
38º Batallón de Infantería (38 BI). Policía Militar (PM)
39ª ZM
Ciudad Comitán, Comitán.
Guarnición Militar
Cuartel General de 15º Regimiento de Caballería Motorizada (15 RCM).
15º Regimiento de Caballería Motorizada (15 RCM).
39ª ZM
Palenque
Guarnición Militar1
Cuartel Militar del 18 Batallón de Infantería (18 BI).
18º Batallón de Infantería (18 BI).
38ª ZM
Tenosique, Tabasco
Cuartel General de 38º Zona Militar
18º BI / 18º RCM,
3er. CIC / 09º RCM, 11º RCM.
38ª ZM
Como mencionamos en el informe SEDENA: Operación Garrucha, los operativos militares del 4 de junio habían sido ejecutados no sólo por el 38º Batallón de Infantería (38 BI), también había actuado el 15º Regimiento de Caballería Motorizada (15º RCM), esta ultima, con Cuartel General en la Guarnición Militar de Comitán, teniendo también posición permanente desde hace varios años en zonas fronterizas con Guatemala y en la Base de Operaciones destacamentada en Amparo Aguatinta, municipio Maravilla Tenejapa.
El Ejército Federal mexicano ya hizo ajustes, 15º Regimiento de Caballería Motorizada (15º RCM) destacamentado en Amparo Aguatinta salió de esa posición y en su lugar entró la 11ª Compañía de Infantería No Encuadrada (11 CINE), este Centro desconoce si el 15º Regimiento de Caballería Motorizada (15º RCM) y la 11ª Compañía de Infantería No Encuadrada (11 CINE) se alternan esta posición o si el posicionamiento de la 11ª Compañía de Infantería No Encuadrada (11 CINE) pasó a ser permanente en Amparo Aguatinta.
Región Tojolabal de la Selva Lacandona
El Ejército Federal mexicano hizo también dos ajustes en esta región de la Selva Lacandona.
Sobre el ajuste que se hizo en Amparo Aguatinta. El Cuartel General de la 11ª Compañía de Infantería No Encuadrada (11 CINE) esta ubicado en el Campo Militar 39-F en la cabecera municipal de Altamirano, esta Unidad también tenía posición en El Eden, municipio oficial de Las Margaritas, en la cañada que camina desde Nuevo Momón hasta Francisco Villa.
Las posiciones militares destacamentadas en la región Tojolabal que comprende el Caracol de La Realidad, verificadas en este mes de junio quedan de la siguiente manera:
1) Rizo de Oro. 91º Batallón de Infantería (91 BI).
El año pasado, esta Unidad (91 BI) y posición militar se compartía con el 101º Batallón de Infantería (101 BI).
2) Vicente Guerrero. 91º Batallón de Infantería (91 BI).
El año pasado, esta Unidad (91 BI) y posición militar se compartía con el 101º Batallón de Infantería (101 BI).
3) El Eden. 91º Batallón de Infantería (91 BI).
El año pasado, esta Unidad (91 BI) y posición militar se compartía con la 11ª Compañía de Infantería No Encuadrada (11 CINE).
4) Nuevo Momón. 31º Batallón de Infantería (31 BI).
Esta Unidad militar (31 BI), tiene su Cuartel General en el Cuartel General de la 39ª Zona Militar. El año pasado, esta posición (Nuevo Momón) se compartía entre el 20º Batallón de Infantería (20 BI) y el 91º Batallón de Infantería (91 BI).
5) Aeropuerto Copalar, Comitán. Base Aérea Militar Núm. 17 (BAM 17). Campo Militar 39-C. Cuartel General del 91º Batallón de Infantería (91 BI).
Como lo mencionamos en el informe intitulado Cara de Guerra2, el 91º Batallón de Infantería (91º BI) no es una simple Unidad Convencional de combate, la propia SEDENA los reconoció como una Unidad de Fuerzas Especiales: “Las Fuerzas Especiales se iniciaron en nuestro Ejército en 1986, con la creación de un Grupo Especial que se denominó Fuerza de Intervención Rápida (FIR), cambiando posteriormente su denominación a Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE)”.3. “El 1º de abril de 1997, el 1er Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) jurisdiccionado en la III Región Militar, en Sinaloa, pasó su revista de entrada como Fuerza de Intervención Rápida en Copalar, Chiapas”.4
En enero de 2002 se reorganizaron 56 Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (GAFEs) de Región y Zona Militar, integrando tres Cuarteles Generales de Brigada y Nueve Batallones de Fuerzas Especiales5. La FIR de Copalar pertenecía a la Tercera Brigada de Fuerzas Especiales.
6) Ciudad de Comitán. Alberga la Guarnición militar. Cuartel Militar del 15º Regimiento de Caballería Motorizada (15 RCM).
