Los dueños de México
Por: Eduardo Ibarra Aguirre
En el régimen fiscal que algunos llaman de alquimia, se observa con excesiva nitidez el predominio apabullante de 39 familias y sus corporativos empresariales que a través de “tratamientos fiscales especiales”, como la “consolidación tributaria” y la “depreciación acelerada de activos”, hizo posible que les fueran devueltos 680 mil millones de pesos durante el gobierno de Vicente Fox Quesada.
La cifra, por supuesto que no la digo yo, sino el titular de la Auditoría Superior de la Federación y equivale al costo de la construcción de nueve refinerías. Y dijo más Arturo González de Aragón en el penúltimo foro de debate sobre la reforma en boga: Petróleos Mexicanos desempeña una función básica de instrumento recaudatorio del gobierno federal que le succiona 40 centavos de cada peso que obtiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De 1995 a 2004, la carga fiscal para la empresa paraestatal fue de 3.3 billones de pesos.
El silencio de los más dóciles defensores de las iniciativas presidenciales fue elocuente, pese a que son muy dados a descalificar la trayectoria y la persona misma del crítico en cuestión, pero eluden el debate de la sustancia de las propuestas de los opositores.
Además de las gigantescas devoluciones de impuestos de la tan ineficiente como costosísima dependencia que ahora encabeza Agustín Carstens Carstens, ésta succiona ilimitadamente a Pemex para que los dueños de México paguen, como en 2004, sólo 74 pesos de Impuesto Sobre la Renta y 69 de Impuesto al Valor Agregado.
Con diversas trampas fiscales y la asesoría de los más costosos despachos fiscales, Hacienda permitió que 13 grandes empresas, seis bancos y tres grupos aeroportuarios, difirieran el año pasado el pago en promedio de 51 centavos al fisco por cada peso entregado.
El gigantesco hueco fiscal -y presupuestal- de 130 mil millones de pesos sobre un total de 1 billón 600 mil millones de pesos en ventas -creado por Cemex, Telcel, Telmex, Grupo Carso, Kimberly Clark, Coca Cola-Femsa, Bimbo, Grupo México, Wal-Mart, Grupo Saba y Televisa; más BBVA-Bancomer, Banamex y tres grupos aeroportuarios-, se tapa con recursos de la nación, provenientes de los excedentes petroleros que alcanzaron niveles sin paralelo en los últimos años y que fueron devorados por el gasto corriente de un gobierno saturado de ineptos y de corruptos, como fue el de la autodenominada pareja presidencial que dilapidó 720 mil millones de pesos y que algunos dirigentes de la promoción del voto útil dicen, en privado, que aún extrañan.
Estas políticas fiscales no sólo contravienen todo principio de progresividad y equidad tributaria, sino que lo más probable es que no exista en la aldea global país, economía y empresa estatal que las resista.
A lo anterior es preciso añadir la existencia de una elite política forjada y formada en el partido de la victoria cultural, Acción Nacional, emblematizada por Juan Camilo Mouriño Terrazo, que encontró en Pemex su fuente predilecta para el enriquecimiento personal, familiar y de los amigos. No otra cosa reconfirman los 108 contratos firmados hasta febrero pasado por el hermano del secretario de Gobernación, Carlos Mouriño Terrazo con Pemex. Como antes lo hicieron Javier Fox Quesada, Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún.
Lo sorprendente, en todo caso, es que aún exista Pemex como la joya de la corona pese a la explotación depredadora de las reservas de hidrocarburos, la succión gubernamental vía el fisco, la costosa e ineficiente tecnoburocracia petrolera, el derroche de la cúpula sindical jurásica, la corrupción generalizada de la que no se ocupan las propuestas legislativas de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, el saqueo por la casta de contratistas privados y buena parte de los beneficios destinados a cubrir el incumplimiento de las más elementales obligaciones fiscales de los 39 dueños de México.
