EEUU: Campaña nacional por seguro universal
Jonathan Springston y Matthew Cardinale
IPS
Más de 47 millones de ciudadanos estadounidenses carecen de seguro de salud, y millones más están subasegurados.
Pero no todos están plenamente de acuerdo con esta cruzada. Defensores en el Congreso legislativo del seguro universal de salud conocido como "de único pagador" –de financiación pública-- criticaron la campaña, denominada Atención Médica para Estados Unidos Ya (HCAN, por sus siglas en inglés), por incluir en su plan a las compañías privadas de seguros.
La atención médica "de único pagador" es aplicada en países como Canadá y Francia, donde el gobierno sostiene directamente el sistema. En Estados Unidos, toda la atención tiene que pagarse, ya sea personalmente o a través de un seguro. Hay programas financiados con fondos públicos, como Medicare y Medicaid, pero sólo cubren a mayores de 65 años, a minusválidos y a los más pobres.
En el Congreso se debate actualmente un proyecto de ley para un seguro de cobertura universal, propuesto por el representante John Conyers, del opositor Partido Demócrata, y ya cuenta con el respaldo de 92 legisladores. Cientos de sindicatos nacionales y estaduales apoyan la iniciativa.
Como alternativa, la campaña HCAN ofrece un plan de 10 puntos basado en la idea de darle opciones a los ciudadanos: mantener su actual plan de seguro si están satisfechos con él, cambiar a un nuevo plan de seguro privado o elegir un plan de cobertura pública.
Básicamente, HCAN aboga por un sistema de múltiples pagadores, incluyendo al sector público y al privado.
"Ofrecemos una nueva solución que le da a las personas una verdadera opción y garantía de cobertura de calidad que pueden pagar", sostuvo el director ejecutivo de la Cumbre Rural Urbana de Georgia, Larry Pellegrini.
La campaña también llama al gobierno a adoptar y hacer cumplir reglas para la industria de seguros, que según críticos fija los precios que quiere, establece altos deducibles y niega cobertura en ciertas condiciones.
HCAN es una organización sin fines de lucro, inicialmente fundada con por lo menos 500.000 dólares de parte de cada uno de los 13 grupos que integran su comité de dirección, y un subsidio de 10 millones de dólares provisto por The Atlantic Philanthropies, con sede en Nueva York. Ya se ha gastado millones en avisos televisivos.
"El problema es que, y esto ha sido estudiado una y otra vez, el obstáculo a la atención universal es la industria privada de seguros y un sistema de financiación fracturado, un sistema de seguro de múltiples pagadores. Mientras tengamos esto, no podremos controlar los costos", dijo a IPS Rita Valenti, representante del sudoriental estado Georgia para el grupo Health Care-Now.
"Lo que permite un plan de único pagador y no el de múltiples pagadores es una economía de escala. Permite comprar equipos, fármacos y suministros al por mayor. También reduce la burocracia de millones de facturas. Si vamos a la oficina de un médico, veremos más recepcionistas que doctores", afirmó.
"No estoy criticando a nuestros amigos locales. Sólo pienso que tenemos que ser inteligentes sobre esto", señaló Valenti.
Mientras, Pellegrini dijo a IPS que su grupo decidió no concentrarse en un sistema de pagador único debido que considera preferible que los ciudadanos tengan opciones.
"La campaña no excluye un plan de único pagador. La idea es hacer que la campaña sea algo a lo que todos puedan apelar", afirmó.
También sostuvo que la financiación pública de la atención de salud hará que las compañías privadas de seguros se vuelvan más competitivas.
En una movilización el martes en Atlanta, Charlie Fleming, presidente del Consejo del Trabajo de esa ciudad, dijo que el seguro de salud es siempre el tema número en uno en cada negociación entre empleadores y empleados.
"Este año, Estados Unidos hace una elección. Nosotros en el movimiento trabajador sabemos que nuestro país va en la dirección incorrecta. Nada lo muestra más claro que la atención médica. El movimiento pelea por un plan único de seguros, de atención médica de alta calidad para todos", añadió.