La Guarnición Militar de Comitán y el 15º Regimiento de Caballería Motorizada (15º RCM) pertenece también a la 39ª Zona Militar. Esta Unidad militar de avanzada también participó en los operativos militares del 4 de junio en el territorio de La Garrucha. Tiene una particularidad especial, opera en dos Zonas Militares distintas, en la 39ª y 38ª Zonas Militares, su posición militar en esta última Zona es Puente Boca Lacantún.
Mapa Región Tojolabal de la Selva Lacandona
El 38 BI: Cañadas de Taniperlas, Monte Libano y La Garrucha
Como mencionamos en el informe SEDENA: Operación Garrucha, las posiciones y operativos militares desarrollados en esta región han sido coordinados en gran medida por el 38º Batallón de Infantería (38 BI), esta Unidad militar se despliega en 7 posiciones militares, cinco de estas posiciones son de carácter permanente, dos más se alternan con el 31º Batallón de Infantería (31 BI).
I- Monte Líbano. 38º Batallón de Infantería (38º BI). Cañada de Taniperlas.
II- Taniperlas. 38º Batallón de Infantería (38º BI). Cañada de Taniperlas.
Las posiciones militares de Monte Líbano y Taniperla se alternan entre el 38º Batallón de Infantería (38º BI) y el 31º Batallón de Infantería (31º BI) cada 4 meses.
III- Racho Península6. 38º Batallón de Infantería (38º BI). Cañada de las Placido Flores.
IV- Río Jordán. 38º Batallón de Infantería (38º BI). Cañada de las Tacitas.
V- Patihuitz. 38º Batallón de Infantería (38º BI). Cañada de La Garrucha hasta San Quintín.
VI- La Sultana. 38º Batallón de Infantería (38º BI). Cañada de La Garrucha hasta San Quintín.
VII- San Quintín. 38º Batallón de Infantería (38º BI). Policía Militar (PM).
Las posiciones militares de Racho Península, Río Jordán, Patihuitz, La Sultana y San Quintín son permanentemente operadas por el 38º. Batallón de Infantería (38º BI).
El Cuartel General del 38º Batallón de Infantería (38 BI) es San Quintín.
Mapa 38 BI: Cañadas de Taniperlas, Monte Libano y La Garrucha
El pueblo de San Quintín padece una de las instalaciones militares más poderosas que ocupa el Ejército Federal mexicano dentro de la 39ª Zona Militar. Esta base es el Campo Militar 39-D, tiene Policía Militar (PM), tiene una Unidad Habitacional (UH) militar, tiene pista aérea para helicópteros, avionetas y aviones. Actualmente concentra el Cuartel General del 38º Batallón de Infantería (38 BI).
Los impactos que padecen los pobladores de San Quintín debido la fuerte ocupación militar saltan a la vista, la cantidad de cantinas, el alcoholismo, la importación de prostitutas y la prostitución que alcanzó a mujeres indígenas del pueblo ha conllevado una brutal descomposición del tejido social y comunitario en niveles lamentables e indignos para pueblos indígenas. San Quintín y Monte Líbano son la muestra más elocuente de por qué nunca el Ejército Federal mexicano debe habitar tierras y territorio civil en el país.
Como lo mencionamos anteriormente, el CAPISE tiene vacíos en la comprensión de la identificación de Unidades No Convencionales, por ejemplo, sabemos que el 38º Batallón de Infantería (38 BI) no es una Unidad Convencional. Por la cantidad de tropa, por su ubicación, por su despliegue táctico-militar, por la complexión física de los elementos de su tropa, por el tipo de operaciones y por el sentido de profundidad que tiene dentro de un Teatro de Operaciones, sabemos que esta Unidad militar tiene características de Gran Unidad Elemental, de Gran Unidad Superior y de Fuerza Especial, pero no tenemos la suficiente información para determinar con precisión la identidad especial que tiene, lo que sí es de nuestro conocimiento, es que esta Unidad militar esta preparada para accionar en tiempos de guerra.
La Región Fronteriza con Guatemala
La Ubicación y la Identificación militar documentada por este Centro en este mismo mes de junio se encuentra de la siguiente manera:
a) Amparo Aguatinta. 11ª Compañía de Infantería No Encuadrada (11 CINE)
La 11ª Compañía de Infantería No Encuadrada (11ª CINE) tiene su Cuartel General en el Campo militar 39-F, en la cabecera municipal de Altamirano, Altamirano. Esta Unidad militar tuvo por varios años también posición en El Vergelito, municipio de Margaritas, posteriormente tuvo dos nuevos movimientos en coordenada sur: uno, a la posición de El Eden, municipio del mismo municipio, en la cañada que camina de Nuevo Momón a Francisco Villa; dos, bajó aún más en el mismo sentido de la coordenada, instalándose ahora en Amparo Aguatinta.
b) Maravilla Tenejapa. 12ª Compañía de Infantería No Encuadrada (12 CINE)
c) Puente Río Ixcan. 12ª Compañía de Infantería No Encuadrada (12 CINE)
Amparo Aguatinta, Maravilla Tenejapa y Puente Río Ixcan están ubicados en la región fronteriza con Guatemala y pertenecen a la 39ª Zona Militar.