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6/16/2008
ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN PANISTA EN CONACULTA ENCABEZADA POR DOLORES CREEL
Sanciones a 78 funcionarios de Conaculta
Alba Martínez
La SFP determinó que 78 funcionarios de Conaculta incurrieron en irregularidades y actos de corrupción durante el sexenio de Vicente Fox. Las sanciones impuestas van desde “amonestaciones privadas” hasta inhabilitaciones y destituciones. La punición económica más alta, en contra de Dolores Creel Miranda, hermana del exsecretario de Gobernación y actual senador panista, Santiago Creel
La Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso sanciones a 78 funcionarios del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) por más de 3 millones de pesos. Según la SFP, los servidores públicos habrían incurrido en irregularidades y actos de corrupción durante el sexenio de Vicente Fox.
Agrega que violaron las leyes Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de Obra Pública y Servicios, por lo que determinó 19 inhabilitaciones, 12 sanciones económicas –entre las que destaca la de Dolores Creel Miranda, hermana de Santiago Creel, por ser la más alta–, 16 suspensiones y una destitución.
La SFP abrió 88 expedientes contra 78 funcionarios del Conaculta durante el sexenio pasado. Asimismo, inició procesos de recuperación por 3 millones 396 mil 391 pesos para resarcir el daño causado al erario.
Función Pública –dependencia encargada de “promover la cultura de la legalidad, el combate a la corrupción, el aprecio de la rendición de cuentas y la fiscalización de la gestión pública”– dio a conocer que 19 de los funcionarios sancionados quedaron inhabilitados; mientras que a 60 les fue notificado o aplicado algún tipo de sanción.
Lo anterior se desprende de la respuesta a la solicitud de información 0002700207807 que la SFP entregó a Contralínea por medio de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental. En el expediente se revelan los nombres, cargos y sanciones que se dictaminaron a personal que laboró durante el sexenio foxista. Sin embargo, el documento no especifica el tipo de actos en que incurrieron los servidores públicos.
De los procedimientos que la SFP dictaminó, se desprende que 20 sanciones fueron cumplidas; seis, revocadas; a tres se les suspendió la ejecución; 24 fueron amonestaciones privadas; 27, amonestaciones públicas. En los primeros meses de este año, nueve inhabilitaciones permanecían vigentes; y al día de hoy, sólo cuatro. De los 78 servidores sancionados, a 11 se les abrió más de un expediente.
Los sancionados
La titular de la Coordinación de la Unidad de Proyectos Especiales, Dolores Creel Miranda –responsabilizada por daño patrimonial en perjuicio de las finanzas públicas del Conaculta–, tuvo la sanción económica más alta al registrar una multa de 1 millón 627 mil 18 pesos y una inhabilitación por 10 años, de febrero de 2007 a febrero de 2017. Pero no fue la única sancionada: otros funcionarios de menor rango y de otras unidades administrativas también incurrieron en irregularidades.
Entre estos casos destaca el de África Eunice Cantú Romo, funcionaria que acumuló tres expedientes (CNCA-QR-R-05/05, CNCA-QR-R-06/05 y CNCA-QR-R-06/06) mientras se desempeñó como encargada de la Delegación Administrativa de la Dirección y Coordinación de Asuntos Internacionales. Se le amonestó públicamente, se le dictaminó una sanción económica por 598 mil 903 pesos, se le inhabilitó por cinco años y no podrá desempeñarse como funcionario público sino hasta 2010.
Carlos Rivas Moncayo, quien fuera director de Recursos Financieros, inicialmente fue inhabilitado por un año y destituido. Tales sanciones fueron revocadas, pero se mantuvieron las económicas: dos que suman 211 mil 604 pesos.
De 2003 a 2005, Otto Roberto Minera Ábrego, exdirector del Centro Cultural Helénico, cumplió con la inhabilitación de dos años, además de una sanción económica por 59 mil pesos que, a la fecha, continúa pendiente.
Después de que en 2003 cumpliera una inhabilitación por mes y medio, Albino Negrete González, director administrativo de la Dirección General del Comité Organizador del Festival Internacional Cervantino, aún cumple con otra de dos años que vence hasta finales de 2008, además de una sanción económica por 190 mil 983 pesos, según consta el expediente CNCA-QR-R-04/06.
Sin embargo, a José Ángel Yescas Robles, subdirector de Recursos Humanos y Financieros de la misma dirección del festival, la SFP repuso procedimiento por una suspensión y por una sanción económica de 190 mil 963 pesos, después de la revisión al expediente CNCA-QR-R-03/03.