Por su parte, Arista Brewer, presidenta del capítulo en Atlanta de la organización Acción de Mujeres para Nuevas Direcciones, dijo que el dinero que se gasta en Iraq podría ser mejor usado en darle atención médica a todos los ciudadanos estadounidenses.
"Un Estados Unidos seguro incluye cosas como una fuerza laboral educada, puentes y diques que no colapsen, y, quizás lo más importante, una población saludable. Nuestro sistema de atención médica está roto y debe ser arreglado", dijo Brewer.
En tanto, Leola Reis, vicepresidenta de la organización Asuntos Exteriores para una Paternidad Planificada de Georgia, habló sobre la importancia de la atención médica preventiva.
"La prevención funciona, y sin embargo 47 millones de estadounidenses carecen de seguros y de acceso a la atención preventiva básica", afirmó Reis. "Más de 17 millones de mujeres necesitan servicios de planificación familiar subsidiados, y no hay suficiente fondos para atender esta necesidad", indicó
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7/15/2008
6/16/2008
DERECHO SOCIAL FRENTE A LA EXPLOTACIÓN NEOLIBERAL
La exclusión jurídica muchas veces, tiene su correlación en la exclusión social ya que esta comprende toda la problemática surgida de la vida en sociedad, es el derecho de la Justicia social y guarda una estrecha relación con la "Cuestión Social", y por último es el derecho nacido como reacción a los pretéritos sistemas jurídicos individualistas.
La finalidad del derecho social se justifica en la medida en que las normas que lo integran están destinadas a la realización de una finalidad, la que puede ser la Justicia, la Seguridad Jurídica y el Bien Común. Por lo que podemos afirmar que a diferencia del Derecho Individual que parte del concepto abstracto de que los hombres son iguales, este Derecho trata de nivelar desigualdades, ergo, la igualdad no es un punto de partida, sino la meta a lograr por el Derecho Social; lo que trae como consecuencia que las relaciones económicas no queden libradas al libre juego de las partes, sino que detrás de cada relación jurídica se encuentre presente la colectividad.
El derecho del trabajo y el derecho a la seguridad social son derechos irrenunciables y que las normas que los amparan son imperativas y basadas en el órden público, como derechos particularizados o especiales que dan un trato diferencial para una categoría económico-social especial dónde la política puede y debe regular la economía dirigiéndola al bien común y respetando la función que por la naturaleza corresponde cada uno en la sociedad.
Como en todo proceso discriminatorio, entonces, el poder económico y político expresa su voluntad mediante fórmulas y métodos que suelen ir acompañados por algún nivel de aceptación y de consenso de los no segregados pero algunos otros casos como el la promulgación de la Ley del ISSSTE no se tomo en cuenta a los trabajadores al servicio del estado dónde las prestaciones y pensiones se redujerón sustancialmente.
No solamente existe un cambio ideológico que nos lleva a levantar el acotamiento impuesto al derecho social, sino que la realidad de los no trabajadores, la falta de un derecho que tutelara el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, a la indemnidad personal, al trabajo, a un proyecto de vida; hacen que renazca la amplitud de la materia abarcando todos estos fenómenos antes excluidos de la normativa jurídica, y con ellos excluidos socialmente quienes padecen esos problemas.
El centro de referencia e imputación de nuestra sociedad sigue siendo el trabajo asalariado, mas la circunstancia de que el mismo se encuentre en crisis, como consecuencia de la imposición de la ideología neoliberal y circunstancias de hecho, tales como los adelantos tecnológicos, ha provocado un incremento de los excluidos, y con ello del conflicto social.
Esta marginalidad se acrecienta y agrava cuando la protesta social, nacida del grito de los marginados a la sociedad para que nos los abandone y los incluya, es criminalizada por el resto de la sociedad y por el derecho de los incluidos ya que aún se posea un trabajo estable puede suceder que corre el peligro de caer en la marginalidad, ya sea porque su salario no le permite superar el umbral mínimo de la probreza, por la precariedad de su trabajo, por la falta de seguridad social, porque no se encuentra registrado y su patrón no realiza ninguno de los aportes a la seguridad social, porque el sistema jubilatorio impuesto es contrario a las normas constitucionales y se encuentra sujeto a los avatares de inversiones que efectuan empresas privadas que por otra parte cobran elevadas comisiones, porque no existe un verdadero amparo contra el despido sin causa y la pérdida del trabajo significa la casi imposibilidad de lograr uno nuevo; porque la gran cantidad de desocupados presiona a los ocupados a que acepten la precarización de su trabajo y a la renuncia de sus derechos; porque el trabajo es considerado una mercancía y no una obra humana.