38ª Zona Militar
d) Nuevo Orizaba 8ª Compañía de Infantería No Encuadrada (8 CINE) y,
18º Regimiento de Caballería Motorizada (18 RCM)
e) Benemérito de las Américas. 15ª Compañía de Infantería No Encuadrada (15 CINE)
f) Boca Lacantún. 15ª Compañía de Infantería No Encuadrada (15 CINE) y,
15º Regimiento de Caballería Motorizada (15 RCM)
Crucero Frontera Corozal. 18º Batallón de Infantería (18 BI)
Frontera Corozal. 18º Batallón de Infantería (18 BI)
18º Regimiento de Caballería Motorizada (18 RCM)
Crucero Nueva Palestina. 18º Batallón de Infantería (18 BI)
Crucero Chancalá. 18º Batallón de Infantería (18 BI)
Palenque. 18º Batallón de Infantería (18 BI)
Tenosique, Tabasco. 18º Batallón de Infantería (18 BI)
18º Regimiento de Caballería Motorizada (18 RCM)
3ª Compañía de Ingenieros de Combate (3 CIC)
9º Regimiento de Caballería Motorizada (9 RCM)
11º Regimiento de Caballería Motorizada (11 RCM)
30º Batallón de Ingenieros de Combate (30 BIC)
Todas estas posiciones pertenecen al 38ª Zona Militar. Tenosique, Tabasco alberga el Campo Militar 38-A y es el Cuartel General de la 38ª Zona Militar, esta zona opera la parte sur del estado de Tabasco, la región fronteriza de Chiapas con Guatemala y parte colindante con el propio estado de Tabasco.
Ver mapa en siguiente página.
Mapa: Región Fronteriza con Guatemala
18º Batallón de Infantería (18 BI)
La Unidad militar perteneciente a la 38ª Zona Militar que ha tenido y tiene un papel relevante y beligerante en el territorio indígena de la Selva Lacandona y que ha jugado un papel protagónico en los operativos militares de los supuestos sembradíos de marihuana en supuestas tierras de pueblos zapatistas, es el 18º Batallón de Infantería (18 BI), esta Unidad militar esta destacamenda en:
1- Crucero Frontera Corozal.
2- Frontera Corozal.
3- Crucero Nueva Palestina.
4- Crucero Chancalá.
5- Palenque.
6- Tenosique, Tabasco.
Mapa del 18º Batallón de Infantería (18 BI) en Región Fronteriza
La línea roja atraviesa cinco posiciones militares permanentes destacamentadas dentro de la 38ª Zona Militar, estas cinco posiciones son del 18º Batallón de Infantería (18 BI).
El 18º Batallón de Infantería (18 BI) tiene su Cuartel General en la Guarnición militar de Palenque, municipio de Palenque.
31º Batallón de Infantería (31 BI)
El 31º Batallón de Infantería (31º BI) tiene su Cuartel General en el predio Tonina, Ocosingo, a su vez, Cuartel General de toda la 39ª Zona militar.
La Unidad militar que coordina la Zona Norte lleva por identidad el 31º Batallón de Infantería (31º BI).
1- Sabanilla. 31º Batallón de Infantería (31º BI).
2- Tila. 31º Batallón de Infantería (31º BI).
3- Yajalón. 31º Batallón de Infantería (31º BI).
El 23 de mayo pasado, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (FRAY BART), emitió un boletín de prensa donde denunciaba:
“El día de hoy, este Centro de Derechos Humanos recibió comunicación, vía telefónica, de pobladores de las comunidades Cruz Palenque, Usipá, Retorno Miguel Alemán y Nuevo Limar, del Municipio de Tila, para manifestar su preocupación por la presencia armada de elementos del Ejército Mexicano en el crucero de Cruz Palenque y Usipá, ya que al parecer realizarían incursiones en las comunidades de Jolaco, Usipá, Cruz Palenque y Nuevo Limar con motivos desconocidos”.
“El temor de las comunidades se debe a que el Ejército Mexicano ha comenzado a tomar posiciones en distintos puntos del estado, además de una constante movilización vía terrestre en las comunidades mencionadas, como no se había visto en varios años. Estos hechos nos remiten a la reciente incursión militar efectuada en San Jerónimo Tulijá, Chilón, el pasado 19 de mayo y en comunidades de Venustiano Carranza, el pasado 22 de mayo”7. (…).
Las movilizaciones militares que refiere el FRAY BART fueron realizados por el 31º Batallón de Infantería (31 BI) destacamentado en las posiciones de Sabanilla, Tila y Yajalón, siendo esta Unidad militar la responsable de los operativos militares que se presentaron amenazantes en la zona Norte del estado de Chiapas.