Ana Verónica García García, extrabajadora del Centro Cultural Helénico, quedó inhabilitada por dos años y se le sancionó con un monto económico de 103 mil 359 pesos. A dicha inhabilitación le fue sumada otra por tres años, según consta en los expedientes CNCA02/02 y CNCA02/03. La última sanción concluyó su vigencia en marzo de este año.
También de la Dirección General del Consejo, a Virginia Castro Solares se le dictaminó una inhabilitación por 10 años por irregularidades en su desempeño como oficial técnico de la Biblioteca México, según informa la SFP en el expediente CNCA-QR-D-010, al que se añadió una sanción económica por 123 mil pesos.
A Gloria López Morales y Sol Rosa Trina Miriam Jadith Rubín de la Borbolla, extitular y secretaria ejecutiva de la Coordinación Nacional de Patrimonio Cultural y Turismo, respectivamente, les fue suspendida la ejecución de la inhabilitación por 10 años.
Y es que a la extitular se le exculpó después de comprobar que su despido “fue producto tanto del espionaje telefónico, como de una campaña de sabotaje a su trabajo y al interés nacional, configurando acciones que agreden los derechos fundamentales y lesionan la dignidad humana”, aseguró en su momento, en marzo de 2006, el titular de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Inti Muñoz.
Por tres años, aún vigente y hasta finales de 2009, es la sanción a la que se hizo acreedor Ramiro Guzmán Vázquez, quien se desempeñó como secretario auxiliar de Apoyo Logístico del Conaculta.
Pero hay para quienes las sanciones no se circunscribieron al ámbito administrativo. Santiago Pat Santos, servidor público del Conaculta, en 2006 cumplió con una inhabilitación por dos años; pero su caso pasó al orden penal, según el informe de la SFP.
Incluso un servidor público de una dependencia ajena a la política cultural fue sancionado por incurrir en irregularidades en el Conaculta: a quien fuera oficial federal de Pesca, Francisco Javier González Ruiz, se le impuso una amonestación pública y una sanción económica por 56 mil pesos, por incurrir en irregularidades dentro del consejo.
El tipo de sanción con mayor incidencia registrada en el Conaculta por actos de corrupción e irregularidades administrativas es la amonestación pública, con 27 casos. En segundo lugar se encuentra la privada, con 24.
Quienes quedaron sin posibilidad de laborar como funcionarios del Estado por más de un año fueron: José Luis Alonso Cruz, exjefe del Departamento de Corrección; Efraín Castro Morales, secretario de la Comisión Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural; Jazmín Espiricueta Juárez, exoficial técnico de la Dirección General de Bibliotecas; José de Jesús Herrera Díaz, exjefe de departamento de Análisis de Costos; Pedro Enrique Segovia Reyes, excoordinador administrativo de la Dirección General de Culturas Populares; y David Rodríguez Barranco, exjefe del departamento de Prensa y Publicidad del Sistema Nacional de Fomento Musical.
En general, y aunque los montos y sanciones son menores, las áreas y órganos del Conaculta que se caracterizaron por contener mayor número de penas administrativas fueron la Dirección General y Presidencia; el Centro Cultural Helénico; la Dirección General de Publicaciones; la Dirección General de Culturas Populares e Indígenas, y la Dirección General del Comité Organizador del Festival Internacional Cervantino.
Contralínea solicitó entrevista con autoridades de la SFP. Sin embargo, la petición fue negada a través de Moisés Siriaco, responsable de la Dirección de Información de la dependencia, quien dijo: “Se aclaró el sentido de la petición con mis superiores, pero no hay agenda”.
ENLACE A NOTA
Alba Martínez
La SFP determinó que 78 funcionarios de Conaculta incurrieron en irregularidades y actos de corrupción durante el sexenio de Vicente Fox. Las sanciones impuestas van desde “amonestaciones privadas” hasta inhabilitaciones y destituciones. La punición económica más alta, en contra de Dolores Creel Miranda, hermana del exsecretario de Gobernación y actual senador panista, Santiago Creel
La Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso sanciones a 78 funcionarios del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) por más de 3 millones de pesos. Según la SFP, los servidores públicos habrían incurrido en irregularidades y actos de corrupción durante el sexenio de Vicente Fox.