Por tanto es necesario comprender que el contenido del Derecho Social surge de la Constitución y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y no de los intereses individuales. Dónde se cumpla la finalidad del estado en proporcionar el bienestar común y equilibrar las desigualdades en las relaciones de poder dando un trato desigual a desiguales.
ENLACE A NOTA
La finalidad del derecho social se justifica en la medida en que las normas que lo integran están destinadas a la realización de una finalidad, la que puede ser la Justicia, la Seguridad Jurídica y el Bien Común. Por lo que podemos afirmar que a diferencia del Derecho Individual que parte del concepto abstracto de que los hombres son iguales, este Derecho trata de nivelar desigualdades, ergo, la igualdad no es un punto de partida, sino la meta a lograr por el Derecho Social; lo que trae como consecuencia que las relaciones económicas no queden libradas al libre juego de las partes, sino que detrás de cada relación jurídica se encuentre presente la colectividad.
El derecho del trabajo y el derecho a la seguridad social son derechos irrenunciables y que las normas que los amparan son imperativas y basadas en el órden público, como derechos particularizados o especiales que dan un trato diferencial para una categoría económico-social especial dónde la política puede y debe regular la economía dirigiéndola al bien común y respetando la función que por la naturaleza corresponde cada uno en la sociedad.
Como en todo proceso discriminatorio, entonces, el poder económico y político expresa su voluntad mediante fórmulas y métodos que suelen ir acompañados por algún nivel de aceptación y de consenso de los no segregados pero algunos otros casos como el la promulgación de la Ley del ISSSTE no se tomo en cuenta a los trabajadores al servicio del estado dónde las prestaciones y pensiones se redujerón sustancialmente.
No solamente existe un cambio ideológico que nos lleva a levantar el acotamiento impuesto al derecho social, sino que la realidad de los no trabajadores, la falta de un derecho que tutelara el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, a la indemnidad personal, al trabajo, a un proyecto de vida; hacen que renazca la amplitud de la materia abarcando todos estos fenómenos antes excluidos de la normativa jurídica, y con ellos excluidos socialmente quienes padecen esos problemas.
El centro de referencia e imputación de nuestra sociedad sigue siendo el trabajo asalariado, mas la circunstancia de que el mismo se encuentre en crisis, como consecuencia de la imposición de la ideología neoliberal y circunstancias de hecho, tales como los adelantos tecnológicos, ha provocado un incremento de los excluidos, y con ello del conflicto social.
Esta marginalidad se acrecienta y agrava cuando la protesta social, nacida del grito de los marginados a la sociedad para que nos los abandone y los incluya, es criminalizada por el resto de la sociedad y por el derecho de los incluidos ya que aún se posea un trabajo estable puede suceder que corre el peligro de caer en la marginalidad, ya sea porque su salario no le permite superar el umbral mínimo de la probreza, por la precariedad de su trabajo, por la falta de seguridad social, porque no se encuentra registrado y su patrón no realiza ninguno de los aportes a la seguridad social, porque el sistema jubilatorio impuesto es contrario a las normas constitucionales y se encuentra sujeto a los avatares de inversiones que efectuan empresas privadas que por otra parte cobran elevadas comisiones, porque no existe un verdadero amparo contra el despido sin causa y la pérdida del trabajo significa la casi imposibilidad de lograr uno nuevo; porque la gran cantidad de desocupados presiona a los ocupados a que acepten la precarización de su trabajo y a la renuncia de sus derechos; porque el trabajo es considerado una mercancía y no una obra humana.
Por tanto es necesario comprender que el contenido del Derecho Social surge de la Constitución y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y no de los intereses individuales. Dónde se cumpla la finalidad del estado en proporcionar el bienestar común y equilibrar las desigualdades en las relaciones de poder dando un trato desigual a desiguales.
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