4- La Cumbre. 31º Batallón de Infantería (31º BI).
Esta posición por muchos años estuvo en el Crucero Temo, ahora mudó unos kilómetros más cercano ha Ocosingo, esto es, La Cumbre.
5- Predio Tonina. 31º Batallón de Infantería (31º BI).
Es el Campo Militar 39-A, el Cuartel Militar de toda la 39ª Zona Militar y del 31º Batallón de Infantería (31 BI). Diversos elementos de esta Unidad militar son también Policía Militar (PM).
6- Predio Momón (Nuevo Momón). 31º Batallón de Infantería (31º BI).
Esta posición militar fue ocupada por lo menos de 1997 al 2006 por la Unidad de Fuerzas Especiales denominada Fuerzas de Intervención Rápida (FIR), esta Unidad fue transformada a Grupo Aeromóvil de Fuerza Especial (GAFE), era operada por el 91º Batallón de Infantería (91 BI). En el 2007 cambió por el 20º Batallón de Infantería (BI), esa Unidad también operaba simultáneamente en una zona militar distinta, la 31ª Zona Militar, tenía posición en la zona Altos de Chiapas y en Tuxtla Gutiérrez, según fuentes castrenses consultadas, una Unidad militar que opera en dos zonas militares distintas no es una Unidad Convencional de Combate, más bien, reviste características de Fuerzas Especiales. Ahora, esta Unidad es operada por el 31º Batallón de Infantería (31 BI), Unidad militar coordinada desde el Cuartel General de la 39 ª Zona Militar en el Predio Tonina.
Mapa del 31º Batallón de Infantería (31 BI)
La Policía Militar
En diversas ocasiones y posiciones el CAPISE ha identificado la presencia de Policía Militar (PM), una de esas posiciones es en el Predio Tonina en Ocosingo, Cuartel General de toda la 39ª Zona militar y del 31º Batallón de Infantería (31 BI).
Según la propia SEDENA, la Policía Militar (PM), el Ejército Federal mexicano, como cualquier otro Ejército del mundo, precisa de un Cuerpo Especial para el control del orden, la seguridad interna y externa de las Unidades de combate y disciplina interna, para esto, existe un adiestramiento del más alto nivel para conformar Tropas de Policía Militar (TPM) que les permite desarrollar diversas acciones y actividades, entre estas:
a)Mantienen el orden en las Unidades de combate;
b)Custodia de prisioneros de guerra;
c)Funciones de Policía Preventiva y Judicial;
d)Control de disturbios civiles, entre otras8.
“La Misión General de la Policía Militar consiste en auxiliar a los mandos territoriales, de Grandes Unidades o de Instalaciones y Dependencias, en la vigilancia y el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la seguridad, la disciplina y el orden (…)”.9
“Todas las Grandes Unidades10 deben de contar con el Servicio de Policía Militar en multipropósito o de aplicación general con respecto a sus facultades, atribuciones, responsabilidades y funciones que desempeña”. (…)11.
Durante varios años hemos documentado la presencia de la Policía Militar (PM) dentro del territorio indígena y hemos tenido varias dudas, una de ellas es la proporción de elementos de una Policía Militar dentro de una Unidad castrense, por ejemplo, documentamos la presencia de la Policía Militar (PM) dentro del Cuartel General de la 39ª Zona Militar en el Predio Tonina, en Ocosingo. Esa Policía Militar (PM) es el 31º Batallón de Infantería (31 BI), esa Unidad militar tiene posiciones permanentes en Sabanilla, Tila, Yajalón, La Cumbre, Predio Tonina y Predio Momón, en principio suponíamos que toda la tropa de esa Unidad militar (31 BI) estaba adiestrada y formaba parte de la Policía Militar, en la presente investigación hemos descubierto que estábamos equivocados, no toda esa Unidad militar (31 BI) tiene ese adiestramiento, pero sí es una Gran Unidad.
Grandes Unidades
El Manual de Operaciones en Campaña de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), las grandes Unidades de clasifican en Grandes Unidades Elementales y Grandes Unidades Superiores.
“79. Grandes Unidades Elementales. Las de organización y existencia permanente; sujetas a planilla orgánica, que bajo un cuartel general agrupa a un cierto número de pequeñas unidades de combate de las diversas armas y de apoyo a los diversos servicios. Las Grandes Unidades Elementales son las Brigadas Independientes y las Divisiones (…)”.12
Según el Manual referido:
82. Son Grandes Unidades Superiores, las que bajo un cuartel general común, agrupan dos o más grandes unidades elementales o bien dos o más unidades superiores de menor nivel. Se denominan de la siguiente manera13:
A- Cuerpo de Ejército. Es la Gran Unidad Superior que agrupa dos o más Divisiones, del mismo o diferente tipo; también se denomina Cuerpo de Ejército a la integración, bajo un cuartel general, de dos o más Brigadas Independientes iguales o diversas entre sí; pueden así mismo, haber Cuerpos de Ejército que agrupen Divisiones y Brigadas Independientes simultáneamente. El Cuerpo del Ejército, además de las Divisiones o Brigadas Independientes que lo integran, debe disponer de elementos no endivisionados consistentes en Unidades de apoyo de combate y de servicio14s.