Agrega que violaron las leyes Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de Obra Pública y Servicios, por lo que determinó 19 inhabilitaciones, 12 sanciones económicas –entre las que destaca la de Dolores Creel Miranda, hermana de Santiago Creel, por ser la más alta–, 16 suspensiones y una destitución.
La SFP abrió 88 expedientes contra 78 funcionarios del Conaculta durante el sexenio pasado. Asimismo, inició procesos de recuperación por 3 millones 396 mil 391 pesos para resarcir el daño causado al erario.
Función Pública –dependencia encargada de “promover la cultura de la legalidad, el combate a la corrupción, el aprecio de la rendición de cuentas y la fiscalización de la gestión pública”– dio a conocer que 19 de los funcionarios sancionados quedaron inhabilitados; mientras que a 60 les fue notificado o aplicado algún tipo de sanción.
Lo anterior se desprende de la respuesta a la solicitud de información 0002700207807 que la SFP entregó a Contralínea por medio de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental. En el expediente se revelan los nombres, cargos y sanciones que se dictaminaron a personal que laboró durante el sexenio foxista. Sin embargo, el documento no especifica el tipo de actos en que incurrieron los servidores públicos.
De los procedimientos que la SFP dictaminó, se desprende que 20 sanciones fueron cumplidas; seis, revocadas; a tres se les suspendió la ejecución; 24 fueron amonestaciones privadas; 27, amonestaciones públicas. En los primeros meses de este año, nueve inhabilitaciones permanecían vigentes; y al día de hoy, sólo cuatro. De los 78 servidores sancionados, a 11 se les abrió más de un expediente.
Los sancionados
La titular de la Coordinación de la Unidad de Proyectos Especiales, Dolores Creel Miranda –responsabilizada por daño patrimonial en perjuicio de las finanzas públicas del Conaculta–, tuvo la sanción económica más alta al registrar una multa de 1 millón 627 mil 18 pesos y una inhabilitación por 10 años, de febrero de 2007 a febrero de 2017. Pero no fue la única sancionada: otros funcionarios de menor rango y de otras unidades administrativas también incurrieron en irregularidades.
Entre estos casos destaca el de África Eunice Cantú Romo, funcionaria que acumuló tres expedientes (CNCA-QR-R-05/05, CNCA-QR-R-06/05 y CNCA-QR-R-06/06) mientras se desempeñó como encargada de la Delegación Administrativa de la Dirección y Coordinación de Asuntos Internacionales. Se le amonestó públicamente, se le dictaminó una sanción económica por 598 mil 903 pesos, se le inhabilitó por cinco años y no podrá desempeñarse como funcionario público sino hasta 2010.
Carlos Rivas Moncayo, quien fuera director de Recursos Financieros, inicialmente fue inhabilitado por un año y destituido. Tales sanciones fueron revocadas, pero se mantuvieron las económicas: dos que suman 211 mil 604 pesos.
De 2003 a 2005, Otto Roberto Minera Ábrego, exdirector del Centro Cultural Helénico, cumplió con la inhabilitación de dos años, además de una sanción económica por 59 mil pesos que, a la fecha, continúa pendiente.
Después de que en 2003 cumpliera una inhabilitación por mes y medio, Albino Negrete González, director administrativo de la Dirección General del Comité Organizador del Festival Internacional Cervantino, aún cumple con otra de dos años que vence hasta finales de 2008, además de una sanción económica por 190 mil 983 pesos, según consta el expediente CNCA-QR-R-04/06.
Sin embargo, a José Ángel Yescas Robles, subdirector de Recursos Humanos y Financieros de la misma dirección del festival, la SFP repuso procedimiento por una suspensión y por una sanción económica de 190 mil 963 pesos, después de la revisión al expediente CNCA-QR-R-03/03.
Ana Verónica García García, extrabajadora del Centro Cultural Helénico, quedó inhabilitada por dos años y se le sancionó con un monto económico de 103 mil 359 pesos. A dicha inhabilitación le fue sumada otra por tres años, según consta en los expedientes CNCA02/02 y CNCA02/03. La última sanción concluyó su vigencia en marzo de este año.
También de la Dirección General del Consejo, a Virginia Castro Solares se le dictaminó una inhabilitación por 10 años por irregularidades en su desempeño como oficial técnico de la Biblioteca México, según informa la SFP en el expediente CNCA-QR-D-010, al que se añadió una sanción económica por 123 mil pesos.