83. Las Grandes Unidades Superiores no responden a planilla orgánica definida y se crean para la guerra, en cada caso de acuerdo con los planes correspondientes15.
En enero 2004, este Centro publicó el informe La Ocupación Militar en Chiapas: el Dilema del Prisionero, la investigación documentó la presencia de Grandes Unidades Superiores y Elementales. Además de la descripción que hace el numeral 83 (párrafo anterior) del Manual de Operaciones en Campaña de la SEDENA, el numeral 82 refiere que “las Grandes Unidades Superiores tienen un Cuartel General común, agrupan dos o más Unidades Elementales o bien dos o más Unidades Superiores de menor nivel (…)”, una de las Unidades Superiores documentadas en ese entonces era el 1er. Cuerpo del Ejército (ICE).
El 1er. Cuerpo del Ejército (ICE) no era una Unidad jurisdiccionada en la 39ª Zona Militar, tampoco estaba jusdiccionada a la VII Región Militar, estaba jurisdiccionada al Campo Militar número 1 de la ciudad de México. Durante la investigación de campo realizada en ese entonces, se documentó la presencia del 65º. Batallón de Infantería (65 BI), perteneciente a la 1ª Brigada de Infantería Independiente (1ªBda. Inf. Indp) del 1er. Cuerpo del Ejército (ICE) en 8 posiciones militares, esta Unidad mudaba por otra cada 4 meses, el distinvo militar en la manga izquierda de su uniforme se miraba como se ilustra en la siguiente la imagen.
Visto en mapa, el despliegue táctico-Militar del 1er Cuerpo del Ejército (ICE) por lo menos durante el periodo de 2002 a principios de 2006 era el siguiente:
1er Cuerpo del Ejército (ICE)
Mapa elaborado en el año 2005
En ese entonces y a través del IFAI, se le consultó a la SEDENA sobre las funciones del 1er. Cuerpo del Ejército (ICE), esta explicó que dicha Unidad no tenía responsabilidad territorial especifica y que tenía la flexibilidad de operar en cualquier parte del territorio nacional, añadiendo que tanto funciones como misiones eran las mismas que desarrollan las Unidades adscritas en el mando territorial16.
Las posiciones de Ocotalito, San Caralampio, Ibarra, Río Corozal y Santo Tomas se retiraron en febrero de 2006, Monte Libano y Taniperlas se mantienen. Existe una organización que gradual y paulatinamente fue mutando en grupo paramilitar —por lo menos una parte de sus miembros, no todos—, es la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos A.C. (OPDDIC) que nació la cañada de Taniperlas, precisamente donde se mantienen las posiciones de Monte Liabano y Taniperlas y donde durante años operó el 1er. Cuerpo del Ejército ICE. Son precisamente este par posiciones las que se intercalan entre dos Unidades militares de combate, el 31º Batallón de Infantería (31 BI) con Cuartel General en el Predio Tonina y el 38º Batallón de Infantería (38 BI) con Cuartel General en San Quintín.
Las Fuerzas Especiales y Convencionales han estado destacamentadas por años dentro del territorio indígena con dedicatoria al EZLN y a los pueblos zapatistas, el Ejército Federal mexicano y la Fuerza Aérea de hoy llevan años en tiempo de ocupación, tienen un adiestramiento más especializado, tienen modernización de armas y equipo militar con tecnologia de punta, este es el Ejército que actualmente agrede, provoca y amenaza al EZLN y a las bases de apoyo zapatistas.
La lógica de los Agrupamientos militares desplegados dentro de un Teatro de Operaciones ubica sus posiciones militares en forma escalonada, cada Unidad militar despliega un escalón castrense con un amenazante sentido de profundida que ahora acompaña con operativos militares dentro del corazón de los caracoles zapatistas. El despliegue táctico militar corresponde a una lógica de guerra regular e irregular. Para muestra… un mapa.
a) Los recuadros por donde pasa la línea rosa pertenecen al 31º Batallón de Infantería (31 BI) cuyo Cuartel General es el Campo Militar 39-A, Cuartel General de toda la 39ª Zona Militar. Esta Unidad de combate contiene Policía Militar (PM). Esta Unidad militar atraviesa la zona Norte y la selva Lacandona.
b) Los recuadros por donde pasa la línea amarilla pertenecen al 91º Batallón de Infantería (91 BI), Grupo Aeromovil de Fuerza Especial (GAFE), tiene su Cuartel General en la Base Aérea Militar Núm. 17 (BAM 17), Campo Militar 39-C. Esa instalación esta marcada con circulo amarillo.
c) Los recuadros por donde pasa la línea roja pertenecen al 38º Batallón de Infantería (38 BI) cuyo Cuartel General esta ubicado en el Campo Militar 39-D en San Quintín, ubicado en la punta de la tercera flecha roja, a la izquierda. Esta Unidad de combate contiene Policía Militar (PM).
d) Los recuadros por donde pasa la línea verde pertenecen al 18º Batallón de Infantería (18 BI) cuyo Cuartel General esta ubicado en la Guarnición Militar de Paelnque.