A Gloria López Morales y Sol Rosa Trina Miriam Jadith Rubín de la Borbolla, extitular y secretaria ejecutiva de la Coordinación Nacional de Patrimonio Cultural y Turismo, respectivamente, les fue suspendida la ejecución de la inhabilitación por 10 años.
Y es que a la extitular se le exculpó después de comprobar que su despido “fue producto tanto del espionaje telefónico, como de una campaña de sabotaje a su trabajo y al interés nacional, configurando acciones que agreden los derechos fundamentales y lesionan la dignidad humana”, aseguró en su momento, en marzo de 2006, el titular de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Inti Muñoz.
Por tres años, aún vigente y hasta finales de 2009, es la sanción a la que se hizo acreedor Ramiro Guzmán Vázquez, quien se desempeñó como secretario auxiliar de Apoyo Logístico del Conaculta.
Pero hay para quienes las sanciones no se circunscribieron al ámbito administrativo. Santiago Pat Santos, servidor público del Conaculta, en 2006 cumplió con una inhabilitación por dos años; pero su caso pasó al orden penal, según el informe de la SFP.
Incluso un servidor público de una dependencia ajena a la política cultural fue sancionado por incurrir en irregularidades en el Conaculta: a quien fuera oficial federal de Pesca, Francisco Javier González Ruiz, se le impuso una amonestación pública y una sanción económica por 56 mil pesos, por incurrir en irregularidades dentro del consejo.
El tipo de sanción con mayor incidencia registrada en el Conaculta por actos de corrupción e irregularidades administrativas es la amonestación pública, con 27 casos. En segundo lugar se encuentra la privada, con 24.
Quienes quedaron sin posibilidad de laborar como funcionarios del Estado por más de un año fueron: José Luis Alonso Cruz, exjefe del Departamento de Corrección; Efraín Castro Morales, secretario de la Comisión Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural; Jazmín Espiricueta Juárez, exoficial técnico de la Dirección General de Bibliotecas; José de Jesús Herrera Díaz, exjefe de departamento de Análisis de Costos; Pedro Enrique Segovia Reyes, excoordinador administrativo de la Dirección General de Culturas Populares; y David Rodríguez Barranco, exjefe del departamento de Prensa y Publicidad del Sistema Nacional de Fomento Musical.
En general, y aunque los montos y sanciones son menores, las áreas y órganos del Conaculta que se caracterizaron por contener mayor número de penas administrativas fueron la Dirección General y Presidencia; el Centro Cultural Helénico; la Dirección General de Publicaciones; la Dirección General de Culturas Populares e Indígenas, y la Dirección General del Comité Organizador del Festival Internacional Cervantino.
Contralínea solicitó entrevista con autoridades de la SFP. Sin embargo, la petición fue negada a través de Moisés Siriaco, responsable de la Dirección de Información de la dependencia, quien dijo: “Se aclaró el sentido de la petición con mis superiores, pero no hay agenda”.
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6/11/2008
DEMOCRACIA PARA IMBÉCILES
Es una crítica de lo que está pasando en el sistema político mexicano, la democracia como un negocio de los maromeros de la política y la falta de creatividad en las campañas de los partidos políticos.
Recordar es vivir pero sobretodo impide que volvamos a caer en las redes del PRI y el PAN que se han unido para profundizar los privilegios de los oligarcas mexicanos y las transnacionales que vieron en peligro el perder su control político en el 2006 y que lanzarón una campaña negra para desprestigiar a AMLO y al PRD como opciones de gobierno.
Este documental es elaborado por el Canal 6 de Julio
ULTRADEMOCRATIC
EL CÁDAVER DEL RÉGIMEN
Recordar es vivir pero sobretodo impide que volvamos a caer en las redes del PRI y el PAN que se han unido para profundizar los privilegios de los oligarcas mexicanos y las transnacionales que vieron en peligro el perder su control político en el 2006 y que lanzarón una campaña negra para desprestigiar a AMLO y al PRD como opciones de gobierno.
Este documental es elaborado por el Canal 6 de Julio
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EL CÁDAVER DEL RÉGIMEN
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