En resumen, este Centro observa grupos de Fuerzas Especiales, Policía Militar (PM), Agrupamientos, Batallones de Infantería (BI), Regimientos de Caballería Motorizadas (RCM), Regimientos de Artillería (RA), Compañias de Infantería No Encuadradas (CINE), Batallones de Ingenieros de Combate (BIC), Compañias de Ingenieros de Combate (CIC), entre otros, dentro del territorio indígena zapatista. El sentido de profundidad de las Unidades castrenses y las operaciones recientes que se observan dentro de un gran Teatro de Operaciones militares es por demás alarmante, como antes lo fue, el despliegue táctico-militar corresponde a una lógica de guerra regular e irregular, pero hay un detalle más, dentro de este ofensivo Teatro de Operaciones militares, el Ejército Federal mexicano de Felipe Calderon ahora penetra zonas francas donde supone que un “supuesto enemigo” se mueve.
Si las fuerzas armadas oficiales violentan las zonas francas, se cierra el espacio de libre movimiento que debe existir en tiempos de tregua y de paz, se cierra el espacio de lucha civil y pacifica propuesto por los pueblos zapatistas, se muestra la intransigencia contra unos pueblos que construyen a sol y sombra un proyecto integral en materia de libre determinación de pueblos indígenas, se muestra pues, el rostro intransigente de un gobierno impuesto que reprime y despoja dentro de una escandalosa impunidad.
No muy se sabe de cierto, sólo se mira y se siente de cierto, es un viento que ruge dasafiante, es un viento otro… viento de guerra.
Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas A.C.
(CAPISE)
http://www.capise.org.mx/
7/07/2008
ESTADO DE SITIO PARA REALIZAR LA URO-GUETZA
PETICIÓN DE SOLIDARIDAD Y APOYO A VOCAL Y AL MOVIMIENTO SOCIAL EN OAXACA
Quienes formamos parte del espacio Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL) queremos denunciar mediante esta carta el grave clima de hostigamiento, criminalización y persecución que el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz y los medios de comunicación locales han desatado en los últimas semanas en contra de algunos integrantes de nuestro espacio de manera directa.
La represión, en particular, comenzó a agudizarse tras lo ocurrido el día 20 de junio del 2008 en Zaachila, municipio donde el pueblo organizado impidió la presencia de Ulises Ruiz Ortiz en un acto público convocado por el gobierno del municipio de Zaachila.
Culpan a personas de nuestro espacio como iniciadoras de la violencia, cuando dicha violencia fue provocada por el presidente municipal priista de este municipio Noe Perez, y su padre el señor Natalio Pérez, quienes con pistola en manos, balaceó al pueblo que de manera pacífica protestaba en legítima defensa por la imposición de la presencia de Ulises Ruiz Ortiz en sus tierras.
La agresión de estas personas consta en la evidencia de fotografías y vídeos.
Sin embargo, los medios de comunicación locales en consonancia con las declaraciones de Ulises Ruiz y otros funcionarios del gobierno, han dispersado por varios días por televisión, prensa escrita y radio la información de que fueron algunos maestros del pueblo de Zaachila, el 'alebrije' (David Venegas) y los integrantes de VOCAL que provocamos la violencia en Zaachila, amenazando a través de los mismos medios de comunicación que se aplicaría todo el peso de la ley en contra de quienes, según ellos provocaron la violencia, culpando como siempre a la organización del pueblo que se encuentra viva como movimiento. Ante dicha resistencia el gobierno responde con claros señalamientos para desvirtuar la organización del movimiento en Oaxaca, a través de sus sucias estrategias de siempre: busca lideres para poder cooptar, reprime, bloquea páginas de información alternativas, detenciones en aumento de compañeros grafiteros que les golpean y sueltan, así como señalamientos falsos e intimidación hacia todos los espacios en lucha del movimiento que no están dispuestos a negociar con la dignidad de la resistencia, la cual se visibiliza en la reorganización que existe como pueblos, desde las bases, por colonias, barrios, colectivos y espacios al retumbar las calles el pasado 14 de junio del 2008. A la par de estos hechos incrementa la presencia policiaca, y piden más fuerza federal.
Nuestro acoso como espacio han sido señalamientos de manera directa en noticias difundidas en el canal estatal de televisión: canal 9, fotografías de varios integrantes de VOCAL; Silvia Gabriela Hernández Salinas, Efraín López, Eduardo, Rubén Valencia y David Venegas Reyes, asegurando en estos mismos medios que existían ordenes de aprehensión liberadas en contra de todos estos compañer@s y que la detención se realizaría en cualquier momento.
Nos acusan de ser provocadores de la violencia en nuestro estado de Oaxaca, con la clara intención de justificar la represión, la cárcel e inclusive la desaparición en nuestra contra que hacen gobierno en complicidad con algunos medios de comunicación a su servicio.
Nuestro caso no es un ejemplo aislado, por el contrario, es un síntoma de la ola represiva contra el resto de compañeros y compañeras del movimiento social oaxaqueño que se ven hostigados por la presencia policíaca permanente.
La presencia policiaca en los domicilios particulares y en los lugares de reunión de varios de nosotros y nosotras es una constante. El riesgo de ser detenidos lo consideramos latente y muy probable.
Esta situación nos lleva a hacer pública este clima de represión y hostigamiento. No vamos a permitir que continúen los acosos, pues demuestra el clima de represión en contra de quienes participamos en el movimiento social oaxaqueño por parte de instancias de los gobiernos estatal y federal. Los motivos verdaderos por los que en este momento la represión del estado está orientada hacia nosotros y nosotras que formamos parte de VOCAL, así como en otras ocasiones lo han orquestado con otros compañer@s del movimiento, es por la consecuencia, por nuestra participación clara, pública y pacifica del movimiento social en Oaxaca. Por no cansarnos de luchar con las demandas de nuestro movimiento de derrocar a Ulises Ruiz Ortiz: castigo a los culpables de los asesinatos, libertad a todos los presos y presas políticos y por una transformación profunda de Oaxaca.
Sabemos que no somos los únicos, ya que también están en lucha diferentes pueblos, colectivos, organizaciones, maestros de base y colonias que hacen posible fortalecer el movimiento social en Oaxaca. Nos acusan ahora porque hemos respondido a los llamados de solidaridad y apoyo que algunos pueblos han solicitado al movimiento en su conjunto y lo hemos hecho de manera solidaria y fraterna, lo que para el estado es un grave riesgo en momentos que pretende terminar por dividir y derrotar al movimiento social que en Oaxaca, está iniciando el camino para una transformación radical y verdadera de nuestra sociedad, profunda, que nace en las raíces de los pueblos y se alimenta de los saberes ancestrales que nos han truncado desde hace ya más de 500 años ante tanta imposición e injusticia. Hoy Oaxaca dice ¡Basta! y no estamos dispuestos a seguir viviendo como hasta ahora, hoy después de 2006 nada, ni nadie puede ser igual.
Demandamos pues justicia, libertad y el cese al hostigamiento al movimiento social en su conjunto así como a nuestros compañeros Silvia Gabriela Hernández Salinas, Efraín López, Eduardo Zanabría Hernández, Rubén Valencia Núñez y David Venegas Reyes, pidiendo a los ojos de nuestros compañeros y compañeros toda la solidaridad para poder difundir nuestra realidad. Por mucho que traten de callarnos o pararnos, todos y todas sabemos lo que el gobierno intenta y no lo vamos a permitir y no nos cansaremos de denunciar la represión.
¡Fuera Ulises Ruiz de Oaxaca!
¡Libertad a los pres@s políticos de Oaxaca, México y el Mundo!
¡Castigo a los culpables de los asesinatos y desapariciones!
¡Libertad y Justicia de los Pueblos de Oaxaca!
Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad, (VOCAL)
Quienes formamos parte del espacio Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL) queremos denunciar mediante esta carta el grave clima de hostigamiento, criminalización y persecución que el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz y los medios de comunicación locales han desatado en los últimas semanas en contra de algunos integrantes de nuestro espacio de manera directa.
La represión, en particular, comenzó a agudizarse tras lo ocurrido el día 20 de junio del 2008 en Zaachila, municipio donde el pueblo organizado impidió la presencia de Ulises Ruiz Ortiz en un acto público convocado por el gobierno del municipio de Zaachila.
Culpan a personas de nuestro espacio como iniciadoras de la violencia, cuando dicha violencia fue provocada por el presidente municipal priista de este municipio Noe Perez, y su padre el señor Natalio Pérez, quienes con pistola en manos, balaceó al pueblo que de manera pacífica protestaba en legítima defensa por la imposición de la presencia de Ulises Ruiz Ortiz en sus tierras.
La agresión de estas personas consta en la evidencia de fotografías y vídeos.
Sin embargo, los medios de comunicación locales en consonancia con las declaraciones de Ulises Ruiz y otros funcionarios del gobierno, han dispersado por varios días por televisión, prensa escrita y radio la información de que fueron algunos maestros del pueblo de Zaachila, el 'alebrije' (David Venegas) y los integrantes de VOCAL que provocamos la violencia en Zaachila, amenazando a través de los mismos medios de comunicación que se aplicaría todo el peso de la ley en contra de quienes, según ellos provocaron la violencia, culpando como siempre a la organización del pueblo que se encuentra viva como movimiento. Ante dicha resistencia el gobierno responde con claros señalamientos para desvirtuar la organización del movimiento en Oaxaca, a través de sus sucias estrategias de siempre: busca lideres para poder cooptar, reprime, bloquea páginas de información alternativas, detenciones en aumento de compañeros grafiteros que les golpean y sueltan, así como señalamientos falsos e intimidación hacia todos los espacios en lucha del movimiento que no están dispuestos a negociar con la dignidad de la resistencia, la cual se visibiliza en la reorganización que existe como pueblos, desde las bases, por colonias, barrios, colectivos y espacios al retumbar las calles el pasado 14 de junio del 2008. A la par de estos hechos incrementa la presencia policiaca, y piden más fuerza federal.
Nuestro acoso como espacio han sido señalamientos de manera directa en noticias difundidas en el canal estatal de televisión: canal 9, fotografías de varios integrantes de VOCAL; Silvia Gabriela Hernández Salinas, Efraín López, Eduardo, Rubén Valencia y David Venegas Reyes, asegurando en estos mismos medios que existían ordenes de aprehensión liberadas en contra de todos estos compañer@s y que la detención se realizaría en cualquier momento.
Nos acusan de ser provocadores de la violencia en nuestro estado de Oaxaca, con la clara intención de justificar la represión, la cárcel e inclusive la desaparición en nuestra contra que hacen gobierno en complicidad con algunos medios de comunicación a su servicio.
Nuestro caso no es un ejemplo aislado, por el contrario, es un síntoma de la ola represiva contra el resto de compañeros y compañeras del movimiento social oaxaqueño que se ven hostigados por la presencia policíaca permanente.
La presencia policiaca en los domicilios particulares y en los lugares de reunión de varios de nosotros y nosotras es una constante. El riesgo de ser detenidos lo consideramos latente y muy probable.
Esta situación nos lleva a hacer pública este clima de represión y hostigamiento. No vamos a permitir que continúen los acosos, pues demuestra el clima de represión en contra de quienes participamos en el movimiento social oaxaqueño por parte de instancias de los gobiernos estatal y federal. Los motivos verdaderos por los que en este momento la represión del estado está orientada hacia nosotros y nosotras que formamos parte de VOCAL, así como en otras ocasiones lo han orquestado con otros compañer@s del movimiento, es por la consecuencia, por nuestra participación clara, pública y pacifica del movimiento social en Oaxaca. Por no cansarnos de luchar con las demandas de nuestro movimiento de derrocar a Ulises Ruiz Ortiz: castigo a los culpables de los asesinatos, libertad a todos los presos y presas políticos y por una transformación profunda de Oaxaca.
Sabemos que no somos los únicos, ya que también están en lucha diferentes pueblos, colectivos, organizaciones, maestros de base y colonias que hacen posible fortalecer el movimiento social en Oaxaca. Nos acusan ahora porque hemos respondido a los llamados de solidaridad y apoyo que algunos pueblos han solicitado al movimiento en su conjunto y lo hemos hecho de manera solidaria y fraterna, lo que para el estado es un grave riesgo en momentos que pretende terminar por dividir y derrotar al movimiento social que en Oaxaca, está iniciando el camino para una transformación radical y verdadera de nuestra sociedad, profunda, que nace en las raíces de los pueblos y se alimenta de los saberes ancestrales que nos han truncado desde hace ya más de 500 años ante tanta imposición e injusticia. Hoy Oaxaca dice ¡Basta! y no estamos dispuestos a seguir viviendo como hasta ahora, hoy después de 2006 nada, ni nadie puede ser igual.
Demandamos pues justicia, libertad y el cese al hostigamiento al movimiento social en su conjunto así como a nuestros compañeros Silvia Gabriela Hernández Salinas, Efraín López, Eduardo Zanabría Hernández, Rubén Valencia Núñez y David Venegas Reyes, pidiendo a los ojos de nuestros compañeros y compañeros toda la solidaridad para poder difundir nuestra realidad. Por mucho que traten de callarnos o pararnos, todos y todas sabemos lo que el gobierno intenta y no lo vamos a permitir y no nos cansaremos de denunciar la represión.
¡Fuera Ulises Ruiz de Oaxaca!
¡Libertad a los pres@s políticos de Oaxaca, México y el Mundo!
¡Castigo a los culpables de los asesinatos y desapariciones!
¡Libertad y Justicia de los Pueblos de Oaxaca!
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